Luciano Franco / Crónica
La Cámara de
Diputados aprobó ayer con 352 votos a favor, 119 en contra y dos abstenciones,
la reforma al artículo 27 Constitucional que permite a ciudadanos extranjeros
adquirir propiedades en playas y zonas fronterizas del país, con fines
exclusivamente habitacionales.
De esta forma, quedó
eliminada la prohibición de adquirir el dominio directo de inmuebles en una
franja de 100 kilómetros de las fronteras y de 50 en las costas por parte de
extranjeros.
Durante la sesión
ordinaria de este martes la Mesa Directiva de la Cámara baja, que preside
Francisco Arroyo Vieyra, del PRI, dio la declaratoria de publicidad a la minuta
del Senado en materia de telecomunicaciones, lo que permitirá que en la
plenaria de hoy miércoles sea debatida y, en su caso, realizar ahí directamente
las modificaciones.
Sin embargo, el
vicecoordinador jurídico del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, adelantó que su
bancada decidió no presentar ninguna reserva a la minuta senatorial, lo que le
garantiza una alta probabilidad de que sea aprobada en sus términos.
Por lo que hace a la
reforma al artículo 27 Constitucional, el documento aprobado, remitido de
inmediato al Senado para la continuación de su trámite legislativo, señala que
se “dará certeza a la inversión extranjera en vivienda, pues hoy en día existe
un número importante de propietarios extranjeros que, mediante la figura del
fideicomiso, poseen inmuebles para residencia plena o retiro en la franja
territorial precisada”.
Detalla que
históricamente a los extranjeros se les ha prohibido adquirir tierras en las
franjas antes señaladas “por motivos estratégicos militares”.
Sin embargo, el
dictamen aprobado señala que dicha prohibición ha dejado de tener vigencia y
contenido práctico, pues la suscripción de tratados internacionales dan al país
la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de
que la inversión extranjera en la zona referida no representa un riesgo para el
país.
La reforma
constitucional, además de garantizar certeza jurídica a la propiedad,
repercutirá favorablemente en los ingresos tributarios de los municipios, ya
que al tener la propiedad los extranjeros de las tierras para uso habitacional,
las autoridades podrán recaudar el impuesto predial, plantea el texto.
(DOSSIER POLITICO/ Luciano Franco / Crónica/
2013-04-24)
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