Una trama de corrupción, tráfico de influencias y
simulaciones jurídicas se tejió al amparo de bufetes y de al menos dos
procuradores generales de la República. El objetivo: privilegiar a una empresa,
que fue producto de la fusión de una compañía estadunidense y otra mexicana,
para otorgarle exclusividad como proveedora de Pemex y de la Comisión Nacional
del Agua.
Jenaro Villamil/
Proceso
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Con el apoyo de dos procuradores generales de la República del
sexenio pasado –en especial de Arturo Chávez Chávez–, del ex director de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, y de una
poderosa red de abogados y representantes legales vinculada con los despachos
de Diego Fernández de Cevallos y de Antonio Lozano Gracia, la empresa
Submarelher, fabricante de tapetes de concreto flexible, se convirtió en un
poderoso monopolio subcontratista.
A través de una
compleja maquinación para eliminar a otros competidores y quedarse con las
adjudicaciones directas más importantes de la Conagua y de Pemex, Submarelher
ha obtenido contratos por más de 5 mil millones de pesos para obras hidráulicas
y ductos de transporte de petróleo, gas y gasolinas.
Sólo en Tabasco,
Nuevo León y Veracruz los desastres provocados por las inundaciones y los
desbordamientos de ríos permitieron que esa compañía –resultado de la fusión de
la estadunidense Submar Inc., y de Grupo Elher Construcciones, ambas empresas
representadas por Francisco Marcos Elizarrarás y Jorge Alberto Acuña Begne–
obtuviera 29 contratos de la Conagua por un total de 928 millones 387 mil
pesos.
En Tabasco
Submarelher acaparó los trabajos de protección y recubrimiento marginal de
diversos ríos. La dirección estatal de la Conagua le había otorgado hasta
agosto de 2011 contratos por 513 millones de pesos para la compra, colocación y
mantenimiento de tapetes de concreto flexible en obras hidráulicas.
De acuerdo con el
contrato SGIH-OCFS-TAB-09-159-RF-LP, Grupo Elher Construcciones ganó un
contrato de 82 millones de pesos para la protección marginal del malecón en
Emiliano Zapata, Tabasco, y Submarelher otro de 64 millones 163 mil pesos para
proteger el cauce de alivio El Tintillo.
En Chiapas la
Subgerencia de Construcción Regional de la Conagua otorgó a Submarelher un
contrato por casi 57 millones en 2008, según el número de adjudicación
16101042-0253-08. Un año después le dio otro por 44.3 millones de pesos para
“obras no codificadas”, con el número 16101042-0034-09. Esta información se
obtuvo en la página de Compranet del gobierno federal.
En Nuevo León los
desastres provocados por el huracán Alex beneficiaron a la misma empresa. El
Organismo de Cuenca Río Bravo le asignó de manera directa dos contratos para la
rectificación del cauce y la formación del bordo para proteger zonas
erosionadas por los ríos San Juan y Santa Catarina. El primero fue por un monto
de 24 millones 592 mil pesos y el segundo por 91 millones 802 mil pesos, de
acuerdo con los contratos SGIH-OCRB-NL-10-IH-278-RF-AD y
SIGH-OCRB-NL-10-IH-351-FN-AD.
La bonanza de
Submarelher pretende multiplicarse con adjudicaciones directas de Pemex
Refinación y Pemex Gas y Petroquímica Básica en todas las obras que requieran
ese tipo de tapetes de concreto para controlar la erosión en las obras
hidráulicas y submarinas que realice Petróleos Mexicanos.
El crecimiento de la
empresa coincidió con la llegada de Luege a la dirección de la Conagua y con la
eliminación de otras compañías que trabajaban para la dependencia y para Pemex.
Hasta 2005 Submarelher sólo había conseguido contratos menores con Pemex. El
4500160365, para proteger 17 ductos de Pemex Refinación, apenas alcanzó los 828
mil 589 pesos, y en 2006 ganó otra adjudicación de Pemex Gas y Petroquímica
Básica por 4.5 millones de pesos para las obras de esteras submarinas no
abrasivas.
Pero el verdadero
auge de la empresa se produjo cuando, en 2008, Elizarrarás y Acuña lograron,
con una celeridad inusitada y el apoyo del Instituto Nacional de Derechos de
Autor (Indautor), organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública,
registrar como “obra de arte” los dibujos de los tapetes de concreto flexible.
Según se indica en
las actas ministeriales de dos empresarios competidores detenidos y
encarcelados por violar los “derechos de autor”, los propietarios de
Submarelher copiaron los planos y los diseños de las patentes originales
creadas por el estadunidense Thomas Michael Angels, para convertirlas en obras
exclusivas, con la complicidad del Indautor, y eliminar a todas las otras
empresas que también utilizan los “colchacretos”.
ACOSO JUDICIAL
A partir de junio de
2010, la violación a los derechos de autor se tipificó como delito penal en
México. De manera irregular, el Indautor le otorgó a Submarelher el uso
exclusivo de esas “obras de arte” y le dio la llave para perseguir
administrativa, civil o penalmente a “cualquier persona que use, explote,
comercialice, distribuya, almacene, reproduzca o manufacture” la “obra” o
copias de ésta, sin consentimiento o autorización de la empresa.
Ahí comenzó la
persecución contra otras compañías fabricantes de tapetes de concreto, en
especial contra el empresario chiapaneco radicado en Campeche José Farrera
Redondo, socio de INER Servicios, y los empresarios Mario Enrique Arias Arriaga
y Benjamín Pérez Granados, de la empresa Ingeosin, radicados en Reforma,
Chiapas.
En entrevista con
Proceso, Farrera y Arias señalan que sus detenciones y el decomiso de sus
fábricas y de sus tapetes de concreto constituyen “una simulación jurídica para
sacar a las otras empresas del mercado” y para que Submarelher monopolice los
contratos con Pemex y con la Conagua.
Las irregularidades
comenzaron en la Procuraduría General de la República (PGR). Pese a que las
averiguaciones previas se asignan de manera aleatoria, tanto en el caso de INER
como de Ingeosin, la agente del Ministerio Público federal Verónica Quintanar
Vázquez fue quien ordenó las investigaciones y detenciones de los empresarios.
Los expedientes en ambos casos son prácticamente iguales.
El subprocurador
responsable del expediente de los dos casos fue el mismo, Arturo Germán Rangel,
junto con el jefe de la unidad antipiratería de la PGR, Francisco Trejo
Antonio. Ambos son cercanos al círculo del exprocurador general de la República
Arturo Chávez Chávez, quien llegó a la PGR con el apoyo explícito de los despachos
de Diego Fernández de Cevallos y del exprocurador Antonio Lozano Gracia.
En marzo y abril de
2011 Rangel y Trejo Antonio fueron investigados por presunto enriquecimiento
ilícito, peculado, extorsión y cohecho, derivado del ejercicio de sus
funciones. Trejo Antonio fue cesado el 4 de abril por reprobar los exámenes de
control de confianza. Y el director general de la Unidad Especializada en
Investigación de Delitos Cometidos contra los Derechos de Autor y Propiedad
Intelectual, Jesús Isaías Silva, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos
por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública,
acusado de presuntos actos de corrupción.
De acuerdo con
reportes internos de la PGR, la agente del Ministerio Público federal Verónica
Quintanar fue sancionada administrativamente y trasladada a otra área.
Entre 2010 y 2011 la
PGR se lanzó a la cacería de los competidores de Submarelher. El 22 de enero
de 2010, “en respuesta a una denuncia anónima”, agentes de la Policía Federal
detuvieron en Coatzacoalcos a siete personas de la empresa Ingeniería Ambiental
y Procesos, por fabricar “tapetes ecológicos apócrifos” para Pemex, de acuerdo
con el boletín oficial de la PGR.
En ese documento se
aclaró que “se pudo encontrar que la empresa antes citada se dedicaba a la
fabricación de tapetes ecológicos de concreto flexible para el recubrimiento de
orillas de los ríos y para los ductos de Pemex. Cabe señalar que esta
fabricación es ilícita, toda vez que la patente para la producción de estos
tapetes fue registrada a nombre de la empresa Submarhelers (sic) de R.L. de
C.V., desde el año 2008”.
El 5 de julio de
2011 la PGR difundió el aseguramiento de otro inmueble en el municipio de
Reforma, Chiapas, y de 2 mil 51 “tapetes de concreto” para la contención de
aguas, porque violaban los derechos de autor “en forma dolosa, con el fin de
especulación comercial y sin autorización del titular de los derechos”.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 1901
de la revista Proceso, actualmente en circulación.
(Jenaro Villamil/ Proceso/11 de Abril 2013)
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