Por ello se manifestaron frente a Palacio de Gobierno
con pancartas con leyendas alusivas a la lentitud de la dirección del transporte para definir
su situación legal con las concesiones, asegura el dirigente de SIENTE que de
haber competencia en el servicio de transporte urbano, la situación para el
usuarios mejorará…
Omar de la Vara / Dossier Politico
Hermosillo, Sonora
(DP).- Los concesionarios de Sociedad Integradora en Transporte Efectivo
(SIENTE) se entrevistaron con el sub secretario de Gobierno, Edmundo Briseño,
para insistir en que requieren el aval por escrito de las autoridades de
transporte para operar las unidades en las distintas líneas en la ciudad.
El líder de los
concesionarios disidentes, Víctor Ibarra, criticó que el gobierno estatal les
retrase el permiso, argumentando que necesita el aval de la empresa Sictuhs aun
cuando son las autoridades responsables del transporte en el Estado.
Los transportistas
requieren ese documento para poder darles confianza a las financieras que les
darán crédito para obtener 32 unidades nuevas y mientras esto no ocurra, no
pueden entrar a trabajar con tranquilidad en las calles.
Por ello se
manifestaron frente a Palacio de Gobierno con pancartas con leyendas alusivas a
la lentitud de la dirección del
transporte para definir su situación legal con las concesiones, asegura el
dirigente de SIENTE que de haber competencia en el servicio de transporte
urbano, la situación para el usuarios mejorará.
Por su parte, el sub
secretario Edmundo Briseño se comprometió con los transportistas a darles una
respuesta este martes en la tarde, pero antes tendría una reunión con todos los
involucrados en el caso.
“Lo que pasa es que
Edmundo Briseño nos ha estado atendiendo desde mayo y todavía no se ha podido
dar una luz en el camino, pero el director del transporte cambió su postura,
primero había estado en la postura de apoyar a la nueva empresa y ahora declara
no pueden trabajar hasta que Sictuhsa dé su aval declarándose la DT
incompetente”, criticó.
Expuso que
“nosotros legalmente estamos separados
de Sictuhsa y no necesitamos que ellos den la anuencia, al secretario se lo
dijimos legalmente hay jurisprudencia le mandamos los oficios, pero el esta
reacio a que necesita un aval de Sictuhsa, pues ya sabemos que no se lo va a
dar”.
(DOSSIER POLITICO/ Omar de la Vara / 2013-04-10)
03.-
YA ESTÁ PERSONAL DE
PROFEPA REVISANDO MINA CANADIENSE
Funcionarios de gobierno plantean a ejidatarios que
pidan a empresa se desista de la denuncia para liberar a los cinco arraigados.
Casi casi los mandan a pedir perdón…
José Luis Jara / Dossier Politico
Después que los
detienen a 48 ejidatarios de manera ilegal, después de que mantienen a cinco representantes del Ejido
San Antonio de la Huerta arraigados en un hotel de la ciudad, los funcionarios
del gobierno del estado les pidieron a estas personas que fueran con la empresa
minera a pedirles que desistan de la demanda que interpusieron contra los
arraigados.
Los demandaron por
despojo agravado, un delito grave porque no podrían salir ni bajo fianza. Lo
curioso, es que una empresa extranjera demandó a los dueños del terreno por
despojo.
Como todos los días
desde el pasado viernes, los ejidatarios e integrantes de la comunidad de San
Antonio de la Huerta, en el municipio serrano de Soyopa, se la pasaron como
judíos errantes por la plaza Zaragoza, esperando los resultados de las
negociaciones que llevan con Eduardo
Amaya, director de la Secretaría de Gobierno.
Esperan en la plaza
porque quieren la liberación de las cinco personas arraigadas por la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
En tanto
transcurrieron las horas, en las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, su nuevo delegado, Ulises Cristópulos dio una rueda de
prensa sobre la convocatoria a elaborar plan nacional para enfrentar el cambio
climático.
El tema obligado fue
el caso de la mina canadiense que trabaja en los terrenos de ese ejido San
Antonio, el que vive el conflicto de las cinco personas arraigadas.
El delegado de
Semarnat dijo que “en su momento, la empresa cumplió con los requisitos legales
para trabajar. Año con año se revisan los permisos por parte de la Procuraduría
Federa del Medio Ambiente. Y de acuerdo con ello, la última revisión que se le
practicó a la mina Libertad, fue aproximadamente un año. El resultado de esa
revisión es que sí cumplió con la normatividad.
Sin embargo, a raíz
de la denuncia que interpusieron los ejidatarios del lugar ante la Semarnat, se
acordó realizar una revisión a los permisos que otorga esta dependencia. En
este sentido, dijo que personal de la Profepa ya se encuentra en el ejido para
realizar esta tarea.
Ellos tienen una
semana para realizar el trabajo. En función de ese resultado, se van a tomar
las medidas que la procuraduría del medio ambiente determine, apuntó Ulises
Cristópulos.
El personal de
Profepa –explicó el delegado de Semarnat- revisará cada uno de los puntos de
los permisos y de las denuncias que interpusieron los ejidatarios.
Entre esos aspectos,
se encuentra la denuncia de la presumible contaminación del manto acuíferos,
del arroyo La Culebra, del pozo donde la comunidad extrae el agua para su
consumo.
En las preguntas y
respuestas, el funcionario dijo que la empresa minera canadiense tiene el
permiso de la Secretaría de Economía para extraer oro, plata y cobre. Por se le dio un permiso para manejar tóxicos
para extraer esos metales de las rocas, como el cianuro y otras sustancias
tóxicas.
PURAS PROMESAS DE BUENAS NOTICIAS
En tanto, los
ejidatarios y habitantes de San Antonio de la Huerta se mantuvieron en la plaza
Zaragoza. Estuvieron esperando los resultados de una comisión de representantes
del ejido con funcionarios de gobierno.
Hasta las dos de la
tarde, aproximadamente, salieron de esa reunión dos representantes, entre ellos
Irma Acedo Miranda, quien informó del resultado de las pláticas.
Los comisionados se
reunieron con los ejidatarios y pobladores de San Antonio para informar de los
resultados.
Les dijeron que las
buenas noticias siguen a la espera, que los cinco arraigados van a salir libre,
pero que no saben el día que va a suceder.
Los representantes
del gobierno estatal les recomendaron que fueran a buscar a la empresa para
dialogar, para plantearles que se desistan de las acusaciones contra los cinco
detenidos.
Les confirmaron que
personal de Profepa ya se encuentra en San Antonio para revisar si la empresa
minera cumple con los requisitos legales y verificar si existe alguna
contaminación, como lo señalaron los ejidatarios.
De inmediato los de
San Antonio nombraron una comisión y se enfilaron a las oficinas de la empresa,
para hacerles la solicitud para que desistan de las acusaciones contra los
representantes del ejido y los dos asesores.
Fueron prácticamente
a pedirle perdón a la empresa extranjera, quienes al parecer viven en un país
donde las cosas funcionan al revés, donde los extranjeros acusan de despojo
agravado a los mexicanos, a los dueños de la tierra.
(DOSSIER POLITICO/ José Luis Jara / 2013-04-10)
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