Mathieu Tourliere/Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- A pesar de que mejoró la infraestructura en los centros de detención
de inmigrantes, persisten las violaciones a los derechos humanos, afirmó hoy la
asociación Sin Fronteras en la presentación de su informe “Ser migrante no me
hace delincuente”.
La Ley de Migración,
que se ratificó en 2011, ya no considera que los inmigrantes cometan un delito
al ingresar a México. No obstante, aumentó el plazo durante el cual pueden
estar detenidos.
La reforma constitucional
en materia de derechos humanos, publicada el 11 de junio de 2011, validó, por
su parte, el principio de detención de los migrantes: el reformado artículo 33
de la Carta Magna establece que “el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia,
podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento de
la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como lugar y
tiempo que dure la detención”.
La Ley de Migración
prevé la detención de personas extranjeras en una estación migratoria durante
15 días hábiles prorrogables hasta 60 o por tiempo indefinido, en caso de que
el migrante interponga un recurso judicial o administrativo, critica Sin
Fronteras en el reporte.
Por esta razón en
las 32 estaciones migratorias y 26 estancias provisionales que existen en
México, la mayoría de los inmigrantes sigue en espera de obtener información
sobre su detención, lo que genera “confusiones”.
Los migrantes
deducen que se debe a su condición de extranjeros. Gran parte de ellos no
estableció contacto con su consulado y pasa su tiempo de detención viendo
televisión o durmiendo, ya que no todos los centros cuentan con áreas de
recreación o bibliotecas, y que los detenidos tienen poco contacto con el
exterior, observó Sin Fronteras.
La organización hizo
tales observaciones con base en información que obtuvo después de realizar 423
entrevistas y de proporcionar 415 cuestionarios a los inmigrantes detenidos en
las estaciones migratorias de Iztapalapa (Distrito Federal), Tenosique y
Villahermosa (Tabasco). Otras dos asociaciones, el Centro de Derechos Humanos
Fray Matías de Córdova y Frontera con Justicia, investigaron las estaciones
migratorias de Tapachula (Chiapas) y Saltillo (Coahuila), respectivamente.
El reporte recoge
estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), según las cuales un
promedio de 401 mil personas cruzan México cada año. Señala que las autoridades
migratorias detuvieron a 85 mil 100 migrantes en 2012, un número 22% superior
al de 2011, cuando las autoridades arrestaron a 66 mil 583.
En su informe, Sin
Fronteras señala que la Ley de Migración mantiene vacíos que pueden provocar
abusos contra los migrantes. Por ejemplo, la ausencia de reglas precisas que
les permitan contar con un debido proceso y con representación legal gratuita.
Reporta también que no existe ningún dispositivo eficiente para que los
detenidos se puedan quejar de sus condiciones de privación de libertad. Además,
las autoridades les obstaculizan el otorgamiento de permisos de residencia.
Las asociaciones
pidieron una mayor apertura de estos centros a sus miembros para poder ayudar a
los inmigrantes. Sin Fronteras lamenta también que la detención de
indocumentados sea una regla en México, siendo que debería ser una excepción.
“ESPACIOS DE RIESGO”
El proceso de
migración y el tránsito por México, en sí, son fuentes de estrés intenso. Pero
la detención genera consecuencias sobre la salud mental de los inmigrantes,
concluyeron las asociaciones.
Documentaron
testimonios de ansiedad, depresión, frustración, intranquilidad o nostalgia. El
entorno de las estaciones migratorias les pareció “deshumanizante”, ya que los
agentes vigilan constantemente a los inmigrantes. En el centro de detención de
Saltillo, por ejemplo, no se puede ingresar con lápiz o pluma por temor a que
los detenidos los usen como armas. También por esta razón cortan los mangos de
los cepillos de dientes.
Los detenidos
declararon recibir tres comidas al día, aunque no siempre en proporción
suficiente. Las organizaciones recolectaron quejas de que muchos de los platos
llevan chile, a lo que no todos los inmigrantes están acostumbrados. La mayoría
de los entrevistados aseguraron que las autoridades les proporcionaron
artículos esenciales para la higiene (desde el 94% en Villahermosa, hasta el
65.5% en Iztapalapa), y se dijeron satisfechos del nivel de aseo de los
sanitarios. Pero un problema es recurrente: la entrega de cobijas sucias y con
“muy mal” olor.
Los centros de
detención cuentan con oficinas médicas para atender la salud de los migrantes.
Sin embargo, los migrantes se quejaron ante Sin Fronteras de que los médicos
trabajan de lunes a viernes con horarios de oficina, así que en caso de
enfermar durante un fin de semana no se les puede atender.
Al retomar un
estudio internacional sobre Grecia, Sin Fronteras advierte que las enfermedades
que se propagan en los centros de detención son consecuencias o relacionados
con las propias condiciones de detención.
Las asociaciones
constataron que los migrantes recibieron un mejor trato a su llegada a los
centros. Sin embargo, Sin Fronteras lamenta que la propia administración de
migración haya escogido a los entrevistados, cuyo tiempo de detención no
superaba los cinco días.
Las organizaciones
se alarmaron sobre algunos puntos de las condiciones de detención en los
centros: en la estación migratoria de Iztapalapa –la segunda más grande del
país– Sin Fronteras recolectó testimonios según los cuales los agentes
migratorios castigan a los jóvenes si éstos cometen alguna falta o tienen “mal
comportamiento”. Los encierran por horas en un “cuarto de los sueños”, uno de
los tres cuartos pequeños originalmente destinados a “homosexuales y enfermos
mentales” para que mediten sobre su comportamiento.
En Saltillo, Alberto
Xicoténcatl, de Frontera con Justicia, informó de un caso de abuso sexual de
que fue víctima una adolescente hace una semana, por lo que deploró que los
centros de detención se han transformado en espacios de riesgo, donde se
“concentran las violaciones a los derechos humanos”. Según él, los agentes de
seguridad tenían que resguardar y proteger a esta joven.
Las asociaciones
destacaron que existen “mayores controles y restricciones migratorios que han
orillado a que los flujos migratorios utilicen rutas más inseguras y violentas”.
Debido a la violencia que sufre México, un número mayor de migrantes se entrega
por su propia voluntad a la autoridad migratoria por temor a caer en manos del
crimen organizado, porque ya sufrieron violencia o secuestro, o porque ya no
tienen recursos económicos para seguir su viaje.
“Para los migrantes,
la frontera norte está sellada. No por las autoridades sino porque el crimen
organizado la controla. Antes los migrantes trataban de cruzarla sin polleros,
pero ahora ya no pueden. Si llegan a la frontera sin los 3 mil dólares que pide
el crimen organizado para cruzarla, los secuestran, los asesinan o los someten
a la trata de personas. Así que se quedan en la frontera, y tienen que regresar
a su país, pero ¿cómo?”, preguntó Alberto Xicoténcatl, de Frontera con
Justicia.
Recordó además que
los migrantes llegan muy reticentes a los centros del INM porque asumen que los
agentes forman parte de la delincuencia organizada.
Agregó que el número
de secuestros de migrantes creció un mes antes de las elecciones de julio de
2012 debido a la guerra de los cárteles de la droga. “Cambiaron la forma y los
lugares, pero el delito permanece. Siguen existiendo ‘campos de
concentración’”, lamentó.
(PROCESO/ Mathieu Tourliere/ 10 de abril de 2013)
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