Gloria Leticia Díaz/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- Luego de siete años de recorrer las diferentes instancias mexicanas
sin encontrar justicia, el caso Atenco llegó hasta la sede de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, donde dicho asunto se
litiga desde el 2008.
Ahí, ante directivos
del organismo internacional y representantes del gobierno mexicano encabezados
por Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Asuntos Multilaterales y
Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Bárbara
Italia Méndez, una de las 11 víctimas de tortura sexual, narró la pesadilla que
vivió aquel 4 de mayo de 2006 en San Mateo Atenco, cuando Enrique Peña Nieto
era gobernador del Estado de México:
Refirió que la
madrugada de ese día, policías federales irrumpieron en la casa donde se
encontraba, en San Mateo Atenco, después de protestar por la muerte de un menor
de edad durante una manifestación celebrada la víspera.
Los policías, dijo,
la detuvieron y le cubrieron el rostro con su propia ropa para no identificar a
los agentes.
Luego, dijo,
vinieron los golpes y posteriormente la subieron a un camión, donde se percató
que había más personas detenidas.
Ahí mismo, dijo, fue
abusada sexualmente.
Sin poder contener
el llanto, la activista narró que los abusos continuaron luego en el penal de
Santiaguito por parte de policías, médicos y ministerios públicos. Nunca la
dejaron, indicó, denunciar a sus torturadores.
Prosiguió su relato:
”
La persona que era
antes de 2006, ya no existe, ya no sirvo para hacer el trabajo que realizaba
antes con personas vulnerables, ya no soporto escuchar hablar del dolor de
otras personas, dejamos de tener nombre, Italia, Mariana, María… ahora somos
las violadas de Atenco, el dolor sigue ahí”.
Bárbara hace una
pausa y luego subraya que ella y sus compañeras decidieron acudir al organismo
para buscar justicia y que la pesadilla que vivieron no vuelva a ocurrir.
Después de narrar su
experiencia como víctima, Bárbara Italia leyó un texto que llevaba escrito,
cuyo contenido sorprendió a los presentes.
“No vemos
posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa, pues el
Estado ha demostrado en estos seis años no sólo una incapacidad para responder
a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han
estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano
e internacional sino también se sigue difundiendo información falsa sobre lo
ocurrido en Atenco”.
Fue la respuesta al
planteamiento previo que hizo el representante mexicano, Gómez Robledo en el
sentido de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien durante su campaña por
la presidencia admitió su responsabilidad de haber ordenado la operación policiaca
en Atenco, pretendía recurrir a la solución amistosa por ser la medida “idónea
para el reconocimiento y reparación de violaciones a derechos humanos” y que de
2006 a 2009 se consolidaron 21 soluciones amistosas que tuvieron “un efecto
positivo”.
Aún más, Gómez
Robledo pidió a los comisionados presentes en la sesión, entre ellos Tracy
Robinson, que acompañe al Estado “en la búsqueda de la solución amistosa y de
esta manera reparar a las víctimas de conformidad con los estándares de los
derechos humanos y de conformidad con la ley de víctimas recientemente aprobada
recientemente”.
Pese a que en la
audiencia, la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón García , aceptó que las
violaciones a derechos humanos a las 11 mujeres de Atenco, “ameritan una reparación
integral y ofrecer una disculpa pública”, Bárbara Italia Méndez insistió en que
el tiempo para reparar el daño dentro del Estado mexicano había pasado, y que
ello fue el motivo por el que se recurrió al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH).
“No nos busquen para
buscar una reparación de daño”, advirtió Méndez al señalar que los únicos
interlocutores entre ellas y los representantes del Estado eran los abogados
del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro
para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que las representaban.
La respuesta de
Bárbara Italia desconcertó a los representantes del Estado mexicano, entre
ellos el actual procurador del Estado de México, Miguel Ángel Contreras,
encargado de la dependencia que lleva el caso en el país, aseguró que de los 2
mil policías, entre federales y estatales que participaron en el operativo,
fueron sujetos de investigación 29, pero sólo dos de ellos fueron procesados
penalmente.
(PROCESO/ Gloria Leticia Díaz/ 14 de marzo de 2013)
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