Ezequiel Flores Contreras/Proceso
TIXTLA, Gro. (Apro)-. “Los policías y sicarios andan armados, ¿por qué
nosotros no vamos a andar armados si ya estamos cansados de tanta delincuencia
y corrupción?”, expresó el comisario municipal de Acatempa, Pastor Coctecón,
frente a autoridades civiles y militares que exigieron a policías comunitarios
no salir de su comunidad portando armas.
Previamente, un centenar de policías comunitarios armados con escopetas,
habitantes del poblado y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, encabezados
por el coordinador de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y
Tlapanecos, Arturo Campos Herrera, marcharon y se manifestaron frente a la sede
del ayuntamiento.
Los inconformes buscaron demostrar que este grupo armado no reconocido por
las autoridades forma parte del sistema de justicia de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Los manifestantes también demandaron información sobre la inversión
asignada en materia de programas sociales y obra pública.
La inusual movilización provocó zozobra entre los tixtlecos, así como un
despliegue policiaco-militar donde participaron más de 300 soldados del 41
Batallón de Infantería y policías federales, estatales y municipales, quienes
“por consigna” del gobernador Ángel Aguirre intentaron detener a Arturo Campos,
un activista ligado a la defensa de los sobrevivientes de la masacre de El Charco,
registrada en Ayutla en junio de 1998, y actual miembro de la dirigencia de la
CRAC en ese municipio de la región de Costa Chica, indicaron fuentes oficiales.
No obstante, el dirigente mixteco logró evadir el cerco, al separarse del
grupo que acompañaba, en momentos en que las autoridades esperaban que
regresara a la comunidad de Acatempa, junto al resto de manifestantes.
“¿Que se fue rumbo a Chilpancingo? Síganlo”, ordenó el director de
Gobernación Moisés Alcaraz a un subalterno con el que se comunicaba vía
telefónica.
El funcionario dirigió el operativo que pretendía detener a Campos Herrera,
quien fue señalado por autoridades municipales y estatales de fomentar la
creación de grupos armados en Tixtla, lugar donde existen antecedentes de la
presencia de células guerrilleras.
A principios de este mes, durante una gira por la región de Costa Chica, el
gobernador Aguirre anunció que no iba a tolerar que el esquema de la policía
comunitaria lo utilicen “con otros propósitos”.
También advirtió a los integrantes de este sistema de seguridad y justicia
que serían detenidos por el Ejército en caso de que salieran de sus áreas de
influencia.
Cerca del mediodía, los inconformes irrumpieron en esta ciudad ubicada a 10
kilómetros de la capital del estado sobre la carretera federal que conecta la
región Centro con la Montaña.
El propósito de la protesta fue demostrar que en el poblado de Acatempa
está operando un grupo de policías comunitarios adheridos a la CRAC, advirtió
el comisario de esta comunidad indígena que se encuentra a poco más de diez
kilómetros de la cabecera municipal.
Al igual que los grupos de autodefensa surgidos en la región de la Costa
Chica, los pobladores de Acatempa y Atliaca –otra comunidad de Tixtla–
decidieron enfrentar directamente a la delincuencia ante la indolencia
gubernamental.
No obstante, mientras los pobladores de Atliaca decidieron deponer las
armas y dejar en manos de las autoridades las funciones de seguridad pública,
los habitantes de Acatempa acordaron adherirse a la CRAC para aplicar el
sistema comunitario de justicia que, desde hace 17 años, implementa esta
organización en varios municipios de la Costa Chica y la Montaña guerrerenses.
Enseguida, autoridades municipales encabezadas por el alcalde perredista
Gustavo Alcaraz recibieron a los manifestantes en el auditorio contiguo a la
sede del ayuntamiento, donde el edil reprochó el hecho de que integrantes de la
CRAC procedentes de Ayutla y dirigidos por Arturo Campos estén conformando
grupos armados en las 18 comunidades de Tixtla.
Luego informó que para este año se tiene previsto invertir poco más de un
millón de pesos en una obra que debe ser definida por la comunidad de Acatempa.
No obstante, mientras se realizaba esta reunión, helicópteros del Ejército
sobrevolaban el lugar y, en tierra, el director de Gobernación estatal, Moisés
Alcaraz, dirigía el operativo con el propósito de detener al activista Arturo
Campos.
Los soldados y policías se apostaron afuera de la ciudad de Tixtla, a la
altura del crucero que conduce al municipio de Apango, donde el grupo de
manifestantes de Acatempa fue interceptado por varios minutos, hecho que
provocó un ambiente de tensa calma.
Poco después, soldados y policías comenzaron a buscar al dirigente de la
CRAC, Arturo Campos, y debido a que no se encontraba en el contingente que se
desplazaba en varios vehículos, optaron por preguntar por el comisario Pastor
Coctecón.
Entonces el director de Gobernación estatal se limitó a pedirle al
comisario municipal que se abstuvieran de salir de su comunidad portando armas,
porque con esta acción vulneraban la ley.
En respuesta, el dirigente de la comunidad argumentó que la policía
comunitaria forma parte de los usos y costumbres de los pueblos y sus prácticas
están reconocidas por las leyes del país.
Además, reprochó el impresionante despliegue policiaco-militar y exhortó a
agentes y soldados que así deberían actuar pero frente a la delincuencia que
opera en Tixtla.
“Deberían desarmar a los delincuentes y no a nosotros, que estamos
defendiendo a nuestra comunidad de los delincuentes”, expresó el dirigente
comunitario.
Minutos después de la confrontación verbal entre el funcionario estatal y
el comisario de Acatempa, los manifestantes se retiraron del lugar para
resguardarse en su comunidad.
De igual forma se disipó el impresionante operativo que presuntamente tenía
como objetivo cumplir la consigna del gobernador Aguirre: detener a dirigentes
de la CRAC que salgan de su área de influencia.
(PROCESO/ Ezequiel Flores
Contreras/ 13 de marzo de 2013)
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