Redacción/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(apro).- Desde hace un par de semanas, en la comunidad de Felipe Carrillo
Puerto, mejor conocido como La Ruana, del municipio de Buenavista Tomatlán,
Michoacán, la tranquilidad se perdió.
Hartos de la
inseguridad, los habitantes de ese lugar decidieron armarse y crear grupos de
autodefensa civiles para defenderse de los sistemáticos embates del crimen
organizado.
La paz que se
respiraba en ese lugar del estado de Michoacán ya no existe, Ahora, todo es un
ir y venir. Cientos de personas recorren en motos y autos el municipio, vigilan
constantemente que “los malos” no entren a su tierra.
Células de guardias
civiles siguen a los extraños para evitar cualquier sorpresa de la
delincuencia.
El pasado lunes 11,
los guardias tuvieron un incidente que no pasó a mayores: ocultos en la sombra
de la noche, sujetos armados intentaron meterse al pueblo y al no conseguir su
objetico lanzaron tres granadas contra los vigilantes nocturnos. Para fortuna
de éstos, los artefactos no estallaron.
“Echaron bala, como
locos dispararon para todos lados, varios impactos dieron en las casas, donde
hay mujeres y niños, pero también gracias a Dios nadie resultó herido”, cuenta
un policía comunitario que vivió la experiencia.
Pero no sólo viven
el acoso de la delincuencia organizada. También el de las autoridades federales
que detuvieron a 51 compañeros y los vincularon con el Cártel de Jalisco.
Un guardia
comunitario desmiente que trabajen para el Cártel de Jalisco. ““Es gente de La
Ruana, ninguno pertenece a la delincuencia, viven humildemente y no sabemos que
haya motivado esta acción, pero ya hemos dialogado con los mandos castrenses y
esperamos que este malentendido se resuelva y nuestros compañeros salgan
libres”.
Aclara que no
quieren inmiscuido aquí a ningún grupo de la delincuencia organizada. “Nos han
llamado haciéndonos malas ofertas, las cuales obviamente hemos mandado a volar
ya que seríamos muy tontos al combatir a un grupo delictivo y aceptar a otro”.
Prosigue:
“Los cárteles están
bien financiados hay mucho dinero de por medio y aquí, ustedes pueden ver que
solo hay carencias, somos principalmente limoneros y de eso nos mantenemos, no
hay riquezas desmedidas y si nos armamos con fusiles de grueso calibre es
porque no podemos combatir a los delincuentes con resorteras, es más, muchos de
los rifles son de los que les quitamos a la Policía Municipal y están
debidamente matriculados”.
A principios de
semana, los guardias comunitarios decidieron actuar y mantuvieron retenidos
algunas horas a 47 militares, para exigir la liberación de los 51 compañeros
detenidos.
La acción motivó la
inmediata intervención de la Secretaría de Gobernación que ofreció enviar a
tropas del Ejército a la zona y prometió brindar asistencia jurídica a los
detenidos, con abogados de oficio.
El primer compromiso
ya se nota en La Ruana: se colocaron puestos militares y elementos del Ejército
y de la Policía Federal realizan patrullajes y revisiones intermitentes.
“Confiamos en que el
gobierno federal vea nuestra situación y nos respalde porque no somos
criminales, tenemos familias, sentimos temor y deseamos que el presidente de la
república resuelva esta situación porque tenemos fe en él”, dice uno de los
lugareños.
El pasado miércoles
13, el crimen organizado le envió otro aviso: prendieron fuego a una empacadora
de limón y a una gasolinería.
Este tipo de
acciones, dice, tiene la intención de afectarnos, de que se nos imputen esos
hechos.
Pero no es todo:
corre el rumor de que unos 500 gatilleros van a rafaguear el pueblo.
La incertidumbre que
se respira en La Ruana ya se tradujo en la detención de varios civiles, a
quienes acusan de trabajar al servicio del narco como ‘halcones’.
Sin conocer el
número exacto de detenidos, la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE) inició una investigación.
“Están detenidos por
la guardia comunitaria, pero ya estamos en un proceso de que sean entregados a
la autoridad correspondiente”, declaró el secretario General de Gobierno en el
Estado, Jesús Reyna García.
La PGJE informó que
hasta ayer se habían presentado seis denuncias penales por las capturas
realizadas por la policía comunitaria.
(PROCESO/Redacción/ 14 de marzo de 2013)
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