La investigación del asesinato de la corresponsal de
Proceso en Veracruz, Regina Martínez, derivó en un enredo en que, por consigna,
aparece un presunto responsable, mientras un supuesto cómplice sigue prófugo. A
la coadyuvancia de este semanario en el caso, que fue aceptada por el
gobernador de Veracruz hace un año, se le ponen todas las trabas: las
diligencias ministeriales se frenan inexplicablemente y, por si fuera poco, de
la nada aparece un nuevo personaje cuya presencia no se ha podido explicar.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- El gobierno de Javier Duarte de Ochoa y el Poder Judicial de
Veracruz no encuentran la manera de justificar la versión de la Procuraduría
General de Justicia (PGJ) sobre la investigación del asesinato de la periodista
Regina Martínez Pérez, corresponsal de la revista Proceso en esa entidad.
Hace cuatro meses
que la juez Beatriz Rivera Hernández tiene la consigna de condenar a Jorge
Antonio Hernández Silva, El Silva, el único detenido que supuestamente confesó
su participación en el asesinato cometido hace casi un año, la madrugada del 28
de abril, en el domicilio de la periodista en Xalapa, capital del estado.
Pero la titular del
Juzgado Tercero de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito con residencia
en Pacho Viejo, Veracruz, apenas ha seguido la instrucción del caso, mientras
que la PGJ no ha encontrado al otro presunto responsable, José Adrián Hernández
Domínguez, El Jarocho, a quien supuestamente tenía localizado desde octubre
pasado, cuando el gobierno de Duarte aseguró que el caso estaba prácticamente
resuelto.
El martes 5 la PGJ y
la juez expresaron sorpresa cuando la revista acreditó ante el juzgado a la
abogada Diana Coq Toscanini como coadyuvante y solicitó a la juez diversas
actuaciones ante la versión oficial de que el móvil del asesinato fue un robo
que implica una supuesta doble vida de la periodista.
A pesar de tener 24
horas para responder, la juez no había emitido ningún acuerdo hasta el cierre
de esta edición, ignorando la gestión de la revista y en la práctica desconociendo
su coadyuvancia, reconocida por la procuraduría estatal y por la Procuraduría
General de la República, que también ha estado marginada de las investigaciones
de la PGJ.
La directora de
Investigaciones Ministeriales de la PGJ, Consuelo Lagunas Jiménez, se dio por
enterada de la actuación judicial de la revista para reiterar lo que ha dicho
durante todo el proceso judicial: Que si tiene pruebas, que las presente. Sólo
así la procuraduría podría investigar más allá de su versión.
En su escrito Proceso
pidió a la juez que ampliara y ratificara las declaraciones de las personas
referidas por la PGJ para “el esclarecimiento” del caso, incluidos los agentes
investigadores y los peritos que intervinieron la escena del crimen, así como
otras actuaciones judiciales.
Pidió también copia
del video y las fotografías tomados en la casa de la periodista y reiteró su
solicitud de acceder al expediente completo del caso. La primera petición se
hizo en noviembre pasado, pero la PGJ y la juez la ignoraron, contrario al
compromiso público de Duarte de facilitar la participación de la revista en las
investigaciones.
Culpables al vapor
El 30 de octubre de
2012 el procurador Amadeo Flores Espinosa anunció la detención del Silva y que
su oficina estaba en busca del Jarocho, un delincuente y sexoservidor a quien
presentó como supuesto novio de la periodista. Ese mismo día los consignó ante
la justicia local y el viernes 2 de noviembre la juez Rivera dictó el auto de
formal prisión contra El Silva.
La juez desechó por
completo la declaración preparatoria de Hernández Silva, quien negó su
responsabilidad y acusó a la PGJ de tortura y retención ilegal durante varias
semanas hasta hacerlo inculparse, amenazado con que matarían a su madre, su
único lazo afectivo, si no lo hacía.
Analfabeto y
portador del virus de inmunodeficiencia humana, El Silva, de 34 años, firmó su
declaración ante el Ministerio Público con su huella digital, pero su
comparecencia ante la PJG en la que se inculpa es tan coherente, estructurada y
detallada como la de una persona con preparación, según consta en la
investigación ministerial 019/2012/PC.
Desde que fue
llevado a prisión, Hernández Silva quedó aislado. No convive con la población
del penal de Pacho Viejo, en Xalapa. De acuerdo con testimonios recogidos en el
centro de readaptación social, lo tienen bajo vigilancia día y noche. Su
encarcelamiento es muy distinto al de la primera vez, cuando fue condenado por
robo. En ese entonces trabajaba en la misma prisión para obtener dinero.
Ahora teme que lo maten.
Está en permanente tensión. Ante quienes puede hablar insiste en su inocencia:
“Sí he robado pero nunca he matado a nadie”. Internos procesados por
delincuencia organizada dudan también de su participación en el homicidio de la
reportera.
Sin recursos para su
defensa, por lo que había tenido dos abogados de oficio, le apareció
repentinamente un litigante particular (no se sabe quién lo contrató), Adair
Gasca Hernández, quien se presentó después de que la juez Rivera ya había
cerrado la instrucción de la causa penal 358/2012 el pasado 15 de enero.
La juez consideró
que ya no había más pruebas que aportar a favor del acusado, pese a que la PGJ
no ha aprehendido al Jarocho, quien ya había sido detenido en junio del año
pasado y luego fue puesto en libertad no obstante que para entonces la
procuraduría ya había incluido su nombre en las investigaciones del asesinato
de Regina Martínez. En aquella detención, lo fichó y en la fotografía aparece
con la cara golpeada.
Según Consuelo
Lagunas, el prófugo es un halcón, como se conoce a quienes hacen trabajo de
vigilancia para la delincuencia organizada. La funcionaria dijo que lo tenían
ubicado.
La juez tampoco
consideró las declaraciones de un operador de Los Zetas en Veracruz, Jesús
Hernández Rodríguez o Ruiz Rodríguez, El Chilango, quien en la averiguación
previa PGR/SIEDO/UEIDCS/133/2011 aseguró que en el asesinato estaban
involucrados narcomenudistas de Xalapa, según dio a conocer Proceso en su
número 1879.
En los 26 meses de
gobierno de Duarte, nueve periodistas han sido asesinados en Veracruz. De esos
casos el gobierno asegura haber “esclarecido” seis, pero evitó procesar a los
culpables porque al parecer estaban vinculados con la delincuencia organizada,
un delito del fuero federal.
Fragmento del reportaje
que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/ Jorge Carrasco Araizaga/ 14 de marzo de
2013)
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