El gobierno de Enrique Peña Nieto libra una guerra de
bajo perfil en Michoacán. El Ejército se halla entrampado entre las guardias
civiles y los cárteles de narcotraficantes. Desde el repliegue de la Policía
Federal en esa entidad, los soldados intentan frenar la violencia e imponer la
ley pero se topan con grupos de la delincuencia organizada como Los Zetas, Los
Caballeros Templarios o El Cártel Jalisco Nueva Generación, que protagonizan
feroces combates por el control de la plaza y asesinan sin miramientos a quien
les estorba.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- La estrategia de silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto dejó
en la penumbra la muerte de Dionisio Loya Plancarte, uno de los jefes de Los
Caballeros Templarios y líder histórico de la delincuencia organizada en
Michoacán.
Conocido como El
Tío, Loya Plancarte murió a manos del Ejército en una supuesta represalia del
gobierno de Peña Nieto por la desaparición de tres elementos del Estado Mayor
Presidencial en la entidad.
Enviados desde la
Ciudad de México, los militares desaparecieron entre los municipios vecinos
Apatzingán y Buena Vista Tomatlán, bastiones de lo que fue La Familia
Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios.
Informaciones
obtenidas por Proceso indican que a partir de ese hecho, el Ejército realizó
operativos nocturnos en las comunidades de ambos municipios. Hasta ese momento,
los militares sólo transitaban por las carreteras principales; ahora ya
entraron a las comunidades.
Durante una de esas
incursiones, en las primeras horas del sábado 16 se enfrentaron a un grupo de
civiles armados en las inmediaciones de la comunidad de El Alcalde, en el
municipio de Apatzingán. Según corporaciones policiales del estado citadas por
periodistas locales, en el enfrentamiento murieron cinco elementos castrenses.
El hecho ocurrió
hacia las dos de la mañana cuando un convoy militar integrado por tres
vehículos se enfrentó a hombres que viajaban en camionetas tipo todoterreno y
se negaron a deponer las armas. Algunas versiones mencionaron que después del
combate se registró una fuerte movilización militar, incluso por aire.
Sin embargo, la
Secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio, aunque se trata de la baja
más importante de Los Caballeros Templarios desde la muerte de Nazario Moreno
González, El Chayo, en un enfrentamiento con la Policía Federal en diciembre de
2010, según dio a conocer esa corporación.
Con la desaparición
del Tío, al frente de Los Caballeros Templarios sólo quedarían Servando Gómez
Martínez, La Tuta, y Enrique Plancarte Solís, El Kikín, a quien se le adjudican
las relaciones con los proveedores internacionales –en especial de China– de
precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.
El Ejército también
guardó silencio ante el agravio que sufrió unos días antes, entre la noche del
lunes 11 y el martes 12 de marzo, cuando una partida de soldados pertenecientes
a la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán fue retenida por civiles en La
Ruana, tenencia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Buena Vista Tomatlán.
En este lugar surgió una “policía comunitaria” en febrero pasado y ha sido
escenario de enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos.
El hecho de
violencia más reciente ocurrió la tarde del viernes 22, al sur del municipio en
una comunidad conocida como Santa Ana Amatlán, colindante con El Terrero y
Catalinas.
Elementos del
Ejército se enfrentaron a un grupo de civiles en el mismo lugar donde el
miércoles 13, hombres armados incendiaron una gasolinera y una empacadora de
limón.
Los autores de la
retención grabaron un video sobre los militares desarmados y cercados por la
población. El video circuló profusamente en la prensa y las redes sociales.
En Buena Vista
existen numerosas brechas que conducen a los lugares de origen del Chayo, El
Tío y El Chango Méndez, quien fue otro de los líderes de La Familia Michoacana
y que permanece detenido desde junio de 2011, cuando lideraba la otra escisión
de ese grupo, La Familia.
La retención de los
militares, que según las versiones locales eran entre 20 y 40 –de dos a cuatro
pelotones– fue para exigir la liberación de 51 personas acusadas de formar una
“policía comunitaria” en esa población, y también de tener vínculos con la
delincuencia organizada.
Detrás de los grupos
civiles armados de Buenavista y Tepalcatepec, se presumió la presencia de
grupos de la delincuencia organizada como el Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) y Los Caballeros Templarios. El Ejército entró en esos dos municipios y
detuvo a integrantes de ambas organizaciones.
Los grupos civiles
armados tuvieron su máxima expresión el pasado mes de febrero en la zona de
tierra caliente, luego del surgimiento de guardias civiles en Cherán, Paracho y
otras zonas de población autóctona del centro-norte del estado. Dijeron que estaban
ahí para enfrentarse con la delincuencia organizada.
Otras “guardias
civiles” han surgido en comunidades del municipio de Los Reyes, al norte del
estado. También se han reportado otras en los alrededores del puerto de Lázaro
Cárdenas, estratégico para la movilización de sustancias y drogas ilegales por
el Pacífico, tanto las que provienen de México como las procedentes de Asia.
Los alrededores del
puerto han sido zona de fuerte confrontación con presencia del cártel de Los
Zetas, que en la década pasada, como brazo armado del cártel del Golfo, dio
entrenamiento paramilitar a la organización conocida como La Empresa que
después se denominó La Familia Michoacana. Ahora, Los Caballeros Templarios se
reorganizaron en esa zona como parte de su confrontación con el CJNG y Los
Zetas.
El mes en curso ha
sido difícil para el Ejército en Michoacán, luego de que el gobierno de Peña
Nieto replegó a la Policía Federal, que durante el sexenio de Felipe Calderón
tuvo una importante presencia en el estado. La corporación tuvo numerosas bajas
a manos de La Familia Michoacana hasta la anunciada ejecución del Chayo.
El jueves 7, el
Ejército detuvo a 34 personas que dijeron formar parte de la policía
comunitaria. No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) los
consideró como integrantes de una organización delictiva y consignó a 31 de
ellos por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas –fusiles
AK47, AR-15 y pistolas calibre 5.7– y delitos contra la salud. Los otros tres
eran menores de edad y fueron remitidos a centros de justicia para
adolescentes.
Se les trasladó a
penales federales de Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Entre ellos se
identificó a una persona con el nombre Édgar Antonio Rojo Lara, supuesto
lugarteniente del CJNG en Michoacán.
Los detenidos
insistieron en que eran guardias comunitarios pertenecientes a Buena Vista
Tomatlán organizados contra las extorsiones y cobro de rentas de Los Caballeros
Templarios, y que las armas se las quitaron a miembros de esa organización.
Poco después, el
lunes 11, el Ejército detuvo a otras 17 personas, entre ellos dos menores de
edad, con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la misma comunidad
de la Ruana, punto intermedio entre los municipios de Buena Vista y Apatzingán.
Durante los ochenta y noventa este lugar fue conocido como un importante
productor de mariguana.
Luego de la segunda
captura ocurrió la retención de los militares. En el video que difundieron los
autores del secuestro se escucharon críticas en contra de Los Caballeros
Templarios y La Tuta. El gobierno estatal intervino y los militares fueron
liberados al día siguiente. Para el procurador del estado, Plácido Torres
Pineda, el asunto “no pasó a mayores”. La Sedena guardó silencio.
Fragmento de un reportaje que se publica en la edición
1899 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/ Jorge Carrasco Araizaga/ 28 de marzo de
2013)
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