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Nuevo Laredo─ La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Comité de Derechos Humanos
en Nuevo Laredo (CDHNL) y organizaciones civiles de Tamaulipas documentaron un
caso que podría ser la primera ejecución extrajudicial de elementos del
Ejército a un civil en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.
El pasado 18 de
marzo Alfredo Ruiz Rojas, de 23 años, y un estudiante de 15 conocido como
“Chano” perdieron la vida. Según la versión de las fuerzas castrenses, el joven
murió en un enfrentamiento.
Así lo difundió,
provocando una reacción inmediata de sus conocidos y, por supuesto, de sus
familias.
La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos CNDH –con ayuda de un médico legista– argumenta que el
parte oficial rendido por personal de la Secretaria de la Defensa Nacional
(Sedena) y de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas no coincide con
las heridas de los cuerpos y que se trató de “una detención arbitraria, tortura
y posterior asesinato’’.
Las versiones de la
prensa local indican que los cuerpos de los dos muchachos fueron hallados en el
interior de un auto en un monte atrás de la colonia Valles Elizondo, en Nuevo
Laredo. Los testigos y familiares dicen que los dos jóvenes tuvieron una muerte
horrible.
Fueron sometidos a
tortura y a interrogatorios crueles. Luego, a sangre fría, elementos del
Ejército mexicano los asesinaron. No conformes con lo anterior, fueron
incriminados.
Amnistía
Internacional llamó hoy a las autoridades “a garantizar la seguridad de los
familiares de las víctimas, testigos y la organización local que está
acompañando el caso.
Así mismo la
organización exige a las autoridades una investigación completa e imparcial
sobre las muertes, que incluya una exhaustiva investigación sobre las denuncias
de tortura y ejecución ilegal de Alfredo Ruiz y del adolescente que le
acompañaba”.
De acuerdo con
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo
Laredo, al revisar el cuerpo se descubrieron golpes en el rostro, en los
genitales, espalda, glúteo y piernas de la víctima.
Estas heridas le
fueron infligidas antes de morir. En un comunicado, el Comité de Derechos
Humanos en Nuevo Laredo y la CNDH detallan: De la declaración de al menos dos
testigos presenciales de estos hechos, se desprende que el Alfredo Ruiz Rojas,
fue brutalmente torturado en diferentes partes del cuerpo y así lo constataron
sus familiares al momento de acudir a su identificación en la funeraria, cuyas
heridas no coinciden con el parte oficial rendido por personal de la Secretaria
de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas,
con relación a los hechos, que consta en la Averiguación Penal 0167/2013,
integrada en la Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador del
Estado”.
En el mismo
documento se señala que como evidencia del abuso de autoridad, los familiares
Ruiz Rojas exhibieron imágenes de unos 20 casquillos de diferentes calibres que
no fueron recolectados del lugar de los hechos y que se presume fueron
disparados por los militares para simular un enfrentamiento, alterando así la
escena del crimen.
Según un testigo del
crimen -quien afirma también haber sido golpeado por los soldados-, los dos
jóvenes estaban inconscientes por la golpiza propinada por elementos del Ejército
cuando éstos les dispararon. Esta persona narró también que los jóvenes
viajaban a bordo de un automóvil Mustang rojo cuando fueron abordados por
patrullas militares para una revisión.
Pero en vez de ello
fueron subidos a la unidad del Ejército, alrededor de cinco soldados les
“sembraron” armas en su coche y los trasladaron al sitio donde aparecieron
muertos. Después de esto -dijo- los soldados se fueron y dejaron los cuerpo
ahí.
“¿De quién nos vamos
a cuidar entonces? Los soldados abusan de todo”, dijo el padre de una de las
víctimas. Los familiares y conocidos de los jóvenes aseguran que se trataba de
personas trabajadoras y honradas, pero humildes. El mayor de ellos se dedicaba
a la albañilería, plomería y también pintaba casas.
Y han pedido la presencia
de personal especializado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para
revisar el cuerpo, y dejar constancias gráficas de las lesiones por tortura e
impacto de proyectil de arma de fuego.
Sobre este caso, Amnistía
Internacional publicó este jueves 28 un comunicado en el que recalcan la
solicitud de los familiares para que se realice “una investigación completa
sobre indicios que podrían indicar que fueron torturados y ejecutados
ilegalmente”.
Asimismo, el
organismo se muestra preocupado por las posibles represalias que pudieran
enfrentar los testigos y la familia de los jóvenes. AI pidió a “a las
procuradurías estatal y federal, así como a la CNDH a hacer públicos los
resultados de sus investigaciones lo antes posible”.
Un informe de AI
presentado en febrero aseguró que durante el pasado gobierno del Presidente
Felipe Calderón (2006-2012) en México se registraron 250 casos de desaparición,
de los cuales 149 involucran a agentes del estado.
(DIARIO DE JUAREZ/ sinembargo.mx | 2013-03-28 | 17:38)
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