Las autoridades se han mostrado omisas e indolentes
para localizar a por lo menos 35 policías federales que desaparecieron entre
2008 y 2012. Consecuencia de la guerra calderonista contra el narcotráfico,
estas desapariciones dejan en un limbo jurídico y emocional a las familias de
los agentes, quienes se encontraban en la “línea del deber” cuando se les
perdió la pista. Los mandos de la ya desaparecida Secretaría de Seguridad
Pública federal argumentaron que seguían con la búsqueda y sólo daban evasivas
a las familias.
Marcela Turati/ Proceso
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Fabián Mendoza Rosales y Julián Hermosa Cornejo estaban en el
campamento de la Policía Federal en el Parque Nacional Barranca de Cupatitzio,
en Uruapan, Michoacán. Salieron a hacer algunas compras y no volvieron. Desde
el 5 de agosto de 2008 están desaparecidos. Ellos inauguran la lista de 35
policías federales aparentemente buscados por la agrupación. Son los agentes
que se reconocieron como desaparecidos en los tiempos en que Genaro García Luna
era titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).
Casi todos son
jóvenes que el sexenio pasado ingresaron a la Policía Federal y fueron
asignados a la División de Fuerzas Federales que los destinó a operativos
antinarco. Desaparecieron mientras estaban en servicio, entre agosto de 2008 y
agosto de 2012.
Ellos son: Luis
Ángel, Bernardo Israel, Juan Carlos, Jaime Humberto, Pedro Alberto, Israel,
Moisés, Bernardino, Jorge, Julián, Fabián, Valentín, Lito, Milton, Efraín,
Rosendo, Agustín, Adrián, Roberto, Juan, Juan Luis, Adrián, Miguel, Cristóbal,
Efraín, Juan Alberto, Rusbell, Eduardo, Noé, José Alfredo, Fausto, Prisciliano,
Esteban, Gustavo y Víctor Hugo.
Sólo uno fue
encontrado, muerto y torturado, en Zacatecas; de los demás no hay rastro.
Los nombres se
desprenden de un oficio interno de la SSPF del pasado agosto firmado por el
inspector Rafael Copado Balderas y enviado a la Dirección General Adjunta de
Enlace Jurídico de la División de Fuerzas Federales. En ese documento se
mencionan los nombres de los 35 policías y los operativos realizados para
buscarlos.
Pero la lista está
incompleta. Aunque comienza en agosto de 2008 y se corta en agosto de 2012,
antes y después de esas fechas hubo policías desaparecidos.
Según el oficio, del
cual este semanario posee copia, Michoacán encabezó las desapariciones con 18
casos (y aunque el documento no lo menciona, Proceso confirmó que los hechos
ocurrieron en Zitácuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas).
Los estados que
reportaron tres sucesos fueron Coahuila, en Torreón y Nuevo León, en San Pedro
Garza García y San Nicolás de los Garza. Veracruz reporta dos, en Martínez de
la Torre y Boca del Río; Tamaulipas uno en Matamoros; Durango y Distrito
Federal dos (los dos de Iztapalapa, uno de ellos al salir de la base de la PF).
Sinaloa, Hidalgo y Zacatecas registran, cada uno, una desaparición.
En el reporte de
cuatro hojas entregado el año pasado a las familias que exigen cuentas a la
SSPF se informó que existe una orden “superior” para recabar información y
continuar con la búsqueda y localización de los desaparecidos. También se
indicó que empleados de la Dirección de Situaciones Tácticas y de la Dirección
General de Intervención realizan monitoreos y vigilancia en “domicilios y
lugares señalados, tales como ciudades, municipios, poblaciones y parajes
conocidos, dando seguimiento al análisis de la información recopilada”.
Entre las acciones
para ubicar a los federales y esclarecer los hechos se mencionan como logros
“el aseguramiento de miembros de la delincuencia organizada, vehículos, armas y
envoltorios de hierba, todos ellos presuntamente vinculados con las
desapariciones”. Sin embargo, del reporte se desprende que no se localizó a
ninguno de los desaparecidos.
Para ubicar a los
oficiales en Coahuila fueron detenidos 28 policías municipales de Lerdo,
Durango, quienes –según el informe– colaboraban con Los Zetas. En Michoacán
capturaron a 54 integrantes de La Familia; en Nuevo León a tres miembros de Los
Zetas y en Zacatecas a otros 12 de esa organización, y cuatro más fueron
abatidos en un enfrentamiento.
“A pesar de las
significativas detenciones y aseguramientos de personas, armas, municiones,
inmuebles y vehículos presuntamente involucrados en las desapariciones de
varios de los elementos referidos –argumenta la dependencia–, no se han
encontrado indicios que confirmen su identidad o ubicación”.
Tampoco se
localizaron cadáveres. “Cabe resaltar que en las entrevistas realizadas a los
miembros de la delincuencia organizada asegurados y presuntamente vinculados
con la desaparición de los PF, estos han manifestado ubicaciones donde se
encontrarían los cuerpos de los servidores públicos, por lo que se ha acudido a
dichos puntos y zonas aledañas para la búsqueda de indicios y/o pertenencias de
las víctimas, sin obtener hasta el momento algo que permita su ubicación y otra
línea de investigación derivada”, abunda el reporte.
En el escrito
firmado por el inspector Copado Balderas se menciona como explicación de las
desapariciones que los grupos de la delincuencia organizada encabezaron
agresiones contra elementos de la PF –“tales como emboscadas y aseguramientos
ilícitos” de personas–, en represalia por la captura de varios capos y los
operativos conjuntos montados en su contra por parte del gobierno federal.
Y concluye con la
siguiente afirmación: “A raíz de estos aseguramientos se pudo saber que el
cártel denominado Los Zetas realiza este tipo de acciones ‘para demostrar la
fuerza del grupo y amedrentar a los elementos Federales’ según lo manifestado
en las entrevistas realizadas”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso
1900, ya en circulación)
(PROCESO/ Marcela Turati/ 30 de marzo de 2013)
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