Pedro Matías/ Proceso
OAXACA, OAX.
(Proceso).- Después de siglos de abandono, el pueblo ikojts (huave) de San
Dionisio del Mar es centro del debate nacional e internacional, pues se desató
ahí una pugna por la energía del viento que involucra poderosos intereses
económicos, políticos y culturales.
El proyecto del
parque eólico Barra de Santa Teresa, concebido para desplegar 132 torres con
aerogeneradores y una línea de transmisión de 52 kilómetros mediante una
inversión de 13 mil millones de pesos, actualmente se encuentra en tribunales y
se discute en la LXI Legislatura local. El proyecto no sólo se considera en
receso, sino que existe el riesgo de que la entidad pierda esa inversión
definitivamente.
En febrero pasado,
el diputado del Partido del Trabajo Flavio Sosa Villavicencio exhibió en
tribuna un contrato vigente de los comuneros de Santa María del Mar con la
empresa Preneal México. En él se estipula que esta compañía adquirió el derecho
a utilizar 2 mil hectáreas para instalar una planta eólica por sólo 115 pesos
anuales por hectárea, es decir, 9 pesos con 58 centavos al mes. A cambio
Preneal gana mil millones de pesos, dijo el legislador.
Tras denunciar este
“trato abusivo, injusto e ignominioso”, Sosa Villavicencio exigió al Ejecutivo
estatal que asuma su obligación de vigilar que los acuerdos con los
inversionistas para la instalación de generadores eléctricos no sean
extremadamente desventajosos para las comunidades oaxaqueñas, como ha ocurrido
en ocasiones anteriores con otras empresas.
También hizo un
llamado “a oír primero a los mareños y después a la empresa trasnacional”, así
como a establecer una mesa de diálogo para que se cumplan los compromisos
internacionales en materia de derechos indígenas.
Citó información de
la propia empresa, según la cual en marzo de 2011 vendió sus dos proyectos
eólicos en Oaxaca al consorcio Mareña Renovables, integrado por el grupo Femsa
y Macquarie Capital por 89 millones de dólares, que equivalen a mil 130
millones 300 mil pesos.
Aclaró el diputado
petista: “Estoy a favor de la instalación de parques eólicos, a favor de la
inversión productiva que beneficie a las y los habitantes de nuestro estado que,
riquísimo en recursos, ha sido empobrecido por la mala administración de
gobernantes que generación tras generación han venido a servirse de los dineros
del pueblo”.
Consideró necesario
revisar las condiciones en las que los comuneros huaves firmaron dicho acuerdo,
pues muchos han manifestado que no les fue leído en su idioma, y peor: que
fueron engañados y presionados para firmarlo.
Tras citar un
estudio de la UNAM que documenta “la cooptación de representantes de las
comunidades y la simulación de asambleas ejidales (…) para agilizar la firma de
contratos y negociaciones individuales entre propietarios y empresas, con el
fin de excluir a las asambleas ejidales”, Sosa Villavicencio cuestionó: “¿Qué
ha hecho la actual administración para invalidar este leonino acuerdo, hoy aún
vigente? ¿Qué hace para evitar que los indígenas de San Dionisio del Mar y de
Álvaro Obregón sean explotados de la misma manera?”.
Por su parte, el
coordinador de la bancada del PRI, Francisco García López, denunció que ante
“la falta de operación política y las tensiones acumuladas bajo la presión de
grupos extremistas amenazan hoy la viabilidad de esas inversiones”.
Añadió: “Son
inversiones que explotan las ventajas comparativas de la región del Istmo, como
sugieren las agencias que califican la pertinencia de la inversión en un
entorno mundial cada vez más competitivo”.
No obstante, ante
esas ventajas comparativas y la aceptación de la mayoría de la población por
los beneficios que está trayendo a la economía de la región, dichas inversiones
“se ven socavadas, por no decir saboteadas”, alertó.
Por ello los
priistas propusieron que el gobierno estatal asuma una posición responsable y
que no defienda a las empresas, sino la inversión productiva en beneficio de la
población de esa región y de la entidad, contra los ataques de grupos que,
según esa bancada, han medrado con el proyecto.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición
1899 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO/ Pedro Matías/ 28 de marzo de 2013)
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