Los Cabos, Baja California Sur. La
repentina aprobación de apertura del “Casino Sunrise” en San José del
Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sur fue una decisión tramposa,
amañada y llena de sospechas.
Los regidores que avalaron el cambio de uso de suelo
para que el centro de apuestas pudiera iniciar operaciones formales
dentro de las plazas comerciales “Ley” y “Sendero”, violentaron el
actual Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, y de paso, exhibieron la
verdadera causa del extraño retraso de la validación del nuevo proyecto
que tiene 13 meses en “la congeladora” de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Ecología encabezada por el regidor Julio César
Castro Pérez, en espera de ser analizado, revisado, modificado y
aprobado por los ediles del ayuntamiento local.
La votación de los regidores fue manipulada para que, en
la sesión extraordinaria número 30 de cabildo, aceptaran el cambio de
uso de suelo a favor del casino, a pesar de que el dictamen concluía “no
permitir el cambio de uso de suelo” para la instalación del “centro de
apuestas remotas, salas de sorteos de números y juegos electrónicos”.
Aun cuando no hacen falta declaraciones oficiales para
entender “el arreglo bajo la mesa” de la votación en el gobierno de José
Antonio Agúndez Montaño, el regidor del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Mario Fernández Alonso dijo “estar avergonzado de
pertenecer a ese cuerpo de cabildo que únicamente está a favor de la
ilegalidad”.
El sentido de la votación de los regidores se distribuyó de la siguiente manera:
A favor: Juan Octavio Arvizu Buendía, Reynaldo Zatarain
Valera, Anel Susana Marrón Amador, Víctor Manuel Ortegón Góngora, Juan
Mauricio Albañez Albañez, Emilia Vega Uribe, Ana María Wilson Izquierdo y
Eda María Palacios Márquez.
En contra: Mario Fernández Alonso, Juan Fernando Sánchez
Navarro, Julio César Castro Pérez, Oswaldo Murillo y José Antonio
Agúndez Montaño.
Con el visto bueno al cambio de uso de suelo, los
regidores despejaron el camino a la casa de apuestas que aparece con dos
razones sociales: “Entretenimientos y Servicios del Valle, S.A de C.V” y
“Gold Play Azteca, S.A de C.V”, cuyo representante legal es Rafael
Martínez Torres.
La apertura de los dos centros de apuesta –uno en San
José del Cabo y otro en Cabo San Lucas— estaba detenida desde septiembre
pasado, cuando la Dirección de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de
Los Cabos, clausuró las instalaciones porque “no tenía licencia de
operación comercial”.
La compañía había arrendado un par de locales
comerciales dentro de las plazas “Ley” y “Sendero” y comenzó a invertir
en su arreglo: pintura, acabados, decoración e introdujo mobiliario y su
maquinaria de juegos de azar; asimismo, colocó enormes letreros en la
parte exterior de los locales.
Peor aún, la casa de apuestas pretendía iniciar
operaciones en San José del Cabo con una licencia comercial de Cabo San
Lucas, autorizada en el gobierno anterior que encabezaron René Núñez
Cosío y Mirna Xibillé, por lo que –al quedar anulada– inició un trámite
para lograr un cambio en el estatus de una ciudad a otra y regularizar
su situación.
Datos recabados por ZETA expusieron que
el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, no tiene en ninguno de sus
apartados el giro de “casino” o “centro de apuestas”, el que más se
asemeja es el de “juegos electrónicos”, según confirmó el regidor Julio
César Castro Pérez.
El plan es más que claro, porque establece que “el giro
de juegos electrónicos queda prohibido dentro de plazas comerciales”, y
“no surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que
contravengan (a) lo establecido en los planes y programas de desarrollo
urbano”, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Baja California Sur.
Por ejemplo, el casino de San José del Cabo, se instaló
sobre un terreno que tiene el uso de suelo predominante de corredor
urbano por colindar con la carretera Transpeninsular y es de vocación
habitacional, por lo que el uso de suelo está condicionado a un máximo
de construcción de dos mil metros cuadrados y las edificaciones no deben
rebasar los 10 metros de altura, incluido tinaco, según el Plan de
Desarrollo Urbano.
Aunque ciertamente el local comercial es arrendado, la
operación generará mucho impacto en la zona de los clientes, por lo
reducido del espacio de estacionamientos, que aunque la Ley exige para
centros comerciales un mínimo de 850 cajones, en “Plaza Ley” solo hay
150, incluidos los del subterráneo y en la parte de arriba.
El casino está rodeado de negocios, salas de cine y
casas particulares, y es el paso natural de ambulancias, bomberos,
protección civil, alumnos de cinco instituciones educativas y una
central camionera.
Las reacciones
La autorización de la apertura del casino generó una
gran polémica. La vicepresidenta de Mujeres Empresarias en Los Cabos,
Rosa María Treviño, dijo que “había un compromiso de parte del
ayuntamiento de no permitir la operación del centro de apuestas, cuando
menos en San José del Cabo, sobre todo porque en esa plaza va mucho
joven al cine y divertirse en sus ratos libres”.
Treviño expuso que “estaban verdaderamente molestos” y
sentían vergüenza de que “no se haya respetado el acuerdo y los
regidores hayan aprobado el cambio de uso de suelo, porque los
ciudadanos son quienes padecerán los daños colaterales de la explotación
del juego”.
“El cabildo no puede estar encima de la Ley, porque la
apertura del casino contraviene el Plan de Desarrollo Urbano, de modo
que vamos a asesorarnos y a luchar para evitar que puedan salirse con la
suya”, enfatizó.
El vocero de la delegación de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra), Armando Sánchez, recordó
que el “Casino Sunrise” tiene actualmente dos permisos de operación y
expuso su temor de que, después, “pretenden abrir otros negocios más en
otras zonas del destino de playa”.
Las reacciones llegaron de todas partes. Por ejemplo,
Adriana López Monge, la presidenta de la asociación regional de padres
de familia en Los Cabos, lamentó que “pretendan colocar un centro de
apuestas en el corazón de la ciudad”, ya que “primero debemos pensar en
nuestros hijos, y ver el entorno que les están formando con este tipo de
decisiones”.
Después de la polémica, la regidora Ana María Wilson
Izquierdo, trató de justificar la aprobación de la apertura del casino:
“en cierto sentido lo que únicamente hicimos fue darle la posibilidad a
la empresa de reiniciar trámites para ver si puede operar o no en un
futuro. Eso no quiere decir que mañana el casino va a venir, y abrir sus
puertas, porque todavía tiene que hacer otros trámites y agotar otras
instancias”.
Pero la vicepresidenta del Centro Histórico de San José
del Cabo, Blanca Pedrín, fue más allá y solicitó al congreso una
investigación sobre la sospechosa actuación de los ocho regidores que
aprobaron la apertura del casino, y de ser posible –afirmó—“removerlos
de sus cargos”, porque “parece que se olvidaron que son representes del
pueblo”.
Datos recabados por este Semanario, y en base a la Ley
de Desarrollo Urbano del estado de Baja California Sur, indicaron que
“las autoridades que aprueben construcciones, fraccionamientos,
condominios, cambios de uso de suelo o destinos de suelo u otros
aprovechamientos de inmuebles en contravención de las disposiciones
jurídicas de desarrollo urbano, así como planes y programas en la
materia, los residentes del área que resulten directamente afectados o
cualquier persona, tendrá derecho a exigir que se apliquen las medidas
de seguridad y sanciones procedentes”, como reza el artículo 101.
El derecho –establece la ley— se ejercerá ante las
autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados, y
en su caso, a los afectados, y deberán resolver lo conducente en un
termino no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de
la recepción del escrito correspondiente.
El artículo 103 de la citada Ley expone castigos y
sanciones a “quienes propicien la ocupación irregular de áreas y predios
en los centros de población, y quienes se harán acreedores a las
disposiciones jurídicas aplicables”.
El plan de desarrollo urbano
Pero situaciones tan irregulares, como la autorización
del inicio de operaciones de los casinos en San José del Cabo y Cabo San
Lucas, no hubieran tenido cabida, en caso de que el Plan de Desarrollo
Urbano de Los Cabos, estuviera debidamente aprobado desde octubre del
2011, cuando 178 personas –entre autoridades, colegios de
profesionistas, empresarios y asociaciones civiles— y en 14 mesas de
trabajo, crearon y dieron vida al nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Los
Cabos, el cual tendrá vigencia hasta el 2040.
El principal destino turístico del estado, actualmente
está regido por un plan que tiene 12 años de retraso, y el cual fue
diseñado y puesto en marcha en el año 1999, cuando el gobernador era
Leonel Cota Montaño, y el alcalde Narciso Agúndez Montaño, hermano del
actual presidente municipal de Los Cabos.
En aquellos tiempos, la instalación de casinos en el
estado era bastante remota, y por lo tanto, no consideraba esa figura o
“casas de apuesta”, únicamente “juegos electrónicos”, y cuyo concepto
estaba más centrado al juego basado en la interacción entre una y varias
personas y un aparato electrónico que ejecutara videojuegos por medio
de un controlador, como el pinball. Los juegos eran controlados en base a
una plataforma de consola, computadora o máquina tipo arcade y con un visualizador, las cuales eran conocidas popularmente como “maquinitas tragamonedas”.
El nuevo proyecto urbano contempla la figura de “casino”
o “casa de apuestas”, pero contiene un marco normativo que limita la
operación de este giro de negocios, basado en la Ley de Desarrollo
Urbano del Estado, Ley Orgánica del Gobierno Municipal, Reglamento del
Ayuntamiento y Reglamento de la Administración Pública.
La autorización de operación de casinos –con el nuevo
Plan— estaría sujeta al criterio “del lugar donde pudiera instalarse que
va desde el tipo de área, ámbito urbano, comportamiento de la zona,
estructura, análisis detallado de sectores, aforo vehicular, inventario
de red vial y tipo de infraestructura de la zona”.
Sin embargo, y por extrañas razones, el nuevo Plan de
Desarrollo Urbano de Los Cabos, tiene trece meses atorado en el cabildo,
a pesar de que el artículo 17 de la Ley del citado plan establece
claramente “un término de 120 días naturales para que sea aprobado por
cualquier Ayuntamiento”.
El caso está en manos del regidor Julio César Castro
Pérez, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y
Ecología, después de haber pasado casualmente por la subdirección que
controla el hermano del regidor de nombre Aníbal.
El retraso –intencional o no— orilló al diputado Alberto
Treviño Angulo a solicitar el pasado 20 de noviembre un punto de
acuerdo para “recomendar” al ayuntamiento de Los Cabos someta a votación
y aprobación el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, porque “ya a
transcurrido tiempo suficiente para cubrir todas las formalidades, tal
como lo establece la Ley”.
Más casinos
El tema de los casinos no es exclusivo de Los Cabos. La
apertura de casas de apuestas ha sido vertiginosa e indiscriminada en el
estado de Baja California Sur.
Las casas de apuestas prácticamente están en todos
lados: zonas residenciales, cerca de centros escolares, en algunas
puntos de oficinas y comercios y ahora hasta dentro de plazas
comerciales, donde se juegan apuestas a cualquier hora del día.
Datos recabados por ZETA, expusieron
que en el estado actualmente operan siete y cuatro están por entrar en
funcionamiento. Los que están en operación son los siguientes:
1.- 4 en La Paz.
2.- 2 en Cabo San Lucas.
3.- 1 en Ciudad Constitución.
Los que están en trámite de abrir son éstos:
1.- 1 en San José del Cabo.
2.- 1 en Cabo San Lucas.
3.- 1 en Loreto.
4.- 1 en Santa Rosalía.
Pero como recalcó la diputada del Partido Nueva Alianza
(PANAL), Guadalupe Olay Davis, en la máxima tribuna, el tema de los
casinos “es un asunto donde la casa gana, el gobierno recibe muy poco y
el ciudadano es el principal afectado porque padece los daños
colaterales del juego”.
En Loreto los prestadores de servicios y asociaciones
civiles están recabando firmas para no permitir la apertura de una casa
de juegos, pues “afectaría negativamente, porque el perfil del turista
corresponde a un visitante que busca la cultura, tradiciones y de
contacto con la naturaleza”.
La legisladora originaria de esta población, no se
anduvo por las ramas y expuso la experiencia de ciudades donde están
operando casinos: “son entidades concentradores de ingresos que basan su
negocio en la captación de dinero en detrimento de la población, y de
ahí, vienen delitos, suicidios, fracciones familiares, quiebra de
negocios y problemas emocionales de los propios jugadores”.
Lo mas graves es que muchos de los jugadores han sido
estafados por las propias casas de apuesta. En Ciudad Constitución, el
“Casino Magic”, fue denunciado penalmente por el señor Edgar Jaubert,
pues el 20 de octubre pasado, y en una noche de suerte, ganó 9 millones
de pesos, y los directivos le negaron el pago porque –según recalcaron—
“la máquina estaba descompuesta”.
El caso actualmente está en manos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, pero los directivos del negocio, están
ofreciendo un millón de pesos al afectado para que se desista de la
querella.
El número de casinos ha crecido en Baja California Sur
porque mientras el gobierno de los panistas Vicente Fox Quezada y Felipe
Calderón Hinojosa otorgaron estupendamente permisos para la operación y
explotación de casas de apuestas y sorteos, los ayuntamientos, conceden
de forma plácida el cambio de uso de suelo y hasta licencias de venta
de alcoholes sin ningún tipo de resistencia, y sí, con un evidente
trasfondo de corrupción, porque la gran mayoría están localizados en
plazas comerciales o zonas donde se supone está prohibido instalarlos.
