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miércoles, 5 de diciembre de 2012

EL ESCÁNDALO DE "LA NIÑA VERDE"

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La PGJE investiga denuncia contra profesor del colegio de Carla González Martínez

Madre de familia señaló a Carlo Romero Peña, maestro de educación física, por haber molestado a su hija, en el Colegio Mission, propiedad de la hija menor del fundador del PVEM. A cambio fue amenazada de perder la beca de la menor si hacía el caso público. Finalmente el caso fue denunciado a las autoridades. Otros padres de familia también señalan el acoso del profesor

San José del Cabo, Baja California Sur. El 18 de septiembre Carla González Martínez, la hija menor del fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge González Torres, supo en voz de una madre que “el profesor de educación física había encerrado en un almacén del colegio de su propiedad a su pequeña hija de escasos 8 años y estuvo a punto de violarla”.

La madre relató que el maestro primero comenzó a platicar y jugar con la estudiante, y aprovechándose de la amistad, la invitó a pasar a la bodega de la escuela, donde guardan el material deportivo, y ya en el interior, cerró la puerta y comenzó a acariciarla.

Los roces del acusado, de nombre Carlo Romero Peña, subieron de tono a tal grado que bajó sus prendas íntimas y comenzó a tocar a la niña hasta que se asustó y quiso llorar. El profesor entonces la soltó y la dejó salir del lugar, con la promesa de no decir una sola palabra.

La madre de la niña es empleada y encargada de la tienda del colegio denominado “Mission”, y cuando sucedieron los hechos, no se dio por enterada, ya que estaba ocupada haciendo el corte de caja de las ventas del día, mientras su hija jugaba supuestamente en el patio del colegio.

Sin embargo, la afectada relató a su madre lo sucedido, una semana después, cuando oponía resistencia a la clase del profesor. Fue entonces que decidió exponer el caso a la directora del colegio.

Lo primero con lo que se topó esta señora fue el silencio de Carla González Martínez, quien “no quería un escándalo que involucrada a su plantel educativo”.

El caso no transcendió por el momento, porque sobre la madre pesaba la advertencia de que perdería la “beca de su hija”, en caso de que algo trascendiera fuera del colegio.

Pero la madre de familia no pudo más. El abuso fue expuesto y desató un escándalo que llegó a oídos de la mayoría de los padres de familia del plantel, maestros y personal administrativo, quienes preocupados, sostuvieron una reunión con carácter de urgente para hablar sobre el caso de la niña victimada.

Después de trascender el caso, la hija del fundador del PVEM todavía tuvo una par de semanas laborando al profesor señalado dentro del plantel, hasta que los padres de familia solicitaron su remoción y fue interpuesta una denuncia penal en contra de Carlo Romero Peña por atentado al pudor, la cual quedó registrada bajo el número de averiguación previa SJC/335/SEX/2012.

El profesor fue despedido del colegio, donde también laboran su esposa y un hijo.

A raíz de la denuncia penal en contra del maestro conocido como “Beto”, otras dos niñas –una de 9 y otra de 10— hablaron de los abusos físicos constantes del profesor en sus partes íntimas, así como caricias en sus piernas e incluso nalgadas y “besitos de piquito”, lo cual quedó plenamente asentado en las averiguaciones previas SJC/341/SEX/2012 y SJC/342/SEX/2012.

Durante una entrevista con ZETA, el Procurador Gamill Arreola Leal, adelantó que “el caso de las tres niñas que fueron agredidas en el Colegio Mission ya es investigado; actualmente se están recabado pruebas, declaraciones testimoniales de las víctimas y sus padres y se elaboran estudios periciales para sustentar las acusaciones en contra del presunto responsable”.

La postura
Sobre este nuevo escándalo de un integrante de la Familia Verde, Carla González Martínez declinó ofrecer una explicación oficial.

La directora del “Colegio Mission” no estaba cuando fueron solicitadas un par de entrevistas. Únicamente respondió Susana Hijar, la directora de Relaciones Públicas del colegio, escoltada por una maestra y un profesor, y quien en un tono amenazante, pidió el retiro del fotógrafo de ZETA, y de un camarógrafo de televisión “ya que están en una propiedad privada”.

La empleada de la escuela dijo que “era una situación bastante incómoda de que se estuvieran tomando fotografías de las instalaciones del colegio”, sobre todo porque “en ese momento estaban llegando los padres de familia a recoger a sus hijos y se estaban dando cuenta de lo sucedido”.

La trabajadora de “La Niña Verde” estaba a la defensiva, cuando se percató de la presencia del Semanario y de un par de reporteros de televisión nacional e internacional: “Están inventando muchas cosas, y es muy incómodo para nosotros, además si inventan cosas, se pueden meter en problemas”, amagó.

—Lo único que estamos solicitando es una entrevista formal con la directora para que responda unas preguntas.

“Pero la persona que ocasionó esto en el momento en que se descubrió esto salió del colegio y él ya no esta aquí”.

—Precisamente por eso estamos aquí. Eso es lo que queremos que nos explique. ¿Qué pasó con el profesor? ¿Lo denunciaron? ¿Lo corrieron? ¿En qué va a desencadenar todo esto?

“Ya se lo estoy diciendo, tómelo como oficial”.

— ¿Usted nos da la entrevista?

“No, le estoy diciendo lo que sucedió, nada más”.

El alegato duró más de media hora hasta que finalmente los reporteros de este Semanario se fueron del lugar.

Posteriormente, en un correo electrónico, un directivo del colegio hizo llegar su postura oficial sobre los hechos, explicando que el profesor fue dado de baja de manera inmediata, después de que una madre de familia se quejó de que “había dado una nalgada a su hija”, lo que fue calificado como grave, deplorable e intolerable.

El documento explica que el profesor de educación física fue requerido por la dirección de la escuela, quien se justificó con que “la nalgada fue sin malicia”, explicación que resultó insuficiente e inaceptable por “haber vulnerado los derechos del infante y los principios de respeto.

“En base a lo anterior, se procedió inmediatamente a separarlo de su cargo, y se levantó una acta administrativa, y se abrió una investigación interna que arrojó indicios de que no solo se trató de una nalgada a una alumna, sino que al parecer hubo más niñas involucradas, con otro tipo de conductas más graves sin que hasta el momento existan indicios de alguna violación o actos equiparables”, expuso.
 
El colegio reconoció que la conducta del maestro puede constituir un delito de conformidad con el Código Penal del Estado, por lo que invitó a los padres que se sintieran agraviados a interponer la denuncia correspondiente, en cuya investigación, participaría la escuela.

En el escrito, el directivo del colegio –quien solicitó no publicar su nombre— dijo que se reunieron con funcionarios de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a efecto de enterarlos oficialmente de lo sucedido y coadyuvar en las investigaciones. Por lo pronto la menor y la madre trabajadora de la escuela, están recibiendo terapias psicológicas para que superen el problema.

Padres indignados
El caso del colegio de la hija del fundador del PVEM, Carla González Martínez, ya rebasó el plano nacional. Fue expuesto en el programa Al Rojo Vivo de la cadena internacional Telemundo, después de que los medios locales les cerraron las puertas a los padres de familia y se negaron a publicar el caso.

Los padres llamaron a ZETA, y dijeron estar “verdaderamente molestos porque el colegio únicamente había corrido al profesor, en vez de proceder penalmente en su contra por el abuso a las niñas”.
El caso cobra relevancia porque se trata de hijos de empresarios y extranjeros, quienes pagan colegiaturas de 7 mil pesos mensuales, y a cambio “sus hijos quedan en manos de pervertidos, como el profesor Carlo Romero Peña”.

El padre de una de las infantas, de origen estadounidense, consideró que la responsabilidad de lo que sucedió a su hija, recae directamente sobre los dueños del colegio, porque “cuando yo dejo a mi niña en la puerta de la escuela, tienen  la obligación de educarla y cuidarla mientras regreso por ella. Cuando yo la recojo, entonces, es responsabilidad mía”.

Desde su punto de vista, la investigación sobre el caso “va muy lenta”, porque si esto hubiera sucedido en Estados Unidos –expuso–, el presunto responsable primero hubiera sido entregado por el propio colegio a la justicia, y, segundo, ya estuviera sujeto a un proceso penal.

Sin embargo, dijo que en México, todo es al revés. “Primero denuncian, luego investigan y hasta el final detienen al culpable, con el riesgo de que pueda evadir la acción de la justicia o huya del estado”.

Otro de los padres, lamentó que el colegio de “La Niña Verde” no revise el perfil psicológico de los profesores que tienen trato directo con los niños, porque aun cuando el maestro, tenía más de ocho años en la escuela, algunas de las infantes ya habían comentado que el profesor siempre les daba besos “de piquito” en la boca.

“Mi hija dice que siempre andaba de buen humor, y se ponía a vacilar con ellas, y les pedía que le dieran un beso en el cachete, y cuando lo hacían, volteaba la cara y se los daba en la boca, y soltaba la risa, y como todos los niños son inocentes, se les hacía una gracia eso, pero detrás de este comportamiento hay evidentemente una persona enferma”, expuso.

El padre de familia comentó que hasta ahorita el comportamiento de su hija, es retraído y como ausente, lo que definitivamente le está preocupando, tomando en cuenta que era una infante sonriente y muy platicadora.

— ¿Cree que  tenga secuelas?
“Pues, la verdad, ahorita es muy temprano para poder emitir un pronóstico, hablé con un psicólogo, y me expuso que si hubo algún daño psicológico, ése se habrá de manifestar, cuando la niña crezca, y comience a conocer jovencitos, con quien pueda entablar una relación emocional. Ahorita no se nota mucho, pero sí la veo retraída”.

A raíz del escándalo, el “Colegio Mission” retiró de su portal de internet todas las fotografías y nombres de sus profesores y hasta los datos de la directora, Carla González Martínez.

Actualmente, y al cierre de esta edición, ZETA corroboró que el presunto responsable trabaja en un centro deportivo conocido como “La Huerta” en San José del Cabo, donde todos los días, tiene contacto con menores.

El presunto responsable

Nombre: Carlo Romero Peña

Edad: 55 años

Originario: México, D. F.

Tiempo en el colegio: 8 años

Materia: Educación Física

Denuncias en su contra: SJC/335/SEX/2012 — SJC/341/SEX/2012 — SJC/342/SEX/2012

EL CUÑADO CÓMODO

Post-Feature-El-cunado-comodoEmpresa de Giovanni González Pelayo acaparó 41 millones de pesos de agosto a diciembre de 2011

Pariente del diputado Gil Cuevas y amigo del secretario de Finanzas, atesora contratos en el gobierno de BCS a través de Codeprosa, firma que creó en 2004

Giovanni González Pelayo es un tipo con suerte. Hijo del empresario del ramo mueblero Encarnación González, mejor conocido como “Chon González”, es íntimo amigo del secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, y cuñado del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Baja California Sur, Gil Cuevas Tabardillo.
 
La fortuna del empresario comenzó a gestarse en 2005, cuando arrancó el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y registró -cuatro meses antes de iniciar el gobierno perredista- una compañía de su propiedad, denominada Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A de C.V., según escritura pública número 19 mil 310, certificada por el Notario Público Número 9, Óscar Amador Encinas.

La compañía, mejor conocida como Codeprosa, fue inscrita el 20 de diciembre de 2004 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de contribuyente CDP-041220-9W6. Comenzó a recibir paulatinamente contratos en el primer tramo de la administración agundista, los cuales se robustecieron con la llegada de José Antonio Ramírez Gómez a la Secretaría de Finanzas, luego de que el 18 de octubre de 2008 perdiera la vida el entonces titular Nabor García Aguirre, cuando la avioneta Cessna 402C, matrícula XEHAQ, repentinamente se desplomó y cayó al precipicio, al salir de la ciudad de Monterrey rumbo a La Paz.

Pero el tiempo de bonanza no pudo haber sido mejor para Giovanni -como le llaman sus amigos-, con la ratificación de Ramírez en Finanzas en el cuatrienio del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor y la llegada de su pariente al Congreso del Estado.

Casado con Stephanie Cuen Lozoya, su hermana, Blanca González Pelayo, es esposa del diputado del IX Distrito por el Partido Acción Nacional (PAN), Gil Cuevas Tabardillo.

Desde entonces el “cuñado cómodo” vio acrecentar el número de contratos que empezaron a caer en su próspero negocio, establecido en un local de escasos 50 metros cuadrados dentro de Plaza San Diego de La Paz. Surte al gobierno estatal de material de construcción y eléctrico, herramientas, equipo de trabajo, mobiliario, productos, artículos, automóviles, camionetas, camiones e inclusive maquinaria.

Codeprosa, localizada en una plaza comercial propiedad de la familia del empresario e inaugurada el 31 de octubre de 2008, únicamente tiene un par de empleadas en la recepción.

De acuerdo a datos recabados por ZETA y en base a documentos oficiales de compras y contratación de servicios de la Dirección de Recursos Materiales de Oficialía Mayor, exponen que tan solo en un año, Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A. de C.V. recibió 41 millones 429 mil 823 pesos en contratos de compraventa que van de agosto a diciembre de 2011.

Por si lo anterior fuera poco, en solo dos meses de 2012 -de enero a febrero-, Giovanni González Pelayo recibió contratos por 2 millones 856 mil 030 pesos, por lo que el slogan oficial “Contigo” le cayó como anillo al dedo, ya que ratificó su estatus de empresario sexenal, quien dicho sea de paso, es vecino del propio gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor en un exclusivo fraccionamiento de Avenida Abasolo y Mar Caribe, en la ciudad de La Paz.

Una parte de estos contratos fueron adjudicados de manera directa “por presentar la propuesta técnica y económica más conveniente, con el precio más bajo y las mejores condiciones para el estado”, según describen en la causa de adjudicación.

Sin embargo, el oficial mayor del gobierno estatal, Rafael Gallo Rodríguez, rechazó que haya favoritismo en la entrega de contratos comerciales, a razón de que “todo está vigilado por la Contraloría General del Estado y los propios proveedores, sobre todo cuando se lanzan licitaciones públicas, y donde están muy pendientes desde la publicación de la convocatoria, presentación de propuestas económicas, apertura de paquetes y dictamen del ganador”.

El funcionario agregó que “hasta hoy no tienen conocimiento de que se hayan dado procesos irregulares en la compra o contratación de algún servicio”, empero, reconoció que la publicación de ZETA en su edición 1982, de marzo de 2012, respecto a “Licitaciones Amañadas” en la Secretaría de Salud, tuvo “mucho que ver para vigilar firmemente el procedimiento de contratación de obras y servicios, y actualizar el padrón de proveedores y abrir un expediente por cada uno que lleve desde la razón social hasta la fotografía del negocio”; ya que “como ustedes publicaron, teníamos que comprobar que el proveedor realmente existiera y estuviera establecido físicamente en una oficina, y no solo en papel”.

Las compras
 Desde el inicio de la administración del gobierno Marcos Covarrubias Villaseñor, la empresa de Giovanni González Pelayo comenzó a ser favorecida discrecionalmente con millonarios trabajos.

La mayoría de los contratos fueron supuestamente ganados en licitaciones públicas por el cuñado cómodo, a pesar de que el Artículo 46 fracciones XI y XII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California Sur, establece claramente: “… los gobernantes y sus subalternos deberán de excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación, resolución de asuntos entre los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluidos aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes hasta cuarto grado”.

Siendo cuñado del diputado Gil Cuevas Tabardillo e íntimo amigo del secretario de Finanzas, José Antonio Ramírez Gómez, con quien tiene una amistad pública de sobra conocida por los sudcalifornianos, no debería siquiera participar en los concursos porque -según versión de un auditor de la propia Contraloría estatal-, “la sospechosa adjudicación de contratos expone por sí sola que no fueron entregados de manera limpia y transparente, sino ilícitamente para favorecerlo con trabajos”.

En esta práctica tipificada como delito es corresponsable la propia contralora general del estado, Maritza Muñoz Vargas, ya que -según el Artículo 6 del reglamento interior- “es responsable de vigilar que las licitaciones públicas, asignaciones de obra pública, concesiones, así como adquisiciones de bienes o servicios, observen las disposiciones legales y administrativas correspondientes”.

El hecho de que permita la participación de amigos y parientes de servidores públicos en una competencia de proveedores, vicia de origen el proceso y, de paso, se convierte automáticamente en responsable de encubrimiento, figura delictiva contemplada dentro del Código de Procedimientos Penales, ya que en vez de actuar conforme a la Ley, protege y avala la entrega dudosa de contratos millonarios.

Para muestra un botón: De acuerdo a documentos que obran en manos de este Semanario, tan solo en 2011, Giovanni González Pelayo recibió 15 contratos, presuntamente ganados a través de licitaciones públicas, pero no aparece el motivo de la adjudicación y el nombre de quienes habrían participado en cada uno de los concursos.

En el reporte de compra, contratación de bienes y servicios de la Dirección de Recursos Materiales, únicamente se puede leer que fueron adjudicados por “ofertar la propuesta solvente técnica y económica, con el precio más bajo y garantizar las mejores condiciones al estado”.

Los acuerdos amparan la compraventa de herramienta, equipo de trabajo, mobiliario, material de construcción y unidades automotrices. En agosto fueron asignados dos contratos, así como cinco en octubre, cuatro en noviembre y cuatro en diciembre.

En 2012,  Codeprosa recibió dos contratos más, exactamente el 13 de febrero, cuando de golpe y porrazo, fue favorecida con un contrato de 2 millones 186 mil 700 pesos y otro más por 669 mil 330 mil pesos, en un gobierno que se jacta de limpieza y transparencia.

Sobre estas compras, ni el oficial mayor del Gobierno del Estado, Rafael Gallo Rodríguez, recordó el método de adjudicación a favor del integrante de la familia González-Cuevas, ya que, según dijo, “no me suena el nombre”.

Durante una entrevista con ZETA, Gallo Rodríguez expuso que “la compañía Comercializadora y Desarrolladora de Proyectos, S.A de C.V. no aparecía en el padrón de proveedores”, empero, después de llamar a su director de Recursos Materiales, Miguel Álvarez Rivas, y requerir información sobre la empresa, recordó que “sí era proveedor, lo que pasa es que lo tenía con otro nombre”.

De entrada, el funcionario expuso que la asignación directa es a veces necesaria, ya que “la mayoría de los proveedores no tenían dinero para soportar un crédito de productos y servicios, ya que a veces duran quince días o más en pagar”.

¿Eso quiere decir que se están haciendo asignaciones directas?

“Cuando el monto del valor no rebasa lo establecido por la Ley, porque debemos recordar que tenemos tres lineamientos para poder hacer compras. La directa, la de las tres cotizaciones y la de licitación. Según sea el monto, es el proceso que utilizamos, aunque algunos proveedores muchas veces se quejan del retardo en sus pagos, y eso hace que constantemente cambiemos, porque comprar al gobierno es entregar su producto o servicio, y después esperar su pago en un lapso de tiempo que va de 15 a 30 días, y la verdad es muy difícil la espera porque la situación económica actualmente es crítica”.

En su oficina de Palacio de Gobierno, el oficial mayor reconoció no tener el control total de las compras, porque “a veces no somos requeridos por otras entidades gubernamentales que tienen su propio Comité de Adquisiciones, y las cuales muchas veces o la gran mayoría, nos entregan o notifican sobre compras directas o licitaciones, cuando ya se realizaron”.

¿Cuándo son requeridos entonces?

“Cuando son bienes inventariables nos hacen una solicitud a nosotros, y donde nos presentan el estudio de mercado de los llamados tres proveedores o las bases de alguna licitación, según el monto; es entonces que ya se hace el procedimiento de compra, y donde tratamos de que entren todos aquellos que quieran participar”.

Nos llama la atención el término “por presentar la propuesta técnica y económica más conveniente, con el precio más bajo y las mejores condiciones para el estado”. Lo leímos en algunos contratos que entregaron al proveedor Codeprosa. Entendemos que es un contrato que se adjudicó de manera directa por presentar la propuesta económica mas baja en eso de los llamados tres proveedores…

“Bueno, sí, es un término cuando algún proveedor oferta el precio más bajo y las mejores condiciones de compra. Te explico rápidamente: Por ejemplo, me solicitan ahorita de repente la compra de un vehículo, entonces me entregan todas las características y yo tengo que sacar tres propuestas en las agencias automotrices o proveedores de vehículos, es decir, como un estudio de mercado, y luego solicitó un documento de Finanzas donde confirme que hay suficiencia presupuestal y se prepara una licitación que dura casi tres meses, desde el lanzamiento hasta la adjudicación y entrega de la unidad; eso es muy engorroso, pero así lo marca la Ley”.

¿Así es como le han entregado los contratos a Codeprosa

“Así es”.

Gallo Rodríguez no recordó el número de contratos que han entregado al cuñado del diputado Gil Cuevas Tabardillo en los casi dos años de gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor: “Yo no tengo ni idea de cuántos contratos se han adjudicado a su favor. Es más, ni siquiera recordaba el nombre de la compañía. Por eso le hablé a mi director de Recursos Materiales, y aquí frente de ti, le pregunté. La verdad no se cuántos contratos”, admitió.

Por último, el funcionario aceptó que la compañía de Giovanni González Pelayo “comúnmente concursa en todas las licitaciones y todo el tiempo están al pendiente a ver que hay en el CompraNet, y le entran a todo. En todo participa, y no les puedes decir que no, porque están en su derecho”.

domingo, 2 de diciembre de 2012

PERMISOS AMAÑADOS EN LOS CABOS, BCS

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Sorprende; aprobaron apertura de Casino Sunrise
Los regidores que avalaron el cambio de uso de suelo para que el centro de apuestas iniciara operaciones formales en las plazas comerciales “Ley” y “Sendero”, violentaron el actual Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos. La expectativa es que esta empresa abra dos establecimientos más en destinos de playa
Los Cabos, Baja California Sur. La repentina aprobación de apertura del “Casino Sunrise” en San José del Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sur fue una decisión tramposa, amañada y llena de sospechas.

Los regidores que avalaron el cambio de uso de suelo para que el centro de apuestas pudiera iniciar operaciones formales dentro de las plazas comerciales “Ley” y “Sendero”, violentaron el actual Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, y de paso, exhibieron la verdadera causa del extraño retraso de la validación del nuevo proyecto que tiene 13 meses en “la congeladora” de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología encabezada por el regidor Julio César Castro Pérez, en espera de ser analizado, revisado, modificado y aprobado por los ediles del ayuntamiento local.

La votación de los regidores fue manipulada para que, en la sesión extraordinaria número 30 de cabildo, aceptaran el cambio de uso de suelo a favor del casino, a pesar de que el dictamen concluía “no permitir el cambio de uso de suelo” para la instalación del “centro de apuestas remotas, salas de sorteos de números y juegos electrónicos”.

Aun cuando no hacen falta declaraciones oficiales para entender “el arreglo bajo la mesa” de la votación en el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño, el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Fernández Alonso dijo “estar avergonzado de pertenecer a ese cuerpo de cabildo que únicamente está a favor de la ilegalidad”.

El sentido de la votación de los regidores se distribuyó de la siguiente manera:

A favor: Juan Octavio Arvizu Buendía, Reynaldo Zatarain Valera, Anel Susana Marrón Amador, Víctor Manuel Ortegón Góngora, Juan Mauricio Albañez Albañez, Emilia Vega Uribe, Ana María Wilson Izquierdo y Eda María Palacios Márquez.

En contra: Mario Fernández Alonso, Juan Fernando Sánchez Navarro, Julio César Castro Pérez, Oswaldo Murillo y José Antonio Agúndez Montaño.

Con el visto bueno al cambio de uso de suelo, los regidores despejaron el camino a la casa de apuestas que aparece con dos razones sociales: “Entretenimientos y Servicios del Valle, S.A de C.V” y “Gold Play Azteca, S.A de C.V”, cuyo representante legal es Rafael Martínez Torres.

La apertura de los dos centros de apuesta –uno en San José del Cabo y otro en Cabo San Lucas— estaba detenida desde septiembre pasado, cuando la Dirección de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos, clausuró las instalaciones porque “no tenía licencia de operación comercial”.

La compañía había arrendado un par de locales comerciales dentro de las plazas “Ley” y “Sendero” y comenzó a invertir en su arreglo: pintura, acabados, decoración e introdujo mobiliario y su maquinaria de juegos de azar; asimismo, colocó enormes letreros en la parte exterior de los locales.

Peor aún, la casa de apuestas pretendía iniciar operaciones en San José del Cabo con una licencia comercial de Cabo San Lucas, autorizada en el gobierno anterior que encabezaron René Núñez Cosío y Mirna Xibillé, por lo que –al quedar anulada– inició un trámite para lograr un cambio en el estatus de una ciudad a otra y regularizar su situación.

Datos recabados por ZETA expusieron que el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, no tiene en ninguno de sus apartados el giro de “casino” o “centro de apuestas”, el que más se asemeja es el de “juegos electrónicos”, según confirmó el regidor Julio César Castro Pérez.

El plan es más que claro, porque establece que “el giro de juegos electrónicos queda prohibido dentro de plazas comerciales”, y “no surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan (a) lo establecido en los planes y programas de desarrollo urbano”, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.

Por ejemplo, el casino de San José del Cabo, se instaló sobre un terreno que tiene el uso de suelo predominante de corredor urbano por colindar con la carretera Transpeninsular y es de vocación habitacional, por lo que el uso de suelo está condicionado a un máximo de construcción de dos mil metros cuadrados y las edificaciones no deben rebasar los 10 metros de altura, incluido tinaco, según el Plan de Desarrollo Urbano.

Aunque ciertamente el local comercial es arrendado, la operación generará mucho impacto en la zona de los clientes, por lo reducido del espacio de estacionamientos, que aunque la Ley exige para centros comerciales un mínimo de 850 cajones, en “Plaza Ley” solo hay 150, incluidos los del subterráneo y en la parte de arriba.

El casino está rodeado de negocios, salas de cine y casas particulares, y es el paso natural de ambulancias, bomberos, protección civil, alumnos de cinco instituciones educativas y una central camionera.

Las reacciones
La autorización de la apertura del casino generó una gran polémica. La vicepresidenta de Mujeres Empresarias en Los Cabos, Rosa María Treviño, dijo que “había un compromiso de parte del ayuntamiento de no permitir la operación del centro de apuestas, cuando menos en San José del Cabo, sobre todo porque en esa plaza va mucho joven al cine y divertirse en sus ratos libres”.

Treviño expuso que “estaban verdaderamente molestos” y sentían vergüenza de que “no se haya respetado el acuerdo y los regidores hayan aprobado el cambio de uso de suelo, porque los ciudadanos son quienes padecerán los daños colaterales de la explotación del juego”.

“El cabildo no puede estar encima de la Ley, porque la apertura del casino contraviene el Plan de Desarrollo Urbano, de modo que vamos a asesorarnos y a luchar para evitar que puedan salirse con la suya”, enfatizó.

El vocero de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Armando Sánchez, recordó que el “Casino Sunrise” tiene actualmente dos permisos de operación y expuso su temor de que, después, “pretenden abrir otros negocios más en otras zonas del destino de playa”.

Las reacciones llegaron de todas partes. Por ejemplo, Adriana López Monge, la presidenta de la asociación regional de padres de familia en Los Cabos, lamentó que “pretendan colocar un centro de apuestas en el corazón de la ciudad”, ya que “primero debemos pensar en nuestros hijos, y ver el entorno que les están formando con este tipo de decisiones”.

Después de la polémica, la regidora Ana María Wilson Izquierdo, trató de justificar la aprobación de la apertura del casino: “en cierto sentido lo que únicamente hicimos fue darle la posibilidad a la empresa de reiniciar trámites para ver si puede operar o no en un futuro. Eso no quiere decir que mañana el casino va a venir, y abrir sus puertas, porque todavía tiene que hacer otros trámites y agotar otras instancias”.

Pero la vicepresidenta del Centro Histórico de San José del Cabo, Blanca Pedrín, fue más allá y solicitó al congreso una investigación sobre la sospechosa actuación de los ocho regidores que aprobaron la apertura del casino, y de ser posible –afirmó—“removerlos de sus cargos”, porque “parece que se olvidaron que son representes del pueblo”.

Datos recabados por este Semanario, y en base a la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California Sur, indicaron que “las autoridades que aprueben construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso de suelo o destinos de suelo u otros aprovechamientos de inmuebles en contravención de las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, así como planes y programas en la materia, los residentes del área que resulten directamente afectados o cualquier persona, tendrá derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes”, como reza el artículo 101.

El derecho –establece la ley— se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados, y en su caso, a los afectados, y deberán resolver lo conducente en un termino no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de la recepción del escrito correspondiente.

El artículo 103 de la citada Ley expone castigos y sanciones a “quienes propicien la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, y quienes se harán acreedores a las disposiciones jurídicas aplicables”.

El plan de desarrollo urbano
Pero situaciones tan irregulares, como la autorización del inicio de operaciones de los casinos en San José del Cabo y Cabo San Lucas, no hubieran tenido cabida, en caso de que el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, estuviera debidamente aprobado desde octubre del 2011, cuando 178 personas –entre autoridades, colegios de profesionistas, empresarios y asociaciones civiles— y en 14 mesas de trabajo, crearon y dieron vida al nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, el cual tendrá vigencia hasta el 2040.

El principal destino turístico del estado, actualmente está regido por un plan que tiene 12 años de retraso, y el cual fue diseñado y puesto en marcha en el año 1999, cuando el gobernador era Leonel Cota Montaño, y el alcalde Narciso Agúndez Montaño, hermano del actual presidente municipal de Los Cabos.

En aquellos tiempos, la instalación de casinos en el estado era bastante remota, y por lo tanto, no consideraba esa figura o “casas de apuesta”, únicamente “juegos electrónicos”, y cuyo concepto estaba más centrado al juego basado en la interacción entre una y varias personas y un aparato electrónico que ejecutara videojuegos por medio de un controlador, como el pinball. Los juegos eran controlados en base a una plataforma de consola, computadora o máquina tipo arcade y con un visualizador, las cuales eran conocidas popularmente como “maquinitas tragamonedas”.

El nuevo proyecto urbano contempla la figura de “casino” o “casa de apuestas”, pero contiene un marco normativo que limita la operación de este giro de negocios, basado en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, Ley Orgánica del Gobierno Municipal, Reglamento del Ayuntamiento y Reglamento de la Administración Pública.

La autorización de operación de casinos –con el nuevo Plan— estaría sujeta al criterio “del lugar donde pudiera instalarse que va desde el tipo de área, ámbito urbano, comportamiento de la zona, estructura, análisis detallado de sectores, aforo vehicular, inventario de red vial  y tipo de infraestructura de la zona”.

Sin embargo, y por extrañas razones, el nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, tiene trece meses atorado en el cabildo, a pesar de que el artículo 17 de la Ley del citado plan establece claramente “un término de 120 días naturales para que sea aprobado por cualquier Ayuntamiento”.

El caso está en manos del regidor Julio César Castro Pérez, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, después de haber pasado casualmente por la subdirección que controla el hermano del regidor de nombre Aníbal.

El retraso –intencional o no— orilló al diputado Alberto Treviño Angulo a solicitar el pasado 20 de noviembre un punto de acuerdo para “recomendar” al ayuntamiento de Los Cabos someta a votación y aprobación el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, porque “ya a transcurrido tiempo suficiente para cubrir todas las formalidades, tal como lo establece la Ley”.

Más casinos
El tema de los casinos no es exclusivo de Los Cabos. La apertura de casas de apuestas ha sido vertiginosa e indiscriminada en el estado de Baja California Sur.

Las casas de apuestas prácticamente están en todos lados: zonas residenciales, cerca de centros escolares, en algunas puntos de oficinas y comercios y ahora hasta dentro de plazas comerciales, donde se juegan apuestas a cualquier hora del día.

Datos recabados por ZETA, expusieron que en el estado actualmente operan  siete y cuatro están por entrar en funcionamiento. Los que están en operación son los siguientes:

1.- 4 en La Paz.

2.- 2 en Cabo San Lucas.

3.- 1 en Ciudad Constitución.

Los que están en trámite de abrir son éstos:

1.- 1 en San José del Cabo.

2.- 1 en Cabo San Lucas.

3.- 1 en Loreto.

4.- 1 en Santa Rosalía.

Pero como recalcó la diputada del Partido Nueva Alianza (PANAL), Guadalupe Olay Davis, en la máxima tribuna, el tema de los casinos “es un asunto donde la casa gana, el gobierno recibe muy poco y el ciudadano es el principal afectado porque padece los daños colaterales del juego”.

En Loreto los prestadores de servicios y asociaciones civiles están recabando firmas para no permitir la apertura de una casa de juegos, pues “afectaría negativamente, porque el perfil del turista corresponde a un visitante que busca la cultura, tradiciones y de contacto con la naturaleza”.

La legisladora originaria de esta población, no se anduvo por las ramas y expuso la experiencia de ciudades donde están operando casinos: “son entidades concentradores de ingresos que basan su negocio en la captación de dinero en detrimento de la población, y de ahí, vienen delitos, suicidios, fracciones familiares, quiebra de negocios y problemas emocionales de los propios jugadores”.

Lo mas graves es que muchos de los jugadores han sido estafados por las propias casas de apuesta. En Ciudad Constitución, el “Casino Magic”, fue denunciado penalmente por el señor Edgar Jaubert, pues el 20 de octubre pasado, y en una noche de suerte, ganó 9 millones de pesos, y los directivos le negaron el pago porque –según recalcaron— “la máquina estaba descompuesta”.

El caso actualmente está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero los directivos del negocio, están ofreciendo un millón de pesos al afectado para que se desista de la querella.

El número de casinos ha crecido en Baja California Sur porque mientras el gobierno de los panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron estupendamente permisos para la operación y explotación de casas de apuestas y sorteos, los ayuntamientos, conceden de forma plácida el cambio de uso de suelo y hasta licencias de venta de alcoholes sin ningún tipo de resistencia, y sí, con un evidente trasfondo de corrupción, porque la gran mayoría están localizados en plazas comerciales o zonas donde se supone está prohibido instalarlos.

martes, 27 de noviembre de 2012

PERMISOS AMAÑADOS A CASINOS EN BCS

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Sorprende; aprobaron apertura de Casino Sunrise

Los regidores que avalaron el cambio de uso de suelo para que el centro de apuestas iniciara operaciones formales en las plazas comerciales “Ley” y “Sendero”, violentaron el actual Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos. La expectativa es que esta empresa abra dos establecimientos más en destinos de playa
 
Los Cabos, Baja California Sur. La repentina aprobación de apertura del “Casino Sunrise” en San José del Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sur fue una decisión tramposa, amañada y llena de sospechas.

Los regidores que avalaron el cambio de uso de suelo para que el centro de apuestas pudiera iniciar operaciones formales dentro de las plazas comerciales “Ley” y “Sendero”, violentaron el actual Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, y de paso, exhibieron la verdadera causa del extraño retraso de la validación del nuevo proyecto que tiene 13 meses en “la congeladora” de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología encabezada por el regidor Julio César Castro Pérez, en espera de ser analizado, revisado, modificado y aprobado por los ediles del ayuntamiento local.

La votación de los regidores fue manipulada para que, en la sesión extraordinaria número 30 de cabildo, aceptaran el cambio de uso de suelo a favor del casino, a pesar de que el dictamen concluía “no permitir el cambio de uso de suelo” para la instalación del “centro de apuestas remotas, salas de sorteos de números y juegos electrónicos”.

Aun cuando no hacen falta declaraciones oficiales para entender “el arreglo bajo la mesa” de la votación en el gobierno de José Antonio Agúndez Montaño, el regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Fernández Alonso dijo “estar avergonzado de pertenecer a ese cuerpo de cabildo que únicamente está a favor de la ilegalidad”.

El sentido de la votación de los regidores se distribuyó de la siguiente manera:

A favor: Juan Octavio Arvizu Buendía, Reynaldo Zatarain Valera, Anel Susana Marrón Amador, Víctor Manuel Ortegón Góngora, Juan Mauricio Albañez Albañez, Emilia Vega Uribe, Ana María Wilson Izquierdo y Eda María Palacios Márquez.

En contra: Mario Fernández Alonso, Juan Fernando Sánchez Navarro, Julio César Castro Pérez, Oswaldo Murillo y José Antonio Agúndez Montaño.

Con el visto bueno al cambio de uso de suelo, los regidores despejaron el camino a la casa de apuestas que aparece con dos razones sociales: “Entretenimientos y Servicios del Valle, S.A de C.V” y “Gold Play Azteca, S.A de C.V”, cuyo representante legal es Rafael Martínez Torres.

La apertura de los dos centros de apuesta –uno en San José del Cabo y otro en Cabo San Lucas— estaba detenida desde septiembre pasado, cuando la Dirección de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de Los Cabos, clausuró las instalaciones porque “no tenía licencia de operación comercial”.

La compañía había arrendado un par de locales comerciales dentro de las plazas “Ley” y “Sendero” y comenzó a invertir en su arreglo: pintura, acabados, decoración e introdujo mobiliario y su maquinaria de juegos de azar; asimismo, colocó enormes letreros en la parte exterior de los locales.

Peor aún, la casa de apuestas pretendía iniciar operaciones en San José del Cabo con una licencia comercial de Cabo San Lucas, autorizada en el gobierno anterior que encabezaron René Núñez Cosío y Mirna Xibillé, por lo que –al quedar anulada– inició un trámite para lograr un cambio en el estatus de una ciudad a otra y regularizar su situación.

Datos recabados por ZETA expusieron que el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, no tiene en ninguno de sus apartados el giro de “casino” o “centro de apuestas”, el que más se asemeja es el de “juegos electrónicos”, según confirmó el regidor Julio César Castro Pérez.

El plan es más que claro, porque establece que “el giro de juegos electrónicos queda prohibido dentro de plazas comerciales”, y “no surtirán efectos los permisos, autorizaciones o licencias que contravengan (a) lo establecido en los planes y programas de desarrollo urbano”, de acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur.

Por ejemplo, el casino de San José del Cabo, se instaló sobre un terreno que tiene el uso de suelo predominante de corredor urbano por colindar con la carretera Transpeninsular y es de vocación habitacional, por lo que el uso de suelo está condicionado a un máximo de construcción de dos mil metros cuadrados y las edificaciones no deben rebasar los 10 metros de altura, incluido tinaco, según el Plan de Desarrollo Urbano.

Aunque ciertamente el local comercial es arrendado, la operación generará mucho impacto en la zona de los clientes, por lo reducido del espacio de estacionamientos, que aunque la Ley exige para centros comerciales un mínimo de 850 cajones, en “Plaza Ley” solo hay 150, incluidos los del subterráneo y en la parte de arriba.

El casino está rodeado de negocios, salas de cine y casas particulares, y es el paso natural de ambulancias, bomberos, protección civil, alumnos de cinco instituciones educativas y una central camionera.

Las reacciones
La autorización de la apertura del casino generó una gran polémica. La vicepresidenta de Mujeres Empresarias en Los Cabos, Rosa María Treviño, dijo que “había un compromiso de parte del ayuntamiento de no permitir la operación del centro de apuestas, cuando menos en San José del Cabo, sobre todo porque en esa plaza va mucho joven al cine y divertirse en sus ratos libres”.

Treviño expuso que “estaban verdaderamente molestos” y sentían vergüenza de que “no se haya respetado el acuerdo y los regidores hayan aprobado el cambio de uso de suelo, porque los ciudadanos son quienes padecerán los daños colaterales de la explotación del juego”.

“El cabildo no puede estar encima de la Ley, porque la apertura del casino contraviene el Plan de Desarrollo Urbano, de modo que vamos a asesorarnos y a luchar para evitar que puedan salirse con la suya”, enfatizó.

El vocero de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Armando Sánchez, recordó que el “Casino Sunrise” tiene actualmente dos permisos de operación y expuso su temor de que, después, “pretenden abrir otros negocios más en otras zonas del destino de playa”.

Las reacciones llegaron de todas partes. Por ejemplo, Adriana López Monge, la presidenta de la asociación regional de padres de familia en Los Cabos, lamentó que “pretendan colocar un centro de apuestas en el corazón de la ciudad”, ya que “primero debemos pensar en nuestros hijos, y ver el entorno que les están formando con este tipo de decisiones”.

Después de la polémica, la regidora Ana María Wilson Izquierdo, trató de justificar la aprobación de la apertura del casino: “en cierto sentido lo que únicamente hicimos fue darle la posibilidad a la empresa de reiniciar trámites para ver si puede operar o no en un futuro. Eso no quiere decir que mañana el casino va a venir, y abrir sus puertas, porque todavía tiene que hacer otros trámites y agotar otras instancias”.

Pero la vicepresidenta del Centro Histórico de San José del Cabo, Blanca Pedrín, fue más allá y solicitó al congreso una investigación sobre la sospechosa actuación de los ocho regidores que aprobaron la apertura del casino, y de ser posible –afirmó—“removerlos de sus cargos”, porque “parece que se olvidaron que son representes del pueblo”.

Datos recabados por este Semanario, y en base a la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Baja California Sur, indicaron que “las autoridades que aprueben construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso de suelo o destinos de suelo u otros aprovechamientos de inmuebles en contravención de las disposiciones jurídicas de desarrollo urbano, así como planes y programas en la materia, los residentes del área que resulten directamente afectados o cualquier persona, tendrá derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones procedentes”, como reza el artículo 101.

El derecho –establece la ley— se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados, y en su caso, a los afectados, y deberán resolver lo conducente en un termino no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de la recepción del escrito correspondiente.

El artículo 103 de la citada Ley expone castigos y sanciones a “quienes propicien la ocupación irregular de áreas y predios en los centros de población, y quienes se harán acreedores a las disposiciones jurídicas aplicables”.

El plan de desarrollo urbano
Pero situaciones tan irregulares, como la autorización del inicio de operaciones de los casinos en San José del Cabo y Cabo San Lucas, no hubieran tenido cabida, en caso de que el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, estuviera debidamente aprobado desde octubre del 2011, cuando 178 personas –entre autoridades, colegios de profesionistas, empresarios y asociaciones civiles— y en 14 mesas de trabajo, crearon y dieron vida al nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, el cual tendrá vigencia hasta el 2040.

El principal destino turístico del estado, actualmente está regido por un plan que tiene 12 años de retraso, y el cual fue diseñado y puesto en marcha en el año 1999, cuando el gobernador era Leonel Cota Montaño, y el alcalde Narciso Agúndez Montaño, hermano del actual presidente municipal de Los Cabos.

En aquellos tiempos, la instalación de casinos en el estado era bastante remota, y por lo tanto, no consideraba esa figura o “casas de apuesta”, únicamente “juegos electrónicos”, y cuyo concepto estaba más centrado al juego basado en la interacción entre una y varias personas y un aparato electrónico que ejecutara videojuegos por medio de un controlador, como el pinball. Los juegos eran controlados en base a una plataforma de consola, computadora o máquina tipo arcade y con un visualizador, las cuales eran conocidas popularmente como “maquinitas tragamonedas”.

El nuevo proyecto urbano contempla la figura de “casino” o “casa de apuestas”, pero contiene un marco normativo que limita la operación de este giro de negocios, basado en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, Ley Orgánica del Gobierno Municipal, Reglamento del Ayuntamiento y Reglamento de la Administración Pública.

La autorización de operación de casinos –con el nuevo Plan— estaría sujeta al criterio “del lugar donde pudiera instalarse que va desde el tipo de área, ámbito urbano, comportamiento de la zona, estructura, análisis detallado de sectores, aforo vehicular, inventario de red vial  y tipo de infraestructura de la zona”.

Sin embargo, y por extrañas razones, el nuevo Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, tiene trece meses atorado en el cabildo, a pesar de que el artículo 17 de la Ley del citado plan establece claramente “un término de 120 días naturales para que sea aprobado por cualquier Ayuntamiento”.

El caso está en manos del regidor Julio César Castro Pérez, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología, después de haber pasado casualmente por la subdirección que controla el hermano del regidor de nombre Aníbal.

El retraso –intencional o no— orilló al diputado Alberto Treviño Angulo a solicitar el pasado 20 de noviembre un punto de acuerdo para “recomendar” al ayuntamiento de Los Cabos someta a votación y aprobación el nuevo Plan de Desarrollo Urbano, porque “ya a transcurrido tiempo suficiente para cubrir todas las formalidades, tal como lo establece la Ley”.

Más casinos
El tema de los casinos no es exclusivo de Los Cabos. La apertura de casas de apuestas ha sido vertiginosa e indiscriminada en el estado de Baja California Sur.

Las casas de apuestas prácticamente están en todos lados: zonas residenciales, cerca de centros escolares, en algunas puntos de oficinas y comercios y ahora hasta dentro de plazas comerciales, donde se juegan apuestas a cualquier hora del día.

Datos recabados por ZETA, expusieron que en el estado actualmente operan  siete y cuatro están por entrar en funcionamiento. Los que están en operación son los siguientes:

1.- 4 en La Paz.

2.- 2 en Cabo San Lucas.

3.- 1 en Ciudad Constitución.

Los que están en trámite de abrir son éstos:

1.- 1 en San José del Cabo.

2.- 1 en Cabo San Lucas.

3.- 1 en Loreto.

4.- 1 en Santa Rosalía.

Pero como recalcó la diputada del Partido Nueva Alianza (PANAL), Guadalupe Olay Davis, en la máxima tribuna, el tema de los casinos “es un asunto donde la casa gana, el gobierno recibe muy poco y el ciudadano es el principal afectado porque padece los daños colaterales del juego”.

En Loreto los prestadores de servicios y asociaciones civiles están recabando firmas para no permitir la apertura de una casa de juegos, pues “afectaría negativamente, porque el perfil del turista corresponde a un visitante que busca la cultura, tradiciones y de contacto con la naturaleza”.

La legisladora originaria de esta población, no se anduvo por las ramas y expuso la experiencia de ciudades donde están operando casinos: “son entidades concentradores de ingresos que basan su negocio en la captación de dinero en detrimento de la población, y de ahí, vienen delitos, suicidios, fracciones familiares, quiebra de negocios y problemas emocionales de los propios jugadores”.

Lo mas graves es que muchos de los jugadores han sido estafados por las propias casas de apuesta. En Ciudad Constitución, el “Casino Magic”, fue denunciado penalmente por el señor Edgar Jaubert, pues el 20 de octubre pasado, y en una noche de suerte, ganó 9 millones de pesos, y los directivos le negaron el pago porque –según recalcaron— “la máquina estaba descompuesta”.

El caso actualmente está en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero los directivos del negocio, están ofreciendo un millón de pesos al afectado para que se desista de la querella.

El número de casinos ha crecido en Baja California Sur porque mientras el gobierno de los panistas Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa otorgaron estupendamente permisos para la operación y explotación de casas de apuestas y sorteos, los ayuntamientos, conceden de forma plácida el cambio de uso de suelo y hasta licencias de venta de alcoholes sin ningún tipo de resistencia, y sí, con un evidente trasfondo de corrupción, porque la gran mayoría están localizados en plazas comerciales o zonas donde se supone está prohibido instalarlos.

sábado, 10 de noviembre de 2012

EL CASO DE "EL GUAYO" EXHIBE A LA PROCURADURÍA DE BCS

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Se escapó cuando presuntamente era vigilado las 24 horas
El Agente de Ministerio Público del Fuero Común, Obed Baruch Cota, exhibió nula capacidad para integrar la averiguación previa. El presunto responsable tuvo trato preferencial. Además, la fuga de información permitió que el 26 de octubre huyera cuando supo que se había librado una orden de aprehensión en su contra y una orden de cateo
En el caso de la fuga y posterior captura del prominente empresario del ramo agrícola de la comunidad de “El Pescadero”, Eduardo Anselmo Cota Salgado “El Guayo”, resaltan cuatro hechos:

1.- El Agente de Ministerio Público del Fuero Común, Obed Baruch Cota, exhibió nula capacidad para integrar la averiguación previa y deslindar responsabilidades sobre el atroz crimen del joven Hugo Gilberto Avilés Espinoza.

2.- El presunto responsable tuvo un trato preferencial porque –a diferencia de otros homicidas– no fue arraigado en el Centro de Ejecución y Medidas Cautelares de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), tal y como lo pidió el 4 de octubre al solicitar un amparo al Juez Segundo de Distrito, Francisco Javier Silva Anda.

3.- La fuga de información permitió que el 26 de octubre huyera de la residencia donde estaba viviendo temporalmente, cuando supo que se había librado una orden de aprehensión en su contra y una orden de cateo para detenerlo y presentarlo ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, Eulogio Verdugo Perpuly.

4.- El hartazgo social por la evidente corrupción de “servidores públicos” que no permite una verdadera impartición de justicia.

Todo lo anterior detonó en el bloqueo y la toma de la carretera federal de La Paz a Cabo San Lucas a la altura del kilometro 61 por parte de los pobladores de “El Pescadero”, y quienes molestos e irritados, exigían justicia y la detención inmediata del empresario agrícola y sobrino del ex gobernador Félix Agramont Cota.

Durante una entrevista con ZETA, el padre de la víctima, Hugo Gumersindo Avilés, consideró como una verdadera “burla” la fuga de “El Guayo”, porque “estando ubicado en un domicilio y vigilado las 24 horas del día en la parte frontal y trasera de la casa por agentes de la Policía Ministerial del Estado, sospechosamente, y como por arte de magia, desapareció”.

“Cuando llegó el Grupo de Aprehensiones de la PGJE, y trató de detenerlo –explicó– ya no estaba y fue entonces que todos los pobladores, decidimos cerrar la carretera y no retirarnos hasta que sea capturado el responsable del crimen de mi hijo”, comentó.

El padre del joven asesinado de un balazo en el corazón la noche del 30 de septiembre, supo –por versión de un agente ministerial– que el empresario Eduardo Anselmo Cota Salgado, “había pagado cuatro millones de pesos para que sus vigilantes permitieran su huida”, según relevó a este semanario, y agregó: “todo es porque existen malos elementos que con una verdadera falta de profesionalismo y ética, se arreglan con los delincuentes y los dejan ir”.

Fue más allá. El padre de familia, puso el ejemplo del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Obed Baruch Cota, quien –según explicó–  “dejaba ir a los rateros y delincuentes a cambio de dinero. Los pobladores de El Pescadero y Todos Santos, lo sabíamos y ahí lo tenían trabajando, a pesar de que había muchas quejas por su actuación en la Procuraduría General de Justicia del Estado”.

El bloqueo de la carretera que duró dos días –del 26 al 28 de octubre– generó un verdadero caos vial, y una molestia generalizada de los automovilistas que “detenidos a medio camino”, tenían que regresarse y salirse de esa zona, para retomar la segunda opción carretera que va rumbo a Los Cabos. De hecho, en el bloqueo, hubo varios connatos de violencia entre automovilistas y los inconformes.

Pero la presión de los pobladores finalmente hizo efecto y el empresario determinó entregarse “voluntariamente”, después de que agentes de la Policía Ministerial del Estado, comenzaron a presionar a su familia, deteniendo inclusive a una de sus hijas de nombre Korina Michell Cota Collins, quien contactó a ZETA y expuso que “había sido detenida de manera ilegal para que cantara dónde estaba escondido su papá cuando ella no tenía nada que ver en el caso”.

Ya detenido “El Guayo”, los pobladores abrieron la carretera federal, y en un desafortunado manejo de medios y de crisis por parte de la dirección de comunicación social del gobierno del estado, el secretario general de gobierno, Armando Martínez Vega, anunció el empresario agrícola se había entregado voluntariamente, después de haber “negociado” con su familia.

Durante una entrevista, el segundo hombre de importancia en el gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor, se desligó del “desafortunado comentario” y aclaró que no habían negociado nada.

–Llama la atención el término que utilizaron de que se “negoció su entrega”. Cuando se habla de negociar está claro que algo se da y algo se recibe. ¿Qué le prometieron?

“Sobre esto me gustaría comentarte que cuando se libra la orden de aprehensión y no aparece esta persona, nosotros nos dimos a la tardea de buscarla y hasta solicitamos el apoyo del Ejército y la Marina, porque la Ley es la Ley, y debe de aplicarse. Fue tanta la presión que los familiares y el abogado del acusado, me buscaron directamente a mí y les hice ver lo delicado del asunto y los exhortamos a que se entregara. No hay ninguna negociación. La Ley no se puede negociar, es un término desafortunado. Se fueron y más tarde me llamaron y me dieron una dirección para que fuera y fui acompañado del procurador y ahí se entregó.

El presunto responsable del crimen del joven Hugo Avilés Espinoza fue internado en el Centro de Reinserción Social de La Paz y puesto a disposición del Juez Primero Penal de Primera Instancia, y quien al cierre de esta edición, dictó el auto de formal prisión.

En tanto, el titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal, dio a conocer que “habían iniciado una investigación para deslindar responsabilidades administrativas y penales en contra de los responsables de la fuga del empresario Eduardo Anselmo Cota Salgado”. Extraoficialmente, aparecen sujetos a investigación el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Obed Baruch Cota y cuatro agentes de la Policía Ministerial del Estado.