XALAPA, Ver.
(proceso.com.mx).- La Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas No
Localizadas reveló el “modus operandi” del cuerpo de élite de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), a cargo de Arturo “Capitán Tormenta” Bermúdez, que en
búsqueda de presuntos integrantes de Los Zetas detenían a sospechosos a quienes
“desaparecían” sin dejar huella alguna.
Así era el grupo élite
policiaco del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.
En la audiencia inicial para
legalizar la detención de los 16 policías estatales acusados de desaparición
forzada, más tres ex mandos policiacos (Arturo Bermúdez Zurita, extitular de
SSP; Óscar Sánchez Tirado, exdirector de Reinserción y Prevención Social, y
Roberto González “El Teniente Meza”, exdirector de la Fuerza Civil), la
Fiscalía General del Estado (FGE) ilustró en la carpeta de investigación
FEADPD/ZCX/011/2017 que la SSP tenía un escuadrón de persecución policiaca
(patrullas 1800, 1408, 1426 y 1892) con 16 policías estatales a bordo quienes
detuvieron a hombres y mujeres, incluso menores de edad, en el municipio de
Xalapa, Emiliano Zapata, Banderilla, Naolinco y Jilotepec, bajo la única
sospecha de ser integrantes de Los Zetas.
La FGE logró -por el momento-
presentar datos de pruebas de 15 desapariciones forzadas, cuyo paradero hoy se
desconoce, pero en la audiencia inicial, escuchada por la juez de Control, Alma
Leyda Sosa, los fiscales expresaron que pudieron haber sido privados de la
vida.
La audiencia de imputación
continúa tras 40 horas interrumpidas por varios recesos, en donde la defensa de
los cuerpos policiacos exigieron que el juicio fuera atraído por un juzgado
federal.
Se espera que en las próximas
horas del sábado se definan las medidas cautelares a los policías imputados por
el delito de desaparición forzada.
Un caso documentado por
proceso.com.mx, en octubre del 2013, contó la historia de Jacqueline Espejo
Moctezuma, oficial del agrupamiento carretero de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) de Veracruz quien denunció maltrato psicológico, golpes y
amenazas de muerte por parte de elementos del cuerpo de élite y de reacción
inmediata de la Policía Estatal Acreditable.
En entrevista anterior, la
joven refirió que en esa fecha después de abandonar el Cuartel San José, fue
interceptada por la patrulla número 1397. De la unidad, dijo, bajaron cuatro
policías encapuchados que la obligaron a descender del taxi 6855 y, posteriormente,
la esposaron de pies y manos, le pusieron vendas en los ojos, la golpearon y la
torturaron.
De acuerdo con la oficial,
estuvo retenida durante cuatro días, y mediante tortura en las instalaciones de
la Academia de Policía de El Lencero, sostuvo, querían obligarla a que aceptara
la posesión de varios tabiques de mariguana. Al negarse, los policías de élite
la mantuvieron día y noche a punta de patadas y cachetadas.
“Me dijeron que confesara la
posesión de esos tabiques de mariguana, que sabían dónde vivían mis hijos y que
no me quisiera pasar de pendeja, porque me iba a cargar la madre. Un policía me
puso una pistola en la sien y cortó cartucho, me dijo: ‘si no confiesas, aquí
te carga la chingada’”, expuso.
El conductor del taxi, Andrés
Aguilar Marín, de 37 años, también fue detenido por los cuerpos de elite y de
reacción inmediata de la SSP. Al día de hoy, de Aguilar Marín se desconoce su
paradero, lo último que se supo de él es que había sido torturado por policías
estatales en el interior de la Academia de Policía de El Lencero.
La hermana del taxista dijo
que interpuso un amparo bajo la figura del “Habeas Corpus”, para que
autoridades ministeriales realizaran un cateo en las instalaciones de El
Lencero para ver si en ese lugar se encontraba el taxista. El resultado fue
infructuoso.
En el amparo se
responsabilizó al titular de la SSP del estado, Arturo Bermúdez Zurita; al
director de operaciones de la misma dependencia, José Manuel Martínez, y al
comandante de la División de la Policía Estatal, Arturo Paredes Guevara, por
cualquier lesión, herida o privación de la vida contra Andrés Aguilar Marín.
En la audiencia de los 16
policías estatales y tres mandos policiacos (dos de ellos, Roberto González y
Óscar Sánchez, ya en prisión con anterioridad), el fiscal especializado para la
Búsqueda de Personas no Localizadas, Luis Eduardo Coronel refirió que más
víctimas: Jorge Leal Amaro, Uriel Hernández Vega, Viviana Hernández Moguel,
Antonio Morales Marín, Cecilia de la Cruz, Héctor Campos, José Cruz Peralta,
entre otros, fueron “levantados” sin motivo aparente por un “cuerpo de
reacción” de la SSP en Lázaro Cárdenas, afuera de Plaza Crystal, en la calle
Poeta Jesús Díaz, zona céntrica de Xalapa, o en sitios marginales como la
colonia Revolución o en la carretera Banderilla-Coatepec.
Esta audiencia inicial se ha
tornado épica, pues después de 40 horas de desarrollo procesal, los policías
acusados de “desaparición forzada” no han podido ser imputados, menos
vinculados a proceso por la férrea defensa de los expolicías en el gobierno del
priista Javier Duarte de Ochoa.
Incluso, Rodolfo de la
Guarda, defensa jurídica de Arturo Bermúdez solicitó el traslado de la
audiencia a un órgano jurisdiccional federal, alegando que por el tipo de
delitos, la juez -“su señoría”- no es “competente” para conocer del caso.
Otros abogados presentes en
el caso, acusaron una conducta omisa de la Fiscalía, quien no “quiere, ni desea
contestar las precisiones”, con la complacencia de la juez Alma Leyda Sosa.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ NOÉ ZAVALETA /10
FEBRERO, 2018)
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