BOGOTÁ (apro).- El viernes
pasado, en una reunión de seguridad encabezada por el presidente colombiano
Juan Manuel Santos, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, soltó una noticia
que asombró a los presentes: el Cártel de Sinaloa, dijo, está financiando a
bandas criminales en Colombia, en especial al Clan del Golfo.
Y enseguida informó que ya
había enviado una “alerta temprana” al Ministerio del Interior ante “el
incremento de la situación de riesgo y vulneración del derecho a la vida” de
los habitantes de Tierralta, un municipio rural ubicado a 450 kilómetros al
noroeste de Bogotá en el que se ha detectado la presencia de enviados del
Cártel de Sinaloa y su apoyo a la delincuencia organizada.
La Defensoría del Pueblo que
dirige Negret es una institución equivalente a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de México. Su presencia en las regiones más conflictivas de Colombia y
los estrechos vínculos que mantiene con la población la ubican como una fuente
muy autorizada para hablar de esos temas.
Por eso, todos los asistentes
a la reunión de seguridad que se realizó la mañana del 19 de enero en el
presidencial Palacio de Nariño escucharon a Negret con toda atención.
Allí estaban el vicepresidente
colombiano, el general Oscar Naranjo; el ministro del Interior, Guillermo
Rivera; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el representante de la
ONU, Jean Arnault, y los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Negret relató que los habitantes
de Tierralta han dicho a funcionarios de la Defensoría que en esa zona –ubicada
en uno de los corredores estratégicos del narcotráfico en Colombia por su
cercanía con el Golfo de Urabá y con el mar Caribe– es notoria la presencia del
Cártel de Sinaloa.
Ese cártel, aseguró, está
financiado a bandas “tipo C” de esa región (dedicadas al robo y a hacer
trabajos para las grandes organizaciones criminales) y a las autodenominadas
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el nombre político de la mayor organización
criminal colombiana: el Clan del Golfo.
Cinco días antes de esa
reunión de seguridad en la Casa de Nariño, la Defensoría del Pueblo ya le había
enviado al Ministerio del Interior un oficio de 11 páginas, cuya copia tiene
Proceso, en el que emite una “Alerta Temprana de Inminencia” para proteger a
habitantes del municipio de Tierralta.
De acuerdo con el escrito,
las AGC o Clan del Golfo ha reconquistado espacios que estaban en poder de las
FARC, como el Nudo del Paramillo y parte del territorio indígena del pueblo
Embera Katío del Alto Sinú, ubicados en ese municipio.
Ese grupo criminal “es el
principal responsable de la violencia ejercida contra la población civil” en
esa región.
“Luego de la dejación de
armas por parte de las FARC, las AGC iniciaron un proceso de expansión
territorial y consolidación que les ha permitido constituirse en el actor
armado ilegal que ejerce el monopolio de la criminalidad en el departamento de
Córdoba (al que pertenece Tierralta)”, señala el oficio.
Según un reporte de la ONU,
en Tierralta están sembradas la mayor parte de las 2,668 hectáreas de hoja de
coca que hay en ese departamento.
El escrito de la Defensoría
advierte que las AGC y otros grupos armados a su servicio están “haciendo
ostentaciones de dinero y manifestando estar financiados supuestamente por el
cartel mexicano de Sinaloa”.
SEGURIDAD NACIONAL
Para las autoridades
colombianas, la presencia de los cárteles mexicanos de las drogas en este país
es un asunto de seguridad nacional.
Los organismos de
inteligencia, incluso, anticiparon que con la reincorporación de las FARC a la
vida civil, los cárteles de Sinaloa, Los Zetas y de Jalisco Nueva Generación
iban a reforzar sus alianzas con bandas locales para garantizar el suministro
de cocaína.
En el último año han sido
detenidos en territorio colombiano enviados de los cárteles mexicanos, pero
esta es la primera ocasión que se habla oficialmente de “financiamiento” a
estructuras criminales colombianas.
Con el proceso de paz, las
FARC han abandonado zonas productoras de hoja de coca y de procesamiento de esa
planta en cocaína, que hoy son motivo de disputa por varias organizaciones
criminales.
El vacío que dejaron las FARC
en esas regiones en el último año ha generado una guerra por la ocupación de
esos espacios y por el control de la producción y transformación de la coca.
Los grupos que se disputan
las rentas de ese negocio criminal –y otros como la minería ilegal– son algunas
disidencias de las FARC que no se acogieron a los acuerdos de paz, el
guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas
Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.
Este grupo, que es liderado
por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el delincuente más buscado de
Colombia, tiene presencia en la mayoría del territorio y sus diferentes
estructuras tienen relaciones de negocios con todos los cárteles mexicanos.
Aunque el Clan del Golfo está
buscando –con el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)– un
acuerdo de sometimiento a la justicia con el gobierno, es la organización
criminal más perseguida de Colombia.
La Policía Nacional de
Colombia (PNC) tiene un grueso expediente de Otoniel y sabe que ese capo
siempre ha tenido una preferencia por el Cártel de Sinaloa.
Hace un año, días después de
la reaprehensión de Joaquín El Chapo Guzmán en Los Mochis, la PNC descubrió que
Otoniel mandó a componer un corrido para emular al jefe del Cártel de Sinaloa.
El corrido, autoría de
músicos colombianos del género norteño, fue descubierto en un operativo de la
policía en la noroccidental región del Urabá, en la frontera con Panamá, donde
el Clan del Golfo y “Otoniel” tienen su principal bastión.
Según la PNC, el jefe del
Clan del Golfo y las AGC les pidió a los músicos basarse en una canción hecha
para El Chapo y adaptarla a su personalidad.
Pero más allá del “corrido
prohibido”, como lo denominó en su momento la policía local, es un hecho que
los cárteles mexicanos de las drogas están cada vez más presentes en Colombia a
través de enviados que vienen a garantizar que la cocaína siga fluyendo hacia
el norte a través de la ruta Centroamérica-México-Estados Unidos.
(PROCESO/ RAFAEL CRODA/ 22 ENERO, 2018)
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