Además de las disputas internas por el
control de la organización, el Cártel de Sinaloa continúa fragmentándose en
tribunales. Los casos de “El Mini Lic” y del consuegro de “El Chapo” en la
Corte Federal del Distrito Sur de California, muestran cómo el Departamento de
Justicia continúa desmantelando sus redes de trasiego de drogas y lavado de
dinero, aunque sin poder llegar todavía a Ismael “El Mayo” Zambada
Mientras Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera continúa recluido en una prisión de Nueva York y con un caso lento
en la Corte, los procesos de sus operadores financieros para afianzar al Cártel
de Sinaloa en la frontera de Baja California y California, tanto para el
trasiego de toneladas de drogas como para lavar dinero, avanzan en la Corte del
Distrito Sur de California.
En los últimos meses, a la
prisión federal de San Diego, California, han llegado Dámaso López Serrano “El
Mini Lic”, Álvaro López Núñez, hijo y hermano, respectivamente, de Dámaso López
Núñez “El Licenciado” y Víctor Manuel Félix Félix “El Señor”, consuegro de “El
Chapo”.
Los dos primeros se
entregaron a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) a raíz de la
caída de “El Licenciado”, quien en mayo de 2017 fue aprehendido en un operativo
por fuerzas federales en la Ciudad de México.
Transcurrieron tres meses y
el 27 de julio, su hijo y principal colaborador, “El Mini Lic”, llegó hasta la
frontera de Calexico y Mexicali para entregarse a las autoridades
estadounidenses.
Un mes después, el 18 de
agosto, Álvaro López Núñez, hermano menor de “El Licenciado” y tío de “El Mini
Lic”, hizo lo mismo en la frontera de Nogales, Sonora. Ambos están acusados,
por la Fiscalía del Distrito Sur de California, de narcotráfico y lavado de
dinero.
En una audiencia celebrada
días después, el defensor público de López Núñez expuso a la juez Jill L.
Burkhardt que la solicitud de asilo al gobierno estadounidense de su
representado se debía a que “su familia está siendo cazada y asesinada”.
Estaban acorralados.
A diferencia de otros
miembros del Cártel de Sinaloa que habían pisado esa Corte, como Serafín
Zambada Ortiz, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, y Rodrigo Aréchiga Gamboa “El
Chino Ántrax”, que fueron perseguidos hasta ser detenidos, los Dámaso
prefirieron entregarse.
Para el Departamento de Justicia
de Estados Unidos, esto representó un triunfo. Anuncio que “‘El Mini Lic’ es el
líder mexicano del narcotráfico de más alto rango que haya decidido entregarse
de manera voluntaria a la justicia de los Estados Unidos”.
“EL MINI LIC” PAGARÁ UN MILLÓN DE DÓLARES A EU
Antes de concluir el año, el
27 de diciembre de 2017, “El Mini Lic” escribió “DLS”, sus iniciales, en las 15
páginas que conformaban su acuerdo de culpabilidad. Después de eso, Dámaso
López Serrano pisó nuevamente la Corte de Distrito para declararse culpable, el
10 de enero de 2017, ante la juez Dana M. Sabraw.
El sinaloense de 29 años no
solo admitió los cargos por conspiración para importación y distribución de
cocaína, heroína y metanfetaminas que le fueron imputados en el Distrito Sur de
California, también se declaró culpable por los delitos de conspiración para
distribuir cocaína que le fueron fincados en el Distrito Este de Virginia.
Ambas acusaciones formales fueron presentadas en 2016.
De acuerdo con esa
inculpación, “El Mini Lic” ingresó al negocio del narcotráfico a los 15 años de
edad. Desde 2003, la Fiscalía del Distrito Este de Virginia documentó cómo el
hijo de “El Licenciado” se encargó de coordinar y supervisar cargamentos de
cocaína en México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Panamá, hasta
llegar a Estados Unidos.
Respecto a la acusación de
California, en ella se expone al “El Mini Lic” junto a Nahum Abraham
Sicairos-Montalvo “El Quinceañero” y su tío Álvaro López Núñez, quien se
encuentra en espera de regresar a la Corte.
“El Quinceañero” fue detenido
en medio de un fuerte operativo en la Ciudad de México, en julio de 2017,
cuatro días después de que “El Mini Lic” se entregara en California. Durante
años fue el principal operador financiero del hijo de “El Licenciado” y uno de
los miembros de más confianza en el Cártel de Sinaloa.
En el documento presentado
ante la Corte, “El Mini Lic” también admite haber portado armas de fuego “con
el propósito de promover las actividades asociadas al tráfico de drogas que
realiza el Cártel de Sinaloa”.
Y como parte del acuerdo,
acepta entregar un millón de dólares al gobierno estadounidense, monto que es
producto directo o indirectamente de las actividades ilícitas que realizaba.
López Serrano admitió ser uno
de los líderes del Cártel de Sinaloa y dedicarse principalmente a las tareas de
coordinación y organización del transporte y distribución de toneladas de
drogas, incluyendo metanfetaminas, cocaína y heroína desde México hasta Estados
Unidos, siendo California uno de los principales puntos de entrada.
De no haberse declarado
culpable, “El Mini Lic” podría haber recibido hasta una sentencia de cadena
perpetua, pero dado a que colaboró en el caso, podría recibir un mínimo de 10
años de prisión, además de pagar una multa de 10 millones de dólares.
El Fiscal General Adjunto,
John P. Cronan, de la División de Delitos del Departamento de Justicia,
consideró que la sentencia en contra de “El Mini Lic” -cuya primera audiencia
está programada para el 12 de julio- “representa un duro revés al liderazgo del
Cártel de Sinaloa y las violentas actividades asociadas al narcotráfico que
llevan a cabo”.
CONSUEGRO DE “EL CHAPO” RECLUIDO EN AISLAMIENTO
El 18 de diciembre de 2017,
Víctor Manuel Félix Félix, apodado “El Señor”, llegó a San Diego, California,
tras casi siete años de haber sido detenido en México. Desde entonces ha
permanecido en una celda aislada del resto de la población, comentó su abogado
Guadalupe Valencia.
El 16 de enero, con uniforme
rojo penitenciario, sin barba ni bigote y con el cabello casi a rapa, Félix
Félix pisó la sala de audiencias de la juez Marilyn Huff para pararse al lado
de su abogado particular.
“¿Qué tal?”, le dijo en
español con una sonrisa al litigante y en seguida le fue colocado un set de
audífonos y micrófono por la intérprete que le traduciría lo que se hablaría en
esa Corte. Sin esposas, pero con una mano sobre la muñeca detrás de la espalda,
el hombre de 60 años tuvo a un agente federal custodiándolo detrás en todo
momento.
Guadalupe Valencia expuso en
audiencia que recién le había sido entregado un disco duro con la evidencia que
la Fiscalía presentaría en contra de su cliente, por lo que solicitó un plazo
de 60 días para revisarla y poder regresar a la Corte.
El fiscal del caso apoyó la
solicitud, así como la petición de la defensa de que el caso fuera declarado
complejo.
Durante años, de acuerdo con
la acusación en su contra, “El Señor” fungió como operador financiero de “El
Chapo”. Además, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante con
María Alejandrina Salazar Hernández, está casado con la hija de Félix Félix.
Al consuegro de Guzmán Loera
se le acusa formalmente de conspiración para lavado de dinero e importación y distribución
de cocaína. Su arresto derivó de una investigación iniciada en 2009, en el sur
de California, por parte de la DEA que incluyó a un agente encubierto que hizo
tratos con Félix Félix para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y transportar
cargamentos de droga desde Centroamérica.
Después de dos años de
documentar el modus operandi del Cártel de Sinaloa a través de mensajes de
texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas, el agente del Grupo Técnico
Especializado de la DEA lavó casi cinco millones de dólares, a la vez que le
fueron confiados cargamentos de toneladas de cocaína.
Las principales operaciones
de esta red liderada por Félix Félix se encontraban establecidas en Panamá,
Ecuador, México y ciudades de Estados Unidos, como Los Ángeles, California;
Nueva York, Nueva York; Houston, Texas; Chicago, Illinois, y las ciudades de
Vancouver y Montreal en Canadá.
Con la evidencia recolectada,
se logró identificar a 36 miembros del Cártel de Sinaloa y en la misma acusación
que “El Señor” realizó, otras 28 personas fueron imputadas del cargo de
asociación delictuosa, conspiración para distribuir cocaína y conspiración para
lavado de dinero.
En la segunda audiencia de
Félix Félix, desde su extradición a Estados Unidos, la juez Huff además aceptó
declarar el caso como complejo y fijó la siguiente audiencia para el lunes 26
de marzo por la tarde.
Sin embargo, desde hace años,
el gobierno estadounidense buscó desmantelar las redes de lavado de dinero del
consuegro de “El Chapo”, incluso cuando éste ya se encontraba encarcelado.
LOS CÓMPLICES DE “EL SEÑOR” YA LIBRES
En 2012, un año después de su
captura, “El Señor” fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados
Unidos en su lista de narcotraficantes, la cual congela los bienes que tengan
en ese país y prohíbe a sus ciudadanos entablar relaciones económicas y comerciales
con ellos.
Desde Guadalajara y la Ciudad
de México, Félix Félix comandaba las células encargadas de lavado de dinero
para “El Chapo”, de modo que autoridades estadounidenses identificaron a Jorge
Guillermo González Cárdenas, Óscar Domínguez Villa Díaz, Rigoberto Días
Paniagua y Gabriela Vázquez Villavicencio, como sus principales operadores.
El gobierno estadounidense
ubicó los domicilios de Félix Félix, quien usaba también el nombre Raúl Castro
Rodríguez, en Zapopan, Jalisco; Culiacán, Sinaloa; Mexicali, Baja California y
la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México.
En octubre de 2012, Gabriela
Vázquez Villavicencio salió del Centro de Reinserción Social (Cereso) de
Mexicali, donde había sido recluida por delitos contra la salud y lavado de
dinero.
Sin embargo, en cuanto fue
puesta en libertad, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) procedieron
a detenerla, ya que contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición
a Estados Unidos por asociación delictuosa y tráfico de dinero.
De acuerdo con información
consultada por ZETA, en el sistema federal penitenciario estadounidense, la
mujer de hoy 52 años, salió de prisión en diciembre de 2016, casi un año antes
de que “El Señor” fuera extraditado.
Lo mismo ocurrió con
Rigoberto Días Paniagua, quien fue puesto en libertad en agosto de 2016. Tanto
Días Paniagua como Óscar Domínguez Villa Díaz, José Benjamín Valdez Bernal,
Efraín Días Paniagua y Luis Horacio Ramírez de Arellano Morales, fueron
extraditados de México a California en septiembre de 2012.
Mientas que Víctor Manuel
Félix Beltrán “El Vic”, hijo de “El Señor”, continúa en espera de ser
extraditado a Estados Unidos desde que fue detenido el 26 de octubre de 2017,
en un lujoso fraccionamiento de Santa Fe, dentro de la Ciudad de México.
A “El Vic” se le identifica,
al igual que a su padre, como operador financiero del Cártel de Sinaloa y en
específico de los hijos de “El Chapo” Guzmán.
Se le reclama en la Corte de
Distrito de Illinois por cargos que incluyen conspiración para distribuir
marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina, junto a Ismael “El Mayo” Zambada y
“El Chapo”.
VIOLENCIA IMPARABLE EN TIJUANA: 18 DÍAS, 96 EJECUTADOS
En lo que va de 2018, en
Tijuana asesinan en promedio entre seis y siete personas diarias. La
estadística no ha variado por lo menos
en los últimos meses. Según reportes de la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), la cifra de homicidios dolosos,
96 personas han sido privadas de la vida en enero.
Cuerpos desmembrados,
calcinados, cabezas cerneadas, restos con narcomensajes y putrefactos, destacan
entre los hechos delictivos de la semana.
El viernes 12, un cuerpo sin
vida, de entre 20 y 25 años de edad, fue
localizado en la colonia Guadalajara. José Enrique Benancio Hernández, de 28
años, murió luego de ser atacado en el establecimiento Equipo de Materiales de
Acero, en El Rubí. Ignacio Sánchez Osorio, de 40 años, murió por lesiones por
arma de fuego en la colonia Roberto de la Madrid. En estado de putrefacción y
en el interior de bolsa de plástico color negro, fue localizado el cadáver de
un hombre en Valle de San Pedro.
Para el sábado 13, en el
interior de un terreno baldío de la Sección Dorado de Playas de Tijuana, se
encontró el cuerpo de Horacio Valle Villa, de 45 años. En la colonia
Guadalajara, un sujeto fue agredido con arma punzocortante y, por arma de
fuego, en distintos hechos, seis masculinos fueron privados de la vida en las
colonias Ejido Francisco Villa, Pedregal de Santa Julia, Aguaje de la Tuna,
Fraccionamiento Guadalajara, Independencia y Ejido Maclovio Rojas.
El domingo 14, en residencial
Los Alcatraces, fue ejecutado a balazos un hombre de entre 30 y 35 años. Pedro
López Carrión, de 22 años, murió en el Hospital General tras lesiones por arma
de fuego que recibió un día antes en la colonia Independencia. Ernesto Aguilar
Martínez, de 32 años, fue asesinado a tiros en la colonia El Florido. Dos
presuntos responsables fueron detenidos por este hecho. Mientras que Jaime
Coronado Guerra, de 44 años, fue atacado a balazos en Nueva Tijuana. Pedro
González Vega, de 34 años, fue ultimado por arma de fuego en la colonia Cerro
Colorado. Erick Reséndiz, de 28 años, fue acribillado en la colonia México
Lindo.
El martes 16, Óscar Ricardo
Benítez, de 42 años, murió en el Hospital General luego de haber sido atacado a
balazos en la colonia Constitución 1917. Envuelta en una bolsa de plástico
negra, fue localizada una cabeza humana de un masculino, de entre 35 y 40 años,
en la colonia Residencial Barcelona. A un costado había un narcomensaje con la
leyenda “Sigue la limpia contra los ratas, att: CTNG”. En lo alto del cerro en
el Ejido Valle de las Palma, fue localizada una osamenta, aún se desconoce el
sexo. En Villas del Prado, un varón de
entre 20 y 25 años fue asesinado en la vía pública.
El miércoles 17, en Montes
Olímpicos ejecutaron a un hombre de entre 30 y 35 años. En Hacienda Las
Delicias segunda sección, un desconocido de entre 20 y 25 años fue ultimado a
tiros. En la Sánchez Taboada, una mujer de entre 30 y 35 años fue herida de
muerte a balazos. Y el cadáver de otra fémina, en estado de putrefacción, fue
localizado en el fraccionamiento Natura, sección Arboledas. En la colonia La
Sierra, un masculino de entre 30 y 35 años,
también fue ejecutado a balazos.
El jueves 18, en un predio
baldío en la colonia Lomas de la Presa, fue encontrado un taxi libre con un cadáver
en su interior. En la colonia Cañón de las Carretas se halló un cuerpo
calcinado envuelto en un colchón; se desconoce el sexo.
NUEVE HOMICIDIOS EN MEXICALI
En los primeros 18 días del
año se han registrado nueve asesinatos, una de esas víctimas mujer, acribillada
por múltiples lesiones de arma blanca en abdomen, espalda y cuello. Los últimos
cuatro decesos violentos se registraron
esta semana, siendo el más dramático el de Brenda, quien fue acuchillada en 20
ocasiones a las afueras de su vivienda de la colonia Esperanza; murió en el
hospital y se desconoce información de los responsables, pero vivía con su
pareja, quien no se hallaba en casa al momento que llegaron las autoridades.
Luego fue privado de la vida
Miguel Ángel Domínguez Millán, de 43 años, quien fue agredido con un
picahielos; tenía 26 heridas. En este hecho se presume una riña entre adictos.
También se suscitó una balacera al interior de un taller mecánico de la colonia
Flores Magón, adonde llegó un individuo que disparó contra las tres personas
que se encontraban al interior. Cuando policías hicieron su arribo a la escena
del crimen, donde encontraron dos armas de fuego, una de ellas se presume es
del agresor. El hoy occiso llevaba por nombre Librado Gurrola Quintero, de 42
años, mientras que los lesionados son Miguel Escamilla Aguilar, de 57 años, y
Mario Farías Canchola, de 42. La jornada de crímenes concluyó cuando a las
instalaciones de Cruz Roja llegó una persona lesionada por más de 20 heridas
provocadas por arma blanca. Fue identificada como Rafael Adrián Esparza
Trinidad, de 26 años de edad, quien es velador de un negocio de venta de cocos;
murió mientras recibía atención médica.
En Baja California, hasta la
fecha, 126 personas han sido asesinadas en 2018; la mayoría en Tijuana.
EX FUNCIONARIOS Y PROFESIONISTAS SE PRONUNCIAN CONTRA
LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
El combate al narcotráfico
por parte de las Fuerzas Armadas deja a los soldados en estado de indefensión
jurídica, opinó el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, ex titular de la
Secretaría de Seguridad Publica de Tijuana, ya que no cuentan con la
capacitación debida.
Convencido de que el Ejercito
no debe entrar a las calles como lo pretende la Ley de Seguridad Interior, el
ex funcionario indicó que el adiestramiento de los soldados es para matar
eficazmente, por lo que aplicar dichas habilidades al combate a la inseguridad
pudiera acarrear responsabilidad penal para estos, sin importar que actúen
cumpliendo órdenes. Lo idóneo, complementó, es capacitar a las policías y
exigir más de las autoridades civiles.
“¿Quién dio esos conceptos,
qué objetivos se pretenden? ¿Cuál es la finalidad última de la Ley?” cuestionó
Leyzaola, señalando que el ordenamiento aprobado por el Congreso no responde
dichas preguntas, calificando al mismo como un collage lleno de
contradicciones.
Ejemplificó que la Ley supone
la intervención de las fuerzas federales y el Ejército en las entidades
federativas para realizar acciones tendientes a recuperar la estabilidad,
tranquilidad y seguridad en dichos territorios, cuya intervención no podrá
prolongarse más de un año, excepto que otros artículos refieren, puede
extenderse indefinidamente. Además, aunque se trata de tareas de seguridad
pública, a la información obtenida con la aplicación de la Ley se le dará
tratamiento de reservada, como si se tratara de un tema de seguridad nacional.
Señaló que se justifica la
intervención del Ejercito cuando las autoridades civiles se encuentren
rebasadas por la inseguridad, afirmando no hay región en el país donde no se dé
este supuesto, para concluir que dicha Ley premia la incapacidad y corrupción
de las instituciones encargadas del tema en los estados y municipios, dejando
la responsabilidad total a las Fuerzas Armadas.
Al respecto, Rafael Cruz
Manjarrez, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, declaró que tanto las
corporaciones policiales y la procuración de justicia en la totalidad del país
han fallado en su tarea de brindar seguridad pública y, de entrar en vigor la
Ley de Seguridad Interior, al atribuir al Ejército facultades que no le
corresponden, se colapsaría el Estado de Derecho.
Expuso que si bien el
Ejército realiza otras tareas, además de la defensa de la soberanía y el
territorio, lo hace en forma auxiliar, mientras que el ordenamiento en cuestión
pretende responsabilizarlos por completo del combate a la inseguridad.
Es evidente, dijo, que las
autoridades de seguridad locales han sido rebasadas en el carácter operativo,
esto solo puede deberse a una errónea aplicación de las estrategias, falta de
experiencia de los titulares o malas asesorías, lo que queda evidenciado por
los resultados entregados, de ahí que “hay que cambiarlos”.
Quienes también se pronunciaron
en contra de esta legislación, fueron los ex procuradores de Derechos Humanos
en Baja California, José Luis Pérez Canchola y Heriberto García García, al
establecer que aunque la exigencia de las Fuerzas Armadas por tener un marco
jurídico que regule su actuación en tareas de seguridad pública es muy justa,
la Ley entregada por el Congreso contiene conceptos muy ambiguos.
Ambos ex funcionarios
coincidieron en que distintas instituciones internacionales en materia de
Derechos Humanos se han manifestado en contra de la promulgación de la Ley de
Seguridad Interior, por la insuficiente definición al concepto de seguridad
interior, el sometimiento de la autoridad civil, la ausencia de controles a las
Fuerzas Armadas, no regulación de uso de la fuerza, indebida protección y
garantía a los Derechos Humanos y la facultad de inhibir protestas públicas y
movimientos político-electorales.
Pérez Canchola comentó que
quien más tiene que perder en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, ya
que una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre
dicho ordenamiento, y de no resultar la solución esperada, las propias Fuerzas
Armadas, por la alta expectativa a su participación en el combate a la
inseguridad, verán fuertemente dañada su imagen y prestigio.
García mencionó que a pesar
de ello, la realidad es que el Ejercito ya ha tenido intervención en materia de
seguridad pública, lo que ha dado buenos resultados en Baja California, sin
embargo, esta Ley implementa el Mando Único a cargo del Ejercito y que ello
atenta contra la división de poderes y órdenes de gobierno, agregando que en
los artículos transitorios de la Ley, se establece que los costos de
emplazamiento de las Fuerzas Armadas correrán a cargo de los municipios. Héctor
Ortiz
SEÑALAN A PGJE POR OMISIONES EN FOSA DE VALLE DE LA
TRINIDAD
Por posibles hechos violatorios como “omitir
las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y actos contrarios a la
inhumación y exhumación de restos humanos”, la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) elevó a queja el expediente 12-2018, relacionado con el hallazgo
de una fosa clandestina en Valle de la Trinidad, delegación de Ensenada.
Pasaron quince días desde que
pobladores visitaron el pozo ubicado en el rancho “Las Chichis”, a diez
kilómetros de la delegación, por un camino vecinal totalmente despoblado. Con
ayuda de sogas y lámparas, el 31 de diciembre de 2017 uno de ellos ingresó casi
20 metros de profundidad, encontrando una cuarta de pierna que sobresalía entre
tierra y concreto.
El lunes 15 de enero de 2018,
finalmente extrajeron cuatro cuerpos, dos masculinos y un femenino en avanzado
estado de descomposición. Varias familias en la delegación están en espera de
los resultados genéticos. Regresaron al sitio donde la fosa quedó abierta.
El terreno donde la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y Bomberos de Ensenada y
Tijuana trabajaron de manera intermitente, es propiedad de un ejidatario que
murió hace un par de años, mientras que los herederos viven en Estados Unidos.
Situación muy común en el municipio, indicaron habitantes.
La presidenta de la CEDH,
Melba Adriana Olvera Rodríguez, informó que a partir de los elementos
detectados en la extracción de restos humanos, se inició la investigación y
brindaron acompañamiento a las víctimas de desaparición.
De igual forma, el organismo
certificó el hallazgo de restos humanos expuestos e inició una investigación por la posible violación a
la seguridad jurídica que implica certeza legal, “por el procedimiento y
posibles omisiones de los servidores públicos encargados de la investigación de
la fosa clandestina”.
Olvera no señaló a ninguna
autoridad como responsable, eso lo determinará la propia investigación, aunque
las primeras solicitudes de información fueron giradas a la PGJE.
De los cinco familiares de
desaparecidos que se han entrevistado con la Comisión, ninguno ha solicitado
medidas cautelares para garantizar la seguridad.
Recordó que el organismo
brinda atención victimológica y orientación jurídica a perjudicados en sus
derechos humanos, como también por delito.
De esta manera, dijo, se
cubren las funciones que debiera realizar la Comisión Estatal de Atención a
Víctimas que deriva de la Ley de Víctimas, misma con la que Baja California no
cuenta. La omisión radica en que no existe unidad de atención, fondo de
reparación o padrón de víctimas.
En este caso, se aclaró que
cuando un familiar tiene una persona desaparecida, en automático se convierte
en víctima, pero si además sufre violencia institucional por el maltrato o se
le niega información, recibe la denominación de “victimización secundaria”.
Sobre desapariciones, hay 28
expedientes en Baja California, de los cuales 22 son de Tijuana, tres de
Ensenada y tres de Mexicali. En estos se señalan principalmente violaciones de
derecho a la seguridad jurídica y por no brindar información sobre los
procedimientos.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS
GARCÍA RAMOS/ LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)
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