A un año de consumada la extradición del
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera a Estados Unidos, sus abogados pelean en
México la entrega que se hizo a una Corte federal diversa para ser enjuiciado
por delitos diferentes a los planteados. En juicio de amparo, la Secretaría de
Relaciones Exteriores se vio obligada a entregar al juez documentación
confidencial que la Embajada de EU prohibió fuese compartida. Ahora la defensa
de Guzmán impugnará para que le sea permitido el acceso a la información que se
guarda en el sigilo del Juzgado en Ciudad de México
Mientras que en Estados
Unidos la Corte del Distrito Este de Nueva York aplazó el comienzo del juicio
hasta septiembre próximo, en México la batalla legal del narcotraficante
Joaquín “El Chapo” Guzmán no ha terminado y, en un Juzgado de Distrito, se
entabla un juicio de amparo que podría friccionar las relaciones diplomáticas
entre ambos países.
Abogados de Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera interpusieron una demanda de amparo en contra del
acuerdo de fecha 19 de enero de 2017 por el que el gobierno mexicano otorgó su
consentimiento para que el sinaloense fuese entregado a la Unión Americana ante
una Corte diferente y por delitos diversos a los que se concedió la
extradición, invocando la denominada “excepción a la regla de especialidad”.
Como se recordará, la
cancillería mexicana declaró procedente la extradición del “Chapo” Guzmán en
dos procedimientos jurídicos resueltos el 20 de mayo de 2016, para que el líder
del Cártel de Sinaloa fuese juzgado por delitos varios ante una Corte Federal
de Texas y otra en el Estado de California. El mexicano interpuso sendos
juicios de amparo y la revisión de los mismos, protección que le fue denegada.
El nuevo juicio de garantías
fue promovido por la defensa de Guzmán el 3 de marzo de 2017, una vez consumado
el encarcelamiento de su cliente en el Centro Metropolitano de Detenciones con
sede en Manhattan, Nueva York.
Al responder su informe
justificado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció como cierto
el acto reclamado, pues otorgó su consentimiento para que el narcotraficante
fuese enjuiciado por cargos diferentes por los que se concedió su extradición,
aplicando la “excepción a la regla de especialidad”, prevista en el Artículo 17
punto 1, inciso c, del tratado de extradición celebrado entre Estados Unidos de
América y los Estados Unidos Mexicanos.
Para resolver el asunto
planteado por los abogados de Joaquín Guzmán, el juez de amparo solicitó a la
cancillería mexicana remitir la totalidad de la documentación que obra en los
dos procedimientos de extradición. La respuesta de la SRE a principios de
septiembre fue en sentido negativo, bajo el argumento que “se encuentra
impedida” para proporcionar dichos documentos por lo dispuesto en el Artículo
24 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El juzgador nuevamente
solicitó las constancias, afirmando que era con la finalidad de analizar el
acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, como
lo establece la Ley de Amparo. Inconforme con la determinación, el director
jurídico contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE
interpuso un recurso de queja, admitido el 10 de octubre último en el Quinto
Tribunal Colegiado en Materia Penal en Ciudad de México.
Los agravios formulados por
la cancillería refieren que en nota diplomática suscrita el 3 de mayo de 2017
por la titular de la Embajada norteamericana en México, se advierte “la
prohibición expresa por parte del Gobierno Estadounidense para entregar la documentación
requerida”, lo que conllevaría a incumplir con los compromisos que el gobierno
mexicano ha pactado en los diversos instrumentos internacionales, concretamente
en cuanto se refiere a la confidencialidad de las documentales.
La dependencia agregó que de
hacerse pública esa información podría generarse un daño a los titulares de los
datos que ahí aparecen, tanto personas físicas como autoridades extranjeras. A
pesar del planteamiento, el juzgador indicó que la solicitud de las constancias
“en modo alguno trae aparejado el hecho de que se vulnere la confidencialidad
de los archivos o documentos de la misión diplomática a que hace referencia, en
tanto la obtención de dicha información no tiene la intención de hacerla
pública, por el contrario, es con la única finalidad de analizar el acto
reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, en términos
del artículo 75 de la Ley de Amparo”.
Antes de concluir 2017,
magistrados del Tribunal Colegiado resolvieron que la queja de la SRE es
infundada y le asiste la razón al juez porque la Ley exige todas las pruebas
para resolver el juicio de amparo, por lo tanto, deben entregarse todos los
documentos que obren en los dos procedimientos de extradición.
Al regresar el expediente al
Juzgado de Amparo, el titular volvió a requerir los documentos a la
cancillería, que todavía hizo un intento por no enviar lo solicitado, pero el
juez apercibió a la autoridad renuente de que incurriría en desacato e incluso
con la destitución e inhabilitación de funcionarios. Finalmente, Relaciones
Exteriores dobló las manos y al iniciar 2018 entregó los voluminosos legajos de
papeles.
El juzgador acordó “a fin de
preservar la confidencialidad de dichas constancias, no se dejan a la vista de
las partes” y se ordenó se resguarden en el sigilo de dicho tribunal. Tanto a
los abogados de Joaquín Guzmán, como al Ministerio Público federal, que ya
habían solicitado copias de todo lo actuado en el juicio de amparo, el juez
determinó autorizarlas “con excepción de las constancias remitidas por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, toda vez que como se dijo en párrafos que
anteceden, existe la limitante de la confidencialidad”.
Este último acuerdo no cayó
bien a los defensores del “Chapo”, quienes planean impugnar la medida de que no
conozcan los documentos. “Sería como tratar de combatir el acto reclamado sin
conocerlo”, señaló Refugio Núñez Gómez, abogado y representante legal del
imputado en México.
El acto consumado de la
extradición del narcotraficante es irreversible. Quizá podría conseguirse que
se reconozca la violación de derechos fundamentales que alega su equipo legal y
agotar toda instancia judicial en el país, para entonces acudir ante organismos
internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obtener
una recomendación contra el Estado mexicano.
Por el momento se desconoce
si con la entrega de la documentación confidencial por parte de la SRE al
Juzgado, el gobierno mexicano incurrió en alguna violación en la relación bilateral
con el vecino país del norte.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS
CARLOS SÁINZ /LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)
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