GOBIERNO REPRESOR

Alrededor de 30 manifestantes contuvieron por horas a más de 100 policías, quienes perdieron el control, dejaron sus escudos y se volvieron partícipes de una batalla campal donde intercambiaron empujones, golpes y hasta pedradas, con saldo de cinco lesionados de cada bando. Gobernador del Estado reconoce el error de los cuerpos policíacos y, para expertos, el operativo fue lamentable. La represión de los movimientos sociales en Baja California no cesa

Una joven grita desesperada pidiendo a sus compañeros que dejen de arrojar piedras a policías. Mientras, la gran barrera de uniformados se rompe por decisión individual y un grupo de agentes corre hacia sus contrarios para detenerlos al interior del rancho Mena, ubicado en el Ejido El Choropo del Valle de Mexicali. Desde ese momento el lugar fue tierra sin Ley.

Sin operaciones especiales, ni protocolos policíacos, además de aprehensiones con uso excesivo de la fuerza -hombres derribados siendo golpeados por hasta seis agentes-, policías se “engancharon” ante los embates de manifestantes y terminaron barriéndolos, al grado de romper el cerco perimetral de una vivienda y arrojar rocas hacia los ciudadanos y la prensa.

La represión gubernamental en el mismo contexto del surgimiento de los movimientos sociales hace un año, cuando la sociedad se unió para detener la privatización del agua, la construcción de un acueducto para uso de Constellation Brands, la cervecera que va por el agua del Valle de Mexicali.

La inconformidad social permanece, también la represión gubernamental. Después del zafarrancho del martes 16 de enero, tanto funcionarios del Gobierno del Estado como integrantes del movimiento Mexicali Resiste, emprenderán acciones legales. A la vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió un expediente con el número 185/2018, para determinar si existió abuso policíaco en el operativo.

Apenas hace unas semanas, la Policía Municipal fue “regañada” por la misma institución, debido a la agresión ocurrida contra el mismo grupo en febrero de 2017.

La lucha por el agua ha llegado a un nivel más alto.

LA BATALLA CAMPAL

Eran las siete de la mañana  del martes 16 de enero cuando las alarmas se encendieron en el “Campamento Mena” -llamado así por el apellido de su propietario- en el Ejido El Choropo, a nueve kilómetros de Mexicali.

El campamento lo mantiene la resistencia mexicalense en protesta por la construcción de un acueducto. Los jóvenes asignados a la guardia avisaron a sus compañeros sobre el arribo de un grupo de por lo menos 60 policías, quienes bloquearon el único acceso la comunidad rural.

Esperaban ser desalojados con el uso de la fuerza pública, para que la empresa Cadena -propiedad de un político priista- iniciara trabajos para conectar la tubería de 20 pulgadas que dotará de agua a la planta Constellation Brands, a partir de la red urbana.

Ese punto -crucial para las intenciones de la trasnacional- fue bloqueado por integrantes de la Resistencia Civil, conformada por agrupaciones nacidas entre las protestas masivas de enero de 2017, ante los aumentos en el precio de los combustibles y la Ley de Agua, que tenía intenciones privatizadoras del vital líquido, según los líderes de las protestas.

Mientras funcionarios se preparaban para conmemorar el 66 Aniversario de Baja California en un evento protocolario, grupos antimotines se posicionaron frente al rancho y los manifestantes salieron a bloquear con sus cuerpos el ingreso de las maquinarias.

Policías intervinieron, y utilizando sus escudos, empujaron al pequeño grupo de inconformes de vuelta a la propiedad. En una medida desesperada llenaron cubetas de tierra y la arrojaron hacia los uniformados, para posteriormente mojarlos con una manguera, en medio de gritos.

La barrera parecía inquebrantable hasta que una piedra de gran tamaño cruzó por encima de los escudos e impactó contra la excavadora. Esa acción fue replicada por el resto que, desde su trinchera, tomaron cualquier objeto contuso a la mano y lo arrojaron hacia la maquinaria. Poco a poco los cristales de la cabina sucumbieron a los impactos y terminaron por dejar en una situación vulnerable a su operador, quien optó por retirarse. Los agentes habían perdido la primera batalla.

En la segunda reyerta resultó lesionado un reportero de Canal 66, Roberto López, alcanzado por una roca que impactó contra su cabeza. Similar suerte corrió un policía ministerial que levantó el escudo para protegerse de la tierra que arrojaban, lo que fue aprovechado por un joven que golpeó su espinilla con un tubo; el agente fue retirado de la escena a causa de una fractura.

Durante la retirada de policías, inconformes se unieron para cantar el Himno Nacional. Sus voces eran pocas, pero firmes en su creencia.

LA TENSA CALMA VOLVIÓ A EL CHOROPO

Pasaron las horas y comenzaron las charlas entre policías y manifestantes. Intercambios amistosos de opinión y hasta bromas, algunos uniformados incluso referían estar de acuerdo con la lucha, pero reconocieron que sus intereses estaban del otro lado.

Les ofrecieron agua y compartieron pañuelos para que limpiaran sus rostros enlodados; no parecía que horas después se enfrentarían con tanta ira.

El tercer intento llegó alrededor de las  once de la mañana, anunciado por el ruidoso andar de la excavadora. “Todos listos”, gritaban inconformes mientras la “tira” de uniformados se reincorporaba.

Empleados de la constructora pretendían sorprender a los manifestantes instalando una barrera metálica en el vidrio frontal de la excavadora, además de reforzar los laterales con escudos antimotines de policías, pero no fue suficiente, pues “La Resistencia” aprovechó el cese al fuego para abastecerse de cascajo, por lo que ante el nuevo intento de tomar el terreno la lluvia de piedras fue abrumadora. La aguerrida respuesta se replegó a trabajadores y policías, cuando los cristales laterales se agrietaron.

La calma incierta volvió a la comunidad habitada principalmente por campesinos. El reloj alcanzó el mediodía y volvieron a abastecerse de rocas, tierra, palos, botellas y toda arma potencial, para continuar con la lucha.

Un manifestante cruzó entre varios uniformados y, según la declaración de policías, dio un puñetazo a un agente e intentó correr, fue detenido por varios policías quienes trataron de subirlo a la patrulla. Seis uniformados lo envolvieron, pero mujeres enfurecidas corrieron desde el campamento y enfrentaron a los captores, logrando recuperarlo centímetros antes de ingresarlo a la patrulla. Sin embargo, en medio de la confusión, policías detuvieron a otro joven llamado Daniel Véjar, a quién nadie pudo salvar.

La pausa fue aprovechada por policías y manifestantes para comer. Cajas con pollo y guarniciones de lechuga y frijoles fueron enviadas por parte de representantes de la empresa Constellation Brands para policías, mientras que los segundos prepararon tortas.

Pasadas las tres de la tarde se rompió la calma cuando el abogado de la trasnacional, Sergio Vega, llegó al inmueble y pidió hablar con algún jurista del movimiento, Armando Salinas lo encaró.

Vega mostró un documento con medidas de protección para su representado firmados por el Ministerio Público, con los que justificaba el uso de la fuerza pública. Además, evidenció al propietario del terreno, Salvador Mena García, a quien, según el defensor, le pagaron 6 mil 500 dólares por el pedazo de terreno que vendió para la construcción del acueducto.

La esposa respondió que al representante del ejido y de la cervecera lo habían obligado a hacerlo y que en ningún momento les pagaron.

Salinas reclamó que esa zona era federal y tendría que ser bajo un mandato de un Ministerio Público federal, no de autoridades locales. El intento de respuesta del abogado defensor fue silenciado por la muchedumbre que exigía su retirada.

Foto: Eduardo Villa.- Un manifestante se paró frente a la excavadora para impedir su avance

Luego de jalones y empujones comenzó la cuarta batalla. Manifestantes mojaron el piso de terracería para que policías resbalaran con el lodo y volvieron los baños de tierra y rocas. Sin embargo, esta vez policías rompieron filas y se desató en enfrentamiento.

Las rocas cambiaron de dirección y se focalizaron en los escudos para replegarlos, pero los oficiales continuaron, se dispersaron y comenzaron a agredir manifestantes.

Desde el exterior, policías estatales arrojaron ladrillos, golpeando jóvenes y personas de la tercera edad, entre ellas Tania Gallaga, una de las líderes de la agrupación que fue agredida por un oficial que intencionalmente le arrojó una piedra a escasos cinco metros de distancia. La sangre escurría por la piel de policías y manifestantes.

El desorden se contagió en el campo de batalla donde policías equipados con cascos, escudos, botas tácticas, guantes y caretas, respondían a sus contrarios cuya defensa se limitaba a una roca y un teléfono con conexión a internet y poca batería.

León Fierro, otro de los líderes, corrió a su vehículo, lo puso en marcha y lo dirigió hacia los uniformados amagando con embestirlos, pero se detuvo al ser rodeado por los mismos. Preventivos golpearon con sus puños los cristales del automóvil Nissan Sentra 2002 de color blanco, intentando arrestarlo, pero dio reversa y empujó a varios agentes. Momentos después reculó y abandonó la unidad sin lesionar a nadie.

“Solo quería bloquear la entrada”, dijo en una entrevista posterior, afirmando que pudo arrollar a los oficiales, pero no era su intención.

En medio de la confusión, la reportera Aline Corpus, de Reforma, fue golpeada en el abdomen por un policía que lanzó una roca. La compañera, quien no participaba en la protesta, logró ver al uniformado, pero este se perdió entre los oficiales.

Tomados del cuello o arrastrados por las calles, lograron sacar del patio a varios manifestantes, para después golpearlos salvajemente luego de ser sometidos, ante los ojos de jefes policíacos. Efectivos cesaron las acciones cuando uno de sus jefes gritó “Nada más 30, hay prensa, hay prensa”.

La pelea se prolongó por varios minutos hasta que preventivos se reagruparon al exterior del inmueble. Tras conversar entre ellos contraatacaron sin contemplaciones; ingresaron al predio, algunos de ellos sin escudos, y comenzaron a golpear con sus puños y piedras a quien estuviera enfrente.

Todos corrían hacia diferentes puntos, algunos arrojando rocas y otros destruyeron un cerco perimetral para poder ingresar al terreno por diversos frentes y sorprender a los combatientes.

Jorge Benítez, uno de los activistas más aguerridos, fue el objetivo principal. Seis policías corrieron tras él para someterlo a punta de golpes y jaloneos; lo trasladaron a la patrulla cargando entre varios oficiales, ya sin camiseta y con varias heridas en el rostro.

Esa última batalla campal fue la peor, pues policías no pretendían detener, sino lastimar a sus adversarios. Finalmente, los propios manifestantes decidieron no arriesgar más la integridad de nadie y permitieron el ingreso de la maquinaria en medio de gritos y amenazas, vigiladas en todo momento por los cuerpos de seguridad; cedieron por el bien de todos.

NO ESTÁ DENTRO DE LAS FUNCIONES (POLICÍACAS) AGARRARSE A PEDRADAS: CASTILLA

El abogado Arnoldo Castilla consideró que no había necesidad de llevar al uso de la fuerza y señaló que “no está dentro de sus funciones (policíacas) agarrarse a pedradas”, luego que varios agentes respondieran la agresión de manifestantes.

Para el jurista se violaron todos los protocolos de acción policial y el operativo se volvió un pleito de barrio, donde la autoridad se bajó al nivel de los ciudadanos para enfrentarse en una batalla, cuando su obligación es salvaguardar la integridad de las personas.

Reconoció que integrantes de “Mexicali Resiste” cometieron actos reprobables, al arrojar piedras a policías, ya que no se puede hacer valer un derecho por medio de la violencia, pero consideró que faltaron mecanismos de acción por parte de policías y los mandos, para evitar que la situación se saliera de control.

Referente a la posibilidad de la detención, Castilla García aseveró que policías debieron hacer efectiva la flagrancia y actuar conforme a derecho, respetando los derechos de los ciudadanos, lo cual infortunadamente no ocurrió, pues hubo golpes y agresiones fuera del protocolo.

El ex catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), dijo que no era necesario el uso de la fuerza pública, máxime cuando se puede solucionar un problema mediante el diálogo.

Agregó que existe falta de información en el tema de la falta de agua y que deberían hacerse estudios serios sobre el tema, además de mesas de trabajo que permitan la expresión ciudadana. Y que el gobernador necesita revisar el trabajo de sus asesores, pues el desalojo mediante el uso de la fuerza sólo atraerá más violencia.

“Desde hace tiempo cuando se planteó este problema debió abrirse al diálogo con buen ánimo de las dos partes, la sociedad bajacaliforniana no es ciega sorda o retrasada mental, nos damos cuenta y falta voluntad de ambas partes de dar solución al conflicto”.

CONSTELLATION Y ALCALDE RESPALDAN; “KIKO” RECONOCE MALAS ACCIONES

Tanto la empresa Constellation Brands, como el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, respaldaron las acciones de los policías municipales y estatales durante el operativo que duró casi diez horas.

Sin embargo, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid no fue tan complaciente con sus elementos. Reconoció que existieron actos reprobables, tanto de manifestantes como de policías, por lo que se está documentando cada hecho para actuar conforme corresponda.

Sánchez Vásquez dijo desconocer sobre las agresiones policíacas y se limitó a declarar que solo atendieron múltiples reportes de emergencia, por lo que llegaron a salvaguardar a los ciudadanos. Además, reconoció la labor que diariamente realizan los policías a su mando.

Por su parte, Constellation Brands emitió un comunicado de prensa donde señaló directamente a Filiberto Sánchez y a Rigoberto Campos como responsables de los desmanes ocasionados.

Reconocieron y valoraron la intervención de las autoridades y acusaron a los arriba mencionados como responsables de agredir la inversión nacional y extranjera “que vienen a generar un impacto positivo en la comunidad”.

Vega de Lamadrid afirmó que las acciones fueron muy violentas y reconoció que la intervención de las corporaciones policíacas no fue correcta en algunos puntos.

“No es correcto que hayan atacado vehículos, a ciudadanos, tampoco que hayan apedreado, no es correcto, es lamentable que tengamos personas con heridas de gravedad, incluyendo a su compañero periodista; no es correcto a nadie arrojarle orines y excremento humano”.

De igual forma, explicó que  integrantes de esa agrupación tienen órdenes de aprehensión que serán cumplimentadas y negó que tenga negocio o esté trabajando para beneficio de la planta cervecera.

El mismo martes de la represión policíaca, la maquinaria de la constructora Cadena fue activada para realizar el trabajo del acueducto. Los manifestantes siguen ahí, luchando por el agua.

(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/  EDUARDO VILLA LUGO/ LUNES, 22 ENERO, 2018 12:00 PM)