El sismo del martes pasado colapsó y dañó decenas de
edificios en la Ciudad de México y puso en evidencia las consecuencias y
riesgos del boom inmobiliario, temas sobre los que, desde hace años, han
alertado los propios ciudadanos de la capital del país.
De 2000 a 2015, el número de viviendas aumentó un 20
por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). Sobre todo en Cuajimalpa (63 por ciento), Milpa Alta (58 por ciento),
Benito Juárez (37 por ciento) y Miguel Hidalgo (32 por ciento).
La Diputada Mayela Delgadillo, quien ha seguido de
cerca este tema, asegura que la construcción es un sector que da ganancias
mucho mayores al monto invertido por lo que ha provocado un significativo
aumento en el levantamiento de varios proyectos de vivienda, a pesar de que
implica “sacar agua y tierra permanentemente” lo que causa un severo impacto
ambiental en la gran urbe.
Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).– Al reclamo de grupos de vecinos de la capital que durante años se han manifestado contra el boom inmobiliario por no considerar el impacto vial y ambiental, y sus efectos en el suministro del derecho básico al agua, se sumaron la quejas de ciudadanos a través de redes sociales en contra las empresas responsables de construir los edificios de departamentos que luego del sismo del martes presentan daños severos, o incluso colapsaron.
La desarrolladora Dekah
Inmobiliaria construyó hace dos años un conjunto residencial de 12 pisos en la
avenida Insurgentes Norte frente al Metro Potrero, en la Delegación Gustavo A.
Madero. Tras el temblor, tuvo que ser desalojado por presentar grietas y “por
el tipo de daños puede colapsar”, evaluó el arquitecto José Bernal.
Un usuario de Twitter acusó
que “es tiempo de auditar a empresas criminales, inspectores de obra y
autoridades de la Ciudad”.
Dekah ha recibido diversas
quejas sobre los retrasos o servicios faltantes en la entrega de las unidades y
sobre su nivel de seriedad durante los más de 4 mil 500 departamentos vendidos
en 58 desarrollos en la Ciudad de México y Estado de México. “¿Quién demonios
autorizó la construcción hace dos años de un edificio de departamentos de 12
pisos frente al Metro Potrero dañado por el sismo?”, escribió otro.
La entrega de licencias de
construcción corresponde a la Delegación, en este caso la de Gustavo A. Madero
administrada por el perredista Víctor Hugo Lobo.
En la Delegación Benito
Juárez, encabezada por el panista Christian von Roehrich, la empresa Canadá
Building construyó un desarrollo de 24 departamentos en la calle Antillas,
esquina con Emiliano Zapata, en la colonia Portales Sur. A pesar de que se
inauguró apenas hace un año, fue el edificio que colapsó el martes por el
temblor y del que sacaron los cuerpos de dos mujeres.
Los habitantes de este edificio en
Portales Sur sólo disfrutaron de sus nuevos hogares un año. El pasado martes
colapsó ante el sismo de 7.1 grados en la Ciudad de México. Foto: Vía Twitter
@SirRhosisRGL
En esa misma colonia, un
inmueble departamental ubicado en la calle Saratoga colapsó y otro en la calle
Balboa presenta daños severos. Además, entre Metro Nativitas y Portales Norte,
sobre Calzada de Tlalpan, hay otro en riesgo de venirse abajo.
La Diputada Mayela
Delgadillo, quien ha seguido el tema del boom inmobiliario en la capital del
país, aseguró que la construcción es un sector que da ganancias mucho mayores
al monto invertido por lo que ha provocado un significativo aumento en el
levantamiento de varios proyectos, a pesar de que implica “sacar agua y tierra
permanentemente”.
De 2000 a 2015, el número de
viviendas aumentó un 20 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi). Sobre todo en Cuajimalpa (63 por ciento),
Milpa Alta (58 por ciento), Benito Juárez (37 por ciento) y Miguel Hidalgo (32
por ciento).
“Los ciudadanos nos estamos
defendiendo de las decisiones erróneas que están tomando nuestros
funcionarios”, dijo Delgadillo.
El derecho a la ciudad es
para habitar de una forma digna, sustentable y de largo plazo los espacios.
Aunque se entienden los cambios a lo largo del tiempo, “tiene que estar
planeado”. El impacto ambiental ha evidenciado que las políticas de desarrollo
urbano emitidas durante décadas para la capital del país “han sido erróneas” y
hoy desemboca en la insostenibilidad, afirmó la Diputada.
El edificio de Dekah Inmobiliaria,
desalojado. Foto: Vía Twitter en Insurgentes Norte
Alerta tras el sismo. Foto: Sugeyry
Gándara, SinEmbargo
Lo restos del inmueble de Viaducto y
Torreón. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo
“El Programa de Desarrollo General
Urbano de esta ciudad no existe para que las inmobiliarias junto con
funcionarios hayan logrado un nivel de corrupción al grado de que somos la
quinta ciudad en el mundo que recibe inversión extranjera directa solo para el
desarrollo de infraestructura”, aseguró.
La Asamblea Legislativa
(ALDF) ha discutido la aprobación de este Programa, pero en julio los
ciudadanos de los Pueblos y Barrios Originales de la Ciudad de México
presentaron un amparo para suspender su dictaminación, bajo el argumento de que
no consideraba la consulta previa antes de la instalación de este tipo de mega
proyectos, que afecta sus costumbres y suministro de servicios básicos.
No obstante, en agosto el
Juzgado rechazó el amparo por improcedente ya que se demostró un “amplio robustecimiento”
de los derechos de los pueblos y barrios originarios.
“Ningún desarrollo
inmobiliario está por encima del interés superior de la sociedad y, mucho
menos, de estos espacios que son históricos para el país y que contemplan desde
las tradiciones hasta el trazado y la manera en que se brindan los servicios
públicos”, afirmó la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur).
Apenas dos meses antes, en
junio, un grupo de vecinos de la delegación Álvaro Obregón y Cuajimalpa
marcharon contra el proyecto “La Mexicana” en Santa Fe, que contempla un parque
y mil 600 departamentos. Acusaron que se les dio acceso al estudio de impacto
ambiental.
En otro caso, desde febrero
de 2016 vecinos de Coyoacán, al sur de la ciudad, han enfrentado fallas en el suministro
de agua potable a raíz de la construcción de la empresa desarrolladora “Quiero
Casa” en el manantial Aztecas 215 a pesar de 27 irregularidades expuestas en el
“Manifiesto de impacto ambiental” publicado por la la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la capital.
Quiero Casa es una de las empresas miembro de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que cuenta con 65 socios. Durante este sexenio invirtió 14 mil millones de dólares en la Ciudad de México para el desarrollo de 132 inmuebles, dijo su presidente Salvador Daniel Kabbaz Zaga durante la firma del Código de Ética del Sector Inmobiliario y Vivienda en los que se comprometieron a cumplir las leyes.
“Tenemos calles donde hay
agua un día y tres no. En otras zonas les cae sólo un chorrito de grosería, y
en otros hemos pasado hasta tres meses sin una gota”, acusó un miembro de la
Asamblea General de Pueblos, Barrios y Pedregales de Coyoacán, en la Ciudad de
México.
El crecimiento urbano de la
Ciudad de México comenzó a acelerarse a partir de la década de los treinta y
cuarenta con su expansión hacia las delegaciones Coyoacán, Azcapotzalco,
Tacubaya, la Villa y San Ángel. A partir de 1950, la mancha urbana rebasó los
límites del entonces Distrito Federal hacia los municipios del Estado de
México, documenta un artículo del investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, Gabriel Sánchez Luna.
Sin embargo, desde el 2000 el
boom inmobiliario comenzó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través
del Bando Informativo Número Dos prohibió la construcción de unidades
habitacionales y desarrollos comerciales en las delegaciones Álvaro Obregón, Coyoacán,
Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y
Xochimilco. Pero eso provocó que se concentraran en Benito Juárez, Cuauhtémoc,
Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.
Luego, ya bajo la gestión de
Macerlo Ebrard Casaubón, se sustituyó el bando en 2007 con la Norma 26 para
permitir la construcción de vivienda social en todas las delegaciones.
La Diputada Mayela Delgadillo
advirtió durante la discusión para la Constitución de la Ciudad de México que
las inmobiliarias estaban presionando para que no afectaran sus intereses.
Se planeaba cobrarles por
cada piso adicional que hicieran. Este pago por edificación era benéfico por
las altas tasas de plusvalía que generan, “pero se perdió la oportunidad”.
(SIN EMBARGO/ INVESTIGACIONES/ DULCE OLVERA/ SEPTIEMBRE 22, 2017, 10:00 PM)
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