FOTOS: Agustin Reyes / archivo
Durante 30 años, el gobierno de Baja
California pagará más de 6 mil millones de pesos a un consorcio donde participa
el senador Víctor Hermosillo, y construirán una de las vialidades más
importantes en Tijuana. El panista dice estar “tranquilo”, pero piden su
renuncia
Una de las obras más
ambiciosas en la administración de Francisco Vega de Lamadrid y que implica un
contrato por el que el Gobierno del Estado de Baja California pagará más de 19
millones de pesos al mes (con IVA incluido) durante 30 años, será ejecutada por
una de las empresas del panista Víctor Hermosillo y Celada.
El diseño, construcción,
operación, mantenimiento y conservación del Periférico Aeropuerto-Zapata, que
contempla un segundo piso hacia Playas de Tijuana, implica una inversión inicial
de mil 500 millones de pesos por parte de las empresas Cointer Concesiones
México, Cointer Concesiones y Constructora Ramher, esta última propiedad del
senador, las cuales resultaron ganadoras de una licitación.
A cambio recibirán, a partir
de 2017 y hasta 2047, 6 mil 840 millones de pesos en pagos del gobierno de Baja
California. Esto además del cobro del peaje de los miles de usuarios que
estiman utilizará esa vialidad en Tijuana.
Expertos en construcción y
opositores políticos cuestionan los términos en que fue entregada la obra que
dejará millonarias ganancias al legislador, pero el político responde: “También
soy hombre de negocios”.
El periférico será construido
y operado en el formato de las Asociaciones Público-Privadas (APPs). Una vez
que los diputados aprobaron la Ley, fue una de las primeras obras de
infraestructura en las que el gobierno estatal comenzó a trabajar.
En octubre de 2014, un mes
después de la publicación de esta legislación, la Secretaría de Infraestructura
y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE) ordenó un estudio de costo-beneficio
para la construcción de esta obra.
Por medio de adjudicación
directa, el Gobierno del Estado pagó 250 mil pesos a Corporación Rehovot,
empresa son sede en Guadalajara, Jalisco, para que ejecutara el estudio en un
lapso de once días, de acuerdo con el contrato celebrado el 12 de diciembre de
2014.
LOS DETALLES
DEL PROYECTO
La vialidad, con una
extensión de 3.6 kilómetros, iniciará en el Cañón Zapata, al filo de la carretera al Aeropuerto Internacional
“Abelardo L. Rodríguez” de Tijuana.
Trazo periferico aeropuerto-playas
Continuará de forma paralela
al muro que divide a México de Estados Unidos y conectará al cruce
internacional de San Ysidro, para continuar hasta llegar a la Avenida
Internacional, rumbo a Playas de Tijuana.
Entre las especificaciones
del terreno de tipo montañoso, están las pendientes pronunciadas, un promedio
de 19 metros de ancho, la presencia de tubería y un sistema de succión de aguas
pluviales y residuales, también cruza un canal.
De acuerdo con la descripción
del proyecto, realizado por las consultorías españolas Azvi y Prointec -al cual
ZETA tuvo acceso- “la velocidad del proyecto se considera de 60 kilómetros por
hora, contará con un ancho de sección de 16.2 metros donde se alojarán dos
carriles de 3.5 metros en cada sentido”.
Entre otros aspectos, contará
con un viaducto y se prohibirá el paso a vehículos pesados.
ESPECIALISTA VE
RIESGO DE ENDEUDAMIENTO
El 25 de abril de 2016, el
Comité Estatal de Proyectos de Asociación Público-Privadas aprobó varios
proyectos, entre estos el del Doble Piso del Aeropuerto a Playas de Tijuana.
Entre los argumentos que expuso Manuel Guevara, titular de la SIDUE, sobresale que
la obra “permitirá reducir tiempos de traslados y mejorar la imagen urbana”.
Por unanimidad, el Comité autorizó que se concursara el proyecto.
En julio de 2016, la
Secretaría de Planeación y Finanzas aprobó ese acuerdo y la convocatoria para
los participantes se publicó un mes después.
El 19 de diciembre de 2016,
la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó el Dictamen 62,
publicado como Decreto 57, con once proyectos de APPs.
De acuerdo con el documento,
el Doble Piso hacia Playas de Tijuana presenta una inversión inicial de mil 500
millones de pesos y con ello se generaría una contraprestación mensual de 19
millones 343 mil pesos al mes (Impuesto al Valor Agregado incluido).
Además, se contempla un
periodo de inversión de 35 meses, los cuales incluyen seis meses de proyecto
ejecutivo, trámites y autorizaciones, 28 meses de construcción y un mes de
pruebas, mientras que la operación y mantenimiento se llevará a cabo durante 27
años.
Un especialista en
construcción consultado en ese tema opinó: “Es preocupante que no se
transparente cómo determinaron los aforos para manejar la carretera como
autosustentable, porque se cae en el riesgo de que genere una deuda pública”.
Acerca del papel del senador
Hermosillo como beneficiario de la obra dijo: “Se presta a una cuestión de
conflicto de interés porque hemos visto cómo las licitaciones del Gobierno del
Estado han sido solamente con dos proponentes”.
LA OTRA CONCURSANTE, FAVORITA DEL GOBIERNO
El 5 de enero de 2017 se
presentaron las propuestas por parte de dos concursantes. El primer consorcio
compuesto por las empresas de origen español Cointer Concesiones México,
Cointer Concesiones y Constructora Ramher, perteneciente al legislador de
extracción panista.
El segundo por Promotora y
Operadora de Infraestructura, Grupo Concesionario de México, Equivent,
Operadora Metropolitana de Carretera y Constructora Makro. Esta última es una
de las empresas más beneficiadas por el Gobierno del Estado. Actualmente
ejecuta la obra Nodo Vial 20 de Noviembre, con valor de 91 millones de pesos.
NO HAY LEY QUE ME IMPIDA PARTICIPAR: HERMOSILLO
Víctor Hermosillo y Celada es
fundador de Constructora Ramher, empresa constituida en 1975, de acuerdo con el
Registro Público del Comercio. En aquel entonces, el panista y Juan César
Romeher Martínez registraron 100 acciones a su nombre, lo cual los colocó como
los socios mayoritarios de un grupo de cinco.
Víctor Hermosillo
Un documento de la misma
oficina gubernamental indica que el 11 de febrero de 2016, por medio de un acta
protocolizada, el senador registró el
24.18 por ciento de las acciones, con valor de más de 82 millones de pesos.
De los once socios restantes,
le siguen Leopoldo Joaquín de la Maza Téllez y Miguel Ávila Ferrer, cada uno
con el 10.94% de las acciones.
En entrevista, Víctor
Hermosillo aclara: “Soy senador, pero también soy hombre de negocios y
constructor desde hace 51 años”.
Para el panista “no hay
conflicto de intereses porque fue una obra abierta. A nosotros nos invitó una
empresa española a participar con ellos, porque conocemos bien el Estado, somos
minoritarios en esa situación. No soy pariente de ninguno que está en el
Gobierno del Estado, soy senador de la República en el Gobierno Federal. Es
otra cosa. Estoy muy alejado de las decisiones de mi negocio porque estoy de
senador”.
— Si bien Usted no forma
parte del gobierno estatal, ¿entiende que esto despierta sospecha entre la
ciudadanía?, que un político del mismo partido consiga una obra de esta
magnitud.
“Soy miembro de un partido,
pero no me quita mi posición de ciudadano y de empresario. Yo estoy tranquilo,
tengo mi reputación por muchos años y por supuesto que habrá gente que no
piense como yo, eso no lo puedo evitar”.
— ¿No cree que sería
pertinente para quien ejerce un cargo público, a pesar de ser un hombre de
negocios, no entrar en negocios que tienen que ver con gobiernos para evitar
este tipo de…?
“No hay esa Ley”.
— Pero por decisión personal,
¿no cree que es mejor no entrar a ese tipo de negocios para que la ciudadanía
no sospeche de cómo se otorgó la obra?
“Hay gente que puede pensar
diferente a mí, para eso hay leyes, reglamentos, un dictamen técnico. Está todo
perfectamente detallado, fue un concurso muy extenso, no hay nada malo. No
tengo ningún interés en lo oscurito, que la obra se revise en el Congreso”.
SI QUIERE HACER NEGOCIOS, QUE RENUNCIE COMO SENADOR:
LUIS MORENO
El diputado Luis Moreno
Hernández pidió la renuncia del senador Víctor Hermosillo por considerar que
existe un conflicto de intereses en la licitación que ganó.
Vista del muro desde la Via de Juventud
Oriente hasta la Vía Internacional
“Hago un llamado al senador a
que se retire de su cargo si quiere seguir haciendo negocios”, apuntó el
representante del Partido Encuentro Social (PES).
El también presidente de la
Comisión de Desarrollo Metropolitano, Infraestructura, Conurbación,
Comunicaciones y Transporte del Congreso de Baja California, opina que “para
cualquier funcionario que tenga empresas constructoras, es una obligación moral
y ética, además de legal, hacer a un lado sus funciones empresariales para
asumir sus tareas como funcionario público”.
Sobre todo en un ambiente
como el que se vive en Baja California, donde la ciudadanía ha señalado la
corrupción en el gobierno de “Kiko” Vega.
“Este gobierno se encuentra
rebasado por la capacidad de gobernar y la sospecha. Es impresionante que en
medio de la circunstancia social que estamos viviendo, de sumo rechazo a la
clase política, sigan existiendo casos como éstos en que el senador, a través
de su empresa, gana una licitación”, añadió.
En marzo, el diputado del PES
presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para abrogar el Decreto 57,
el cual aprueba la construcción de once obras de APPs, entre las cuales se
encuentra el doble piso hacia Playas de Tijuana.
Aunque la fracción del
Partido Acción Nacional rechazó la propuesta, el resto de los diputados
aprobaron que ésta se turnara a la Comisión de Hacienda -presidida por Iraís
Vázquez- para su análisis, donde todavía se encuentra.
De igual forma, el legislador
busca modificar la Ley de APPs “para que quienes terminen tomando las
decisiones sean sectores de la sociedad civil como especialistas y no siete
funcionarios, de los cuales existe la sospecha que tienen intereses económicos
detrás de cada obra que se realiza, las obras que se están planificando a
través de la Ley de APPs son aprobadas por un comité integrado solo por siete
funcionarios ligados al gobernador, pero no se le consultan a la ciudadanía sus
prioridades”, expone.
En efecto, la obra otorgada
al senador Hermosillo se aprobó, entre otros, por Miguel Ángel López Arroyo,
subsecretario de Planeación y Presupuestos de la Secretaría de Planeación y
Finanzas; Manuel Guevara, titular de la SIDUE; e Isauro López Cárdenas,
coordinador general del gabinete.
También por Alfredo Babún
Villarreal, subsecretario de Desarrollo Económico, quien anteriormente aprobó
la entrega de fondos federales a Industrias Zahorí, propiedad de su jefe
directo, Carlo Umberto Bonfante, actual titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico.
“Mientras no reformemos las
leyes y estén hechas a modo para beneficiar a unos cuantos, este tipo de
situaciones, como la obra entregada al senador, van a seguir ocurriendo”,
finaliza Moreno.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa / Inés
García Ramos /Lunes, 8 Mayo, 2017 12:00 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario