El mayor León Horacio Reyes,
efímero Director de Policía y Tránsito Municipal en Ahome, salió con libertad
absolutoria del Centro Federal de Readaptación Social número 11 en Hermosillo
Sonora, el pasado miércoles 3 de mayo, después de un encierro de 65 meses
acusado de delincuencia organizada y de delitos contra la salud en la modalidad
fomento de narcomenudeo en favor del subcártel Los Mazatlecos, rama leal al
cartel de los hermanos Beltrán Leyva cuando estos se desprendieron de la organización de Joaquín
Guzmán Loera, el Chapo, del Cártel de Sinaloa.
En sus primeras declaraciones
a la prensa, el militar en retiro dijo no guardar rencor en contra de los que
imputaron hechos falsos y que por ellos se consideraba “chivo expiatorio”.
Anunció que la acción
primordial que le atañe es buscar el pago de sueldos caídos durante los años en
que estuvo en cautiverio sin ser culpable.
El alcalde Álvaro Ruelas
Echave dijo que no rehuirá a la pretensión del militar, pero defenderá los intereses
del municipio.
Encargó la resolución de la
demanda laboral del ex director de policía al departamento jurídico. “Es un
tema legal”, justificó.
El auto de libertad de León
Horacio Reyes se había calculado desde el mismo año de su consignación, pues
veteranos Agentes del Ministerio Público Federal que conocieron las entrañas
del caso sabían que en las diligencias para desahogar los testimonios de los
testigos de cargo, estos serían desechados por endebles, además de que no había
evidencia sólida, ni física ni documental de las imputaciones.
Por ello, la libertad
absolutoria anterior a la del mayor fue la del coordinador administrativo de la
misma policía preventiva, Germán Vargas Carrillo, en noviembre del 2014, y
antes que él quedaron libres por falta de pruebas para ser procesados el
subdirector operativo, Gonzalo Omar Pérez Rubio; el subdirector de operaciones,
Sergio Casillas Torres, y los jefes de cuadrante Manuel Hernández Mendoza,
Ernesto Alonso Beltrán Álvarez, Joel Armando Salas, Luis Álvarez Rendón,
Fernando Castañeda Labrada, Juan Francisco Mercado de La Torre, y Humberto
Inzunza Cota. También Nicolás Galaviz Vázquez (ya fallecido) y Lucas Villaseñor
Pacheco. Aunque todos recobraron la libertad porque no se acreditaron los nexos
que los ministeriales les endilgaron, ninguno fue reinstalado.
Tras detenerse a los 32
policías, la fiscalía estatal no pudo acreditarle participación alguna a seis
de ellos, y éstos quedaron libres, turnando a la Procuraduría General de la
República (PGR) a 26 agentes que fueron consignados.
En el mismo juzgado que
sentenció a León Horacio Reyes, en aquel entonces liberó a 11 policías por
falta de elementos para procesar y sujetó a proceso a 15. De esos, 13 salieron
en libertad bajo reservas de ley y sólo quedaban en prisión el director y jefe
administrativo, pero estos últimos finalmente tumban la sentencia y son
absueltos.
De acuerdo con los
fiscalistas, el caso fue un escarnio político del gobierno estatal de Mario
López Valdez al alcalde del momento, Zenén Aarón Xóchihua Enciso. Y es que el
entonces diputado local (2010-2013), Francisco Salvador López Brito había
recomendado a Xóchihua Enciso al mayor como director de policía, cargo que
designaba por tradición el gobernador en turno.
López Valdez, en su periodo
de alcalde (2002-2004), también fue exhibido como fomentador del narcomenudeo
por el entonces gobernador, Juan Sigfrido Millán Escalante. En el periodo, la
entonces Unidad de Fuerzas Especiales detectó que patrulleros leales al
entonces director de policía, Genaro García Castro protegían a distribuidores
de droga regenteados por el chihuahuense conocido como el Pariente (Fontes
Molina) iniciándose el desmembramiento de la policía. De ese caso, ningún
policía llegó a sentencia condenatoria, y el jefe de policía nunca fue
investigado.
Ya en tiempos de gobernador,
Mario López Valdez fue exhibido por su escolta personal, Frank Armenta
Espinoza, de utilizar a la Policía Ministerial del Estado para operar en favor
de los líderes del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo e Ismael
Zamabada García, el Mayo. El alfil de López Valdez para la encomienda narca
sería el director de la corporación, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, acusaba
Armenta Espinoza.
León Horacio Reyes recordó
que en noviembre del 2011 les llamaron de parte de Chuy Toño para que se
reunieran en la corporación todos los mandos para planear el operativo
“Guadalupe-Reyes” que cada diciembre se realizaba en carreteras locales y
federales.
Una vez reunidos, todos
fueron detenidos, abordaron a un camión de pasajeros y trasladados a Culiacán,
para su arraigo.
Una vez arraigados, les
informaron que estaban detenidos por un caso de secuestro, pero en realidad se
les integraba una acusación de delincuencia organizada y contra la salud en la
modalidad de fomento del narcomenudeo.
Los testigos de cargo eran ex
policías ministeriales que fueron incrustados como policías municipales en
Ahome, y oficiales preventivos a quienes el propio militar removió de los
cargos, pues en sus cuadrantes se movilizaban grupos armados y se daban
ejecuciones y privaciones de la libertad sin que se realizaran detenciones.
EL EXPEDIENTE
De acuerdo con el proceso
217/2011, los testigos de cargo por declaraciones ministeriales estatales
fueron presuntos narcomenudistas del clan Los Mazatlecos, quienes coincidieron
en testimonios de que todos eran miembros de esa ramificación del Cártel de los
hermanos Beltrán Leyva en la zona norte de Sinaloa.
Señalaron que obedecían
órdenes del jefe Juan Pablo Sánchez Osuna, apodado el Cien, y de Jesús Miguel
Pacheco Samaniego, conocido como el Pecas o el Manchas, y cuyo hombre de
confianza era Irving Carrillo Ochoa, hermano de Germán Carrillo Ochoa,
coordinador de la policía municipal, finalmente asesinado en la sindicatura de
Juan José Ríos.
Aceptaron que Pacheco
Samaniego era quien pagaba la protección policial, incluyendo al director, León
Horacio Reyes, otorgando 5 mil pesos quincenales a cada comandante de
cuadrante, pero desconociendo cuánto se le entregaba al ex militar y a su
administrador para que se les permitiera “trabajar muy a gusto levantando y
matando gente y vendiendo cocaína, mariguana y cristal”.
Los policías ministeriales
incrustados en las filas municipales declararon conocer las líneas de mando de
Los Mazatlecos y haber visto que estos en reiteradas ocasiones entraban a las
oficinas de la corporación cargando bolsas negras en sus manos, y que tras 15
minutos de estar adentro salían sin ellas. Suponían que llevaban dinero.
En esas afirmaciones de
suposiciones, el gobierno malovista inició el escarnio al militar y a su jefe
inmediato, Zenén Aarón Xóchihua Enciso, el alcalde de Ahome.
LA CONEXIÓN CON EL INDIO
En 1997, el ahora mayor León
Horacio Reyes fue detenido por sus propios compañeros de armas y sujeto a
proceso por cohecho, debido a que aceptó cuidarle la plaza a Joaquín el Indio
Zataraín Ontiveros, entonces lugarteniente en Mazatlán para el Cártel de los
hermanos Arellano Félix.
En su momento, Horacio Reyes
aceptó ante Ríodoce que fue detenido por sus propios compañeros por el delito
de cohecho, pero que tras desahogarse el proceso fue absuelto.
Fuentes castrenses dijeron
que en la víspera de la operación, el militar libró el procedimiento instruido
en su contra porque no se acreditó el delito de cohecho debido a que él jamás
recibió un peso del entonces jefe de la plaza de Mazatlán del Cártel de los
hermanos Arellano Félix, Joaquín el Indio Zataraín Ontiveros, sino que fue uno
de sus cuñados quien habría aceptado 50 mil pesos para que León Horacio Reyes
le respetara Mazatlán, tras que el militar fuera cambiado de Culiacán hacia el
puerto, en 1997.
El ahora mayor nunca ocupó la
guarnición militar porque en el viaje fue detenido por sus compañeros de
inteligencia, que interceptaron una llamada comunicando el acuerdo y la
transacción monetaria.
(RIODOCE/ Luis Fernando Nájera/ Los
Mochis en 8 mayo, 2017)
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