Tres empresas buscan instalar tres
parques eólicos en Unión Hidalgo, Oaxaca, sin la consulta y el consentimiento
de la comunidad zapoteca propietaria de las tierras, lo cual viola sus
derechos, acusó la organización ProDESC. En los últimos años, el incremento de
parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec ha representado un
aumento a las violaciones de los derechos humanos de las comunidades que
habitan en la zona, como el derecho a la consulta y al consentimiento libre,
previa e informada. En paralelo, se han registrado casos de hostigamientos y
amenazas en contra de las comunidades.
Ciudad de México, 21 de marzo
(SinEmbargo).– Las empresas Eléctrica del Valle de México (propiedad de la
paraestatal francesa EDF), GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión
(oaxaqueña) buscan este año instalar tres proyectos eólicos y una subestación de
almacenamiento de energía, sin antes haber consultado a los propietarios
“legales y ancestrales” de las tierras de la comunidad zapoteca de Unión de
Hidalgo, al sureste de Oaxaca, alertó la organización civil ProDESC con base en
declaraciones de las autoridades estatales y municipales.
Para prevenir las violaciones
a derechos humanos –ya ocurridas desde 2011 con la empresa Desarrollos Eólicos
Mexicanos (DEMEX) en ese mismo municipio, y documentadas por la organización–,
casi 800 firmantes entre comuneros y habitantes presentaron un amparo en los
Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las
autoridades federales, estatales y municipales les otorguen concesiones a esas
firmas sin su consentimiento.
“El Comité de Resistencia, la
Asamblea de Comuneros y habitantes de Unión Hidalgo exigen que no se inicie con
la construcción de estos tres parques porque no se están llevando acabo las
consultas en la comunidad. Se solicitó una suspensión para que no se otorgue
ningún permiso a las empresas hasta que no se realice una consulta libre,
previa e informada apegada a los más altos estándares en derechos humanos
indígenas contenidos en diferentes tratados internacionales”, aseguró Juan
Antonio López, Coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC.
También se busca un diálogo
directo con la comunidad para informarles sobre las afectaciones que pudieran
implicar los proyectos y con ello puedan decidir. López explicó que con la
instalación de los parques se pueden causar daños ambientales porque hay
deforestación en las tierras. Para la instalación de un solo aerogenerador se
necesitan toneladas de cemento, lo cual se riega hacia la superficie y las
dejan prácticamente inservibles para siembra y pastoreo, dijo.
El Verde abrió “temporada de saqueo” de
recursos naturales con su nueva Ley, alertan ONGs
La actividad principal de
esta comunidad zapoteca es el campo, mediante el cultivo de maíz, sorgo, mango
y sandía, y la pesca en el río homónimo y en la costa.
El Gobernador de Alejandro
Murat Hinojosa en Oaxaca y el Presidente Municipal José López de la Cruz,
quienes han anunciado la instalación de los tres parques eólicos, deben regirse
bajo los más altos estándares de derechos humanos, brindar y asegurar certeza
jurídica y acceso a la justicia para las comunidades que de manera legal y
pacífica se encuentran en procesos de defensa de su tierra, territorio, bienes
naturales y usos y costumbres, demandó la organización civil.
“Hay una violación clara a
los derechos humanos [consulta informada, usos y costumbres, ambientales] dado
que los permisos y contratos que se vayan a otorgar por las autoridades
federal, estatal y municipal no están cumpliendo con el requisito indispensable
de consultar a la comunidad indígena afectada de manera libre e informada para
busca el consentimiento y dar certeza jurídica. Eso es un derecho contemplado
en tratados internacionales”, reiteró el abogado.
En 2004, la empresa
Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX), subsidiaria de la española Renovalia
Energy, llegó a Unión Hidalgo, atraída por las condiciones de viento del área.
Buscaba instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga para enviar energía a Grupo
Bimbo, pero el territorio es de propiedad comunal.
ProDESC documentó que la
compañía violó la legislación, coludió a notarios públicos y luego de obtener
la concesión de la Secretaría de Energía (Sener) y el permiso de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), representantes de DEMEX acudieron a los
domicilios de los propietarios de las tierras para, de 2006 a 2011, hacerlos
firmar contratos que no estaban traducidos al zapoteco, su lengua materna, y
que tampoco explicaban los alcances o afectaciones del proyecto.
“Derivado de las acciones de
defensa a sus derechos humanos, los integrantes de la Asamblea de los Pueblos
Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio
(APIITDTT) y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo han
sido objeto de actos violentos y amenazas en su contra. Ante estas acciones, se
han interpuesto denuncias penales por el delito de amenazas, lesiones, disparo
de arma de fuego y ataque, y se han implementado medidas cautelares por parte
de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca”, denunció la organización civil ProDESC.
Por ese motivo los posesionarios
de Unión Hidalgo interpusieron una demanda para solicitar la nulidad de esos
contratos. Este proceso aún continúa en los tribunales porque no se ha
determinado la nulidad de contratos, los cuales fueron violados por la empresa.
ProDESC está esperando la sentencia del amparo directo interpuesto en diciembre
ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Oaxaca, afirmó hoy el abogado Juan
Antonio López.
En los últimos años, el
incremento de parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec ha
representado un aumento a las violaciones de los derechos humanos de las
comunidades que habitan en la zona, como el derecho a la consulta y al
consentimiento libre, previa e informada. A la par, se han registrado casos de
hostigamientos y amenazas en contra de las comunidades.
CASO DE DEMEX: NO SABÍA QUÉ ES UN PROYECTO EÓLICO
En el campo, la realidad: “no sabía qué
cosa es un proyecto eólico. Fuimos engañados”
Hace más de 10 años,
representantes de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX) llegaron a
casas de los propietarios de tierras en Unión Hidalgo, Oaxaca, para ofrecerles
beneficios económicos y la posibilidad de seguir trabajando en su parcela a cambio
de la renta de su terreno. Buscaba instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga.
Sin embargo, la empresa
incumplió los acuerdos. En 2011 la comunidad confirmó un Comité de Resistencia
y en 2013 los comuneros demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario de
Tuxtepec la nulidad del contrato. El proyecto eólico acumula ya varios años
operando.
“Estoy arrepentido de haber
firmado el contrato [de renta de su tierra]. Yo no quería… Nomás nos ha traído
muchos problemas”, aseguró el campesino Alejandro Ruiz.
De acuerdo con el contrato,
la compañía ofreció un pago de renta por el uso de sus tierras comunales de 250
pesos anuales por hectárea. Pero al convertirlas ilegalmente a propiedad
privada, los campesinos deben pagar un impuesto por predial de más de mil pesos
por la supuesta tenencia individual de la tierra –a pesar de tratarse de
territorio de propiedad social–, lo cual les impide solicitar créditos.
Comuneros han acusado
engaños, intimidación, agresiones y violaciones a sus derechos humanos durante
este proceso.
“Uno no sabía qué cosa es un
proyecto eólico”, dijo Alejandro Ruiz, quien va a trabajar todos los días al
campo para sembrar maíz y sorgo. “Fuimos engañados. Nos dijeron que nos iba a
ir bien y firmé sin conocer qué era el contrato de arrendamiento”, aseguró.
La empresa también prometió a
los comuneros que podrían seguir trabajando en sus campos sin obstáculos. No
obstante, ante la presencia de cables entre los aerogeneradores, es riesgoso
acercarse, por lo que DEMEX colocó seguridad privada para vigilar el acceso a
sus cultivos.
De acuerdo con la página de
Grupo Bimbo, su cliente principal, el parque eólico tiene 45 aerogeneradores y
genera 800 empleos directos. Pero, expuso Alejandro Ruiz, ninguno de ellos es
para los miembros de la comunidad. Sólo durante la construcción del proyecto
hubo contrataciones temporales.
El proyecto abastece
anualmente una demanda de 38 megawatts y genera 333 Gigawatts-hora. Suministra
a más de 100 instalaciones en México incluyendo el Papalote Museo del Niño.
“Si no hubiera llegado este
proyecto, mi vida no hubiera cambiado. No es una empresa que venga a traer
cosas buenas a la población. Al contrario”, finalizó el campesino Alejandro
Ruiz.
Empresas violan derechos de pueblos
indígenas de Yucatán y Oaxaca, y Ley federal lo legitima, acusan
(SIN EMBARGO.MX/ DULCE OLVERA MARZO 21,
2017 - 6:00 PM)
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