NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).-
Para concretar la venta de un Taurus 2012, Joel Sebastián Cancino, de 48 años,
salió de Reynosa rumbo al municipio vecino de Díaz Ordaz al filo de las 2 de la
tarde del 22 de julio pasado.
Cerca de las 16:00 se
comunicó con su familia para avisar que ya había vendido el auto en 17 mil
pesos, y les pidió vinieran a recogerlo. Quedó con su hijo menor y una de sus
trabajadoras de esperarlos frente al motel Buda, ubicado muy cerca de la carretera
que conecta a Díaz Ordaz con Reynosa.
Alrededor de las 17:00 horas
arribó su hijo al sitio indicado acompañado de la mujer. En la zona se
registraba una gran movilización de vehículos y helicópteros de la Marina
Armada de México.
Metros antes de estacionarse
frente al hotel, observaron cuando efectivos de la Marina interrogaban
brevemente a Sebastián Cancino para luego subirlo con violencia a una de sus
unidades, donde llevaban a otras personas detenidas.
Horas después su esposa
comenzó el peregrinar por diversas dependencias para localizar a su marido,
donde le negaban que estuviera preso. Dos días posteriores a su “detención” fue
localizada una camioneta abandonada en una bodega en un ejido cercano a Díaz
Ordaz.
Joel Sebastián apareció
incinerado junto con otro hombre, quien fue identificado como Jonathan Camacho
Perales. Las autoridades aseguraron que era Cancino porque encontraron su
cartera cerca del vehículo, intacta, con su identificación del IFE, tarjetas de
créditos de tiendas departamentales, licencia de conducir, etcétera.
13 MUERTOS EN TIROTEOS
Un día antes, el 21 de julio
pasado, se registró un enfrentamiento entre presuntos miembros del Cártel del
Golfo y policías federales en la comunidad rural de Raúl Muñiz, aledaña a
Reynosa. Pistoleros que se desplazaban en cuatro vehículos intercambiaron
disparos con los uniformados. Los tripulantes de tres de los vehículos lograron
escapar, pero los del cuarto se enfrascaron en un nutrido tiroteo con los
agentes. Al final de la refriega se reportó un saldo de siete presuntos
miembros del CDG abatidos.
Para la mañana siguiente se
registró una intensa movilización de fuerzas federales y estatales encabezadas
por la Marina para localizar a los hombres que huyeron en los tres vehículos.
Los efectivos buscaban en zonas aledañas a Díaz Ordaz y el operativo se
extendió por toda la Frontera Chica hasta el municipio de Camargo.
En un camino vecinal de Díaz
Ordaz, militares se toparon con presuntos sicarios que trataban de deshacerse
de un cuerpo. Al verse descubiertos, los pistoleros comenzaron a disparar
contra los elementos castrenses. La información que trascendió a la prensa fue
que los pistoleros abordaron dos vehículos que “repentinamente se incendiaron”.
Al menos seis hombres murieron incinerados, aseguró el parte oficial.
El portal estadunidense
Breitbart Texas reportó que fuentes policiales le aseguraron “que los militares
habían utilizado un lanzagranadas durante el enfrentamiento”.
Posteriormente se localizó la
bodega donde estaban Cancino y un segundo hombre calcinados.
Sobre ese hallazgo, el Grupo
de Coordinación Tamaulipas (GCT) se concretó a informar en un escueto
comunicado: “A las 9:00 horas del sábado 23 de julio se reportó que en una
bodega abandonada y ubicada en el poblado de Valadeces, perteneciente al
municipio de Gustavo Díaz Ordaz, se encontraban los cuerpos calcinados de dos
personas a bordo de un tractocamión”.
“Hasta el momento los cuerpos
no han sido identificados. Se desconocen las causas del incidente y quién o
quiénes hayan sido los autores del mismo. Personal de la Policía Ministerial
Investigadora del municipio de Miguel Alemán y elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional tomaron conocimiento de los hechos”.
OPERATIVO PARA “LEVANTAR” CIVILES
Durante la movilización
militar de los días 22, 23 y 24 de julio pasado, los efectivos de la Marina
“levantaron” en el municipio de Díaz Ordaz, en Camargo y otros de la Frontera
Chica al menos a una veintena de personas.
Sobre esa redada nada se
informó. Esos operativos de la Marina, policías federales y estatales para
privar de su libertad a civiles y los choques a tiros eran una más de las
cotidianas escenas de violencia que se registran en Tamaulipas.
Esos hechos pasaron
inadvertidos para la mayoría de la sociedad mexicana gracias al millonario
presupuesto que manejó durante la administración del exgobernador Egidio Torre
Cantú el director de Comunicación Guillermo Martínez, con el cual compró a los
dueños de los medios locales y destinó onerosos contratos de publicidad para la
“prensa nacional”.
Posteriormente de las
capturas de la Marina y la policía estatal, decenas de familiares de los
detenidos se presentaron ante las autoridades ministeriales de Díaz Ordaz en
busca de ayuda para localizar a sus parientes.
Es el caso de Dionisia
Galaviz Olivares, de 57 años, quien busca a su hijo Emilio Saavedra Galaviz, de
23 años, detenido a las 21:30 del viernes 23 de julio de 2016 en el ejido
Puertecito, del municipio de Camargo, cuando se encontraba conviviendo con su
hermano y otro amigo.
Los efectivos militares
liberaron al amigo y al hermano, pero Emilio Saavedra fue golpeado y se lo
llevaron detenido.
Galaviz Olivares denunció que
los militares amenazaron con causar daño a su familia si hacía públicos los
hechos. Hasta ahora se desconoce su paradero.
Emily Lizbeth Rentería Lerma,
de 17 años, también se presentó al MP de Díaz Ordaz para denunciar que su
esposo Juan Antonio Díaz Bocanegra, de 23 años, se encontraba descansando en su
casa del ejido Marte R. Gómez, cuando cerca de las 8:30 horas del viernes 23 de
julio llegaron tres patrullas y una camioneta blanca Chevrolet Tahoe blanca,
donde los policías se llevaron a su cónyuge.
Los efectivos policiacos
también amenazaron con regresar por ella y su familia si denunciaban los
hechos.
Otra de las víctimas, Arely
Treviño Salazar, de 18 años y esposa de Jonathan Camacho Perales, de 28,
denunció ante las autoridades que se encontraban en el ejido Lucio Blanco
cuando a las 2:00 horas del jueves 22 arribaron presuntos elementos de
seguridad, quienes se llevaron a su marido.
Dos días después Camacho
Perales fue localizado incinerado junto con Joel Sebastián Cancino. Fue
identificado debido a que sus credenciales también aparecieron intactas en una
zona de la bodega.
Arely Treviño desconfió de
que el cuerpo incinerado que le entregaron fuera el de su esposo y solicitó a
la delegación de la PGR en Reynosa que se realizara la prueba de ADN.
Entre los desaparecidos del
23 y 24 de julio del 2016 se encuentran también dos ciudadanos extranjeros: un
estadunidense llamado Cenobio Guerra Gutiérrez y un joven originario de Costa
Rica, Sergio Ricardo Jiménez Fallas, quien también apareció calcinado.
El Consulado de Estados
Unidos en Matamoros se comunicó con la delegación de la PGR en Reynosa para
conocer sobre el paradero de Guerra Gutiérrez, mientras que la embajada de
Costa Rica buscó a Sergio Ricardo Jiménez.
“Las madres y esposas de los
detenidos coincidieron en manifestar que si sus familiares cometieron algún
delito que se les aplique la ley, pero que no los desaparezcan o los maten en
ejecuciones extrajudiciales”, publicó en esos días el diario El Mañana de
Reynosa.
Las familias igual anunciaron
que solicitarían ayuda de la CNDH para localizar a sus familiares, ya que no
confiaban en las autoridades locales para buscar justicia.
Sobre los casos de los
desaparecidos en Díaz Ordaz, la CNDH no respondió la petición de Apro para
conocer cuántas denuncias tienen sobre desaparecidos en ese municipio.
CADENA DE IRREGULARIDADES
A diferencia de la capital
del país, donde medios de comunicación, organizaciones civiles y políticos
exigen que los militares dejen de vigilar las calles, en Tamaulipas –y la
región noreste–, los ciudadanos inician sus jornadas escribiendo en sus redes
sociales bendiciones y oraciones para los efectivos de la Marina y Ejército
Mexicano, ya que los consideran la única opción para combatir la inseguridad y
la violencia que provocan el crimen organizado.
No obstante, esa confianza se
continúa perdiendo día a día debido a los constantes “daños colaterales” y a
las “equivocaciones” en las que los militares cotidianamente confunden a
ciudadanos inocentes con criminales, durante sus operativos para combatir a los
delincuentes.
En los casos de los detenidos
por la Marina que posteriormente aparecieron incinerados existe una cadena de
irregularidades para encubrir que fueron capturados por las fuerzas federales.
La Justicia Militar ya
investiga el caso en la carpeta de investigación CI-SGJN/SC/NADV/2016-1.
Apro solicitó a la Secretaría
de Marina información sobre la investigación, pero el departamento de
comunicación no respondió a la petición que se hizo por escrito.
Además de ocultar el caso,
autoridades de la PGR pusieron en marcha todo tipo de argucias para presentar
como criminales a los desaparecidos y a los civiles que aparecieron calcinados.
Destaca el caso de Sebastián
Cancino. La autoridad que debió investigar su asesinato era la PGR. No sobra
decir que no realizó alguna investigación.
Peor aún, la fiscal Viridiana
Guadalupe Pérez Merinos de esta dependencia se atribuyó funciones que no le
correspondían y giró oficios al Registro Civil para que aceptara actas de
defunción con irregularidades sobre los fallecidos Sebastián Cancino y del
joven costarricense.
En un oficio de la delegación
de la PGR, la fiscal Pérez Merinos ordena al oficial de Registro Civil de
Reynosa:
“Gire sus amables
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se reciban los certificados
de defunción con número de folio 160708377 y 160708378, modelo 2016, expedidos
por la Secretaría de Salud, a nombre de los CC Joel Sebastián Cancino y Sergio
Ricardo Jiménez Fallas respectivamente; a fin de que conforme a sus facultades,
dé el trámite correspondiente a las respectivas actas de defunción”.
Las actas de defunción que la
fiscal ordenó dar tramitar ni siquiera registraron la fecha de su muerte, entre
otras irregularidades.
La fiscal también se encargó
de presentar a los ciudadanos inocentes como miembros del crimen organizado.
El resto de las autoridades
de Tamaulipas también protegieron a los marinos y los policías que
desaparecieron a los más de 20 “detenidos”.
En una de las múltiples
quejas, la número 227/2014, que se presentó ante la Comisión de los Derechos
Humanos de Tamaulipas por casos similares a los de Díaz Ordaz, se precisa:
“Agentes de la policía
estatal intervinieron en su desaparición, pero en la Secretaría de Seguridad
Pública se niegan a proporcionar los datos de identidad de los policías que
laboraron el día de los hechos, argumentando que es información confidencial”.
Esa era la constante durante
la gestión de Egidio Torre Cantú. Desde la Procuraduría de Justicia se
desalentó a que las familias denunciaran a sus parientes desaparecidos. Les
recomendaban que no lo hicieran porque podría ser peligroso para ellos. Incluso
muchos casos quedaron registrados con otros delitos como “robos”.
A pesar de los intentos de
borrar de las estadísticas la violencia, Tamaulipas es la entidad del país con
la mayor cantidad de personas de quienes se desconoce su paradero.
Las familias tamaulipecas
padecen una gran tragedia humanitaria con padres, hermanos e hijos
desaparecidos, ya que desde el 2010 a la fecha han desaparecido oficialmente
más de 5 mil 450 personas.
Las organizaciones de
derechos humanos estiman que al menos existen unas 2 mil víctimas más cuyos
casos no fueron denunciados, y por lo tanto no son reconocidas así por las
autoridades.
Algunos de los familiares de
Díaz Ordaz afectados decidieron hacer a un lado el miedo y los obstáculos que
les impusieron desde la PGR y la SSP, a y ahora preparan denuncias contra los
funcionarios ante la justicia federal y exigen al gobierno de Francisco Javier
García Cabeza de Vaca que cumpla su palabra de atender los casos de los miles
de desaparecidos.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JUAN
ALBERTO CEDILLO/ Seguir a @JuanACedillo Twitter Facebook Pinterest/ 27 FEBRERO, 2017)
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