LA NARCOPOLICÍA DE DUARTE TAMBIÉN SEPULTABA CUERPOS

XALAPA, Ver. (apro).- Pedro Huesca Barrada, exfiscal investigador especializado del gobierno de Javier Duarte y adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina-Armada de México, mediante el extinto Operativo Veracruz Seguro, se convirtió –sin saberlo– en el primer mártir en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en la administración del priista.

El exfiscal fue “levantado” el 15 de abril de 2013 en Ciudad Cardel, junto con su oficial secretario Gerardo Montiel Hernández, por parte de policías estatales de la SSP y grupo de sicarios.

Justo ahora que faltan menos de tres meses para que se cumplan los cuatro años de su desaparición, los cráneos de ambos exservidores públicos fueron encontrados en un cementerio clandestino ubicado en un predio de 14 hectáreas, localizado a espaldas de la colonia Colinas de Santa Fe, en el llamado kilómetro 13.5 de una zona urbana que rodea al recinto portuario de Veracruz.

Todavía hasta mediados del año pasado el sistema de recompensas de la PGR ofrecía incentivos monetarios a quienes dieran datos concretos para dar con el paradero de Pedro Huesca y Gerardo Montiel.

Los exámenes de ADN de los familiares de ambas víctimas dieron “positivo” con el de dos cráneos encontrados en una de las 105 fosas halladas hasta el momento en ese panteón ilegal, el cual se creía que era utilizado por células delincuenciales de Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero que con la exhumación de los dos exfuncionarios de la desaparecida PGJE que fueron víctimas de desaparición forzada, se comprueba que elementos de la SSP también utilizaban dicho predio para “enterrar” y “desaparecer cuerpos” por su cuenta o con contubernio con sicarios del narcotráfico.

Hace poco integrantes del Colectivo Solecito, que aglutina a familiares de personas desaparecidas, ya habían advertido a la prensa su molestia de que a las fosas de Santa Fe se les llamara “narcocementerio”, porque eso significaba “deslindar” de cualquier responsabilidad a las autoridades policiacas que pudieron estar involucradas por omisión o complicidad.

“SÓLO DENME SUS HUESOS”

Griselda Huesca, madre del exfiscal investigador adscrito al programa Veracruz Seguro, sólo exige una cosa: rapidez a la Policía Científica y a la Fiscalía General del Estado (FGE) en la identificación de restos óseos, con el fin de que le entreguen los de su hijo y darles cristiana sepultura.

La mujer recrimina que el martes pasado únicamente recibió una llamada de la Fiscalía, exigiendo que “ese mismo día” “se presentara” en el puerto de Veracruz, pues le darían “avances” en la investigación del “caso de tu hijo”.

“Quiero que me entreguen un hueso, su cráneo, algo donde pueda llorarle y decir aquí está mi hijo”, expresa Griselda, madre de Pedro, quien durante el primer y segundo año de su búsqueda se cansó de hablar con los exprocuradores Amadeo Flores y Luis Ángel Bravo para que agilizaran las investigaciones que dieran con el paradero de su hijo y también de tocar las puertas del entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Lo más que pudo lograr fue que Enoc Maldonado, exasesor de ambos exfiscales, la recibiera por tres minutos para decirle de botepronto: Ya agarraron a uno que confesó (sic) que los habían asesinado. No sé, creo (sic) que se los llevaron para dar un paseo, ya traían instrucciones”. Griselda ya no quiso escuchar más, bajó gritando y llorando los tres pisos de la entonces Procuraduría y se fue.

Mejor no le fue en el quinto piso de la SSP, pues ahí tras horas de incertidumbre su titular Arturo Bermúdez las recibió a ella y a su nuera Yuriria Rodríguez así: “Mis viudas… ¿cómo están mis viuditas?”.

En la oficina también estaban familiares de policías desaparecidos en distintas circunstancias. Con prepotencia y fastidio, Bermúdez pidió que “ya no preguntaran” por sus seres queridos y mejor aceptaran una pensión de la SSP, así como otras prebendas en bienes inmuebles, incluso trabajo, con tal de que no hicieran “escándalo en los medios”.

Al pasar los años, Yuriria Rodríguez –viuda de Pedro Huesca– aceptó un terreno y un trabajo en la FGE, aunque Griselda Huesca siguió en la lucha por saber el paradero de su hijo y se adhirió al Colectivo Solecito. (“El infierno de Javier Duarte. Crónicas de un gobierno fatídico”, página 103, de Noé Zavaleta).

Además de incomodar al CJNG, Huesca también afectó intereses de Los Zetas y servidores públicos del entonces gobierno de Duarte, tal como se destacó en la edición 1881 del semanario Proceso con el reportaje “Los Zetas hacen de Córdoba su feudo y refugio”, firmado por el periodista Jorge Carrasco, donde se devela un entramado de funcionarios estatales, municipales, subprocuradores de justicia, y empresarios al servicio del crimen organizado, según la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz y rubricada por Huesca Barradas.

Ahí se detalla cómo en la detención de Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango –identificados como zetas– aluden a que en complicidad con ellos “trabajan” y “apoyan sus actividades” entre otros María Isabel Hernández Cruz, agente del MP en Córdoba; Abraham Becerril Hernández, subprocurador de Justicia en Córdoba; Marco Antonio Lezama Moo, exsubprocurador en Córdoba –hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia a propuesta de Javier Duarte–, y Jorge Yunis Manzanares, exsubprocurador regional de Justicia en Coatzacoalcos y “dado de baja” de la FGE en el 2015.

SINERGIA SSP-CJNG

Griselda Huesca habla con voz pausada aunque se agita su respiración cuando los recuerdos traen a su mente escenas de dolor: “No me cae aún el veinte de que ya dieron con mi hijo si no puedo ver sus restos. Yo no creo en la justicia humana, no creo en la justicia de los hombres, hay una divina y a ésa me aferro”.

La madre de Pedro Huesca recuerda que desde que buscó al Colectivo Solecito sólo en tres ocasiones pudo ir a realizar trabajos de excavación en Colinas de Santa Fe, no por desidia, despreocupación o falta de compromiso, sino por terror.

“Me ponía muy mal, me dolía mucho la cabeza de ver tanta fosa, cada que se abría algo y siempre se encontraban restos… y tú como madre piensas que aquí puede estar mi hijo, y así pasó”, solloza.

Durante 45 meses la investigación ministerial 272/13 y ampliada en la Fiscalía de Asuntos Especiales –dirigida por el propio Enoc Maldonado– con el folio FAE/06/2013 y que derivó en la causa penal 49/2013, en el Juzgado Primero de Primera Instancia del Puerto de Veracruz (expedientes a los que tuvo acceso Apro) mantuvo en “secrecía” a los detenidos por la “desaparición” de Huesca Barradas y su oficial secretario, pero sobre todo su modus operandi, que exhibía la sinergia para trabajar, al margen de la ley, a los presuntos integrantes del CJNG y a elementos de la SSP.

Maldonado Caraza, por ejemplo, no especificó a la madre de Pedro Huesca a qué “detenido” aludía en la filtración sobre que el fiscal especializado había sido asesinado, si se refería a Obed Pulido Murrieta El Cocho (halcón), Josué Acosta Isidoro El Tortuga (sicario) o Alberto Lewis El Pantera (jefe de plaza en esa región), presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quienes tenían la encomienda de llevarse al “licenciado Huesca”.

“Según El Pantera me comentó que me necesitaban para un evento que consistía en levantar a un licenciado, que esta persona se transportaba en una unidad Cheyenne, color blanca, 4 puertas, y que tenía que vigilar tanto el domicilio como los movimientos del licenciado. El Pantera me dijo que ese licenciado se las debía al jefe del cártel que está en Veracruz, desconociendo el nombre de dicha persona”, refiere la declaración de El Cocho en la FAE/06/2013.

Sus aseveraciones fueron respaldadas y acompañadas en la carpeta de investigación con conversaciones de Whatsapp de teléfonos Xperia (Telcel) y Blackberry (Movistar), en donde Obed Pulido también “halconeaba” movimientos de elementos de la Armada de México.

El 15 de abril del 2013, día del “levantón” de Pedro Huesca y de Gerardo Montiel, se agregó a dicha misión, para garantizar la efectividad del operativo, el comandante de la SSP Víctor Sandoval, a bordo de una unidad oficial de la Policía Estatal, junto con otros elementos de la corporación.

Dos años y medio después Sandoval fue incriminado por el oficial Rubén Pérez Andrade –con prisión preventiva por desaparición forzada– como responsable del destino del exagente del MP y su oficial secretario.

“En Cardel hubo problemas con un agente del MP. Supuestamente lo levantaron en una camioneta de la Policía Estatal. Hubo un tiroteo en Cardel (cinco balazos), llegó una patrulla y levantaron al MP, al parecer estuvo involucrado el comandante (Víctor) Sandoval”, se lee en la declaración ministerial de Rubén Pérez.

Sandoval fue muy cercano al delegado regional de la misma corporación, Marcos Conde Hernández, hoy preso en un penal de máxima seguridad como presunto responsable de la desaparición forzada y posterior asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca: José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años, crímenes que sacudieron a la sociedad de Veracruz y traspasaron las fronteras del país.

En dicha región del Sotavento y de la Cuenca del Papaloapan las ligas de Marcos Conde y de sus policías cercanos con la delincuencia organizada han quedado de manifiesto en diversos actos.

En la Fiscalía General del Estado (FGE) se solicitaron datos para conocer el estatus de los detenidos por la desaparición de Huesca Barradas (prisión preventiva, sentenciados o cárcel con amparo tramitado), así como si a los policías incriminados ya se les abrió una causa penal extra, sin embargo, el fiscal Jorge Winckler apeló a la secrecía de la investigación, por lo que no argumentó que podía dar la información.

Mientras tanto, Griselda Huesca reprocha el “tortuguismo” con el que durante casi cuatro años actuó la extinta PGJE, hoy Fiscalía, para dar con los restos de su hijo.

“No me cae el veinte, no entiendo, ¿por qué tanto tiempo? y ¿por qué hasta ahora? Cómo me pudo suceder esto, y si ya apareció y es una seguridad que es él, que me lo entreguen… pero me dicen que hay trabas, que se necesita otro ADN, que los demás restos óseos no están aún bien analizados. Ya pasaron casi cuatro años y el expediente siempre estuvo como al principio, nadie de la PGJE se acercó a mí”, acusa Griselda Huesca.

El cementerio clandestino de Santa Fe en el puerto de Veracruz ha sobrepasado por mucho el impacto de los 17 narcocementerios hallados en distintas regiones durante el sexenio de Duarte de Ochoa, este panteón ilegal fue descubierto a raíz de que madres del Colectivo Solecito recibieron un “regalo” de la delincuencia organizada, el pasado 10 de mayo: A través de copias de croquis y mapas dibujados a mano, en hojas de papel bond, con decenas de cruces marcadas en dicho predio se pudo dar con la ubicación del mismo.

A la fecha se han encontrado un total de 105 fosas “positivas”, 47 de ellas ya procesadas por la Policía Científica, con 111 cráneos y 6 mil 33 restos óseos hallados en un radio de tres hectáreas de 14 por explorar, además de 740 pruebas de ADN realizadas a familiares de personas desaparecidas, las cuales tardarán de tres a seis meses en dar resultados.

En la Ciudad de México, en la Subsecretaría de Gobernación y Derechos Humanos de Segob, colaboradores de Roberto Campa y de la propia Policía Científica estiman que en dicho predio podría haber hasta 600 osamentas de personas desaparecidas. La búsqueda real apenas comienza.

(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL /NOÉ ZAVALETA/ 23 ENERO, 2017)