EL DESFALCO DE MALOVA

ASE encuentra malversación de recursos federales, contrataciones irregulares, obras pagadas sin terminar, desvío de recursos, retenciones salariales…

Endeudamiento, desorden administrativo por irregularidades y deficiencias, obras pagadas y sin terminar, retenciones a trabajadores que no se enteraban, dinero de programas federales que entraban al gasto corriente, entre otras observaciones que ameritan sanción, encontró la Auditoría Superior del Estado al revisar la Cuenta Pública del gobierno de Mario López Valdez del primer semestre de 2016.

La insuficiencia financiera del gobierno estatal  por cuatro mil 468 millones de pesos en deudas a corto plazo es el primer dato que destaca la ASE en su informe de resultados: “No cuenta con recursos suficiente para solventar pasivos a corto plazo”.

La auditoría se concentró, en una revisión aleatoria, en las secretarías de Administración y Finanzas, Desarrollo Económico, y Obras Públicas.

En los hallazgos de la ASE se reportó la existencia de subcuentas en número rojos, retenciones y cuentas por pagar, retenciones de Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Sobre Nóminas que no se enteraron en su totalidad.

IRREGULARIDADES POR DOQUIER

La ASE no aceptó la decisión el gobierno estatal de contratar la emisión de 700 mil licencias, suficiente para cubrir la demanda por 28 meses, porque consideró que solo se debería hacer la adjudicación directa para atender en la cantidades y conceptos estrictamente necesarios para atender la eventualidad que se produjo por la recisión del contrato con el proveedor Soluciones Integrales Fortuna S.A., que había ganado la licitación pública, pero a quien se le detectó el uso de material de baja calidad.

En el caso de la contratación de arrendamiento puro para la renta de vehículos, la ASE determinó que los expedientes no integraron una justificación que justificará la elección del arrendamiento de vehículos, en lugar de adquirirlos mediante financiamiento a través de agencias automotrices. Durante la realización de la auditoría, la Dirección de Bienes y Suministros proporcionó a la ASE documentación sin fecha ni membrete, y no dio información de pros y contras del arrendamiento financiero contra el arrendamiento puro.

Para la ASE no existe evidencia que haya sido presentada la documentación ante el Comité Intersecretarial de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, por lo que no se considera suficiente para solventar esta observación y promovió una responsabilidad administrativa sancionatoria.

La ASE también emitió un reporte sobre observación sancionatoria en 2015 y trabaja en darle seguimiento de observaciones a cuentas públicas de 2013 y 2014 al expediente derivado de la adjudicación  directa realizada por la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa, con los proveedores “Cangnan Riwong Craft Logo CoLimited” y “Accesos Holográficos, S.A. de C.V.” por 331 millones 583 mil y 52 millones 200 mil, respectivamente, por concepto de juegos de placas para el transporte público y privado, tarjetas de circulación, calcas, recibos de pago y permisos provisionales para circular, y sistema de lectura y validación de códigos.

En la revisión de la participaciones a municipios por concepto de tenencia estatal, la ASE detectó  una diferencia de cinco millones 653 mil de pesos, entre las cifras entregadas a los gobiernos municipales y lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

La cuenta bancaria  aperturada en Bancomer 0102372495 para el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples generó intereses de abril a junio por 46 mil 045 pesos, pero no fueron registrados en las cuentas contables.

En materia de reasignaciones federales, la ley exige que los recursos recibidos sean administrados en una cuenta especial, sin embargo la Secretaria de Administración y Finanzas depositó los importes en  cuentas bancarias que usaba para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Rural (APARURAL) y el Programa de Aguas Potable, Alcantarillado Urbano APAUR.

En la auditoría se encontró también que la Secretaría de Administración y Finanzas retiró recursos de 15 cuentas bancarias que debiesen ser de uso exclusivo para Programas de Reasignaciones Federales por un importe de 10 millones 223 mil pesos para depositarlos en una cuenta de Banorte 414583663, la cual era usada para recursos propios. Los movimientos fueron considerados por la ASE como un desvío de recursos.

En materia de adquisiciones la ASE observó que la compra que hizo DIF estatal por concepto de desayunos escolares fríos por un total de 59 millones de pesos, con Triguideal S.A. Compañía Alimenticia Rivera Romo, S.A., por dos millones 710 mil pesos; Clank, S.A. de C.V., Distribuidora de Alimentos Nuve S.A. de C.V. por 3 millones  y AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales, S.A. de C.V. por dos millos 921 mil pesos, contraviene la bases de la propia licitación que se lanzó, debido a que estas empresas no están en el padrón proveedores del gobierno estatal.

RETENCIONES A TRABAJADORES

En las irregularidades encontradas que ameritan una observación sancionatoria destacan la retenciones efectuadas en nómina a los trabajadores por concepto de servicios personales (seguros de vida, préstamos, cuotas y aportaciones de seguridad social, y sindicatos), que no fueron enteradas en su totalidad.

El gobierno estatal ha descontado a sus trabajadores aportaciones para el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, pero no han sido pagados. A la fecha de la auditoría, el gobierno estatal ya sumaba 998 millones 332 mil pesos de adeudos.

En materia de retenciones a trabajadores, el gobierno estatal entregó cuentas incompletas por concepto del pago de seguro Metlife S.A., un seguro que de manera voluntaria los empleados contratan. La administración estatal descontó por nómina a los trabajadores 51 millones 382 mil pesos, pero solo pagó a la aseguradora 30 millones 617 mil pesos, quedando pendiente por tanto un total de 20 millones 764 mil pesos.

Un caso más son los seguros contratados por los trabajadores del gobierno estatal con la empresa Magistral Agente de Seguros S.A. de C.V., en la que se cubrió 14 millones 377 mil pesos, pero quedó debiendo cuatro millones 094 mil pesos.

En la lista de retenciones a trabajadores que no fueron pagados por el gobierno estatal, figuran también unos créditos voluntarios con la empresa Promobien S.A. de C.V., bajo cuyo concepto se les descontó a los trabajadores dos millones 522 mil pesos, pero la administración estatal solo reportó un millón 961 mil pesos.

Está también el caso de la empresa Wac de México S.A. de C.V. Sofom ENR, quien estableció un contrato con trabajadores de gobierno para obtener créditos voluntarios. El gobierno estatal descontó, por concepto de un pago quincenal, un total de 8 millones 944 mil pesos, pero solo se reportó a la empresa un millón 952 mil pesos.

En la lista de contratos entre empresas de créditos voluntarios y trabajadores, está Prestacción S.A. de C.V. A los empleados que la contrataron, el gobierno estatal de Mario López Valdez les descontó 33 millones 199 mil pesos de enero a junio de 2016, pero solo reportó 16 millones 141 mil pesos.

A la suma de retenciones no reportadas o pagadas parcialmente, están también las referidas por concepto de pago de impuesto federales. La ASE encontró una diferencia de 8 millones 112 mil pesos entre lo pagado y los registrado por concepto del pago de Impuesto Sobre la Renta, e Impuesto Sobre la Renta por Honorarios Asimilables a Salarios.

MANEJOS POCO CLAROS

La ASE detectó que la Secretaría de Administración y Finanzas omitió reportar una diferencia total de 135 millones 756 mil pesos de diferencia que ingresaron a las arcas estatales en relación a lo presupuestado para el ejercicio fiscal de 2017, lo que contraviene la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como los postulado de Contabilidad Gubernamental, situación que amerita una observación sancionatoria.

En una revisión de 23 cuentas bancarias, la ASE encontró que se refleja contabilidad con saldos en rojo por un monto de 62 millones, las cuales eran utilizadas para transferencias electrónicas para pagos foráneos, el Parque Temático de Culiacán, una concentradora de recursos UAS, inspección y vigilancia de obra 2011, entre otros.

En el padrón de deudores del gobierno estatal, se detectó que el Fideicomiso contra el Alcoholismo y Otras Adicciones tenía pendiente gastos por comprobar por un millón 600 mil pesos.

En materia de adquisiciones se documentó que se hizo una compra al proveedor Logística y Tecnología de Laboratorios S.A. de C.V. por 12 millones 288 mil pesos por concepto de equipo de laboratorio, pero en el expediente no se encontró el resguardo, situación que valió el reporte de una acta administrativa y un observación sancionatoria. Así mismo, existen casos de compra de muebles por la Dirección de Bienes y Suministro con factura hasta por 14 millones de pesos que se reportaron entre dos y 13 meses de retraso.

A las irregularidades se suma el pago por obra no concluida en la construcción del teatro de la ciudad de Los Mochis.

LOS VOTOS

El resultado de la auditoría realizada fue presentado a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Votaron a favor los tres integrantes de la bancada del PRI y el diputado de Nueva Alianza. Emitieron voto en contra los legisladores del PAN y el PAS.

JOSÉ MENCHACA LÓPEZ (PRI)

“Los temas no eran relevantes”, argumentó el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Fiscalización, al explicar su voto a favor de aprobar la Cuenta Pública de Malova.

ZENÉN XÓCHIHUA ENCISO (PAN)

“Encontramos situaciones de reincidencia. Es algo que yo observé de manera muy importante. Cómo era posible si en semestres anteriores se venían señalando una serie de situaciones, al final de cuentas, se podía decir, ignoraban las recomendaciones y observaciones de la Auditoría Superior”.

VÍCTOR CORRALES BURGUEÑO (PAS)

No la aprobamos porque parcialmente se mostró la información y  existen temas que no han sido suficientemente agotados en las secretarías de Salud, y Educación y Cultura.

EL CAOS ADMINISTRATIVO:

Entre el desorden administrativo encontrado la ASE documentó:

Bajas de armamento con retraso.

Pago de multas por no pagar en tiempo y forma en la documentación al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Existencia de licitación pública que omiten anexar el presupuesto autorizado de pago, las facturas y pólizas de seguro.

Proveedores contratados mediante el procedimiento de licitación pública que no se encuentran registrados en el padrón de Proveedores de Gobierno del Estado.

Casos en las que es obligatorio, en el marco normativo, la cotización de tres proveedores no se encontraron en los expedientes de autorizaciones de pago.

Autorizaciones de pago que omiten la documentación justificativa del gasto.

(RIODOCE/ Anabel Ibáñez/ 23 enero, 2017)