JUSTICIA A CONTRAFLUJO

Conoce de algún lugar donde las autoridades interpretan y aplican las leyes en sentido contrario a lo establecido en las mismas, no vaya lejos, es como opera el sistema de justicia en el Estado de Sonora.

Así es, en esta entidad federativa se encuentran el Magistrado y el Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario 28, licenciado Benjamín Arellano Navarro y Carlos Eduardo Meza Rojas que emiten resoluciones contra constancias, quitándole a los campesinos los derechos que sus documentos agrario y varias sentencias les amparan, para ponerlos en posesión de los familiares de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Se encuentra también el Procurador de Justicia y Agentes del Ministerio Público del Fuero Común, capaces de integrar la averiguación previa, sin hechos delictuosos, haciéndolo en menos tiempo que lo que conceden las leyes y, por supuesto, en menos tiempo que lo que requiere la debida indagatoria.

Un Juez Penal que, sin contratiempo, emite las ordenes de aprehensión contra las víctimas del delito, a petición de los delincuentes, ya que es capaz de procesar a los despojados para beneficiar a los despojantes.

En este caso el ejido El Bajío de Caborca, Sonora y sus ejidatarios, que a pesar de contar con los documentos agrarios que los amparan como los dueños de las tierras, aunado a una serie de sentencias que así los reconocen y les confiere el carácter de depositarios, el Magistrado y Secretario de Acuerdos del Tribunal Agrario de Hermosillo ordenaron que fueran despojados de sus tierras y se entregara al Sr. Rafael Pavlovich Durazo, tío de Claudia Artemisa Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora.

La Policía Estatal Investigadora atendiendo más que inmediatamente las ordenes de esas autoridades.

Desde hace tiempo los ejidatarios pidieron la intervención del Señor Presidente de la República para que se solucione el problema legal y, ¿qué cree?, tampoco han sido escuchados por el Ejecutivo Federal.

EL ejido El Bajío y sus ejidatarios somos víctimas de la empresa Minera Penmont, S. de R. L. de C. V., del Grupo Peñoles, cuyos dueños y representantes, aprovechándose de su necesidad económica y grado de analfabetismo, los engañaron para que les firmaran documentos, muchos en blanco, que utilizaron para ocupar las tierras ejidales y pretender apropiárselas, dañándolas y contaminándolas con actividades mineras, privando al ejido y a los ejidatarios del aprovechamiento de sus derechos agrarios y, en todo ello, en lugar de hacer justicia, dueños y representantes han estado protegidos por las autoridades, como a continuación se expone:

El Señor Alberto Bailléres González, propietario de la empresa minera que dañó y saqueó las tierras, recibió del Senado de la República la medalla Belisario Domínguez.

Las tierras ejidales se encuentran gravemente dañas y contaminadas por la empresa Minera Penmont, S. de R. L. de C. V., del Grupo Peñoles, que es asesorada por el Senador Ernesto Gándara Camou a través de su cuñado Héctor Madrid Castro, a pesar de que en el Senador es integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y como tal está comprometido con evitar el daño ambiental, y que se repare el causado.

El licenciado Manuel Loya Valverde, siendo Magistrado del Tribunal Agrario en Hermosillo, Sonora, autorizó a la empresa Minera Penmont, S. de R. L. de C. V. que continuara dañando las tierras y contaminando el medio ambiente, ya que giró oficios a las autoridades militares para que liberaran a la empresa los permisos para el uso de explosivos, con lo que continuó la contaminación y daño a las tierras, cuya riqueza ha sido saqueada.

Este mismo magistrado se negó a dictar medidas que garantizaran los derechos de los ejidatarios, a pesar de que varias veces le fue solicitados por los dueños de las tierras.

Siendo Diputado Federal Manlio Beltrones, actual Presidente Nacional del PRI, y siendo Senadora Claudia Pavlovich Arellano, actual Gobernadora en Sonora, apoyaron a la empresa minera ante las autoridades militares, para que consiguiera los permisos para usar explosivos.

A pesar de que existen 67 sentencias de cosa juzgada –que se niegan a ejecutar los funcionarios del Tribunal Agrario, para atender los pedimentos de las autoridades estatales y familiares de la Gobernadora–, donde al núcleo agrario se le reconoce y respeta la posesión de sus tierras ejidales, y a través de igual número de depósitos judiciales se le designó depositario de las mismas, los derechos de los ejidatarios continúan siendo violados, y ahora algunos de ellos están privados de su libertad, ya que, siendo víctimas, son procesados como delincuentes por acusación de quienes los despojan de sus tierras y derechos.

Todo ello en razón de que el Magistrado del Tribunal Agrario de Hermosillo, licenciado Benjamín Arellano Navarro (quizás familiar de la Gobernadora, pues coinciden en el apellido Navarro) actuando con el Secretario de Acuerdos, en coordinación con funcionarios del Gobierno del Estado de Sonora, y familiares de la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, operan las maquinarias judicial y de policía y se introducen a las tierras ejidales, para saquearlas ilegalmente, actuando a través de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, tío de la Gobernadora.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, ni sus luces.

Bonita justicia en Sonora.

A T E N T A M E N T E

COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO EL BAJIO

José de Jesus Robledo Cruz Baldomero Flores Zamarripa

Presidente                                      Secretario

Manuel Hernández Collazo

Tesorero