Sólo cinco centavos asigna el
Gobierno de la República por cada 10 mil pesos al tema de corrupción. Senadores
dan la espalda a la sociedad mexicana al no aprobar la publicación de la
declaración patrimonial de funcionarios.
En corrupción, México ocupa
el último lugar entre los 34 miembros de la OCDE
Los partidos políticos le
dieron la espalda a una iniciativa ciudadana que buscaba erradicar la
corrupción en el país, al aprobar una Ley General de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, también conocida como “3 de 3”, la cual no permitirá dar
conocer la declaración de los bienes e intereses, situación que no le abona al
combate de la corrupción.
Durante el periodo extraordinario
de sesiones del 13 al 17 de junio, la Cámara de Senadores hizo cambios a la
legislación que en un principio solicitaba que los montos, valores,
especificaciones y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, fueran
dados a conocer en su totalidad, pero al final, hubo un cambio y sólo podrán
ser públicos con la autorización expresa del funcionario en turno.
Ante tal escenario, el
presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, externó que en la Cámara de Diputados
habrán de dar la batalla, ya que hace falta que los legisladores hagan la
revisión y sus precisiones correspondientes, sobre todo, buscarán que los
legisladores den a conocer la totalidad de la información.
Y es que en el tema del
combate a la corrupción en México, el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto y su partido, el PRI, van en sentidos opuestos; mientras que en su
discurso y frente al Consejo Mexicano de Negocios el primer mandatario afirma
no ser omiso ni insensible a las demandas de seguridad y corrupción, los
senadores correligionarios de Peña, envalentonados con el mayoriteo del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron una Ley General de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, a ventaja de funcionarios
públicos, ignorando los más de 634 mil 143 mexicanos que firmaron dicha
iniciativa ciudadana entregada en abril pasado en el Senado de la República.
“Los empresarios exigimos un
al ALTO a la corrupción #SNA ¡Ya!”
De acuerdo con el investigador
del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), Pablo Montes, en México la
corrupción representa entre el 2 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB).
En tanto que por cada 10 mil
pesos ejercidos por el gobierno mexicano, sólo cinco centavos son destinados al
combate a la corrupción.
En esta materia, la nación
ocupa el último lugar entre los 34 miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
SIGUEN EN LA BATALLA
En periodo extraordinario de
sesiones, los senadores deben aprobar siete leyes, de las cuales la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Ley de Responsabilidades
Administrativas, ya obtuvieron el visto bueno.
En torno al tema, el titular
de COPARMEX nacional, Gustavo de Hoyos Walther, expresó:
“No podemos decir que ninguna
de las cosas aprobadas es letra definitiva. Falta cuando menos la mitad del
proceso legislativo y lo que sabemos en este país es que lo que aprueba una
Cámara la revisa otra, por lo que habrá que esperar”.
La segunda legislación
admitida tuvo cambios en la redacción del Artículo 29, protege a los
funcionarios públicos, ya que podrán o no dar a conocer su patrimonio total si
así lo deciden.
“Preocupa que se flexibilizó
lo que tiene que ver con las tres declaraciones, no podrán declarar si afecta
su vida privada. Éstos son candados que pusieron para protegerse a sí mismos,
sin embargo, en Ley no quedó definido qué se entiende por no afectar su
intimidad”, agregó.
Si bien está aprobado que se
puedan presentar las declaraciones en cuestión, desde un principio se buscaba
que el formato quedara definido en la Ley que ellos proponían para que el tema
no se fuera diluyendo en las leyes secundarias.
“Se encomendó a un comité,
que aprobadas las leyes se definan los formatos y el nivel de publicidad que
haremos. Aunque no es una batalla perdida, no nos parece que sea la mejor
solución. Vamos por el máximo de la publicidad, que es el que ha aspirado la
propuesta de la sociedad”, afirmó De Hoyos Walther.
En tanto, el director general
de IMCO, Juan Pardinas, expresó públicamente que hay avances importantes en lo
que se refiere al SNA, pero el referente que tienen los ciudadanos sobre dicho
proceso “es la transparencia en la declaración patrimonial, la transparencia de
la declaración de intereses, y en esto no se avanzó”.
En la opinión del directivo,
los partidos PVEM y PRI patearon el bote, delegando la responsabilidad al
Consejo Ciudadano que formalmente es un órgano que todavía no existe porque
falta que se apruebe por los diputados la Ley que le da existencia.
“La expectativa de la enorme
mayoría de las 630 mil personas que firmamos la Ley ‘3 de 3’ se quedó trunca,
frustrada, porque no va a suceder en el mediano plazo”, remachó.
EL MANOSEO POLÍTICO
El senador panista Ernesto
Ruffo Appel se dijo desilusionado del actuar de la Cámara alta en torno a la
aprobación de las leyes que dan a luz al Sistema Nacional Anticorrupción.
“Estoy un tanto decepcionado
de estos comportamientos de individuos en una de las instituciones más
importantes de la República, que es el Senado. Ahora que me toca el honor de
estar aquí, me toca presenciar cómo no se respetan los procesos legislativos,
cómo muchos documentos son cambiados, cómo los procedimientos o deliberaciones
son de manera oculta dentro de subgrupos en el mismo Senado. En fin, ha sido
toda una experiencia en la que uno no puede creer qué tantas mañas pueden
existir”.
El ex gobernador de Baja
California añadió que a pesar de que se adelgazó el alcance, con el tema de la
declaración patrimonial, fiscal y de intereses (Ley “3 de 3”) se tiene un
avance del 70 por ciento del SNA.
“Lo digo con cierta tristeza.
Si bien es un avance, ah, cómo costó trabajo y ha revelado maneras y cosas
desde el poder; porque el manoseo venía desde Los Pinos, a través de la unión
del PRI-Verde Ecologista”, condenó.
Afirmó que el crédito del
avance fue de las organizaciones ciudadanas y las redes sociales porque la
opinión pública se vio embarnecida, participativa, y eso “le dio preocupación y
temor a esa razón política del PRI-Verde-Los Pinos, y por eso permitieron que
llegara a donde estamos”.
LO PALOMEADO
El dictamen que contiene
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades
Administrativas en su Artículo 29, establece que todos los servidores públicos
están obligados a presentar, su declaración patrimonial y de intereses ante las
autoridades competentes; además de su declaración fiscal anual, en los términos
que disponga la legislación de la materia.
El texto menciona:
“Los montos, valores,
especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la
declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa
del servidor público”.
Los declarantes podrán
incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos,
siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información.
Por otro lado, también se dio
luz verde a la presentación obligatoria de declaración patrimonial por parte
empresarios que hagan negocios con el gobierno.
En tanto que será el Comité
de Coordinación del SNA el que emita los formatos de dichas declaraciones.
FALTAN ASPECTOS POR DEFINIR
Lo que queda claro es que 14
legisladores del PAN, PT y PRD no votaron y pudieron hacer la diferencia para
que la Ley “3 de 3” termine sin obligar a los funcionarios a presentar
públicamente sus declaraciones fiscales, conflicto de interés y patrimonial.
Uno de los que no emitieron
voto fue el legislador Marco Antonio Blásquez, cabe recordar que lo mismo
sucedió en su momento, cuando se trató de votar el tema del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) en la frontera, para lo cual se abstuvo.
En esta ocasión justificó su
actuar con el argumento de que “había una reserva en el Artículo 29 de la Ley
de Responsabilidades Civiles, los panistas querían a fuerzas que votáramos a
favor para que se llenara un formulario de 17 espacios que tenían, pero los
alcances no los define el legislador, sino el Conejo Ciudadano que se habrá de
crear”.
Más adelante agregó:
“No había necesidad de votar
favor una reserva que servía para lucimiento político del PAN y nadie más”.
Por su parte, el senador
panista Juan Carlos Romero Hicks expuso que hacen falta cosas por definir en
torno a la Ley “3 de 3”.
“El cómo se propondrá, cuál
información, cuáles formatos públicos, eso quedó pendiente. No significa que no
se hará, falta sistema y echar a andar la plataforma, no se determina a
detalle. La que no se aprobó fue la que pedía que se clarificaran campos de
información públicos desde un principio.Se logra el propósito, pero no tenemos
elementos a detalle de lo que se hará público”, acotó.
INFORMACIÓN A
MEDIAS
El que la Ley deje a criterio
de un funcionario qué información sí se puede declarar abre un espacio generoso
para la opacidad, expuso un analista consultado por ZETA.
Asimismo, el economista
Roberto Valero Berrospe aseguró que la iniciativa está tocando fibras muy
sensibles que alcanzan a todos los partidos políticos.
“Al darle un palomazo se
estarían haciendo el harakiri, como dicen vulgarmente, porque la gran mayoría
está en conflicto de intereses, tienen
problemas con sus declaraciones patrimoniales, realmente son muy pocos los
legisladores que están libres de pecado. Al darle marcha adelante a esto se
exponen, a que los exhiban”, advirtió el académico.
“Lo que están haciendo ellos
es cuidarse, es una reacción que habría que esperar en ellos, no quieren
transparentarse, que avance, pero definitivamente es necesaria para el país
porque estamos pagando costos muy altos”.
Abundó que México llegó a un
momento en que no se puede seguir solapando tanta corrupción, es un tema que
los ciudadanos piden que sea atendido y de no hacerlo, el futuro del país está
en un gran riesgo porque no habrá confianza para que las empresas lleguen a invertir; igual le pasará a los empresarios
nacionales al saber que desde el gobierno les van a pedir dinero para realizar
todos los trámites.
Sin embargo, a pesar de la lluvia de
cuestionamientos en contra, la senadora priista Anabel Acosta procuró minimizar
el tema al señalar que la declaración de un funcionario en sí no va a combatir
la corrupción:
“Son lo que va a demostrar
cómo llega un servidor público y cómo sale. Por ejemplo, cuando quede
manifiesta una adquisición de un bien mueble que no concuerde con sus ingresos,
que no sea coherente con su remuneración, se le va llamar a que rinda cuentas
sobre cómo le hizo y, si no puede demostrarla, entonces empieza cualquier
trámite en la fiscalía de los Estados. O en la Función Pública”.
— ¿Usted presentó su “3 de
3”?, se le preguntó. “Los formatos que están publicando, no.
Sin embargo, estoy al día con
mis declaraciones fiscales y la patrimonial este año, que en un apartado hice
mi declaración de conflictos de interés”, finalizó Acosta, reflejando el
distanciamiento abismal entre lo que la ciudadanía exige y lo que el gobierno
insiste en negar y ocultar.
“LA CORRUPCIÓN ES RESPONSABILIDAD DIRECTA DE QUIENES
RIGEN ESTE PAÍS”: LORENZO MEYER
En torno a la aprobación de
la Ley de Responsabilidades Civiles (también conocida como Ley “3 de 3”),
aprobada por mayoría priista en el Senado, el analista Lorenzo Meyer Cossío
dijo a ZETA que puede decirse que el Presidente Enrique Peña Nieto queda al
margen, pues los actores relevantes son la sociedad organizada, que logró las
más de 600 mil firmas y luego el Congreso.
“Aquí es una situación en que
hay dos fuerzas y ninguna de ellas es el Presidente, al menos no formalmente.
Que si fue él quien dio la orden para que la bancada priista hiciera estos
cambios que le quitan mucho del poder a la iniciativa, pudiera ser, pero no
tenemos los elementos para decir que de la oficina del Presidente salió esta
orden”.
Más adelante agregó:
“El Presidente seguramente
tuvo mucho que ver, pero se quedó atrás, pero nos imaginamos que está atrás en
el juego. Queda un tanto atrás, es una buena jugada porque así no se le puede
achacar directamente a Peña Nieto esta transformación negativa de la iniciativa
de Ley”.
Meyer Cossío señaló que la
corrupción es un acompañante de la vida pública del país desde tiempos de la colonia,
que el sistema político mexicano no ha podido sacudirse, sino que cada vez se
ha hecho más evidente, pues un día sí y otro también, la prensa publica
ejemplos del delito.
“La corrupción es un agravio
muy fuerte, porque se puede decir que la economía está mal porque la economía
mundial está mal. No es nuestra culpa, y lo han dicho varias veces. En el caso
de la corrupción no se le puede echar la culpa al mundo externo, a fuerzas
impersonales”.
“La corrupción es
responsabilidad directa de quienes rigen este país y son los principales
corruptos que toleran la corrupción en los escalones más abajo hasta llegar al
piso de la administración. En toda esa escalera administrativa y ahí, hay una
responsabilidad que se le puede poner el nombre y apellido, rostro, por lo
tanto es un agravio”.
A decir por el consultado,
los mexicanos saben que la corrupción es responsabilidad de los funcionarios y
de ahí la irritación y enojo del ciudadano común y corriente.
Desde su punto vista, no ver
un esfuerzo para abatir dicho mal, es uno de los irritantes más obvios:
“Se habla que va a haber
lucha contra la corrupción, que si se tiene alguna sospecha sobre el Presidente
y su ‘Casa Blanca’, sobre Videgaray y su casa en Malinalco y sobre Osorio Chong
y sus casas en las Lomas, para eso está una secretaría que hizo su trabajo,
dijo que no hay conflicto de intereses y formalmente se le da una pintadita en
la que nadie cree.
Y no hay la voluntad de
responder a algo que si están conscientes de las causas del mal humor social,
que sí saben cuáles son, pero más o menos les da lo mismo”.
El analista consideró que a la autoridad le
importa muy poco el tema mientras no se presente un estallido social.
Les vale muy poco, agregó, el
que Carmen Aristegui denuncie por ejemplo que la casa del Presidente con un
valor de 7 millones de dólares es producto de conflicto de intereses, lo que se
hizo fue silenciar el noticiero de la periodista y las cosas siguen como están.
“Hay una desfachatez, un
descaro, han de estar pensado que quedan tres años, ya el que venga a ver cómo
le hace”, finalizó Meyer.
(SEMANARIO ZETA/ Francisco Navarro
Fausto / Viernes, 17 junio, 2016 11:59 AM)
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