Ciudad de México.- Los
expertos independientes que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes
de Ayotzinapa se van de México frustrados por no haber conseguido dar a los
desesperados padres de los jóvenes una respuesta sobre el destino de sus hijos.
Los cinco expertos enviados
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejan tras de sí un
feroz señalamiento contra la investigación del gobierno, al acusarle el domingo
en su último reporte de obstaculizar su búsqueda de nuevas pistas y de no
atender denuncias de torturas contra detenidos por el caso.
Antes de que su misión de un
año finalice formalmente este sábado, dos de los expertos expresaron a la AFP
su preocupación sobre la forma en que serán tratados los padres de los jóvenes,
quienes mantienen una tensa relación con las autoridades y quieren que los
expertos se queden.
"Tenemos la tristeza de
irnos sin poder decir dónde están los desaparecidos", dijo el martes
Ángela Buitrago, una ex fiscal colombiana.
"Es muy importante que se
garantice a las víctimas su derecho a saber la verdad. Que se les proteja en
todo instante por el Estado mexicano y que igualmente se preocupe el Estado
mexicano por visibilizar a las víctimas", añadió.
Por su parte, su colega
Alejandro Valencia, un abogado colombiano, estimó que el gobierno tiene
"un deber de garantía de investigar este grave caso en relación de
derechos humanos".
‘PREOCUPADOS’ POR LOS PADRES
Por petición de los padres,
el gobierno invitó a Valencia y Buitrago, junto con un abogado chileno, una
exfiscal general de Guatemala y un psicólogo español, a que ayudaran en las
investigaciones en Marzo 2015.
El presidente Enrique Peña
Nieto enfrentó duros cuestionamientos internacionales y multitudinarias
protestas antes de que su gobierno los invitara a resolver este caso, que se
hizo emblemático entre las decenas de miles de muertes y desapariciones de la
guerra contra el narcotráfico, que estalló hace una década.
Cuando los expertos llegaron
a México, el gobierno ya había concluido que los estudiantes desaparecieron la
noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala (Guerrero, sur), a manos de
policías locales corruptos que los habrían entregado a integrantes del cartel
Guerreros Unidos.
Al confundirlos con
integrantes de una banda enemiga, los narcotraficantes habrían asesinado a los
jóvenes e incinerado sus cuerpos en un basurero para luego arrojar sus restos a
un río, según las autoridades.
Sin embargo, sólo los restos
óseos de uno de los estudiantes han sido plenamente identificados y los padres
de los jóvenes nunca creyeron en la versión del gobierno, sobre todo después de
que los expertos aseguraran en su informe de septiembre pasado que no hallaron
evidencia científica que probara que los estudiantes de magisterio hayan sido
incinerados en el basurero.
Aunque los expertos deben
irse, la CIDH instaurará un mecanismo para asegurarse de que el gobierno sigue
sus recomendaciones, incluyendo el seguimiento de una línea de investigación
que indica que los estudiantes fueron atacados porque tomaron por error un
autobús cargado de heroína.
Valencia explicó que esto
podría traducirse en visitas periódicas a México, que podrían ayudar a
garantizar la protección de los padres, quienes tenían muy poca comunicación
con el gobierno antes de la llegada de los expertos.
"De verdad nos preocupa
su situación de seguridad, su situación de protección, porque incluso en esas
últimas semanas hemos visto algunas acciones no solo de revictimización frente
a ellos, sino de criminalización", comentó.
Valencia también recordó que,
recientemente, los medios locales difundieron una supuesta grabación de una
conversación entre uno de los padres y un abogado, en la que aparentemente
hablan del envío de dinero por parte de un cartel a los padres.
Aunque México tiene una ley
de protección a las víctimas, Valencia dijo que "tiene que mejorar
mucho", y que "dignifique más la situación de la víctima".
Los padres de los estudiantes
vienen del empobrecido estado de Guerrero, y sus hijos -la mayoría de primer
grado- estudiaban para ser maestros rurales.
Las familias de los jóvenes
consideran que el último reporte de los expertos sacó a la luz "las
grandes mentiras" del gobierno.
Mario César González, cuyo
hijo Julio César se encuentra entre los desaparecidos, aseguró: "Ya no
confiamos en ninguna autoridad".
Peña Nieto ha sido criticado
por haberse entrevistado con los padres en sólo dos ocasiones, aunque otras
autoridades han sostenido numerosas reuniones con ellos.
Tras reunirse con los
expertos independientes el martes, el subsecretario de Derechos Humanos,
Roberto Campa, aseguró que sus recomendaciones sobre atención a víctimas deben
ser incluidas en las políticas públicas.
¿PESQUISA BLOQUEADA?
Peña Nieto prometió el
domingo que su gobierno estudiará el reporte de los expertos y que continuará
trabajando "para que haya justicia".
El gobierno negó haber
obstaculizado el trabajo de los expertos, al asegurar que le dio "acceso
total" a la pesquisa y que su misión no será extendida porque ya se les
dio suficiente tiempo.
Sin embargo, los expertos
aseguran que las autoridades empezaron a ser menos cooperativas en enero, al
bloquear entrevistas con detenidos o soldados que presenciaron la masiva
desaparición.
"No tenemos certeza
absoluta de qué fue lo que pasó. Tal vez las líneas de investigación se estaban
acercando a algunas pistas importantes", acotó Valencia.
(ZOCALO/ AFP/ 27/04/2016 - 10:25 AM)
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