WASHINGTON (Proceso).-Por la
crisis de derechos humanos y la falta de claridad en la investigación del caso
Ayotzinapa, el Capitolio podría castigar al gobierno de Enrique Peña Nieto con
la retención de fondos para financiar la lucha contra el narcotráfico, según
adelantan asesores de alto nivel del Poder Legislativo estadunidense.
“Es inaudito lo que hizo el
gobierno de México con el GIEI al presionar a la CIDH para que diera por
terminado el mandato de participación de los expertos en la investigación de
Ayotzinapa”, dice a Proceso uno de los asesores de un poderoso Comité de la
Cámara de Senadores del Congreso federal de Estados Unidos.
Durante una reunión en una
sala del Capitolio, tres asesores de dos influyentes comités senatoriales
–quienes pidieron el anonimato– explican que entre los legisladores
estadunidenses hay una creciente preocupación por el deterioro de los derechos
humanos en México.
“Secuestros, torturas,
desapariciones, ejecuciones (extrajudiciales), tráfico de personas y de menores
de edad, son sólo algunas de las violaciones de los derechos humanos que
cometen las policías federales y las Fuerzas Armadas de México”, comenta uno de
los tres asesores legislativos.
“Lo más grave”, apunta el
asesor en la plática a la que fue convocado este semanario, “es que el gobierno
del presidente Peña Nieto rechaza cualquier señalamiento en este sentido, pese
a las evidencias”.
Armados de los más recientes
informes sobre la situación de los derechos humanos en México, el de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el del Departamento de
Estado, los tres machacan el tema del desconocimiento y rechazo total por parte
del gobierno de Peña Nieto a las acusaciones que se hacen contra las fuerzas de
seguridad del Estado.
“Son desconcertantes las
acciones del gobierno mexicano, justo cuando la investigación del caso de los
43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ganaba un poco de credibilidad con
la participación del GIEI, echan a andar una estrategia política para hacerlo a
un lado y lo logran. Eso es reprochable”, matiza otro de los asesores.
CONTRA LA INICIATIVA MÉRIDA
Como el caso de Ayotzinapa,
los consejeros legislativos también mencionan como evidencia de la crisis de
derechos humanos y la participación de las Fuerzas Armadas en estas violaciones
a las garantías individuales las matanzas de Tlatlaya, Estado de México, y
Tanhuato, Michoacán.
Uno de los tres asesores no
tiene empacho en adelantar lo que le recomendarán en los próximos meses al
gobierno de Barack Obama.
“Se le pedirá al Departamento
de Estado que retenga nuevamente 15% de los fondos que se autoricen este año
para la Iniciativa Mérida. Nuevamente el gobierno mexicano será descertificado
en materia de derechos humanos”, asienta.
La descertificación en
derechos humanos al gobierno de Peña Nieto implicaría la retención de unos 19.9
de los 133.5 millones de dólares que este año solicitó al Capitolio el
presidente Obama como parte del financiamiento de la Iniciativa Mérida para la
lucha bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los consejeros enfatizan que
en la Cámara de Senadores del Congreso estadunidense, varios legisladores
incluso ya han hablado con John Kerry, el Secretario de Estado, para hacerle
saber lo que le exigirán en septiembre de este año con respecto a la retención
de ese 15%.
“El gobierno de México está
perdiendo credibilidad internacional en términos de derechos humanos. La forma
tan categórica como rechaza las conclusiones de informes tan importantes como
el de la CIDH y de las Naciones Unidas no tiene cabida en una sociedad
democrática como la mexicana”, matiza uno de los tres expertos.
Aunque menos vociferante que
durante el sexenio de Felipe Calderón, el Congreso estadunidense toma nota de
lo que ocurre en México en materia de derechos humanos, con el pretexto del
gobierno mexicano de que las violaciones que cometen las fuerzas de seguridad
del Estado se hacen en nombre de la lucha contra el crimen organizado.
Durante el sexenio de
Calderón, comités del Congreso estadunidense –como el de Relaciones Exteriores
del Senado– llegaron a calificar de “Estado fallido” a gran parte de la zona
norte de México, porque estaba prácticamente dominada por los cárteles del
narcotráfico que se peleaban las rutas de trasiego.
“No han cambiado mucho las
cosas en México respecto a lo que ocurrió en el gobierno del presidente
Calderón con el del presidente Peña Nieto. Pero por lo menos el presidente
Calderón no era tan intolerante con los señalamientos u observaciones que se le
hacían en relación a los derechos humanos”, apunta otro de los asesores del
Capitolio.
Creada en 2007, la Iniciativa
Mérida fue definida como una herramienta bilateral de cooperación para combatir
al narcotráfico y al crimen organizado. Para financiarla, la Casa Blanca
propuso al Congreso un presupuesto de unos mil 400 millones de dólares, los
cuales se han venido aprobando y entregando por partes cada año.
La primera retención de
fondos de la Iniciativa Mérida se hizo precisamente en agosto de 2013. Ese año
el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, retuvo varias semanas 95
millones de dólares de un paquete de 229 para financiar a la Iniciativa Mérida.
Leahy argumentó que la
retención se debía a que los gobiernos de Obama y Peña Nieto no habían
informado al Congreso estadunidense cómo se gastarían los 95 millones de
dólares, ni cuáles serían los objetivos que se alcanzarían con el
financiamiento.
En la presidencia de
Calderón, 90% de los fondos que se le entregaron de la Iniciativa Mérida se
utilizaron para la adquisición de equipo militar, de tecnología de punta y para
proporcionar entrenamiento especializado a grupos de élite del Ejército, la
Marina y la Policía Federal de México.
En el sexenio de Peña Nieto,
los poco más de 400 millones de dólares desembolsados por Washington para
combatir al narcotráfico se han destinado a financiar entrenamiento a
ministerios públicos, asistencia técnica y para echar a andar programas de
modernización del sistema judicial mexicano y de combate a la corrupción.
El pasado 19 de octubre el
Departamento de Estado, después de recibir la recomendación del Congreso,
anunció la primera descertificación del gobierno de Peña Nieto en materia de
derechos humanos bajo la Iniciativa Mérida.
“El Departamento de Estado no
pudo confirmar que México cumplió con las expectativas sobre garantías básicas
de derechos humanos”, informó en ese entonces Mark Toner, portavoz de la
Secretaría de Estado.
El incumplimiento del
gobierno de Peña Nieto en protección de los derechos humanos implicó la
retención de unos 5 millones de dólares de un presupuesto de 195.
Aunque simbólica, la
retención de fondos de la Iniciativa Mérida representa mayor desprestigio
internacional para México.
EL GIEI
Lo que adelantan los tres
asesores es una segunda descertificación consecutiva por el tema de derechos
humanos al gobierno de Peña Nieto, justo cuando el desprestigio del país y de
su administración se acrecentó por el caso Ayotzinapa y la exclusión del GIEI
en las investigaciones, amén de los casos de corrupción en el gobierno federal,
como el de la “Casa Blanca” del primer mandatario, o la de Malinalco, del
secretario de Hacienda.
“Lo que no se entiende es por
qué el gobierno mexicano se adelantó a informar que daba por concluida la
participación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de
la CIDH, cuando éste todavía ni siquiera entregaba su informe final”, destaca
uno de los asesores.
“Cuando Juan Méndez (relator
de la ONU para la tortura) denunció que la tortura en México era generalizada,
el gobierno del presidente Peña Nieto lo descalificó y ahora ni siquiera lo
deja regresar al país”, resalta uno de los asesores. “Lo mismo está haciendo
con el GIEI, el cual ha desmentido la versión original del gobierno de la
supuesta quema de los 43 normalistas en un basurero (Cocula)”, agrega.
Los tres asesores
legislativos que convocaron a Proceso para hablar de la crisis de derechos
humanos en México tienen una teoría de lo que ocurre en el gobierno de Peña
Nieto cuando se le hacen críticas por las violaciones a las garantías
individuales que cometen los militares y en general las fuerzas de seguridad
del Estado.
“Pareciera que vive en un
estado de negación. Pareciera que no le importa la realidad ni las evidencias;
niega todo lo malo que pasa en México y con ello aprueba la impunidad a los que
comenten las violaciones a los derechos humanos”, dice uno de ellos.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ J. JESÚS ESQUIVEL/ 27
ABRIL, 2016)
No hay comentarios:
Publicar un comentario