La noche del 26 de septiembre
de 2014, hubo tres anillos de seguridad donde, se puede colegir, nunca iban a
dejar que los estudiantes de Ayotzinapa escaparan de los ataques que
enfrentaron durante tres horas en Iguala. El primer anillo es el que
establecieron las policías municipales en Iguala, en donde secuestraron a 43
estudiantes, de quienes no se sabe la suerte de 42; el segundo en la desviación
a Santa Teresa, dentro del mismo municipio, y el tercero en la desviación de la
Autopista del Sol a Mezcala. Estos anillos de seguridad están expuestos en el
informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),
divulgado este domingo y son una revelación notable. Muestran, aunque no lo
señalan explícitamente, una acción concertada entre policías municipales de
cuando menos tres municipios, policías federales y dos grupos criminales
enfrentados entre sí. Deja en duda, también sin referirse a ello, qué papel
jugó realmente el Ejército aquella noche de barbarie.
La construcción de los tres
anillos dibujada en el reporte final del GIEI se hizo a través de las
declaraciones ministeriales que contiene el expediente del crimen en Iguala,
compuesto por 188 mil tomos, donde cada uno contiene entre 500 y mil 500 fojas.
El primer anillo de seguridad, ampliamente divulgado y documentado, se da en
Iguala, donde la Policía Municipal atacó en tres diferentes puntos los
autobuses de los estudiantes e impidió que salieran de esa ciudad. El segundo,
trabajado tangencialmente, fue sobre la carretera de Iguala y Chilpancingo, a
la altura de la desviación a Santa Teresa –una comunidad del mismo municipio–,
donde se dio el ataque al equipo de Los Avispones, donde mueren uno de sus
jugadores y dos personas que viajaban en un taxi. Aunque también fueron
policías municipales los que intervinieron, igualmente hubo presencia de
policías federales, como sucedió en cuando menos uno de los episodios en
Iguala.
El tercer anillo se dio en la
desviación a Mezcala, que aunque fue mencionado como punto importante para
atender desde los primeros días de la investigación, siempre se soslayó.
Mezcala es lo más oscuro que existe en la investigación hasta este momento. El
informe final del GIEI le adjudicó un nuevo valor, al retomar de manera
detallada los testimonios de lo que sucedió aquella noche. El más relevante es
el de Hermenegildo Morales, ministerio público estatal adscrito en Tlapa, que
iba a ver a su familia en Iguala, quien se topó con el retén –sobre la
Autopista del Sol– de aproximadamente 40 personas, pero decidió brincarlo.
El comando le disparó al
violar el retén y fue perseguido hasta que lo detuvieron. De acuerdo con el informe
del GIEI, cuando se identificó como ministerio público lo dejaron ir. ¿Quiénes
integraban ese retén? ¿Por qué le perdonaron la vida cuando vieron que era un
funcionario judicial? Con toda la información disponible hasta ahora, no se
puede establecer quiénes formaban ese comando. Sin embargo, aunque esto no
figura en las conclusiones, hay elementos de contexto que sólo profundizan la
confusión.
Esa zona está controlada por
Los Rojos, la banda criminal enemiga de Guerreros Unidos, a la que se le señala
como el grupo que desapareció a los normalistas. ¿Cómo pudo establecerse un
anillo de seguridad en una zona bajo el control de sus enemigos? La noche del
26 de septiembre hubo ataques a vehículos en la desviación a Mezcala, en la
zona de Sábana Grande, a 3 kilómetros de Santa Teresa, e inclusive un tráiler,
perforado totalmente por los disparos del comando, estaba atravesado sobre la
carretera sin que la Policía Federal, responsable de la seguridad en los
caminos del país, interviniera. En la desviación a Mezcala, el Ejército siempre
había mantenido presencia militar, pero esa noche, de acuerdo con las primeras
investigaciones, no había ningún militar en la zona. El reporte del GIEI carece
de información detallada sobre el papel del Ejército, no sólo porque nunca
pudieron hablar con los soldados del Batallón 27º de Infantería en Iguala, sino
con ningún mando. Tampoco les proporcionaron documentos sobre sus métodos,
formas de operar y partes a sus superiores.
El GIEI nunca pudo saber, por
ejemplo, de los malos antecedentes de los militares en esa región, y que no
habían pasado los exámenes de confianza. La reputación de ellos fue varias
veces comentada dentro del Grupo de Coordinación de Guerrero, presidido por el
CISEN, e integrado por los responsables de seguridad e impartición de justicia
del estado, junto con representantes de la Marina, el Ejército y la Policía
Federal. Las minutas de esas reuniones, oficialmente, no existen. En el informe
de los expertos, el papel del Ejército es uno de los más oscuros de todos los
actores, por la falta de información sobre lo que hicieron. Su papel esa noche
está llenó de especulaciones.
La construcción de esos tres
círculos de seguridad dan pie a preguntas que tras 18 meses de investigación,
no tienen respuesta. Ángela Buitrago, cabeza del GIEI, dijo que los eventos esa
noche se dieron en una superficie más amplia, y duraron más tiempo del admitido
hasta ahora. Según su reporte final, los grupos criminales pudieron operar toda
la noche sin problemas en una extensión de 80 kilómetros, pese a que, acotó
Buitrago, el Ejército, la Policía Federal y las policías municipales tuvieron
conocimiento cada segundo de dónde estaban y qué hacían los normalistas desde
que salieron de Chilpancingo. ¿Qué se decidió en esos anillos de seguridad?
¿Quiénes participaron directa e indirectamente en ellos? Ahí, probablemente,
está la solución del crimen.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 27 DE ABRIL 2016)
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