Presuntos delitos de fraude, derivado de
evasión fiscal por el pago de un tercero del contrato por 141 millones de pesos
signado entre el XX Ayuntamiento y Sola Basic, y la omisión en el resguardo del
equipo retirado e instalado, 20 servidores públicos han sido demandados por
Sindicatura Procuradora, entre ellos siete delegados del gobierno de Jorge
Astiazarán
La Sindicatura Procuradora
concluyó la investigación del caso de las luminarias con la presentación de dos
demandas, una federal y otra del fuero común, por presuntos delitos de fraude,
evasión fiscal, falsificación de firmas y falta de cumplimiento en el resguardo
de material público, hechos en los que 20 servidores públicos, tanto del
gobierno de Carlos Bustamante como de Jorge Astiazarán, se encuentran
implicados.
Más de una decena de
funcionarios de primer nivel del XX Ayuntamiento de Tijuana y siete delegados
municipales del equipo de Jorge Astiazarán, tendrán que responder por las
denuncias que la fiscalía municipal interpuso.
Ambas querellas se
presentaron el 2 de noviembre de 2015, una ante la Subdelegación de
Procedimientos Penales A, de la Procuraduría General de la República (PGR); en
ella se denuncian hechos que pueden configurar en el delito de fraude y evasión
fiscal, por el pago a un tercero -Corporativo Inter Rama, S.A. de C.V.-, que la
administración de Carlos Bustamante realizó del convenio signado con Sola
Basic.
La segunda demanda se realizó
en la Dirección de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Zona Tijuana,
recibida bajo el número 537//15/204, la cual se basó en hechos remitidos en una
primera investigación efectuada por la Sindicatura Social a cargo de Bernabé
Esquer, en la que se documentó la presunta falsificación de firmas en actas de
entrega de material de alumbrado público.
En el fuero común, el síndico
Arturo Ledesma Romo también dio vista de material faltante en la entrega
recepción de luminarias en ocho delegaciones, hechos en los que se involucra a
los titulares de esas demarcaciones, al momento de que el XXI Ayuntamiento
recibió la administración del XX.
LOS HECHOS
Con un expediente de 10 mil
fojas, Sindicatura Municipal concluyó la etapa de investigación en la que
documentó irregularidades factibles de ser configuradas como delito de orden
federal, como es el pago adelantado a Corporativo Inter Rama, S.A. de C.V.
Según la póliza 112190491, el
19 de diciembre de 2011, Tesorería Municipal, entonces a cargo de Marco Antonio
Dueñas -actual titular de Oficialía Mayor- realizó el pago electrónico por 141
millones 187 mil 578 pesos, del contrato suscrito con Sola Basic, por el
proyecto de modernización de alumbrado público.
Esa cantidad incluyó el pago
de las mensualidades de octubre, noviembre y diciembre de 2011 y el pago
anticipado de las mensualidades correspondientes de enero a octubre de 2012,
con lo que el gobierno de Carlos Bustamante prácticamente finiquitó el total de
monto pactado en el convenio, sin que en la ciudad Sola Basic hubiera instalado
una luminaria.
Para la cesión de derechos de
cobro a un tercero, se adicionó al acuerdo una adenda elaborada por el entonces
director jurídico, Roberto Ordorica Ruiz, hecho que podría implicar
defraudación fiscal, delito del orden federal.
En la triangulación del pago
se omitió el pago parcial del Impuesto al Valor Agregado –IVA-, otro aspecto
que encuadra en el delito de evasión fiscal.
Por estos hechos se presentó
la demanda al subdelegado de Procedimientos Penales A, de la Procuraduría
General de la República (PGR), mediante el oficio SP-RES-9173/2015.
Por la presunta falsificación
de firmas en el acta de entrega recepción del programa de alumbrado público efectuado
por la empresa Sola Basic y el gobierno bustamantista, la Sindicatura
Procuradora dio vista al fuero común, mediante el oficio SP-RES-9172/2015.
Esta querella toma como base
la queja presentada ante la fiscalía municipal por la Sindicatura Social, la
cual sometió a análisis de especialistas, actas de entrega recepción de las
luminarias retiradas para que Sola Basic instalara su equipo.
El examen dio como resultado
que las firmas que se atribuyen a Arturo Montenegro, tienen rasgo similar a la
de firmas identificadas con los de nombre José Manuel Orozco, Ricardo Valdez o
Valadez Martínez y Óscar Martínez Sánchez, quienes firmaron como proveedor y/o
trabajadores del área de Servicios Públicos Municipales.
En esta querella, radicada en
la Dirección de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Zona Tijuana,
también se desprenden presuntas irregularidades por omisión e incumplimiento
por el resguardo de material público, como son las luminarias retiradas y las
colocadas por Sola Basic que, de acuerdo a las actas de entrega recepción,
debieran ubicarse en ocho de las nueve delegaciones de Tijuana, pero al
realizar la Sindicatura Procuradora la investigación de Campo, el 32 por ciento
de los componentes retirados no fueron localizados y al menos el 20% de las
nuevas luminarias no se constató su colocación, al no ser encontradas.
Con base al convenio con Sola
Basic, la firma colocaría equipo para 63 mil 400 lámparas del sistema de
alumbrado público de Tijuana, el cual sería entregado a la Dirección de Servicios
Públicos, entonces a cargo de José Francisco Barrón Macías, y a ocho
delegaciones.
Con el cambio de gobierno,
los nuevos titulares de las delegaciones firmaron de recibido la entrega de
dicho material, pero al ser requerida su ubicación por parte de la Sindicatura
Social, éstos respondieron carecer de información al respecto.
En marzo de 2014 la
Sindicatura Procuradora inició la investigación de las luminarias, realizando
labor de campo para verificar cada equipo retirado, así como el que debió
colocar la concesionaria Sola Basic.
Del resultado se desprende el
faltante de 19 mil equipos, entre ellos, 7 mil focos de 150 watts, 5 mil 600 de
100 watts, 6 mil balastros y 400 fotoceldas, más del 30% del equipo
reemplazado.
PRESUNTOS IMPLICADOS
Los servidores públicos que
participaron en la transacción con Sola Basic, el pago del convenio, así como
los que dieron seguimiento a una demanda civil y jurídica del caso, o aquellos
que debieron dar cuenta del retiro del equipo propiedad del Municipio y la
instalación del nuevo sistema por parte de la empresa, o los que fueron omisos
y no aplicaron en tiempo y forma de las penas convencionales y que hoy se
encuentran implicados como presuntos responsables son:
POR EL XX AYUNTAMIENTO
* Carlos Bustamante Anchondo, alcalde de Tijuana.
* Rufo Ibarra Batista y Sergio Antonio Rosete Weben,
ambos secretarios de Finanzas.
* Yolanda Enríquez de la Fuente, síndico procuradora.
* Marco Antonio Dueñas, tesorero (funcionario en
activo con el cargo de oficial mayor en el gobierno de Jorge Astiazarán).
* Édgar Fernández Bustamante (actual director de
Promotora Municipal de Tijuana -PROMUN-) y Roberto Ordorica, como titulares de
la dirección jurídica.
* Esteban Yee Barba, secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología.
* Óscar Sanabia Peinado y Armando Eduardo Franco
Bustos, encargados de Oficialía Mayor.
* José Francisco Barrón Macías y Enrique Bautista
Corona, directores de Servicios Públicos Municipales.
* Marcia Salcido Moreno, subdirectora de Normatividad
de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM).
Por obvias razones, en el
listado no se incluyó a los extintos Alcide Roberto Beltrones Rivera y David
Navarro Herrera, quienes en su momento participaron como secretario general de
Gobierno y de Desarrollo Urbano y Ecología, respectivamente.
POR EL XXI AYUNTAMIENTO
Aunque Sindicatura
Procuradora se niega a dar nombres para “no entorpecer el procedimiento en
curso”, es un hecho la implicación de funcionarios de la actual administración
de Jorge Astiazarán, por firmar de recibido material que luego reportaron como
no localizado. Éstos son:
* Adriana Padilla Mendoza, delegada de Playas de
Tijuana al inicio de la gestión de Jorge Astiazarán.
* Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, delegada de
Sánchez Taboada.
* Rodolfo López Fajardo, actual secretario de
Desarrollo Social, deberá responder por las dos delegaciones, Mesa de Otay y Centenario, las cuelas representó al
momento de contestar en la indagatoria de la Sindicatura Procuradora.
* José Alfonso López Sepúlveda, actual director del
Sistema Integral de Transporte de Tijuana -SITT- y quien fuera delegado de San
Antonio de los Buenos.
* Pablo Gerardo Sánchez, delegado de Cerro Colorado.
* Arturo Aguirre González, delegado de La Presa.
* Manuel Trasviña Pérez, delegado de La Mesa en el XX
Ayuntamiento y al inicio del XXI Ayuntamiento. A excepción de los demás
delegados, él respondió que el material retirado se encontraba en resguardo en
un almacén de la demarcación, al no ser apto de ser utilizado, sin que pudiera
corroborarse su versión.
Los otros seis servidores
públicos dijeron no haber recibido las bitácoras de dichos elementos, por lo
que no contaban con la información requerida para dar cuenta del material
faltante.
SANCIONES
Las denuncias presentadas en
las procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado
(PGJE) se sustentan en la investigación que Sindicatura hizo sobre el mismo
proceso de entrega recepción de luminarias, su ubicación, hasta las
irregularidades en la contratación y pago del convenio con Sola Basic.
La averiguación de estas
querellas se encuentra en etapa de integración y las dependencias a cargo no
determinan un plazo para su desahogo de las indagatorias.
En el caso de Sindicatura
Municipal, a la dependencia corresponde dar seguimiento administrativo a las
imputaciones de acción y omisión incurrida por servidores públicos de la pasada
y actual administración.
De acuerdo a los artículos 46
y 7 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, los hechos implican
faltas por omisión.
La Ley de Responsabilidades
marca como posibles sanciones, desde una amonestación privada, hasta una
inhabilitación de uno a diez años, hasta la determinación de un daño patrimonial
causado, dependiendo la gravedad de la infracción en la que se incurrió,
explicó Gerardo Robles, director de Responsabilidades de la fiscalía municipal.
Explicó que, al configurarse
la responsabilidad de un servidor público, la pena se debe individualizar,
considerando factores como intencionalidad, culpabilidad, gravedad de la
infracción cometida, nivel jerárquico, las condiciones propias del servidor
público como si es residente o no. “Esta valoración nos dará una sanción
final”, anotó.
De la etapa de comparecencias
que se cierra hoy viernes 27 de noviembre, dijo que de los 20 servidores
públicos implicados, 13 ya han comparecido y se espera que al cierre del
periodo lo hagan los últimos tres citados. De los demás, tres no han sido
localizados y uno no se presentó a comparecer.
La mayoría de los citados
acude con su defensor particular, y solo en dos casos han sido representados
por el defensor de oficio de la Sindicatura Procuradora.
Por su parte, Carlos Escobar
Hernández, asesor jurídico de Sindicatura Municipal, indicó que 60 días después
del 27 de noviembre, la dependencia estará emitiendo la resolución final, con
las sanciones a que dé lugar en contra de quienes resulten responsables de las
irregularidades detectadas en la investigación, siempre y cuando éstas no se
solventen.
Pero, agregó, si se conociera
de nuevos hechos con motivo del desahogo de los informes que ofrezcan los
implicados, o declaraciones que hagan, se abrirán nuevas averiguaciones, “sin
parar la resolución de este expediente, sino que darán pie a la apertura de
otra investigación, expediente al que se dará seguimiento en lo particular”,
concluyó.
DIPUTADOS EVADEN TEMA DE LUMINARIAS
Con siete votos a favor, seis
en contra y una abstención, el Congreso del Estado rechazó urgir al gobierno de
Jorge Astiazarán resolver y dar seguimiento legal para fincar responsabilidades
por el malogrado contrato de modernización del sistema de alumbrado público que
su antecesor, Carlos Bustamante, hiciera con Sola Basic.
El punto de acuerdo presentado
por la diputada Rosalba López Reglado, emplazaba al síndico procurador, Arturo
Ledesma Romo, a informar en un término no mayor de 10 días, sobre la situación
de las lámparas y el seguimiento y resultados de la investigación.
La información que el funcionario
proporcionara se tomaría como base en la discusión de la Ley de Ingresos de
Tijuana, correspondiente al ejerció fiscal 2016, en la que se incluye un
aumento de más del 300% al Impuesto al Alumbrado Público -IAP-.
Además, de la respuesta de la
Sindicatura se conminaría al Órgano de Fiscalización Superior -ORFIS- emitir las observaciones correspondientes.
No obstante, Laura Torres,
Nereyda Fuentes, Armando Reyes, Fausto Gallardo y Cinthia Ramírez rechazaron
este punto de acuerdo, que al ser sometido a votación, resultó en empate,
correspondiendo a Irma Martínez dar su voto de calidad, el cual fue en contra.
Otros legisladores locales como René Mendívil, Miriam Ayón y David Ruvalcaba,
votaron por la inasistencia.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Isabel
Mercado Juarez / Fotos. Jorge Dueñes/cortesía/
30 de Noviembre del 2015 a las 12:00:32)
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