Es una de las zonas más apacibles del
estado, con playas vírgenes y de gran riqueza. Un homicidio, conspiraciones e
irregularidades se dan bajo un litigio de 148 hectáreas. “Mi papá murió
luchando por estas tierras”, afirma una de las afectadas
Puertecitos, Baja
California.- Una mañana de marzo, Maribel y sus dos hermanas recibieron una
visita en Campo Serena, ubicado a unos 75 kilómetros del puerto de San Felipe:
“Nosotros somos los dueños de aquí”, escucharon de un desconocido.
La inesperada visita
continuó: “Tenemos una demanda para el desalojo, así que se tienen que ir”,
dijo Moisés Torres Flores, un residente del ejido Plan Nacional Agrario
–ubicado en la parte norte del puerto–, quien llegó acompañado de un grupo de
abogados, según recuerda la joven.
Maribel refiere que desde
cinco años atrás empezó a escuchar rumores relacionados con gente que buscaba
pelear esos terrenos, heredados de su padre, quien recibió 48 hectáreas por
dotación gubernamental –por adjudicación de dotación parcelaria– por un Decreto
publicado en el Diario oficial de la Federación en septiembre de 1970.
“Mi papá murió luchando por
estas tierras”, asegura Maribel.
La mujer recuerda que antes
de existir las carreteras debían hacer cinco o seis horas hasta San Felipe, sin
energía eléctrica, agua potable y mucho menos telefonía: “Me empezaron a
insistir que ellos eran los dueños, que nos fuéramos”.
Maribel de 32 años rememora
que hasta le ofrecieron dinero, pero la respuesta de ella –asegura– fue
rotunda; “yo no estoy vendiendo. Todo lo que hemos pasado aquí no creo que lo
puedas pagar”.
La respuesta de los
visitantes fue que regresarían a cercar su propiedad, por lo que desde entonces
viven en la incertidumbre de ser desalojadas.
Se trata de un polígono de
148 hectáreas dividido en tres, uno de ellos es Campo Serena con más de un kilómetro de playa en las
tibias y tranquilas aguas del Mar de Cortés.
Maribel y su familia
administran ahí media docena de casas de descanso para rentarlas a turistas y
están a unos dos kilómetros de las oficinas de la delegación de Puertecitos.
Desde hace cinco años la
Secretaría de Comunicaciones y Trasportes terminó los 75 kilómetros de
carretera que unen Puertecitos con San Felipe y hacia el Sur, el camino
asfaltado llega 17 kilómetros debajo de Alfonsina. Faltaría 32 kilómetros para
llegar a Laguna Chapala, el entronque con la carretera Transpeninsular y al
exuberante Valle de Los Cirios, la zona natural protegida.
ABOGADOS
Guillermo Amador Molina vivió
en ese lugar toda su vida, cuenta Maribel, su hija. El hombre murió en
septiembre del 2003. Cerca de diez años después empezaron los reclamos, de
acuerdo a los datos aportados por sus dos abogados, Santiago Astengo y Homero
de la Peña.
De acuerdo a los abogados, el
28 de septiembre del 2006 José Luis Garibay Ugarte en complicidad con Efrén
Enrique Castelo Palafox lograron registrar ante notario un Poder General donde
presuntamente el otorgante fue José Garibay Ugarte –supuestamente finado– para
que éstos pudieran vender ese terreno.
Y es que en este intrincado
proceso se han configurado una serie de irregularidades que involucran no solo
a quien se adjudicó la propiedad del predio, Moisés Torres Flores, sino además
al notario Arturo Blas Elizondo, quien extendió ilegalmente ese poder logrando
con éste la certificación de un plano del inmueble a través de la Oficina de
Catastro Municipal del municipio de Ensenada.
Loa abogados señalan a Moisés
Torres Flores, un integrante del ejido Plan Nacional Agrario, a quien además lo
relacionan en la participación de la venta de tierras ejidales al grupo
económico Carso –propiedad del millonario Carlos Slim–, donde ahora se ubica la
mina de oro.
“Así fue como el 28 de
septiembre del 2011 el supuesto comprador Moisés Torres Flores y el supuesto
apoderado de José Garibay Ugarte firmaron un contrato de promesa de
compraventa”, explican los abogados.
Ese contrato obtuvo la Fe
Notarial de Norma Alicia Romero Miranda, de la Notaría Pública Numero 4 con
sede en Mexicali y supuestamente por las 128 hectáreas que suma todo el
polígono pagaron 600 mil dólares. En ese predio se incluye además del Campo
Serena otros dos terrenos, uno propiedad de Octavio Dagnino y el otro de los
herederos de la señora Florencia Castro Salomón, quien fue asesinada en su
domicilio – ahí en su terreno– el 8 de agosto del 2014.
De acuerdo a los abogados, a
la hora de escriturar públicamente el contrato de la compraventa se acompañaron
documentos –el plano y el avalúo– a nombre de José Luis Garibay Ugarte y la
compraventa se formalizó a nombre José Garibay Ugarte.
Y es que luego trataron de
inscribir esa compraventa en el Registro Público de la Propiedad en Mexicali
pero fue rechazado a través de un Reporte de Improcedencia debido a que ya
existe en el Registro Público un título de propiedad a nombre de Octavio
Dagnino Angulo, por lo que hay una sobrexposición de ambos predios.
EN ENSENADA, SÍ SE PUEDE
Ante esa situación los
“compradores” acudieron ante el Registro Público de la propiedad en Ensenada,
en la misma dependencia estatal pero en las oficinas porteñas, donde sí les
permitieron inscribir el documento a nombre de Moisés Torres Flores.
La tesis de los abogados es
que José Luis Garibay Ugarte suplantó a José Garibay Ugarte ante el Notario
Público Número 12 de Tijuana, Arturo Blas Elizondo Corral y en complicidad de
Efrén Enrique Castelo Palafox validaron, el otorgante del poder es José Garibay
Ugarte con datos falsos.
Como si este tema no
estuviera lo suficientemente enredado, en Ensenada surgieron otros compradores
del mismo predio ya que en el Juzgado primero de lo Civil –ahí en el puerto, en
el expediente 614/2014-B, aún en proceso– promovieron un juicio de Elevación a
Escritura Pública de otro supuesto contrato de compraventa donde aparece
también José Garibay Ugarte y su esposa y como comprador Lucio Bucio Rodríguez.
JALONEO LEGAL
Como estrategia legal y
asesorada por sus abogados, Maribel Amador Sandoval promovió un juicio de
Prescripción Positiva en el Juzgado Tercero de lo Civil en Ensenada contra José
Garibay Ugarte donde defendió su posición bajo el argumento de que familiarmente
se tiene más de 45 años en posesión del terreno en disputa
–expediente8912/2013– pero el juez le negó la razón
La respuesta fue presentar
una Apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del estado, en donde los
Magistrados Raúl Gonzales Arias, Olimpia Ángeles Chacón y Salvador Juan Ortiz
Morales aprobaron por unanimidad la sentencia a favor de Maribel Amador.
“Se declara que ha operado la
prescripción positiva y que Alejandro Maribel Amador Sandoval se ha convertido
en Propietaria del inmueble…perteneciente al Campo Serena”, ordenando además el
titular del Registro Público de Ensenada a que proceda a la cancelación de la
partida registral…y una vez ejecutoriada que sea ésta resolución inscríbase en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad y la misma
sirva como título de propiedad del actor”.
A la par, los abogados
interpusieron hace seis meses una denuncia penal ante la Procuraduría General
de Justicia en Mexicali, quedando asentada con el Número Único de Caso
00202-2015-13609.
PUERTECITOS ALEJADOS DE DIOS
El esplendoroso paisaje de
esta zona turística contrasta aquí con la falta de servicios, la escasez de
básicos, la inseguridad y a todo eso se le suma la caída de la economía por la
prohibición de la pesca. La única gasolinera del lugar está cerrada. Deben
comprar al menos 20 mil litros –cerca de 250 mil pesos– para que puedan
surtirles mensualmente.
“Tenemos que vender hasta la
última gota de gasolina para juntar todo el dinero, para que nos vuelvan a
surtir, porque créditos no hay”, explica una de las dueñas del negocio.
Ahora están en proceso de
adherirse a una empresa mayor –Dagal– para que les vendan lo que puedan pagar
de gasolina.
“Todo ha menguado, el
turismo, la pesca, no hay quien compre”, explica la residente y dueña del campo
turístico Puertecitos, quien cuestiona como las autoridades federales han
recogido 8, 9 “chinchorros” de gente que
pescaba para alimentarse. “Es la gente más perjudicada, la gente pobre”,
considera la lugareña en referencia los pobladores que no quedaron inscritos en
ningún apoyo gubernamental.
Aquí no hay señal para
telefonía celular, ni líneas telefónicas fijas, la electricidad en el poblado
la surten con paneles solares instalados por la UABC y la primaria –que depende
del SEE en Ensenada– está en peligro de cierre dado que a los alumnos les han
quitado becas y apoyos. La Estación de Policía municipal que anteriormente
estaba en Puertecitos fue trasladada 60 kilómetros al norte, al Ejido Delicias,
cercano a San Felipe.
“La policía es poca y según
dicen no hay fondos en Ensenada para ampliar. Aquí nosotros tenemos que
agarrarnos con los malandrines”, explica la residente del lugar. Para temas de
la procuraduría estatal tienen que viajar varias horas hasta el Valle de la
Trinidad, donde se ubica la oficina más cercana, esto a la par de la
proliferación de robos en las casas de descanso, la mayoría de norteamericanos.
(SEMANARIO ZETA/ GENERALEZ/ SERGIO HARO
CORDERO / FOTOS. SERGIO HARO/ 06 DE
DICIEMBRE DEL 2015 A LAS 11:28:32)
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