En un discurso insólito, el
presidente Enrique Peña Nieto afirmó en Veracruz que la razón por la que el
Ejército y la Marina se encuentran en las calles realizando tareas de Policía,
es para garantizar la seguridad de las familias mexicanas.
La afirmación es cierta,
porque en amplios segmentos de la población la principal fuente de inseguridad
y desconfianza es precisamente la Policía. Los casos son tan numerosos como las
leyendas populares en torno a la complicidad de policías con criminales en todo
el país, en los tres niveles de Gobierno. Pero pocas veces se ha documentado
uno como el que entregó recientemente un grupo de ciudadanos tamaulipecos al
Gobierno federal.
El documento se centra en
Reynosa, la ciudad fronteriza con Estados Unidos, donde el cártel del Golfo
“tiene bajo su mando a expolicías federales que están de licencia de su
corporación y de fuerzas federales que de igual forma se encuentran trabajando
con la Policía Ministerial de Reynosa, Tamaulipas”. Según explicó ese grupo, la
información “nos costó mucho trabajo y tiempo obtenerla, gente arriesgó su vida
y tuvo que huir por su seguridad”. Lo que detallaron en el reporte explica la
razón de los riesgos que han corrido, y la desesperación para que el Gobierno
federal les haga caso.
La estructura criminal del
cártel del Golfo en Reynosa dentro de las corporaciones policiales, de acuerdo
con el documento, la encabeza el jefe –cuando menos en el momento en que se
redactó el informe– de la División de Homicidios de la Procuraduría General de
Justicia de Tamaulipas en Reynosa, cuyos brazos operadores son un oficial de la
Policía Federal con licencia y miembro de la Comandancia de Homicidios de la Procuraduría
General de Justicia de Tamaulipas en esa ciudad, y un suboficial de la Policía
Federal con licencia y miembro de esa misma comandancia.
Los nombres están
incorporados en el documento, pero al no haberse hablado con ninguno de ellos,
en este texto se omiten, pese a que en las páginas del portal Valor por
Tamaulipas, varios de esos policías aparecen mencionados. “Estas autoridades
–se subraya en el documento–, son los que dan protección a las transacciones
económicas del (cártel del Golfo), ya que ellos resguardan de 2 a 5 millones de
dólares cada quincena en la habitación 125 del hotel (su nombre también se
omite) en la ciudad de Reynosa”. Ese dinero, de acuerdo con el reporte, les es
entregado por una mujer, a la que sólo identifican por su apócope y por la
camioneta Lincoln en la que se desplaza, los días 14, 15, 16 y 17 de cada mes.
“Ellos usan la estructura de
su puesto de comisión de policías ministeriales adscritos a la Comandancia de
Homicidios de la ciudad de Reynosa”, comienzan a explicar en el documento su
modus operandi. “Ahí se manejan con camionetas blancas tipo Lobo y RAM con el
logotipo en las puertas del estado de Tamaulipas, las cuales utilizan para
hacer traslados de muy fuertes sumas de dinero”. En el informe detallaron las placas
de una de las RAM que utilizan (WG-05742), y proporcionaron a las autoridades
un celular con el cual, aseguran, “hacen los negocios con el CDG”: 01-899 937
24 91.
No son los únicos en lo alto
de la pirámide de la estructura criminal inserta en las corporaciones
policiales. Otro oficial con licencia de la Policía Federal adscrito a la
Policía Ministerial de Reynosa, identificado por nombre y apodo, es el
responsable de pagar las nóminas en la Policía Federal y en la Procuraduría
estatal pagadas por el cártel del Golfo para protección institucional. Otro
policía federal perfectamente identificado en el documento, que vive en la
habitación 122 del mismo hotel referido, participa en esa misma tarea
corruptora. “Estos individuos se encargan –además, de acuerdo con el informe–
de recoger todos los cuerpos de los ejecutados por el CDG. Ellos dan la
protección y vigilan conductas delictivas como la venta de drogas, la trata de
personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas”.
La denuncia de sí es grave.
Más aún porque nadie le hizo caso. El documento completo, detallado, se lo
enviaron a los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación; al
general Salvador Cienfuegos, de la Defensa; al almirante Vidal Soberón, de la
Marina; al comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales; al almirante Luis
Gerardo Alcalá, jefe del Estado Mayor, general de la Armada, responsable de la
Base Temporal de la Infantería de Marina en San Nicolás de los Garza, en Nuevo
León, y al exsubprocurador de Investigación de la Delincuencia Organizada,
Felipe Muñoz, actualmente secretario ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
“Todos han hecho caso omiso
de toda esta información, lo cual no causa indignación, puesto que es imposible
que tantas instituciones conozcan del asunto y no se haga nada al respecto”, se
quejó el grupo. “En estos tiempos los gobiernos demandan que la sociedad se
involucre en los problemas sociales y denuncie los hechos delictivos realizados
por las autoridades, pero hemos comprobado que todo esto recae en el mismo
discurso de siempre… Tienen desde hace más de dos meses esta información y no
han hecho absolutamente nada”.
Sus afirmaciones cuentan con
valor probatorio. Levantaron una denuncia en la SEIDO en septiembre, registrada
en el acta circunstanciada AC/PGR/SEIDO/UEIDCS/177/2015, prueba viva de su
dicho: mucho discurso y pocas acciones.
(ZÓCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 08 DE DICIEMBRE 2015)
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