La impunidad con la que
actuaba un grupo de agentes federales en Reynosa al servicio del cártel del
Golfo en Tamaulipas se está acabando. Ese grupo, de acuerdo con investigaciones
federales, asesinaba, secuestraba y limpiaba los cadáveres dejados en las calles
de las ciudades tamaulipecas por el cártel, y era intocable. Pese a las
denuncias, durante meses hubo negligencia gubernamental, que mantuvo intacta su
actuación como parte estructural del cártel del Golfo. La semana pasada se
publicó en este espacio parte de la denuncia que presentó un grupo de
tamaulipecos al más alto nivel del Gobierno federal, frustrados por la falta de
respuesta. Las cosas, sin embargo, se están moviendo.
Varios de los policías
señalados en la denuncia fueron trasladados a la Ciudad de México, uno fue
suspendido y se preparan órdenes de presentación contra toda la estructura
institucional que protegía al cártel. Cómo terminarán las cosas es incierto
todavía. En la investigación participan la Comisión Nacional de Seguridad a
cuyo titular, Renato Sales, le entregaron en su oficina la denuncia hace un
mes, y la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia
Organizada (SEIDO).
Funcionarios federales
dijeron que la persona más importante dentro las instituciones en esa
estructura criminal es Salvador Silva, ex policía federal con licencia,
adscrito a la comandancia de Homicidios de la Procuraduría General de Justicia
de Tamaulipas, quien recientemente fue suspendido.
Silva, su pareja, y el
también oficial policial Gisel García, el expolicía federal y ahora suboficial
en Homicidios, Joaquín Romero Salgado, así como el jefe de los tres, William
López Ramírez, jefe de la División de Homicidios en Reynosa, de la Procuraduría
tamaulipeca, son investigados por ser la cabeza de las bandas de secuestradores
en Reynosa y Ciudad Victoria, autores intelectuales del reciente secuestro de
alto impacto de los empresarios Juan Manuel Gómez Fernández y su hijo Juan
Manuel Gómez Monteverde, que fueron encontrados sin vida en Ciudad Victoria y
sus cuerpos dejados en Veracruz en septiembre.
Silva, a quien apodan “El
Santero”, aunque segundo mando, es la figura central en la estructura criminal
del cártel del Golfo en la Policía tamaulipeca. De acuerdo con funcionarios
federales, es el enlace de Juan Manuel Loza Salinas, apodado “Comandante Toro”,
jefe de la plaza de Reynosa con las instituciones de seguridad en el estado.
López Ramírez, Silva, García y Romero, conforme a las investigaciones,
protegían el dinero del cártel del Golfo, y quincenalmente guardaban entre 2 y
5 millones de dólares en el hotel El Camino Inn, una franquicia estadunidense,
sujeto también a investigación. La persona señalada en las investigaciones como
el contacto del comandante López Ramírez que les entrega ese recurso es
identificada solamente como “Gaby”, con una edad aproximada de entre 34 y 38
años, que maneja una camioneta Lincoln.
Silva y Romero eran los
encargados de recibir el dinero del cártel del Golfo para pagar las nóminas de
los policías federales, policías de caminos y de miembros de la Procuraduría
tamaulipeca. Silva, quien se hospeda en el Camino Inn, según la investigación,
usaba una motocicleta para una rápida movilidad, una Suzuki negra que llevaba
una mica en amarillo y rojo con la leyenda Moto Club Dragones Reynosa.
Junto con Romero, como se
señaló en este espacio la semana pasada, “se encargan de recoger todos los
cuerpos de los ejecutados por el CDG. Ellos dan la protección y vigilan
conductas delictivas como la venta de drogas, la trata de personas, el lavado
de dinero y el tráfico de armas”. Según la investigación, cuentan con cuatro
casas de seguridad, donde mantenían a sus víctimas de secuestro en espera del
pago, que oscilaba entre 3 y 5 millones de pesos.
La denuncia ante la SEIDO fue
presentada el 7 de septiembre pasado, como consta en el acta circunstanciada
AC/PGR/SEIDO/UEIDCS/177/2015, y quedó registrada como “anónima”. No tuvieron
respuesta. Una copia del documento en el que se sustentó la denuncia se entregó
en las oficinas de los secretarios Miguel Ángel Osorio Chong de Gobernación;
general Salvador Cienfuegos, de la Defensa; almirante Vidal Soberón, de la
Marina; así como del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, el
almirante Luis Gerardo Alcalá, jefe del Estado Mayor General de la Armada, y el
jefe de la Base Temporal de la Infantería de Marina en San Nicolás de los
Garza, Nuevo León. Hasta hace unos días, les hicieron caso.
El grupo de personas que
presentó la denuncia dijo que la información “nos costó mucho trabajo y tiempo
obtenerla, gente arriesgó su vida y tuvo que huir por su seguridad”. Hacer
públicos detalles generales de su denuncia se debió a la impotencia y
frustración sobre la no respuesta.
“Todos han hecho caso omiso
de toda esta información, lo cual no causa indignación puesto que es imposible
que tantas instituciones conozcan del asunto y no se haga nada al respecto”, se
quejó ese grupo de tamaulipecos.
Finalmente las cosas
cambiaron cuando comenzaron a moverse en las aguas de la opinión pública. Las
autoridades policiales y ministeriales finalmente entraron de fondo a
investigar la denuncia y a tomar acciones.
Si se comprueba que los jefes
policiales en Reynosa, en efecto, forman parte de la estructura criminal del
cártel del Golfo, y son responsables de los secuestros, la banda de
narcotraficantes habrá sufrido un golpe importante en su protección
institucional que, en términos de estructuras, se habrá debilitado
significativamente. Esto sería una buena noticia para los tamaulipecos, urgidos
de estas nuevas.
(ZÓCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 08 DE DICIEMBRE 2015)
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