OHL sigue moviéndose en el
pantano. No puede quitarse la sospecha de corrupción y de haber recurrido a sus
relaciones políticas en el Estado de México para beneficiarse de obra pública.
Ejecutivos de OHL México desestiman esas imputaciones al señalar que sólo han
tenido ocho contratos de obra pública en su historia, aunque representan el 15%
del negocio total de la compañía, el mercado más grande que tienen sólo después
de España, donde se encuentra la matriz. OHL no ha podido neutralizar el daño
público y económico como resultado de un conflicto legal y mediático con su
socio Infraiber, al que el Gobierno estatal le canceló un convenio marco para
medir el paso de vehículos por el Circuito Exterior mexiquense construido por
la firma española.
De acuerdo con el abogado de
Infraiber, Paulo Díez, hay un procedimiento ilegal por parte del Gobierno del
Estado de México y OHL, al impedirles operar el sistema de verificación de
aforo vehicular. Según Díez, el convenio marco que suscribió Infraiber con las
autoridades mexiquenses está vigente, porque ni han recibido notificación
oficial sobre la terminación del convenio marco, ni existe juicio alguno en el
que el gobierno de Eruviel Ávila haya
reclamado la declaración judicial de invalidez o nulidad del convenio marco.
“Mientras no exista una sentencia firme, dictada por un tribunal competente,
que declare la terminación, invalidez o nulidad del convenio marco, este último
seguirá vigente y obligará a las partes en sus términos”, enfatiza Díez.
El abogado Díez, que ante la
inacción de la justicia comenzó a litigar el conflicto en la opinión pública,
señala que al quitarle a Infraiber el derecho otorgado en el convenio marco, se
le entregó el cobro a la filial mexicana de OHL desde enero de 2013, que con
una modificación en la tarifa del 100%, recaudó 50 centavos más IVA década
usuario de la autopista, lo que hasta abril pasado significó un ingreso para el
Gobierno mexiquense –de acuerdo con el
convenio– de más de 120 millones de pesos. Según Díez, este monto fue entregado
al exsecretario de Comunicaciones mexiquense, Apolinar Mena, en vísperas de las
elecciones federales.
La forma como se ha manejado
jurídicamente este caso ha sido condimentada por una serie de conversaciones
ilegalmente grabadas de ejecutivos de OHL México, difundidas a través de
YouTube, donde se siembran dudas sobre corrupción, tráfico de influencias y
favoritismo entre Gobierno mexiquense y la empresa. Ejecutivos de OHL México
aseguran que las grabaciones fueron editadas y han señalado a Infraiber como la autora intelectual del ilícito. Díez
niega que sean responsables de las grabaciones. El tema de fondo, sin embargo,
no son los audios, sino las acciones mediante las cuales se le entregó a OHL
toda la operación del Circuito Exterior mexiquense, lo que generó la
suspicacia.
Tampoco mitigaron las
percepciones las acciones preventivas que tomó OHL en España. Según reportes en
la prensa española, la empresa y su matriz, Grupo Villar Mir, empezaron un
“ambicioso y acelerado” plan de desinversiones para ampliar su capital en mil
millones de euros, con el propósito de recuperar salud financiera tras el
escándalo. En México, la filial de OHL aprobó un fondo destinado a la recompra
de acciones por 2 mil millones de pesos,
que cuestiona públicamente Díez, y que buscó paliar la caída de más de 35% del
valor de las acciones de la multinacional. OHL México ha dado a conocer cuatro
auditorías de empresas altamente reconocidas, pero no logra revertir la
corriente de opinión en su contra. Varios equipos de comunicación y manejo de
crisis han sido contratados a lo largo de este año, sin que tampoco hayan conseguido modificar la mala imagen que
tiene la empresa.
OHL se encuentra en un
pantano: entre más se mueve, más se hunde. De acuerdo con un reporte del periódico
digital español El Confidencial, “el terremoto desatado bajo los pies de OHL
podría tener serias réplicas en las próximas semanas, debido a que la Fiscalía
Anticorrupción ha enviado una comisión rogatoria” a México para solicitar
información que le permita dilucidar si incurrió en sobornos y extorsiones
para conseguir obra pública y mejorar
los términos de los contratos después de ganadas las licitaciones. Los abogados
de OHL dijeron al periódico digital que no tenían constancia de la comisión
rogatoria en la Ciudad de México o Madrid.
El problema de OHL en España
y México está enmarcado en las sospechas de laxitud de los dos gobiernos en
temas de corrupción y conflicto de interés. Según El Confidencial, “España se
encuentra actualmente en el foco de los organismos internacionales por su falta
de mano dura a la hora de castigar a sus compañías por presuntas compras de
empleados públicos en el extranjero y necesita urgentemente un golpe de efecto”.
En México, el principal
problema no se focaliza en las empresas sino dentro de los gobiernos. Pero al
igual que en España, necesita un golpe de efecto que demuestra que la lucha
contra la corrupción prometida por el presidente Enrique Peña Nieto, va en
serio. OHL, por sus relaciones con los gobiernos mexiquenses, se encuentra en
una posición de alto riesgo. Una acción contra sus ejecutivos y funcionarios
o ex funcionarios que tuvieron
relaciones opacas con ellos, sería ese efecto demostrativo y contundente que
tanto le urge al Presidente.
(ZÓCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 08 DE DICIEMBRE 2015)
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