La empresa estadounidense Lexmark,
fabricante internacional de cartuchos para impresoras, despidió a un centenar
de empleados que pedían un ajuste de sueldo de diario de 114 a 120 pesos.
También buscaban formar un sindicato independiente.
Ciudad de México, 12 de
diciembre (SinEmbargo).– La fabricante estadounidense de cartuchos para impresora
Lexmark despidió de una de sus maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua, a casi
un centenar de trabajadores que buscaban un ajuste salarial de seis pesos
diarios.
“Fui despedida el miércoles.
En recursos humanos me dijeron que mi contrato estaba rescindido porque violé
los códigos de conducta de la maquila, y que por favor abandonara la planta
porque ya no pertenecía a Lexmark. En eso llegó un guardia y me aventó”, dijo a
este medio Miriam Delgado, obrera de 37 años y que tenía cinco años y siete
meses de trabajar para la trasnacional.
Con ella fueron despedidos
más de noventa empleados, informó la abogada Susana Prieto Terrazas, entre
ellos los 78 firmantes de una solicitud de registro de un sindicato
independiente que, el pasado 3 de noviembre, fue entregada a la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado.
En entrevista con SinEmbargo,
la representante legal aseguró que los despidos fueron una represalia de la
firma norteamericana ante el movimiento obrero iniciado en octubre, cuando más
de mil 300 empleados se inconformaron por el incumplimiento de un aumento
salarial.
El ajuste, agregó Prieto, era
de 114 a 120 pesos diarios, cantidad esta última considerada como tope salarial
para trabajadores con cinco o más años de experiencia en las líneas de
producción de la firma. Pero al cumplirse el plazo para la mayor parte de los
trabajadores, dijo la abogada, la empresa respondió que tenían que “recertificarse”
de nuevo.
Ante la situación, informó,
los trabajadores se organizaron y buscaron asesoría legal, pero encontraron que
no podían proceder contra la negativa de Lexmark a cumplir con sus políticas
internas de aumento, sino sólo a que les pagara el mínimo, que son 70.10 pesos
diarios.
Así, el 3 de noviembre
pasado, 78 de los empleados inconformes decidieron solicitar formalmente el
registro de un sindicato ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para,
en bloque, buscar mejoras salariales.
Fue entonces que empezó el
hostigamiento, cuentan las entrevistadas. Entre otras formas, con un aumento a
empleados nuevos y a quienes, para ejemplo de los disidentes, sí les pagaron
los 120 pesos desde un inicio.
De acuerdo con Prieto, la
medida de la empresa fue el detonante de un paro laboral realizado por unos 700
empleados los pasados días siete y ocho de diciembre; movimiento que también
trató de dispersar la compañía.
“Hicieron paro técnico, todo
el segundo turno; a las 3:30 de la tarde llegaron unos 700 empleados pero no
arrancaron, y a las 5:40 los empezaron a evacuar, la empresa mandó llamar al
transporte de personal, y sacaron a los trabajadores y les dijeron que les iban
a pagar el día, pero que se fueran; esto, para que no se generalizara el
movimiento. Al día siguiente, vuelven a parar y los vuelven a sacar a todos,
pagándoles el día”, dije Prieto.
El jueves, finalmente,
despidieron a quienes firmaron la solicitud para la creación del sindicato.
“Fue una represalia”, dice Miriam Delgado. “Fuimos 700 los que paramos las
líneas porque nos están pagando un salario miserable; fue la injusticia por la
que paramos las líneas”, agregó vía telefónica desde el plantón que sostenían
el jueves afuera de la fábrica, ubicada al suroriente de Ciudad Juárez.
De acuerdo con Prieto
Terrazas, los despidos evidencian también la colusión entre la empresa y el
Gobierno del estado, debido a que sólo la Junta de Conciliación y Arbitraje
tenía el listado de quienes firmaron la petición.
“¿Por qué el Gobierno permite
esto, si somos los trabajadores los que sacamos adelante a Ciudad Juárez, con
nuestra mano de obra, para ganar una miseria?”, cuestionó Delgado.
“Nos dicen que tenemos que
ensamblar 150 cartuchos por hora –o más de dos por minuto–, y si no, no sacamos
el bono de producción, que es de 80 pesos a la semana. Pero si faltaba un
compañero o ponían a alguien nuevo que tenía la otra pieza, o si a alguien le
dolía una mano se atrasaba todo y ya no teníamos el bono”, agregó la hoy
desempleada.
El Gobierno del Estado ha
defendido a la empresa y acusado de “prácticas extorsivas” a los obreros
organizados. De acuerdo con medios locales, en una comparecencia ante la
comisión del Trabajo del Congreso, el Secretario del Trabajo, Fidel Pérez
Romero, señaló que si bien había condiciones qué mejorar en la industria, los
plantones no eran la vía.
“Las causas de los plantones
en Ciudad Juárez son las prácticas extorsivas que han tomado algunos de los
líderes sindicales para obtener beneficios, con las que no sólo han dañado a
las empresas, sino a los propios trabajadores”, citó El Heraldo de Juárez al
funcionario.
LA MAQUILA YA NO BASTA
Más de mil 300 empleados están
inconformes por la falta de aumento salarial. Foto: Lintel.mx
Ciudad Juárez es el municipio
del país con mayor cantidad de población empleada en la industria maquiladora,
con alrededor de 300 mil personas, pero sin sindicatos independientes.
Este año, sin embargo, en la
ciudad se han registrado otros movimientos entre los obreros de las
multinacionales en demanda de mejoras salariales, como en Eaton, Scientific
Atlanta, ADC y la trasnacional taiwanesa Foxconn, que tiene varias plantas en
la ciudad.
Prieto informó que ante la
Junta de Conciliación se han presentado al menos otras dos solicitudes de
registro por parte de los trabajadores de otras empresas, sin que alguna haya
sido aceptada.
Ubicada en el extremo
suroriente de Juárez, la planta maquiladora Lexmark fue inaugurada en junio de
2005 por el entonces Gobierno de José Reyes Baeza, el cual anunció que el
inicio de operaciones de ésta y otras multinacionales, como la sueca
Electrolux, recuperaría cinco mil de los casi cien mil empleos perdidos desde
la recesión económica de 2001.
Pero los 700 pesos semanales
que pagan a los obreros, comentó.
Delgado, apenas si permiten
la subsistencia.
“Compro 300 pesos de mandado
a la semana (14 pesos diarios entre ella y sus dos hijos adolescentes). Si
tengo que pagar luz y gas, ya no compro comida esa semana. Otros 300 pesos son
para la escuela, porque aunque dice el Gobierno que es gratuita, no es así.
Pago transporte, internet, 90 pesos para una tarjeta de teléfono”, dijo.
“Ahora estoy desesperada, no
sé que hacer, ando enferma de mi pecho por todas estas injusticias, porque yo
trabajé mucho tiempo para mi planta. Y uno como mamá soltera es más
desesperante, porque ¿qué va a hacer uno? El estudio no es gratuito, nada es
gratuito, hasta para caminar los zapatos se acaban”, agregó la madre de
familia.
En un posicionamiento enviado
a través de correo electrónico, Lexmark dijo tomar “muy seriamente los valores
de respeto mutuo” y la satisfacción de los empleados.
“Abrazamos las diferencias
individuales y escuchamos todas las voces. Estamos comprometidos a participar
en conversaciones abiertas y honestas con nuestros empleados para asegurar
Lexmark continúe siendo un lugar gratificante para trabajar”, dijo Leea Haarz,
gerente general de Lexmark en Juárez.
Este medio trató también de
contactar a Joaquín Barrios Cervantes, titular de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje ubicada en Juárez, pero no hubo respuesta en el número
telefónico que aparece en la página electrónica oficial del Gobierno del
Estado.
(SIN EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto
diciembre 11, 2015 - 17:41h)
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