los 85 tomos del voluminoso
expediente de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, especialistas de la UNAM y del
Inacipe detectaron innumerables irregularidades que no sólo sepultan la “verdad
histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, sino que incluso son prueba
suficiente para fincarle responsabilidades penales y administrativas a él, a su
sucesora y a otros funcionarios de la procuraduría… e incluso al presidente
Enrique Peña Nieto.
Con ayuda de diversos
peritos, este semanario detectó que los dictámenes sobre los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero,
fueron “arreglados” por la Procuraduría General de la República (PGR) para
sostener la “verdad histórica” que anunció el entonces titular de la
dependencia, Jesús Murillo Karam.
Además de dictámenes
alterados, observaron una serie de irregularidades en el llenado de las cadenas
de custodia, lo que contraviene el Acuerdo A/00/2010 de la PGR (sobre
protocolos periciales), pues se violó el principio de mismidad; es decir, los
indicios recolectados no reúnen requisitos de integridad, conservación, inalterabilidad,
naturalidad y originalidad.
El 7 de noviembre de 2014
Murillo Karam expuso ante los reporteros que los cuerpos de los 43 normalistas
fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos fueron arrojados al
río San Juan.
Los presuntos asesinos, dijo
ese día, utilizaron “acelerantes de fuego” como diésel o gasolina. Semanas
después, el 27 de enero de 2015, presentó su “verdad histórica”.
El 11 de octubre último, ante
la presión de organismos no gubernamentales que piden acceso al expediente, la
procuradora Arely Gómez González puso a disposición de la ciudadanía
aproximadamente 50 mil fojas del expediente del caso Ayotzinapa. Hoy se sabe
que la polémica hipótesis de Murillo Karam –sustentada también por su sucesora–
no se sostiene.
A petición de este semanario,
expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto
Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) analizaron los 85 tomos del voluminoso
expediente y encontraron que no existe un dictamen pericial que respalde la
existencia de diésel y gasolina (Proceso 2033).
(Fragmento del reportaje que se publica
en la edición 2041, ya en circulación)
(PROCESO/ PATRICIA DÁVILA/ 12 DE
DICIEMBRE DE 2015)
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