Curiosamente
en los días de la fuga de “El Chapo” Guzmán, las autoridades mexicanas
delineaban con Estados Unidos los detalles de un acuerdo de extradición
“Preferimos
una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos”
Bajo
este lapidario lema, los principales capos del narcotráfico en Colombia crearon
a principios de los años 80 el llamado grupo de Los Extraditables.
En
la lista de los jefes de los cárteles, la mayoría de ellos de Medellín, figuraban Pablo Escobar, Gonzalo
Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa y Carlos Lehder.
Aunque
rivales entre sí, una causa común los unió: presionar al gobierno y a sus
legisladores para impedir que Colombia firmara con Estados Unidos un tratado de
extradición.
Los
capos sabían que una vez extraditados, sería casi imposible volver a pisar
Colombia. Y recurrieron incluso a la violencia urbana, sembrando el terror con
coches-bomba, para que la sociedad presionara a que el tratado no se firmara.
Viene
a cuento el ejemplo de Colombia, porque curiosamente en los días de la fuga de
Joaquín “El Chapo” Guzmán, las autoridades mexicanas delineaban con Estados
Unidos los detalles de un acuerdo de extradición que culminaría con la entregan
de algunos grandes capos recluidos en cárceles mexicanas.
Concretamente
la procuradora Arely Gómez y su homóloga norteamericana Loretta Lynch,
sostenían conversaciones sobre los alcances y tiempos de un acuerdo de
extradición.
Alguien
o algunos, dentro y fuera de las prisiones de “alta seguridad”, debieron
ponerse muy nerviosos de saberse trasladados a los Estados Unidos. Y habrían
enviado mensajes muy claros al gobierno mexicano.
Unos
dicen que esos mensajes advertían que en el momento en que alguno de los
grandes –como “El Chapo” – pisara suelo norteamericano, daría el detalle de
toda la generosidad desplegada a candidatos en campaña, de todos los partidos.
Incluyendo elecciones presidenciales.
Cierto
o falso, es lo de menos. La sola idea de que una declaración de esa magnitud
saliera a flote, colocaría en serios predicamentos al gobierno mexicano.
Hay
quienes sin embargo dicen que la amenaza sería aún mayor. Y que la advertencia de algunos
“extraditables” mexicanos incluía el denunciar con detalles –esos sí, muy
precisos– el involucramiento de altos funcionarios en la protección de algunos
cárteles.
Incluso
se apunta hacia personajes del más alto nivel, cuyos parientes consanguíneos
estarían no solo vendiendo la protección a los capos, sino operando
directamente trasiegos.
A
tal grado se habría detectado ese involucramiento, que en algunos círculos de
la inteligencia norteamericana uno de esos hermanos incómodos ya fue bautizado
como “El Z-1”. Y se analizaba ya si a su hermano funcionario se le retiraba la
visa.
Sean
historias reales o verdades a medias, lo cierto es que pareciera que la fuga de
“El Chapo” sería para algunos una muy oportuna salida.
Sería
preferible la vergüenza de pasar como autoridades incompetentes –no serían las
primeras ni en México ni en el mundo– antes que confirmar que desde los más
altos círculos del gobierno mexicano existen traidores que operan como
titiriteros de alguno de los más famosos cárteles.
(REPORTE INDIGO/ RAMÓN ALBERTO GARZA / Jueves
16 de julio de 2015)
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