22
de febrero de 2014. De izquierda a derecha: Eduardo Sánchez, vocero de la
Presidencia; Manuel Mondragón, entonces comisionado nacional de Seguridad
Pública; Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa; Jesús Murillo Karam,
Procurador General de la República; Vidal Soberón Sanz, Secretario de la Marina
y Eugenio Ímaz Gispert, director del CISEN. Foto: Cuartoscuro
Ciudad
de México, (SinEmbargo).– Ni le aseguró bienes ni detuvo a sus cómplices. En
los 17 meses que lo tuvo detenido, el Ministerio Público de la Federación dictó
cinco autos de formal prisión que tenía pendientes contra Joaquín “El Chapo”
Guzmán Loera y sólo uno adicional contra alguien relacionado al presunto capo:
Carlos Manuel Hoo Ramírez, “El Cóndor”, el hombre que lo acompañaba al momento
de la reaprehensión en Mazatlán, el 22 de febrero de 2014.
Pero
fuera de él, y desde marzo del año pasado, la Procuraduría General de la
República (PGR) no ha consignado ante el Poder Judicial de la Federación a más
personas directamente relacionadas con quien, dice la versión oficial, encabeza
una de las organizaciones del narcotráfico más grandes y violentas no sólo de
México, sino de todo el mundo.
De
acuerdo con información de la Judicatura Federal, que publica la actividad de
los juzgados, la última actuación derivada de las averiguaciones previas que
pesan contra Guzmán Loera fue reportada el 7 de marzo de 2014, luego de que el
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el
Estado de México dictó auto de formal prisión a Hoo Ramírez, y sólo por su
probable responsabilidad en la portación y posesión de las armas de fuego y los
cartuchos con los que lo encontraron.
A
Guzmán Loera, por su parte, los Juzgados Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de
Distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México le
dictaron, en los días posteriores a la reaprehensión, cuatro autos de formal
prisión por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y
uno más por delitos contra la salud. Los cargos, indica la información de la
Judicatura, fueron fincados en las averiguaciones previas iniciadas con los
números 50/2009, 206/2010, 65/2011, 65/2011 y 364/2012.
Ninguna
de las acusaciones, se observa en los reportes de la actividad judicial, es por
otros delitos que podría desprenderse de las actividades atribuidas al Cártel
de Sinaloa, como el lavado de dinero o los homicidios. En ninguno de los
reportes, además, se observa que el Ministerio Público Federal haya obtenido
sentencias condenatorias por sus acusaciones.
El
Día De Su Captura, En Mazatlán. Foto: Cuartoscuro
Guzmán
Loera, conocido como “El Chapo” y presuntamente jefe del Cártel de Sinaloa, se
escapó el pasado sábado 11 de julio del Centro Federal de Readaptación Social
del Altiplano, prisión de máxima seguridad antes conocida como Almoloya. Había
llegado ahí desde el sábado 22 de febrero de 2014, cuando fue reaprehendido por
elementos de la Secretaría de la Marina que, con ayuda del Gobierno
norteamericano, lo ubicaron en un edificio de suites en Mazatlán, Sinaloa.
Trece años antes, en 2001, se había fugado ya de la cárcel también de máxima
seguridad de Puente Grande, Jalisco, para, en los años siguientes, convertirse
en uno de los presuntos criminales más buscados del mundo.
La
necesidad de que de la reaprehensión de “El Chapo” se convirtiera en el inicio
de una investigación alrededor de la red que lo protegió durante dos sexenios,
y sobre todo alrededor de sus recursos patrimoniales, fue planteada desde el
año pasado por el investigador y académico Edgardo Buscaglia, uno de los
principales expertos en materia de combate a la delincuencia organizada en el
hemisferio.
“La
captura de Guzmán es motivo no de celebración pero sí por lo menos de
congratulación. Se atrapó a un capo, pero queremos que esa detención sea
consecuente, impacte en los delitos económicos. En la medida en la que no lo
haga, la detención será inútil para la sociedad. Será útil políticamente para
la administración, pero no para la sociedad si no se abren esas líneas de
investigación”, dijo Buscaglia a SinEmbargo en marzo de 2014.
“Si
veo que lo mantienen acá sólo con una investigación en una carcelita y no se le
desmantelan los activos patrimoniales que alimentan a los delitos de
secuestros, extorsión, drogas y armas, voy a ser el primero en condenarlo”,
agregó Buscaglia en la misma entrevista.
Otra
instancia que sugirió una mayor investigación sobre la red empresarial
probablemente vinculada con el cártel de Sinaloa fue el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos, que cinco días después del arresto en Mazatlán, emitió una
alerta contra personas y negocios que, considera ese Gobierno, lavan en México
dinero para la organización de “El Chapo”.
“Las
autoridades mexicanas lograron una victoria mayúscula con la captura de ‘El
Chapo’ Guzmán”, publicó un boletín del Departamento del Tesoro.
“Basado en este éxito, la Oficina de Control
de Activos Extranjeros continuará enfocándose en las finanzas y operaciones del
cártel de Sinaloa y sus otros líderes, incluyendo [Juan José] Esparragoza
Moreno”, agregó el texto, del 27 de febrero.
Ese
día, el Tesoro publicó una lista con siete nombres de personas y de diez
empresas presuntamente vinculadas con las actividades criminales del cártel de
Sinaloa y con dos de sus jefes en particular, Guzmán Loera y Esparragoza
Moreno, prófugo.
Entre
las empresas enlistadas se encontraban seis instaladas en Colombia y otras
cuatro en la zona Metropolitana de Guadalajara: Agrícola y Ganadera Cuemir y
cooperativa Aveztruz Cuemir, en Tlajomulco de Zúñiga; y las casas de empeño
Prenda Todo y Presta Fácil, ambas en la capital jalisciense.
Fuentes
de la PGR confirmaron en diciembre a SinEmbargo que el Gobierno mexicano no
había iniciado investigación alguna derivada de la alerta del Gobierno
norteamericano y, en un recorrido por algunos de los negocios, este medio
confirmó que, al menos las casas de cambio, continuaban operando. Una de ellas,
solamente, cambió el nombre de “Prenda todo” por el de “Fortaleza”.
Consultado
con respecto, Buscaglia consideró que la corrupción podía ser el único motivo
por el que el Gobierno federal no hubiera ampliado su investigación.
“Sólo
se puede concluir que el actual Gobierno federal mexicano forma parte activa y
no sólo omisa de un pacto político de impunidad que va del ámbito federal al
municipal”, dijo Buscaglia.
(SIN
EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto julio 16, 2015 - 00:05h)
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