CHILPANCINGO,
Gro. (apro).- A pesar de que el gobernador Rogelio Ortega clamó el apoyo de la
Federación para evitar la quiebra financiera, a la vez plantea desviar más de
30 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF) para beneficiar a un grupo de diputados locales
de PRD y PRI, encabezados por el presidente del Congreso, el legislador
perredista vinculado con el narco, Bernardo Ortega Jiménez.
De
esta manera, Ortega Martínez pretende pagar a los legisladores el voto durante
la sesión del 27 de abril, cuando lo ratificaron en el cargo para que concluya
el periodo de seis meses que resta a la gestión del defenestrado Ángel Aguirre
Rivero, indica un audio obtenido por Apro.
No
obstante, los diputados están presionando al gobierno de Ortega y exigen la
entrega de 10 millones en obra pública que presuntamente gestionaron en el
presupuesto de egresos de este año.
La
actitud de los legisladores tiene en vilo a los secretarios de Finanzas
(Sefina) y Obras Públicas (SDUOP), Eliseo Moyao Morales y Jesús Hernández
Torres, respectivamente, pues éstos admiten que pueden “tener problemas” con
instancias federales encargadas de fiscalizar los del Ramo 33.
A
través de una conversación telefónica registrada la noche del miércoles 22,
ambos funcionarios critican la ambición de los legisladores, a quienes
califican como “radicales y cabrones sin llenadera”.
También
se quejan de que los diputados del PRD, encabezados Bernardo Ortega y sus
aliados del PRI, están “chantajeando” con iniciar una auditoría a la
administración de Rogelio Ortega en caso de que no cumplan con el acuerdo
pactado previo a su ratificación, que se concretó por mayoría la noche del
lunes 27 de abril.
Al
respecto, el tesorero estatal Eliseo Moyao revela que en la aprobación del
presupuesto estatal, mediante “las pinches prácticas de usos y costumbres”, se
etiquetaron 4 millones en obra para cada uno de los 41 diputados de la saliente
60 Legislatura, bajo el rubro de “gestión social”.
La
ejecución de estas obras depende también de maniobras ilegales calificadas como
“usos y costumbres”, que siguen ejerciendo los titulares en turno de la SDUOP,
destacó Moyao Morales, exjefe delegacional en Tlalpan en 2004 durante la
gestión de Carlos Imaz, quien se separó del cargo tras la exhibición los
video-escándalos relacionados con el caso Ahumada.
No
obstante, los diputados locales, donde el PRD es mayoría y preside la Comisión
de Gobierno, están exigiendo 10 millones de pesos y, ante la presión, el
secretario de Finanzas se compromete a “fondear recursos del FAFEF”, para
incrementar a 6 millones la bolsa destinada a los legisladores.
Incluso,
Moyao Morales ordena a Jesús Hernández que el director general técnico de la
SDUOP, Absalón Adame Pérez, sea quien opere la ejecución de la obra pública
adjudicada de manera directa al menos a cuatro diputados del PRD y un número
indeterminado del PRI.
Entre
los beneficiados con la bolsa millonaria se encuentra Bernardo Ortega, Amador
Campos Aburto, Óscar Díaz Bello y Nicanor Adame, todos del PRD, refieren los
colaboradores de Rogelio Ortega.
Según
la conversación entre los titulares de Sefina y SDUOP, el ofrecimiento de la
administración de Ortega sería de 6 millones para cada uno de los cuatro
diputados del PRD y un número indeterminado de priistas.
El
desvío de recursos federales etiquetados para pagar el favor a los diputados
alcanzaría al menos 30 millones de pesos, y el acuerdo habría quedado sellado
entre el lunes 29 y martes 30 de junio.
En
otra conversación registrada el jueves 25 de junio, el secretario de Finanzas
pidió ayuda al subcoordinador de la bancada perredista, Amador Campos Aburto,
para dejar fuera a algunos compañeros de su partido, así como a legisladores de
PAN, PT y Movimiento Ciudadano; de lo contrario, los recursos “no van a
alcanzar para todos”, advirtió.
En
respuesta, Campos Aburto expresó:
“Sí,
yo te voy a decir, ‘bueno, quítale a este cabrón’. Van a protestar pero bueno
pues nosotros ya nos hacemos los desentendidos”.
En
la charla, el secretario de Finanzas dio a conocer que los cuatro perredistas
determinaron dejar fuera a su correligionario Germán Farías, con el argumento
de que “no se coordina” y tampoco ha gestionado nada.
El
lunes 20 de abril, Apro dio a conocer que el gobernador Rogelio Ortega habría
pactado con diputados locales su ratificación en el cargo a cambio de la
entrega de dinero a los coordinadores de las fracciones parlamentarias.
“La
línea hasta este lunes es ratificar a (Rogelio) Ortega porque ya negoció su
permanencia con los líderes de la corriente de Los Chuchos y cedió a la
petición de dinero que hizo el coordinador del Congreso, Bernardo Ortega
Jiménez”, confirmó a Apro una fuente del Legislativo que pidió el anonimato.
Antes,
había trascendido que los diputados estaban pidiendo al menos 10 millones para
ratificar a Ortega, y el senador perredista Sofío Ramírez reprochó en ese
entonces el hecho de que el gobernador estaba promoviendo su permanencia en el
cargo mediante operadores políticos y pagando desplegados donde se asumía como
“el pacificador de la entidad” ante la crisis generada por el caso Ayotzinapa.
En
ese tiempo, Ortega Martínez admitió que, tras la abrupta separación del cargo
de Aguirre, fue impuesto por las élites de los partidos políticos, y ellos
mismos iban a definir si seguía en el cargo o designaban a otra persona a
través del Congreso local.
Por
ello, se enfocó en buscar la aprobación de los líderes de Los Chuchos, y por
eso decidió trasladarse en helicóptero a Michoacán para participar en el
polémico arranque de campaña del candidato a gobernador de la vecina entidad,
Silvano Aureoles.
Luego
decidió amarrar acuerdos en el Congreso local ante los reproches de los
coordinadores de las fracciones de PRD, PRI y MC, Bernardo Ortega, Héctor
Apreza y Oliver Quiroz, respectivamente.
Los
líderes parlamentarios se quejaron de la falta de “atención y descortesía” del
gobernador interino frente al Congreso, y el equipo de Rogelio Ortega filtró la
versión de que los diputados le estaban pidiendo dinero a cambio de su
ratificación.
Una
semana después, el pleno del Congreso designó por mayoría a Rogelio Ortega como
gobernador sustituto en la entidad.
Este
hecho contrasta con la actitud asumida en los últimos días por la
administración de Ortega Martínez, que está pidiendo ayuda el gobierno federal
para hacer frente al “boquete financiero” que arrastra la entidad, de 13 mil
millones de pesos y generado por el desvío de recursos federales desde 2001.
El
jueves 23, Ortega compareció ante legisladores federales de la Segunda Comisión
Permanente, reunidos en el Senado, para hablar sobre el conflicto educativo,
pero advirtió que los problemas de narcotráfico, los bloqueos de estudiantes y
maestros, las movilizaciones, el “boquete financiero” en el área de salud y la
falta de fondos para el magisterio en conjunto tienen a Guerrero al borde de la
quiebra.
Ante
ese escenario, el mandatario expresó:
“Adelanten
la toma de posesión del nuevo gobernador o intercedan ante la Secretaría de
Hacienda para que nos entregue recursos para afrontar el boquete financiero que
tenemos y que puede provocar una crisis en la entidad”.
Posteriormente,
el sábado 25, el titular de Sefina, Eliseo Moyao Morales, informó que el déficit
que arrastra la entidad fue generado por destinar recursos “de donde no
corresponden” para financiar gasto de operación y transferir dinero a
organizaciones sociales.
También
resaltó que el origen de este millonario pasivo viene desde 2001, cuando se
otorgaron 12 mil 326 plazas del magisterio sin techo presupuestal, así como el
aumento de la nómina en el sector salud y porque de esta forma se han
desactivado conflictos políticos.
El
funcionario explicó que de los 13 mil 50 millones del déficit calificado como
“histórico”, el pasivo correspondiente a la Secretaría de Educación en Guerrero
(SEG) asciende a 8 mil millones; 3 mil 500 al Sector Salud; mil 500 millones, a
la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina), y 500 millones de
diferentes paraestatales.
Los
exgobernadores René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre
encabezaron la administración estatal durante ese periodo, no obstante, los
tres gozan de impunidad y siguen influyendo en temas políticos de la entidad.
Moyao
justificó las prácticas ilegales en la aplicación de los recursos públicos al
argumentar que el presupuesto anual es muy restringido para la operación, pues
depende en 80% de recursos federales:
“Las
distintas administraciones se ven enfrentadas a una carencia de recursos que,
por las presiones sociales, en muchas ocasiones se ven obligadas a recurrir a
fondos que no están destinados para ciertos fines, que no están destinados para
la operación o cumplimiento de proyectos y programas, o para la creación de
algunas transferencias de recursos a grupos sociales y grupos organizados”,
afirmó.
(PROCESO/ EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 27
DE JULIO DE 2015)
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