Ciudad
de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Durante el presente proceso electoral, el
Partido Acción Nacional (PAN) ha interpuesto seis denuncias penales ante la
Procuraduría General de la República (PGR), cuatro denuncias administrativas
ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y dos denuncias ante la Unidad
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).
Asimismo
el partido blanquiazul ha presentado recursos jurídicos para solicitar la
destitución e inhabilitación de 15 funcionarios públicos por presuntos delitos
electorales y casos de corrupción.
Todos
los casos continúan abiertos a poco más de un mes de que se realicen los
comicios del 7 de junio. Ninguna autoridad judicial o electoral ha dado
respuesta a la denuncias aunque en algunos casos involucran desde posible
tráfico de influencias de una Senadora de la República hasta el mal manejo de
recursos públicos hasta por 800 millones de pesos, denunciaron militantes del
albiazul.
“No
sabemos cuál es el estado que guardan las averiguaciones previas, no se nos ha
informado nada. Pero nosotros hacemos un llamado tanto a la PGR como a la SFP y
por supuesto al INE para que le dé celeridad a esta investigación, deslinde
responsabilidades y en su caso determine la sanción en la que puedan estar sujetos
los funcionarios”, afirmó Humberto Aguilar Coronado, delegado del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en Sonora, en entrevista para SinEmbargo.
En
el presente proceso electoral, Acción Nacional ha presentado denuncias penales
y administrativas en contra de la candidata de Partido Revolucionario
Institucional (PRI) al gobierno de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, como
presunta responsable de delitos de peculado, tráfico de influencias, cohecho, y
abuso de autoridad, entre otros.
Pavlovich
ha sido evidenciada en diversas grabaciones en las cuales presume el uso de sus
influencias como Senadora de la República para solicitar al subsecretario de
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Tranpsortes (SCT), Raúl
Murrieta Cummings, el apoyo para que empresarios amigos suyos obtengan una
licitación en Sonora que posteriormente le facilitaría una avioneta para
transportarse durante la campaña electoral. Ella ha dicho que se trata de una
operación ilegal que sólo pretende desprestigiarla por ser mujer y por ir
arriba en las encuestas.
El
13 de marzo de 2013 Acción Nacional presentó tres denuncias penales contra el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) así como funcionarios del Instituto
Nacional Electoral (INE) y empresas privadas, por los presuntos delitos de
compra del voto y el mal uso de información protegida relativa a la lista de
ciudadanos insaculados como funcionarios de casilla.
Otro
de los servidores públicos denunciados recientemente es David Korenfeld
Federman, ex director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por
abuso de autoridad al emplear un helicóptero oficial de la dependencia como
taxi aéreo para transportar a su familia al aeropuerto desde la entrada de su
casa en el Estado de México.
Pero
no son los únicos, en total se ha pedido la inhabilitación contra 15 servidores
públicos de la SCT, la delegación Veracruz de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), el Instituto Nacional de Migración (INM) y el gobierno de
Sonora, por haber participado o colaborado en presuntos actos delictivos.
La
principal demanda de Acción Nacional es que las autoridades competentes
investiguen las denuncias presentadas, a fin de evitar que se vayan conformando
distintos fraudes electorales a lo largo del país.
“Lo
que no puede es continuar la impunidad. Los ciudadanos están hartos de que
todas estas denuncias, todas estas prácticas queden impunes, que no haya
castigos y que no haya un combate a este tipo de prácticas de los gobiernos del
PRI”, afirmó esta semana el presidente nacional panista Gustavo Madero Muñoz.
PAVLOVICH ACUMULA DENUNCIAS
En
el estado de Sonora, el partido ha presentado siete denuncias ante diversas
instancias: PGR, Secretaría de la Función Pública (SPF) y la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales (Fepade), por los posibles delitos de
tráfico de influencias, peculado, cohecho, abuso de autoridad, ejercicio
indebido del servicio público, operaciones con recursos de procedencia ilícita
y uso de recursos obtenidos de fuentes ajenas al financiamiento público de las
campañas electorales.
El
delegado del CEN del PAN en Sonora, Humberto Aguilar Coronado, indicó que el
gobierno federal debe acelerar las investigaciones para fincar
responsabilidades en contra de la candidata del PRI a la gubernatura de Sonora,
Claudia Pavlovich, quien hasta hoy acumula ya siete denuncias en su contra por
distintos delitos.
El
primer recurso fue interpuesto el 10 de marzo de 2015 derivado de una grabación
entre Gerardo Rubio Romero, secretario del Ayuntamiento de Nogales y Alan
Echeverría Tobié, delegado del Instituto Nacional de Migración de Sonora , este
último promete entregar “dos maletas” de dinero para apoyar la campaña
electoral de Claudia Pavlovich.
El
PAN presentó una nueva denuncia penal contra Pavlovich por presunto tráfico de
influencias el 20 de abril. Mediante una grabación se exhibió a la Senadora
priísta cuando utilizaba sus influencias para que empresarios amigos ganaran
contratos de obras carreteras de la SCT con valor de 442 millones de pesos.
Posteriormente, los empresarios beneficiarios le facilitaron una avioneta para
trasladarse en sus actos de campaña.
El
blanquiazul exigió la destitución del subsecretario de Infraestructura de la
SCT, Raúl Murrieta Cummings, y el director general de carreteras de la SCT,
Óscar Raúl Callejo Silva, por apoyar las licitaciones a favor de los
empresarios sonorenses.
Las
denuncias presentadas ante la PGR y la SPF se extienden contra funcionarios del
Gobierno federal, del gobierno estatal y empresarios sonorenses por presunta
corrupción, ejercicio indebido de servicio público, ejercicio abusivo de
funciones, peculado, tráfico de influencias y cohecho.
Entre
los funcionarios denunciados se encuentra además de los ya citados Francisco
Javier Hernández Armenta, director del Centro SCT Sonora; Juan Manuel Carrillo
Bahena, subdirector de Contratos y Costos del Centro SCT Sonora; Ricardo Olvera
González, jefe de Departamento de Costos del Centro SCT Sonora; Isidro Naranjo
Ramírez, subdirector de Obras región del Centro SCT Sonora; y Eduardo Parra
Saavedra, residente General del Centro SCT del estado.
Asimismo,
contra propietarios y representantes legales de las empresas Grupo
Construcciones Planificadas ¨CONSTRUPLAN, Exploraciones Mineras del Desierto,
MIRAMAR, Compañía Constructora MAS y Grupo Construcciones Planificadas.
Finalmente,
el 30 de abril Humberto Aguilar, delegado del CEN del PAN en Sonora, anunció
que el PAN presentaría dos nuevas denuncias contra Claudia Pavlovich, luego de
que se dieran a conocer nuevas grabaciones de la candidata priista cuando antes
de su designación le pide al comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario
Gilberto Aguilar Sánchez, que la apoye en una gestión de un poco de siete
millones de pesos.
Posteriormente,
ella misma llama a su secretario particular, Luis Carlos Soto, quien también se
desempeña como subdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social, para que le
diga al beneficiario de esa gestión, de nombre Carlos Gallegos, que “se ponga
guapo”, presuntamente para preparar su campaña electoral.
“Nosotros
creemos que en esta conversación hay varios delitos que pueden ser señalados:
ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, tráfico de
influencias, es probable que cohecho e incluso hasta peculado porque ella,
recordémoslo, es Senadora con licencia, y en ese tiempo estaba en el ejercicio
de la Senaduría de la República”, explicó Aguilar Coronado.
Los
panistas exigieron que el gobierno federal deje de usar las instituciones
gubernamentales destinadas para las causas sociales como Conapesca y Sedesol
como instrumentos electorales.
“El
PAN cumple con creces al estar dando la cara y presentar este tipo de denuncias
para que se aclare no solo por qué se hizo esa gestión, sino qué prestación
recibió la candidata del PRI por esa gestión, y en el caso del INE por qué al
que se benefició con contratos le presta o le renta una avioneta”, dijo el ex
Senador del PAN.
Debido
a que Claudia Pavlovich ha negado que se trate de su voz en las grabaciones, el
PAN exigió a la PGR que realice un peritaje para constatar que es la voz de la
candidata y llevar la investigación a sus últimas consecuencias.
Para
Acción Nacional hay tiempo suficiente para que la autoridad investigue, se
integren las averiguaciones, se deslinden responsabilidades y se impongan las
sanciones que corresponden.
“En
el caso de la candidata si ha violentado los ordenamientos electorales y por su
puesto incurrido en el uso indebido de recursos públicos, puede llegar hasta a
la cancelación de la candidatura o suspensión del registro del partido [del
PRI], y en el caso de los funcionarios públicos, inhabilitación del cargo si se
encuentra responsabilidad en ellos, eso lo determina la ley”; apuntó el
delegado del CEN del PAN en Sonora.
VERACRUZ: OTRA VEZ RECUROS DE PROGRAMAS
SOCIALES
En
Veracruz, Acción Nacional presentó dos denuncias penales en contra de
funcionarios públicos de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social
por el presunto desvío de recursos por aproximadamente 800 millones de pesos.
La
información llegó de forma anónima a la oficina del Diputado Juan Bueno Torio
en donde se expone que funcionarios de la delegación a cargo de Marcelo Montiel
Montiel han sustraído mediante un sistemático “robo hormiga” cerca de 800
millones de pesos de los programas públicos de Sedesol.
Los
panistas suponen que ese dinero se ha usado para financiar las campañas
electorales de los candidatos priistas a una diputación federal o como dice un
testimonio recabado por el blanquiazul, podría servir para que el propio
Montiel prepare su campaña a la gubernatura estatal.
La
denuncia anónima señala que por instrucciones de Marcelo Montiel, 10
trabajadores de la dependencia y 15 externos cobraron cheques y sacaron dinero
de cajeros electrónicos en lugar de los beneficiarios, a quienes solo se le
entregó parte de los recursos que les correspondían.
El
pasado lunes, el Senador de izquierda Alejandro Encinas Rodríguez informó que
había recibido una carta dirigida a su persona, suscrito por “Funcionarios
Honestos de la Sedesol de Veracruz”, con información, documentos y testimonios
de los que se presume el desvío de recursos públicos por un monto de 500
millones de pesos en la misma Sedesol.
Cuestionado
por SinEmbargo, el Diputado veracruzano Juan Bueno Torio, explicó que el
senador Encinas divulgó sólo una parte del entramado de corrupción, “nosotros
tenemos toda la película completa: empleo temporal, obras en los municipios que
no están hechas y que falsificaron firmas y cobraron los cheques como si los
hubieran concluido”, detalló el panista.
Aclaró
que la información la recibió de forma anónima hace tres semanas, pero no fue
dada a conocer de inmediato a fin de poder corroborar los datos para presentar
y sustentar la denuncia penal.
“Parte
de la gente que tenemos en Veracruz, haciendo operación política, los mandamos
a visitar a esas personas a quienes salen en el video y a muchas otras más, hay
más de 500, 600, mil, dos mil personas en los padrones de beneficiarios que no
recibieron los recursos y que consta en la documentación de la Sedesol que
firmaron de haber recibido”, precisó.
Ante
estos hechos, el PAN decidió interponer dos denuncias. La primera ante el
titular de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral para que averigue si estos recursos se están
empleando en las campañas de los diputados federales del PRI.
La
segunda ante el Titular de la Unidad Especializada para Investigación de
Delitos cometidos por Servidores Públicos en caso de que los 800 millones de
pesos no se hayan empleado en las campañas, sino para el enriquecimiento de
Marcelo Montiel y de otros funcionarios públicos.
“Esperemos
que en esta ocasión sí verdaderamente se haga la investigación y se castigue,
se sancione a los responsables. Y en este caso debe ser con cárcel, porque
estar lucrando contra la Cruzada o la famosa Cruzada contra el Hambre es ruin y
es un delito innombrable”, dijo el Diputado Juan Bueno Torio.
(SIN
EMBARGO.MX/ David Martínez Huerta / mayo 3, 2015 - 00:04h)
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