Ex funcionarios de Carlos Bustamante son
señalados de intento de despojo y allanamiento. La denuncia penal incluye al
Juez de lo Civil, Juan Ortega Veiga (sobrino de otro ex jurídico municipal) y
un actuario, quienes tomaron por sorpresa un terreno de miles de metros, en el
cual Municipio y Gobierno Federal planean desarrollar. Roberto Ordorica y Saray
Suárez son, entre otros, acusados de encabezar la estafa para apropiarse de
parte de “El Monumento”
Durante la administración
priista de Carlos Bustamante en Tijuana, el propietario de un terreno de más de
450 hectáreas (4 millones y medio de metros cuadrados) buscó regularizar y
urbanizar su propiedad a través del Ayuntamiento. Meses después, los
funcionarios municipales serían los mismos que pretenden adueñarse del predio.
Quienes el trienio pasado
recibieron los documentos y la información respecto al predio ubicado en la
zona conocida como “El Monumento”, encabezan hoy un litigio privado para
apoderarse de una gran extensión de tierra colindante con el segundo acceso a Playas
de Tijuana.
Roberto Ordorica, Saray
Suárez y Juan Ortega Veiga son, entre
otros, los señalados de liderar el fraude millonario.
A principios de 2013, el
entonces equipo jurídico del alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, adquirió
información del predio por medio de Gustavo Almaraz, amigo y compadre del
priista, quien había sido contratado como gestor por el dueño del predio, para
tramitar la regularización, pues dentro del terreno hay dos colonias y
habitantes que, por tratarse de invasiones, carecen de escrituras legales.
Por ello, Almaraz -quien
también fue beneficiado en la anterior administración como comisionista- es
señalado por los afectados de haber sido parte de la estafa con la que intentan
apoderarse de una gran extensión de tierra.
Una vez iniciado el trabajo
de gestoría de Almaraz en la pasada administración, Roberto Ordorica, ex
director jurídico del XX Ayuntamiento de Tijuana, atendió a los abogados de
Manuel Prieto Crespo, dueño del predio que corresponde al 20 por ciento de lo
que fue “El Monumento”, extensión territorial de más de 2 mil 250 hectáreas que
se adquirió a principios de Siglo XX. Se trata de 2 mil 250 hectáreas que
abarcaban desde lo que ahora se conoce como Playas de Tijuana, hasta la
colindancia con Rosarito y hacia el Este, con la zona San Antonio de los
Buenos.
LOS EX JURÍDICOS
Según los denunciantes,
Roberto Ordorica y Guadalupe Saray Suárez León (ex jefa del departamento
Jurídico de Administración Urbana), atendieron personalmente y recibieron la
documentación, a fin de regularizar y urbanizar el predio.
Pero al término de la
administración de Bustamante –detallan los abogados– tanto Ordorica como Suárez
se convirtieron en representantes legales y virtuales de Jorge Humberto Padilla
Villavicencio, quien ahora se dice dueño de gran parte del predio,
sustentándose en que lo compró a un tercero.
Los abogados afectados
aseguran que Padilla Villavicencio es solo un empleado en el despacho del ex
director jurídico: “La parte actora (el supuesto comprador) es abogado y labora
en el despacho del licenciado Roberto Ordorica” asegura el apoderado del
predio.
El caso es que los ex
funcionarios de Bustamante representan un juicio de sucesión de bienes entre
Padilla y el supuesto vendedor, Alonso Camacho León. En poco tiempo, este
juicio caminó y el Juez Noveno de lo Civil sentenció dar posesión al presunto
comprador (Padilla) contra Prieto, el legítimo propietario, de acuerdo a
documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En resumen, Juan Carlos
Constantino Ortega Veiga, juez en materia civil del Poder de Justicia del
Estado, ordenó a Camacho León entregar a Padilla el terreno del cual no es
dueño, ignorando el juez los documentos legales que avalan a Manuel Prieto como
el dueño de las 40 hectáreas en litigio.
La sentencia de la SCJN que
acredita como dueño a Manuel Prieto, data del 10 de octubre de 2013 y se
desprende de la inconformidad número 9/2013, así como del juicio de amparo
promovido el 11 de septiembre de 2009 en el Juzgado Cuarto de Distrito en el
Estado.
Tanto en la Comisión para la
Regularización de la Tendencia de la Tierra (CORETT) como en el Ayuntamiento de
Tijuana, reconocen a Manuel Prieto como dueño de ese terreno y no a Camacho
León, quien supuestamente vendió al cliente de Saray Guadalupe, que a su vez
–señalan– contrató a los ex funcionarios de Bustamante.
En el entramado del caso, un
dato más: el juez Juan Carlos Constantino Ortega Veiga es sobrino de Héctor
Manuel Veiga Galindo, ex director jurídico de lo Contencioso en la
administración de Carlos Bustamante. Estaba bajo las órdenes de Roberto
Ordorica.
Otro agravante fue cuando el
actuario Jaime Hernández Lucero, adscrito al Juzgado Noveno, se presentó en el
predio para darle posesión al supuesto comprador, el 28 de agosto, y los
apoderados del terreno exhibieron documentos que los acreditaban como dueños,
según costa en una grabación proporcionada por los afectados.
Sin embargo, acompañado de
Saray Suárez (también subordinada de Ordorica en la administración municipal),
el actuario concluyó la diligencia y dio –según las actas– posesión a Padilla
Villavicencio.
Ese día elementos de la
Policía Municipal de Tijuana, desalojaron algunos bienes en la zona colindante
con el segundo acceso a Playas.
Esta es la versión de Jesús
Quezada y Virginia Anaya Vidales, apoderados de Manuel Prieto Crespo, quienes
mostraron y proporcionaron documentos y copia de la denuncia penal bajo el
número de expediente 8926/14/211/AP, por el delito de allanamiento de morada contra
el actuario y el juez.
El intento de despojo se da
justo cuando el Ayuntamiento y la CORETT realizan un convenio con el
propietario para regularizar y ejecutar un programa social en beneficio de
miles de familias.
Por ello, que se deduzca que
la gente de Bustamante esté detrás de esta supuesta invasión, haría pensar en
una zancadilla para Jorge Astiazarán al impedir su “gran proyecto”. De ello, el
secretario del Ayuntamiento, Bernardo Padilla, solo atina a reflexionar: “Qué
casualidad… está muy raro”.
EXPEDITA JUSTICIA DE UNA JUEZ
En 2013, Guadalupe Saray
Suárez León, ex jurídico de Administración Urbana en el XX Ayuntamiento de
Tijuana, fue la encargada de dar trámite a la petición de Prieto Crespo para
regularizar los asentamiento humanos que ahí se han dado y el resto del
polígono no afectado.
Ella misma se apersonó el
pasado 28 de agosto en el mismo predio junto con el actuario Jaime Hernández
Lucero, como abogada privada y para desalojar a los trabajadores de Manuel
Prieto, encargados de vigilar el terreno.
Para que la abogada llegara
ese día a tomar posesión, el juez Juan Carlos Ortega Veiga, sobrino de otro ex
compañero suyo en el jurídico, dictó la sentencia con celeridad.
Según el expediente
1046/201-A en el Juzgado Noveno Civil, la demanda de Jorge Padilla, supuesto
comprador, contra Camacho León (supuesto propietario), fue admitida el 6 de
septiembre de 2013, pues este último nunca le entregó el terreno, el cual,
además, no ha terminado de pagar.
En el documento explican que
el contrato privado entre las dos personas se firmó el primero de julio, y
establece que, para perfeccionar “… el cumplimiento del contrato se requiere
que se firme y entregue la posesión material del predio”. A partir de esto empezaría
el periodo de tres años de duración del contrato, que fue por 25 mil pesos anuales por “una superficie de
369,186.700 m2”.
El detalle es que dicha
superficie que colinda con la carretera del segundo acceso a Playas, se
encuentra dentro de un predio mayor, propiedad de Prieto, según explicó el
perito ingeniero, Alfredo Montiel.
En el contrato también se
manifiesta que las partes celebrarían escritura pública una vez pagado. Por eso
la demanda en el Juzgado Noveno, en los representantes del supuesto dueño
ofrecieron el peritaje de Héctor R. Morales Granjeda, el cual informó que el
terreno se encontraba inmerso en una propiedad mayor de Alfonso Camacho León, y
no en el de Manuel Prieto.
En una forma pronta y
expedita que rara vez se observa en un juicio de esta naturaleza, el juez dictó
sentencia el 21 de enero de 2014, cuatro meses después de admitir la demanda,
ordenando la sucesión de bienes. Por ello, el 27 de agosto, el actuario junto
con otro perito, de nombre Jorge Israel Ruiz Chavira, ubicó el predio a
entregar.
En el lugar, según la
grabación, Virginia Anaya, apoderada del predio, le exhibía documentos al
actuario para advertirle que el inmueble que pretendía entregar a Jorge Padilla
era propiedad de su cliente, una persona ajena a la demanda.
Un día después, con policías
municipales, los bienes que estaban dentro del predio fueron remolcados y la
diligencia concluyó. Sin embargo, los trabajadores y cuidadores regresaron
junto con los bienes. La posesión no se consumó.
“A OJO DE BUEN CUBERO…”
Jesús Quezada, director del
despacho que representa a Manuel Prieto, califica las acciones del juez como
“fraudulentas” e “irregulares”; incluso el acuerdo del juez fue ejecutado días
antes de que surtiera efecto.
Sobre el encargado de ubicar
el predio, Quezada recuerda: “Hubo un perito que a ojo de buen cubero, dijo ‘es
de aquí hasta allá’”.
El día que el juez intentó
dar posesión a Jorge Padilla, policías municipales arrestaron a trabajadores de
Manuel Prieto que estaban en el lugar, acusados de “invadir” la propiedad.
Según Quezada, es ilegal por
parte del juez emitir una sentencia afectando a quien es dueño del predio y que
no fue llamado a juicio. Además, señala al supuesto vendedor, Camacho León,
como alguien que “siempre ha querido invadir estos terrenos”.
De los funcionarios del Poder
Judicial, Quezada denuncia que actuaron “con una notoria impunidad y con una
línea del juez que yo he visto pocas veces en mi carrera como abogado… he visto
cosas tan audaces, pero no de este tipo”.
Por ello, prosiguen con una
denuncia penal contra el juez y el actuario, y con un amparo y una queja en el
Consejo de la Judicatura.
Pero el abogado sabe de dónde
viene la transacción, pues recuerda que los jurídicos de Bustamante, Saray
Suárez y Roberto Ordorica, obtuvieron información privilegiada.
“Presumo que es un grupo
político. En la administración pasada, no se llegó a ningún acuerdo porque los
tiempos no nos dieron, y tampoco la voluntad fue del todo transparente. Ellos
tenían pleno conocimiento que el predio era propiedad de Manuel Prieto, las
personas que intentaron desalojarnos, son personas de la administración
pasada”, relata Quezada, y amplía: “Tenían pleno conocimiento que nosotros ya
estábamos en estas gestiones, nos recibieron documentos, estuvieron
revisándolos en mesas de trabajo; no llegamos a ningún convenio, pero la
intención era otra”.
El supuesto comprador, Jorge
Padilla, quien llegó con su abogada, descendió de un carro con placas de
Estados Unidos. Al acercarse ZETA, regresó al vehículo y manualmente, levantó
su ventana. “De qué reportaje, yo no sé…”, respondió al pedirle su declaración.
La mujer se interpuso entre el reportero y Padilla para decir, repetidamente,
“yo soy su abogada”. Se le explicó la elaboración de este reportaje, pero ambos
se negaron a dar información.
ORDORICA: MI DESPACHO NO HA INTERVENIDO
El ex jurídico del Ayuntamiento
declaró a ZETA que ni su persona ni su despacho tienen alguna injerencia en el
caso, y niega la relación virtual: “Estoy enterado de que hubo ahí un intento
de tomar posesión, pero ese siempre ha sido el conflicto de toda esa área, hay
muchos que se dicen los dueños”.
El ex funcionario niega que
el comprador sea su empleado, y que su función en el caso, terminó cuando salió
del Ayuntamiento. De Saray, dice, ella ejerce de manera profesional.
Ordorica acepta que durante
su titularidad en la Dirección Jurídica en el Ayuntamiento, recibió y conoció a
los abogados de Prieto para regularizar parte de la zona: “Ese expediente
estaba bajo seguro, porque tenían unos movimientos medios raros”.
Luego se refiere al caso:
“Ellos me señalan porque yo estuve cuando ellos fueron al Ayuntamiento, ellos
hicieron una inscripción de partidas de una serie de fracciones de terrenos con
un precio muy barato, y Catastro y el Registrador Público cancelaron esas
operaciones; es todo un conflicto”.
Por último, Ordorica aseguró
que los Prieto no pueden acreditar realmente ser dueños, pese a que la CORETT
sí lo reconozca: “Yo tengo mis dudas, porque nunca nos pudieron acreditar al
100 por ciento que fueran los titulares. Manuel Prieto adquirió veinte por
ciento de esa zona, pero no está definido dónde, hay una definición que ellos
manipularon a través de un perito que trajeron posteriormente a decir ‘ésta es
la fracción’, pero eso está viciado”.
Por su lado, Gustavo Almaraz
niega relación con el juicio que intentó dar posesión a un tercero. Asegura a
ZETA que él aceptó ser gestor de manera transparente en el proyecto de
regularizar, y que cuando se definió improcedente concluir el proyecto, no supo
más.
“A la hora de la hora, la
sentencia que traían (Prieto y sus abogados) estaba sostenida en un negocio
sumamente ambiguo, estaba muy difícil, en Obras Públicas dijeron que eran
demasiado problemas, en Catastro igual”, recuerda.
“Hasta ahí llegamos, porque
los documentos de ellos no me satisfacían”, y concluye: “No tengo nada que ver
en ese juicio, mis años de litigante dejaron de existir hace treinta años,
inicié la regularización, no se pudo y me hice a un lado”.
“ESTÁ MUY RARO”: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Bernardo Padilla, secretario
del Ayuntamiento, explica que el municipio y la CORETT llevan meses en trabajos
para regularizar esa zona, pues hay invasiones que con la voluntad del dueño,
se les otorgará títulos de propiedad. Lo dice parado sobre el terreno donde el
actuario se había presentado: “Hay un programa de la mano con la CORETT,
sabemos que la CORET llegó a buenos términos con el dueño, Manuel Prieto, quien
ganó al Gobierno del Estado en la Suprema Corte. Por eso nos hace ruido que
ahorita recientemente resultan más dueños”, sospecha el secretario, quien
además, revela que próximamente se inauguraría el segundo acceso a Playas en
presencia del Presidente de la República.
Padilla considera el nuevo
intento de despojo “una afectación de obra pública, de un interés comunitario.
A nosotros como municipio nos toca la parte
obligada en la regularización, el tema de protección civil, revisar que todo
entre en Catastro, generar un plan de desarrollo para la zona. Para nosotros es
muy importante esta zona como Lomas de Matamoros, que próximamente se van
entregar las escrituras en manos del municipio”.
Asimismo, el funcionario
indica que la regularización de la zona es un proyecto del alcalde: “Estábamos
muy contentos, muy emocionados de anunciar próximamente este proyecto, no lo
hicimos porque lo teníamos como uno de los anuncios próximos a determinar ante
la ciudadanía, esperemos que no pase a más”.
BC: 60% DE LAS TIERRAS EN LA IRREGULARIDAD
En palabras de Gilberto
Covelli, delegado de la CORETT, es “muy, muy común” que en Tijuana, personas
vendan terrenos de los que no son dueños, lo cual “es un fraude y un
delito”. Estima que “más del 50 por
ciento de la tierra en Tijuana carece de títulos de propiedad o de escrituras,
en el Estado una cifra similar, a excepción del sur de Ensenada, a partir de
Maneadero hasta San Quintín, más del 80 por ciento”.
Covelli confirma que el
convenio se firmó con Manuel Prieto y con el Ayuntamiento para regularizar el
terreno que intentaron despojarle. Que procedieron al acuerdo a partir de la
resolución de la Suprema Corte.
El funcionario federal
asegura que en cuanto esté la autorización por parte del Ayuntamiento,
iniciarán la regularización de al menos mil familias que ya construyeron dentro
del terreno: “Hay un convenio con el Ayuntamiento y con Manuel Prieto, en el
cual nos comprometemos a hacer frente a todos los trabajos que nos compete de
cartografías, de levantamientos, de investigación sobre el predio para
regularizarlo”.
En este convenio, el
propietario les entregó el dominio del predio para poder transferir la propiedad a los que ya estén
ahí asentados. Se calcula que en más de 45 hectáreas, en al menos 10 existen
habitantes. Algunos compraron de buena fe a terceros que no eran dueños, otros
invadieron, como es el caso de la colonia Osuna Millán.
El representante de CORETT
resalta que el beneficio de la regularización alcanzará a todos; podrán tener
una escritura que avale la propiedad, el Ayuntamiento tendrá mayores ingresos
por parte del predial y otros impuestos, y los servicios municipales alcanzarán
aquella zona.
Del dueño -explican sus
abogados-, el acuerdo es ceder la zona afectada, siempre y cuando ya no se
permitan más invasiones como en la anterior administración estatal. Incluso la
CORETT ingresará al menos 11 millones de pesos por el costo de las escrituras
que pagarán los habitantes.
Mientras en el Ayuntamiento
dicen seguir adelante con el proyecto, en CORETT no se detendrán al menos que
algún tribunal así se los ordene; en tanto, los abogados de Prieto irán hasta
las últimas consecuencias contra los ex funcionarios de Bustamante, contra el
juez y el actuario que pretendieron despojarle de “El Monumento”.
“El Monumento”… Historia Del Caos
Largos y viejos litigios
rodean la zona conocida como “El Monumento”: diversos dueños, acusaciones,
juicios, invasiones y denuncias contra el Gobierno del Estado por confiscar y
expropiar de manera irregular. Se trata de lo que fue un terreno nacional, en
una superficie de 2 mil 252 hectáreas, ubicado al norte de Playas de Tijuana,
casi medio siglo antes de que Baja California se fundara como estado.
“El Monumento” se desprendió
de la federación en diciembre de 1909, el Gobierno Federal emitió un título de
propiedad (lo vendió) a Juan R. Platt, fundador de casinos y socio de los ex
presidentes de México, Abelardo L. Rodríguez y Plutarco Elías Calles.
Según el título de propiedad,
aquel monumental terreno que abarcaba gran parte de lo que es el Oeste de
Tijuana, fue vendido en 1945 a Guillermo Vallejo Leal y,, años después, éste lo
dejó en herencia a su esposa, María Luisa de Villa de Vallejo.
La ex mujer de Vallejo
terminó cediendo a uno de sus yernos, Manuel Prieto Crespo, el 20 por ciento de
todo “El Monumento” (a cambio de que administrara sus bienes), que son las 45
hectáreas que la Suprema Corte les reconoció.
El resto se fue en
compraventas, invasiones, litigios y traslapes. La zona de Playas se fraccionó
y comercializó, otra área se convirtió en colonias populares, en tanto, otras
superficies cobraron en dueños y posesionarios. Por ejemplo, Amelia Moreno Ackerman,
José Macías, Francisco Javier de la Herrán, Salvador Vargas Lazarit, Carlos
Borja Robles, Rosario Arreola de Salmán, y una constructora de nombre
Construvisión, por citar algunos.
En 2004, el entonces
gobernador Eugenio Elorduy Walther emitió dos decretos expropiatorios que
afectaron la parte rústica que quedaba de “El Monumento”; más de 75 hectáreas
pasaron al dominio del Gobierno del Estado.
Según el acuerdo emitido por
el ex mandatario, fue una expropiación de 7 millones 479 mil 348 metros
cuadrados, es decir, más de 74 hectáreas y uno más de 988 mil metros cuadrados.
El proyecto era regularizar y desarrollar asentamientos urbanos.
En el proceso de
expropiación, hubo dueños a quienes se les indemnizó. En mayo de 2006, el
gobierno ya había iniciado obras dentro del terreno, entre éstas, el acceso
carretero a Playas de Tijuana, que justo atraviesa el predio de Manuel Prieto,
a quien no se le indemnizó, según consta en el amparo promovido por él mismo en
2009.
Ese mismo año, la
administración estatal de José Guadalupe Osuna Millán tuvo que echar abajo el
decreto de expropiación, al no concluir el proyecto ni darle utilidad pública,
argumento con el que se expropió.
Con meses de diferencia,
Osuna Millán emitió otro decreto expropiatorio para el terreno donde ya se
había construido el acceso a Playas, entonces Manuel Prieto y sus abogados
demandaron al gobierno para que les indemnizara.
En 2010, la Juez Cuarto de
Distrito en Baja California reconoció a Manuel Prieto como propietario. El caso
pasó al Tribunal Colegiado para posteriores inconformidades y revisiones.
Finalmente, concedido el amparo y reconocido Manuel Prieto como el único
propietario, el colegiado determinó procedente el incidente de inejecución de sentencia:
que el Gobierno del Estado no indemnizó ni restableció el predio que se había
apoderado, de tal forma que se convirtió en una confiscación y no en una
expropiación.
Según el documento de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (inconformidad 9/2013), el Tribunal Colegiado turnó, el 16
de marzo de 2012, a una revisión a la SCJN, la cual correspondió al ministro
Sergio Salvador Aguirre.
La Segunda Sala de la Suprema
Corte resolvió el caso; luego de consideraciones y determinaciones, el 10 de octubre
de 2013, la Corte reconoció a Manuel Prieto como a quien el Gobierno del Estado
de Baja California deberá indemnizar por la construcción del segundo acceso a
Playas. En la sentencia se puede leer: “Del análisis de las constancias del
fallo protector, se advierte que se concedió el amparo y protección de la
justicia federal a la parte quejosa (Prieto, por medio de Jesús Quezada), por
virtud de que fue objeto de confiscación el predio, del cual acreditó contar
con la propiedad”.
Pasará tiempo para que el
Gobierno del Estado pague al dueño del predio varios millones de pesos, para
que otra parte sea regularizada y posteriormente urbanizada, y de esa manera,
el capítulo del conflictivo “Monumento” llegue a su fin.
(SEMANARIO ZETA/ REORTAJEZ/ Isaí Lara Bermúdez/13 de Octubre del 2014 a
las 07:26:00)
No hay comentarios:
Publicar un comentario