Mientras el presidente Enrique Peña
Nieto y sus colaboradores, en particular el procurador Jesús Murillo Karam, se
enmarañan en su discurso exculpatorio sobre la desaparición de 43 normalistas
de Ayotzinapa, el diputado perredista Carlos de Jesús Alejandro declara a
Proceso: por lo menos desde el primer trimestre de 2013 el gobierno federal fue
alertado por un grupo de legisladores, activistas sociales y funcionarios
federales acerca del grado de penetración del crimen organizado en las áreas de
seguridad de varios municipios de Guerrero. Incluso en ese marco se formó la
Comisión para la Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero no
prosperó. Y reventó la violencia en Iguala…
MÉXICO, D.F. (Proceso).-
Desde su arribo a Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto lo supo: buena
parte del territorio guerrerense estaba sometido por células del narco. En
algunas regiones, le dijeron sus allegados, no podían entrar ni los
representantes de las dependencias federales.
Los sucesos del pasado 16 de
septiembre en Iguala, donde murieron varios estudiantes de la Normal Raúl
Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus compañeros, exacerbaron la crisis. Y
aunque al principio el gobierno federal intentó reducir el problema a una
crisis local, Peña Nieto terminó por asumir su responsabilidad, acicateado por
la presión de los medios y organismos internacionales.
Para el diputado federal
perredista Carlos de Jesús Alejandro, la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, el descubrimiento de una veintena de fosas clandestinas en Iguala,
así como la declaración del titular de la Procuraduría General de la República
(PGR), Jesús Murillo Karam, de que los restos de 28 personas encontradas no
corresponde a los jóvenes agredidos el 26 y 27 de septiembre, ponen en
evidencia omisiones que el gobierno
federal no puede eludir.
Oriundo de Guerrero y
consejero nacional de la Asamblea Nacional
Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), De Jesús Alejandro comenta a
Proceso que por lo menos desde el primer trimestre de 2013 un grupo de
legisladores, activistas sociales y funcionarios federales alertaron al
gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el grado de penetración del crimen
organizado en las áreas de seguridad de los municipios y de las afectaciones
directas al desarrollo de la entidad gobernada por el perredista Ángel Aguirre
Rivero.
Fueron integrantes de esa
organización quienes descubrieron algunas de las fosas en su búsqueda de los 43
normalistas, y en su momento advirtieron a la Secretaría de Gobernación acerca
de la ola criminal que azota a la entidad, dice a la reportera el también
fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB).
(Fragmento del reportaje que se publica
en la revista Proceso 1981, ya en circulación)
(PROCESO / GLORIA LETICIA DÍAZ/ 18 DE OCTUBRE DE 2014)
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