Es responsable de la muerte de tres
dirigentes de la UPEZ, acusa una de las viudas
Al
alcalde de Iguala, José Luis Abarca, hoy prófugo, no se le detuvo a tiempo.
Desde junio de 2013 hay denuncias contra él por su responsabilidad directa en
el asesinato de tres dirigentes de la Unión Popular Emiliano Zapata (UPEZ), y
ninguna autoridad estatal o federal intervino para someterlo a la justicia.
Mucho menos su partido, el PRD.
Hoy
se vive con violencia inusitada la consecuencia de esa impunidad. La brutalidad
que se desplegó en la masacre de estudiantes de Ayotzinapa es el resultado de
haberlo dejado suelto. Esto pasó por no habernos hecho caso a tiempo. Lo
advertimos. El alcalde es un asesino, pero nadie le marcó el alto. Y volvió a
matar, señaló en entrevista Sofía Mendoza, viuda del agrarista Arturo Hernández
Abarca, secuestrado, torturado y ejecutado en mayo del año pasado junto con dos
compañeros más, Ángel Román y Rafael Bandera.
Un
sobreviviente de la agresión, Nicolás Mendoza, ha declarado ministerialmente
ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (Seido), ya que al alcalde se le atribuyen desde antes vínculos con
el crimen organizado.
En
las declaraciones que constan en los expedientes PGJ HID/FC/01/769/2013 de la
justicia estatal y PGR/SEIDO/BEDMF/439/2014 del fuero federal, se ratifica lo
que Mendoza había afirmado desde el inicio, en una declaración levantada ante
un notario público en el Distrito Federal, en junio de 2013: que José Luis
Abarca ordenó la ejecución de los tres y que él personalmente disparó contra
Hernández Cardona.
La
vulnerabilidad de Sofía Mendoza es extrema. Ella es la única regidora del
ayuntamiento de Iguala que se atrevía a disentir de frente al presidente
municipal. Y no sólo eso: lo señalaba como autor material de la muerte de su
esposo. Perredista como Hernández Carmona, como el edil, como el mismo
gobernador de Guerrero, la funcionaria fue aislada del aparato del partido. Los
demás regidores también le dieron la espalda.
Siempre
estuve sola, a merced de lo que quisieran hacerme. Nadie me apoyó. Ni René
Bejarano, que era de la corriente dentro del PRD a la que pertenecía mi esposo.
Varias veces acudí a él. Salía a dar declaraciones públicas, puede que hasta
fuera sincero cuando decía que le dolía su muerte. Pero en concreto nunca hizo
nada.
Los
únicos apoyos con lo que contó Sofía fueron la Red Solidaria y el obispo de
Saltillo, Raúl Vera, quien en enero de este año llevó el caso de Arturo Carmona
y sus compañeros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
Washington.
Para
ella, además de la aparición de los 43 estudiantes de la normal rural de
Ayotzinapa desaparecidos en Iguala la semana pasada, este también es un momento
clave para el esclarecimiento de la muerte de los tres líderes de la UPEZ. Y
considera que la huida de Abarca y sus colaboradores más cercanos no es
fortuita.
“No dudo que detrás de su fuga esté la mano de
Ángel Aguirre. Ahora lo que tienen que hacer es encontrarlo, detenerlo y
procesarlo, no sólo por los crímenes contra los muchachos normalistas sino
también por la ejecución de mi esposo”.
Arturo
Hernández Cardona, ingeniero agrónomo, asesor agropecuario, fundador del PRD
local como parte del grupo bejaranista Izquierda Democrática Nacional (IDN),
fue secuestrado junto con siete compañeros de la organización el 30 de mayo de
2013, después de un bloqueo de la caseta de entrada a la ciudad de Iguala,
donde reclamaban la entrega de fertilizantes.
Un
día antes, durante una audiencia, el alcalde Abarca lo había amenazado: Dejen
de estar chingando, porque yo tengo gente que me haga el trabajito.
Cuatro
de los secuestrados salieron vivos; los otros tres aparecieron en el servicio
forense de la ciudad, sin que nadie explicara cómo habían llegado ahí. De los
sobrevivientes, sólo uno, Nicolás Mendoza Villa, ha permanecido en Iguala,
amenazado y protegido por fuertes medidas cautelares.
(Periódico
La Jornada /Blanche Petrich/ Martes 7 de octubre de 2014, p. 9)
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