Activistas
guerrerenses se encontraban en la sede de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) para aportar datos sobre el múltiple homicidio del 31
de mayo de 2013 en el que está implicado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca
Velázquez, cuando policías municipales y un grupo armado arremetieron contras
normalistas de Ayotzinapa y causaron seis muertes y la desaparición de 43
estudiantes. El viernes 3, una semana después de la agresión, el organismo
interamericano emitió su resolución MC409-14, en la que da un plazo de 10 días
al Estado mexicano para determinar la situación y paradero de esos estudiantes.
MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Omisiones y complicidades graves de parte del gobierno del
estado de Guerrero y del Congreso local, así como una criminalización
sistemática de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, son algunos de los factores que derivaron en los ataques armados
del 26 y 27 de septiembre en Iguala contra los normalistas.
Así
lo consideran los defensores de derechos humanos Vidulfo Rosales, Magdalena
López y Éricka Zamora, además de la regidora igualteca Sofía Mendoza.
Las
evidencias de que esos hechos graves –en los que intervinieron policías
municipales y civiles fuertemente armados, con un saldo de seis muertos, una
veintena de lesionados y 43 jóvenes desaparecidos– pudieron evitarse,
provocaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
El
viernes 3, mientras el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava se reunía
con 18 familiares de los estudiantes desaparecidos y sus abogados, el
secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, notificó la decisión del
organismo de atender la solicitud de protección urgente para los normalistas,
formulada por organizaciones civiles el 30 de septiembre.
Sin
notificación previa por considerar que los hechos son de suma gravedad –colocan
a los estudiantes en “la máxima situación de irreparabilidad”–, en su
resolución MC409-14 el organismo dio un plazo de 10 días al Estado mexicano
para “determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes identificados
con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad
personal”, y para que “adopte las medidas necesarias” a fin de “proteger la
vida e integridad de los estudiantes heridos” y presente avances la
investigación del caso…
Fragmento
del reportaje que se publica en la edición 1979 de la revista Proceso,
actualmente en circulación.
(PROCESO/
/ REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA LETICIA DÍAZ/ 7 DE OCTUBRE DE 2014)
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