MÉXICO,
D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) echó por
tierra la versión del gobernador de Puebla, Rafael Morena Valle, sobre las
causas que propiciaron la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatle Tamayo,
el pasado 9 de julio durante el desalojo de una manifestación en San Bernardino
Chalchihuapan.
En
la recomendación 2VG/2014, el presidente del organismo, Raúl Plascencia
Villanueva, determinó que José Luis murió a causa de la lesión producida por
uno de los 64 proyectiles lanzados ese día por policías estatales, versión que
se contrapone a la del mandatario, quien en todo momento sostuvo que el menor
de 13 años perdió la vida a causa de un cohetón lanzado por los manifestantes.
A
pesar de falsear los hechos, la CNDH deja limpio de responsabilidad a Moreno
Valle.
A
dos meses de los hechos violentos registrados en la autopista Puebla-Atlixco,
Plascencia concluyó que durante el operativo realizado por la Secretaría de
Seguridad Pública de Puebla y la Policía Estatal Preventiva hubo un “evidente
uso excesivo de la fuerza y una marcada negligencia de la policía”.
Según
la investigación, en el operativo participaron 426 elementos de la Policía
Estatal Preventiva; de ellos, 392 eran escuderos, 20 escopeteros y 14
granaderos.
Los
uniformados portaban cascos protectores, chalecos tácticos, escudos protectores
de acrílico, bastón policial PR24, cartuchos dispersores de humo, lanzadora de
gas tipo 37/38 mm, granadas de lata dispersoras de gas lacrimógeno tipo CN y
CS, multilanzadora de cartuchos dispersores de humo 37/38 mm.
Plascencia
aclaró que el proyectil de gas que le provocó la muerte al menor debió ser
lanzado por alguno de los 34 granaderos y escopeteros porque fueron los únicos
que manejaron este armamento. En sus indagatorias, la CNDH documentó malos
tratos e imputación indebida de los hechos, indebida preservación y alteración
del lugar de los hechos, así como inadecuada atención a víctimas por parte de
las diferentes dependencias del gobierno de Rafael Moreno Valle.
IRREGULARIDADES EN PERITAJE
Entre
los asistentes a la lectura de la recomendación estuvo la madre del menor
fallecido, Elia Tamayo, quien al término del evento pidió la renuncia al
gobernador Moreno Valle.
En
la sede centro de la CNDH, la mujer escuchó el resultado de la investigación
que hicieron los peritos de la Comisión:
“Se
puede concluir que José Luis Alberto Tehuatle Tamayo no fue lesionado por
alguna explosión u onda expansiva por la acción de un cohetón tipo cañón a
contacto con la región anatómica del cráneo.
“Según
las características de las lesiones que presentó en el cráneo y ante el tipo de
armamento que portaban los elementos de la Policía Estatal Preventiva de la
Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, para esta Comisión Nacional existen
elementos suficientes para observar que las lesiones que se infirieron al menor
de edad fueron producidas con alguno de los citados 54 proyectiles de largo
alcance irritantes calibre 37/38mm, CN, código 3121, o con uno de los 10
proyectiles de largo alcance irritantes 37/38 mm, CS, código 3231, utilizados
por los elementos policiales, los cuales al ser percutidos expulsan un
contenedor (proyectil cilíndrico de material metálico y consistencia firme) que
puede recorrer una distancia mayor a 150 metros”.
Este
resultado se reforzó con testimonios recabados en el sentido de que un policía
que portaba un arma estaba sobre el arroyo vehicular a unos 50 metros de
distancia y apuntó hacia donde estaba el niño.
La
Comisión descartó que la herida del menor en la cabeza haya sido por una caída
o por un golpe con alguna piedra, palo o arma blanca.
El
ombudsman mencionó que peritos de la CNDH encontraron diversas irregularidades
en las investigaciones que hizo la Procuraduría estatal y que sirvieron de base
para declarar que el niño murió golpeado por un cohetón.
Entre
las anomalías, destacó las siguientes: no se llevó una secuencia cronológica de
los hechos, no se consultó el estudio ni las imágenes topográficas de cráneo
que le hicieron al menor en el Hospital General del Sur, donde se describió con
detalle el tipo de lesión y se usó una cabeza de cerdo para elaborar un
dictamen en materia de mecánica de los hechos con la idea de que las lesiones
simuladas en ella serían similares a las del niño.
Peor
aún, un perito de la PGJE omitió describir el criterio para utilizar la cabeza
de un animal muerto, recién descongelada, con características físicas
diferentes a la de un humano y simulando la herida en una región completamente
diferente a aquella donde el menor recibió el golpe.
Según
los dictámenes revisados, los peritos de la CNDH no encontraron residuos o
fragmentos de explosivos en los fragmentos óseos del niño. El informe destaca
que un analista de medicina forense de la Coordinación de Criminalística de la
División científica de la Policía Federal basó su dictamen en las constancias
que le entregó el Ministerio Público estatal, pero en ningún momento tuvo a la
vista el cuerpo del niño.
SIN JUSTIFICACIÓN
La
CNDH informó que en el operativo de la SSP estatal hubo violaciones a los
derechos a la vida, y la libertad de reunión y, en consecuencia, a los derechos
a la seguridad e integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y trato
digno.
También
se cometieron transgresiones, añadió, a los derechos a la verdad, a la información
“y a todos aquellos derechos que el orden jurídico mexicano reconoce a las
personas en su calidad de víctimas del delito y del abuso del poder”.
Éstas
se atribuyeron a servidores públicos de las Secretaría de Seguridad Pública y
la Procuraduría General de Justicia en contra de José Luis Alberto Tehuatle
Tamayo, nueve lesionados de gravedad, cuatro personas detenidas y
posteriormente liberadas y otras más que estuvieron en riesgo.
Agregó
que en la investigación se detectó que en el operativo algunas personas
ocasionaron lesiones a policías con piedras, palos, bombas molotov, patadas y
golpes con botellas, además de que les quitaron los escudos, casos y toletes. Y
agregó: “ninguna de estas personas ha sido detenida, pese a las grabaciones”.
La
CNDH aclaró que con esta recomendación no se opone a las acciones de las
autoridades para garantizar la seguridad pública ni rechaza el empleo de la
fuerza para contener manifestaciones públicas violentas, sino a que durante su
desarrollo se vulneren los derechos humanos.
“No
se justifica el uso indebido de la fuerza por parte de las referidas
autoridades encargada de cumplir y hacer cumplir la ley”
Y
remató: “El empleo de la fuerza pública siempre debe ser el último recurso y de
ninguna forma es admisible que se ejerza de manera arbitraria o negligente”.
LAS MEDIDAS A CUMPLIR
Luego
de resumir la Recomendación sobre Violaciones Graves a los Derechos Humanos
“Caso Chalchiuapan”, –que consta de 200 páginas y que se puede consultar en el
sitio web de la CNDH—, el ombudsman nacional Raúl Plascencia enlistó 11 medidas
que el gobierno de Rafael Moreno Valle debe cumplir.
La
principal consiste en iniciar un procedimiento de responsabilidad penal contra
el titular de la Secretaria de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas
Rosas, así como el personal que actuó bajo su mando en el operativo.
Además,
pide colaboración con la CNDH para presentar y dar seguimiento a una denuncia
de hechos ante la PGJE contra los servidores públicos involucrados.
Recomendó
la creación de una fiscalía especial para la investigación de los hechos
ocurridos en Ocoyucan, Puebla, para garantizar “de manera transparente,
objetiva e imparcial un adecuado acceso a la justicia para las víctimas, sus
familiares y los policías lesionados”.
También
se incluye la reparación de los daños causados a las víctimas y sus familiares
“en los términos más amplios y de manera integral, acorde a lo que establecen
los estándares internacionales en la materia y la Ley general de Víctimas”.
El
gobierno de Puebla deberá ofrecer una disculpa institucional a las víctimas y
sus familiares y de a conocer las garantías para que estos hechos no se repitan
otras.
Además,
debe implementar mecanismos para la atención de grupos con demandas colectivas que
contemple la solución pacífica de conflictos y se abstenga d”de criminalizar la
protesta social”.
La
CNDH pidió que a los cuerpos de seguridad los doten de equipos de
videograbación y audio para registrar su conducta durante los operativos y
detenciones.
Plascencia,
descartó la posibilidad de aplicar algún procedimiento penal en contra del
gobernador Rafael Moreno Valle y de que el caso pueda escalar al ámbito federal
pues dijo que ”no hay fundamento legal alguno para enviarlo”.
Agregó
que el mandatario estatal tiene 15 días para aceptar la recomendación y otro
lapso igual para enviar a la CNDH las pruebas de su cumplimiento.
De
no hacerlo, advirtió que dará vista al Senado para que procedan en
consecuencia.
(RIODOCE/REDACCION/
septiembre 11, 2014)
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