II INFORME: UN MÉXICO MAQUILLADO

Tras dos años en la silla presidencial, Enrique Peña Nieto asegura gobernar un país que “ya no es el de antes”, con menos pobres, más empleo y más seguro, contrario a los números duros. Presume sus reformas, incluyendo la hacendaria que aumentó los impuestos: -dijo- fue para depender menos del petróleo. La violencia, peor. Que se quiera manipular a la prensa es otra cosa, advierte investigadora

Cuando Enrique Peña Nieto se refirió a la delincuencia y violencia en su mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno, lo hizo en tiempo pasado. Habló de un “México en Paz”.

El Presidente de la República aseguró inmediatamente después que luego de implementar su “política en Seguridad Pública”, la violencia quedó en el pasado: “Este cambio cualitativo le ha dado nueva vida a colonias y barrios que estaban amenazados por la delincuencia”.

“Y todavía más importante”, afirmó el mandatario: sus políticas “le han devuelto la esperanza a jóvenes que se encontraban cercados por la violencia”. En resumen, Peña presume un país “más seguro” en su informe.

A días de estas palabras, ZETA documentó lo que el mismo gobierno guarda en sus estadísticas: que en la administración del priista han ocurrido al menos 57 mil 899 asesinatos dolosos. Esto muertos serían más la mitad de la población de Tecate en menos de 20 meses de administración.

En todos los rubros de gobierno, Peña Nieto enumeró cualidades positivas de su gobierno, pero muchas de ellas para el futuro. Por ejemplo, los supuestos beneficios que vendrán de la Reforma Energética: “Este cambio significará un antes y un después para nuestra nación”.

Desde el patio central de Palacio Nacional, el martes 2 de septiembre, Peña discursó durante una hora y media sobre el “estado que guarda la nación”. Sentados a la diestra, su gabinete; a su izquierda, los gobernadores del país igualmente aplaudidores (Incluyendo al de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid).

Peña se refirió al país como un “México en Paz”, un México incluyente, con educación de calidad, un México próspero y con responsabilidad global, los cinco ejes de su gobierno que juró cumplir. Ante eso, muchos observadores ven no más que maquillaje presidencial.

Anabel Hernández García, periodista y analista en México, resume: “Cuando al gobierno le interesa utilizar las cifras a la baja, las utiliza y, cuando están a la alza, también lo presumen como un logro. No es una congruencia, es una absoluta manipulación de la información para tratar de ocultar que México sigue incendiado, que México sigue estando en manos de criminales”.

SEGURIDAD: LA PRIMERA JACTANCIA

Antes que otra cosa, en su mensaje, Peña agradeció “con respeto, particularmente al señor presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; al señor presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores”, Miguel Ángel Barbosa y Silvano Aureoles, respectivamente, y ambos legisladores por el PRD”.

Pero inmediatamente después de presumir sus francos de “izquierda” y a todos quienes apoyaron el Pacto por México, se refirió al “México en Paz”, gracias al Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la delincuencia, que opera en 73 zonas “donde se concreta el 59 por ciento de los delitos del fuero común”.

Entre otras acciones que han devuelto  la “esperanza” a los jóvenes -según Enrique Peña Nieto-, enlistó la Reforma Política que convierte a la Procuraduría General de la República en un órgano autónomo: la Fiscalía General de la República y la creación de la Gendarmería de la Policía Federal.

“Igualmente se ha impulsado el Mando Único Policial”, refirió el Presidente, además de dotar de “tecnologías y sistemas de análisis y procesamiento” en el Gabinete de Seguridad.

Con estos “esfuerzos”, remató, la violencia se está reduciendo, “los mexicanos viven con mejores condiciones de seguridad, confianza y tranquilidad”.

Por ejemplo, sin mencionar el número de homicidios, se han disminuido en un 12.5 por ciento en comparación a 2012, según el INEGI. Y según las procuradurías estatales –sostuvo-, en los primeros siete meses de 2014, se registraron 27.8% menos homicidios en comparación del año pasado.

Además, el Ejecutivo aseguró que el robo a casa habitación ha disminuido en un 13%; robo en carreteras, 53%; secuestro, 7%; así como un 20% menos en extorsión.

“PEOR QUE NUNCA”

Ante las frases elaboradas y triunfalistas, la escritora Anabel Hernández contradice: “Es una absoluta manipulación de la información para tratar de ocultar que México sigue incendiado, que México sigue estando en manos de criminales, porque esta información no conviene en el clima de reformas y del nuevo México que quiere pintar Enrique Peña Nieto”.

En su Segundo Informe, el mandatario ni siquiera tocó dos temas que han marcado los últimos meses de su gestión: la detención de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y la situación en Michoacán, donde varios políticos (incluido el hijo del ex gobernador) han sido exhibidos en reuniones con presuntos integrantes del Cártel de Los Caballeros Templarios.

Para Hernández, “estos temas que va borrando el gobierno de Enrique Peña Nieto del informe, denotan más cosas de las que aparentemente se ven. Simplemente quería eliminar el problema, ya no es nuestro problema, ya ni siquiera existe el tema, me parece muy preocupante porque no podemos borrar de un informe la existencia del narcotráfico”.

En Michoacán, Hernández analiza lo mismo a partir del silencio del gobierno: “Evidentemente Peña Nieto no tenía nada que explicar de manera decorosa, ni decir ‘me equivoqué’. Una cosa es la realidad, el país de verdad, y otra cosa es que el país que Peña Nieto nos quiere hacer ver, que él ni siquiera ve”.

La investigadora, quien ha estado en las últimas semanas en Michoacán, asegura que ahí la violencia no ha cesado, al contrario, ha documentado “una violencia mucho peor que antes… ahora que hay una ‘estrategia’ y un Comisionado, un representante directo del Presidente, hoy las cosas están peor que nunca”.

PEÑA NIETO  Y “EL CHAPO”

Sobre la omisión de la detención de “El Chapo” Guzmán y la lucha contra los cárteles de la droga, Anabel Hernández explica: “Esta omisión tiene que ver con la situación actual entre el gobierno y el propio Cártel de Sinaloa, mas me queda claro que el gobierno, aunque en su momento presumió y alardeó sobre esta captura de ‘El Chapo’ Guzmán, hoy no quisiere más problemas con el Cártel de Sinaloa”.

“Una prueba muy palpable -prosigue la escritora- es que a mediados de junio de 2014, ‘El Chapo’, quien se supone está recluido en la cárcel de máxima seguridad, quien se supone que está en el área de tratamientos especiales, totalmente aislado, pudo organizar a más de mil presos  junto con ‘La Barbie’ (el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal), en una huelga de hambre masiva en el penal.

“Si tú puedes organizar a más de las dos terceras partes del penal para una huelga de hambre, los puedes convencer de cualquier cosa. Estamos hablando que este narcotraficante que se supone está ‘neutralizado’ en la cárcel, pudo organizar a más de las dos terceras partes del penal”.

En conclusión, Hernández considera que el Presidente no alcanza a la realidad, donde “la paz y la violencia sigue estando en manos y en la decisión de los cárteles de la droga, no del gobierno de México, que les está permitiendo hacer lo que quieran”.

LAS REFORMAS, BUENAS PARA EL DESPUÉS

De principio a fin en su discurso, Enrique Peña Nieto enarboló las once “grandes reformas” impulsadas desde su poder: algunas de ellas para promover la economía, por ejemplo, la laboral, financiera, hacendaria, de telecomunicaciones y energética.

Mencionó, pues, un país que se ha transformado, cifras aventuradas, números sin comparación pero en dirección positiva, millones de pesos invertidos en educación e infraestructura.

En la Reforma Hacendaria, donde se aumentaron las tasas de impuestos, el Presidente de la República admitió que una de las intenciones fue “que el Estado mexicano tenga mayor capacidad financiera para cumplir sus obligaciones sociales, y que las finanzas públicas dependan menos de los ingresos petroleros”.

Es decir,  que los aumentos de impuestos compensarán el boquete financiero que dejará la apertura al capital privado y extranjero en el sector energético.

En contraste con el aumento de impuestos -los cuales se comprometía a no volverlos a incrementar-, su gobierno “ha contenido el gasto de operación del Gobierno Federal; es decir, el gasto de la burocracia, con un aumento real de solo 1.8 por ciento”.

Sin embargo, Peña no mencionó que para al gasto corriente se destinan más de 2 billones 344 mil 335 millones de pesos, y ese 1.8% representa un aumento de aproximadamente 23 mil millones de pesos más para mantener su “burocracia”.

En cuanto a la Reforma Educativa, aseguró, ya “transformó la educación en México”, pues  “facilita y acelera la profesionalización de los maestros”, dándoles, dijo, mejores condiciones de trabajo. “Es una reforma en la labor de los maestros”. Ese mismo día, en Baja California y en todo el país, se convocó a marchas de maestros en contra de las políticas del Gobierno de la República.

Sin mencionar metas ni números de la Reforma Energética, la presumió como “un antes y un después” en el país, y advirtió que ya se contemplaron las zonas que se licitarán para que inversionistas privados exploten petróleo y energéticos.

Pobre… menos pobres, dijo

En su discurso del 2 de septiembre, el Presidente habló sobre un México incluyente en el que se ha combatido la pobreza. Específicamente con la Cruzada Nacional contra el Hambre, que según ha beneficiados a mil 12 municipios y 3.1 millones de personas.

“Gracias a sus acciones, 3.1 millones de mexicanos ya se alimentan mejor, también reciben apoyos para mejorar su vivienda, o incluso para establecer su propio huerto familiar” presumió.

Enlistó también, la Tarjeta sin Hambre, las tiendas Diconsa y Liconsa, y el programa Oportunidades, el cual -afirmó- a pesar de tener “17 años de vida, han sido reconocidos internacionalmente, pero sus limitaciones son cada día más evidentes”.

Por ello, anunció que se invierten más de 73 mil millones de pesos en Oportunidades, el cual será trasformado en Prospera.

Sin embargo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha estimado que al menos el 73% de la población vive entre la pobreza y la pobreza extrema, comparado con seis años atrás, cuando oscilaba en el 56%.

En todos los rubros abordados en el Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, más cifras y anuncios alegres: 7 mil 500 millones de pesos en inversión en apoyos a 20 mil escuelas, miles de ellas de tiempo completo; 21 mil millones de pesos en “programas que promueven la igualdad”; el Seguro de Vida para Jefas de Familia (por cierto, que en caso de muerte entrega aproximadamente 500 pesos mensuales a los menores para que “continúen en sus estudios”).

Más alarde: 1.8 millones en mastografías, 60 mil tabletas electrónicas a estudiantes, incremento en espacios en la educación media superior, incrementos de exportaciones, carreteras y más obras; por ejemplo, la ampliación del Metro en el DF y la creación de un nuevo aeropuerto con seis pistas. Es más, Peña Nieto hasta se colgó una medalla de las 2 mil 281 que deportistas mexicanos han ganado en diversas competencias.

En cuanto a obra en Baja California, mencionó la Presa “Las Auras” en Tecate, que inauguró en marzo de 2014, pero que inició el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón.

Según Peña, así lo dijo textual: “Éste ya no es el país de antes”.

INFORME DE GOBIERNO, UN MONÓLOGO QUE DEBERÍAMOS TRANSFORMAR EN DIÁLOGO

Francisco Rivas Rodríguez* Especial para ZETA

La mañana de la presentación del Segundo  Informe de Gobierno, escuché un par de comentarios que referían a este evento como un gran ejercicio de rendición de cuentas,  haciendo hincapié en la importancia de que la autoridad federal explicara a los ciudadanos las acciones que ha llevado a cabo; lo que me llevó a reflexionar, ¿qué es realmente la rendición de cuentas?

Rendir cuentas significa explicar detalladamente cómo y para qué se hicieron tales o cuales acciones. Una autoridad rinde cuentas cuando explica qué decisiones tomó, cuándo y cómo las tomó, para qué las tomó, cómo impactan esas decisiones en el proyecto de gobierno; con qué indicadores se midieron los resultados y cuándo se verán cristalizados los objetivos que se propusieron.

La rendición de cuentas se logra a través de la transparencia y acceso a la información,  estos dos conceptos son diferentes y complementarios. Es por ello que describir información, publicar en qué y cuánto gastó el Estado por sí mismo, no es un ejercicio de rendición de cuentas.

El Informe de Gobierno tal como se lleva a cabo, no es rendición de cuentas, sino un largo comercial de comunicación social que describe las acciones gubernamentales llevadas a cabo.

En el esquema actual, la autoridad federal no dialoga, no explica, simplemente presenta un recuento superficial de la numeralia del Estado en materia de kilómetros de carreteras construidos, de personas atendidas por programas sociales, egresos anuales y un largo etcétera gastado; que no responden los cuestionamientos de la opinión pública y del público en general.

El formato actual carece de  espacio para cuestionamientos o preguntas de los ciudadanos sobre la problemática nacional o del alcance de las acciones de gobierno.

Tomemos como ejemplo el tema de seguridad. La narrativa que la autoridad federal ha construido en esta materia da cuenta de porcentajes de disminución de la incidencia delictiva y del fortalecimiento del estado de derecho. Se presumen con tono triunfalista porcentajes de disminuciones de homicidios, robos, secuestros y extorsión, tomando como sustento la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y dejando a un lado dos aspectos fundamentales: por una parte, las organizaciones civiles y expertos en esta materia hemos manifestado las debilidades de las bases del SESNSP; y por otra, en ningún momento se habló del alarmante nivel que persiste de incidencia delictiva.

Las bases de datos del SESNSP se construye con el número de denuncias, averiguaciones previas o carpetas de investigación de cada una de las procuradurías de Justicia de los estados, y se registran y publican según ciertos lineamientos nacionales emitidos desde 2011.

 La debilidad de estas bases se debe a profundas asimetrías en la manera en que las procuradurías clasifican, registran y publican la información de los delitos; en las graves deficiencias locales en la captura, el equipamiento y la capacitación de los encargados de los procesos, y en la necesidad de nuevos lineamientos con miras a enfrentar los retos del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Estas cifras de incidencia delictiva solo se refieren a las averiguaciones previas del fuero común y dejan de lado tanto las averiguaciones previas federales concentradas por la PGR y a los registros policiales. Son, por lo tanto, una imagen parcial del comportamiento de la incidencia delictiva.

Bajo este esquema es imposible afirmar de manera contundente  que la comisión de delitos está disminuyendo.

El 2013 concluyó como el peor año de la historia de México en cuanto a denuncias de secuestro, en el fuero común se registraron mil 698,  y en el fuero federal, mil 167. El Ejecutivo federal fue claro al hablar de una disminución de 7% en los casos registrados en las procuradurías locales de este delito comparado con el año anterior, sin explicar a qué se debió el crecimiento desmedido de su incidencia en 2013; y, a la fecha, aún estos niveles son inaceptables. Si bien, optó por la estrategia de instituir la Coordinación Nacional Antisecuestro para combatir este delito, eso no ha evitado que nuestro país tenga la tasa más alta a nivel mundial en secuestros o el último lugar en seguridad que ocupamos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El Ejecutivo federal se limitó a describir la función y características principales de la Gendarmería Nacional como 7ma. División de la Policía Federal, que trabajará con inteligencia y se desplazará por el territorio, donde sea necesario, para proteger los ciclos productivos.

No dio una explicación concluyente de la relevancia de crear esta nueva división, jamás un diálogo abierto para exponer ideas. Simplemente una descripción que nos lleva a más dudas, ¿acaso las otras divisiones de Policía Federal no cumplen con estos objetivos? ¿No trabajan con inteligencia, no se desplazan en el territorio y no protegen los ciclos productivos cuando es necesario? Las organizaciones sociales por más de un año hemos expresado dudas de la necesidad de esta institución, del costo que significa para la nación, y si esta inversión debería fortalecer los cuerpos federales o al eslabón más débil de la cadena de seguridad: las policías municipales. En el aire, estas preguntas, y la duda de si esta división era la mejor inversión.

En este ejercicio de “rendición de cuentas” olvidaron hacer mención a los casos de Michoacán y Tamaulipas, donde se precisó de la intervención federal para restablecer orden por la falta de capacidad de la autoridad local. En numerosas ocasiones diversas organizaciones civiles hemos manifestado la necesidad de que el Ejecutivo federal explique a detalle los planes para estas dos entidades. En Michoacán hemos podido ver cómo la autoridad federal ha violado sistemáticamente la ley, creando las policías rurales con personas que no cumplen con el perfil o con los requisitos legales para ingresar a cualquier cuerpo de policía o tomando decisiones que claramente vulneran la soberanía local.

Por lo que a Tamaulipas se refiere, hemos  sido testigos de  cómo se mantiene un problema de desintegración del tejido social que debería forzar la reflexión sobre la efectividad de una estrategia basada en el aumento de la presencia policial, en vez de un programa que busque resolver de fondo la problemática social que ha llevado al aumento de la participación de jóvenes menores de 30 años, de escasos recursos y bajo nivel educativo, a la comisión de delitos, especialmente el de secuestro.

Debemos fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas; transparencia debe significar acceder fácilmente a información clara y sustantiva. La rendición de cuentas debería establecer un diálogo constante y abierto, con base en una métrica clara que permita entender la relevancia, la eficacia y la eficiencia de las decisiones de las autoridades. Rendir cuentas debe significar poder identificar y reconocer el buen desempeño de nuestros servidores públicos y las responsabilidades de quienes afectan la imagen y el patrimonio de la nación con malas decisiones.

¿Vale la pena continuar con este ejercicio de rendición de cuentas? ¿Valen la pena informes de gobierno federales y estatales que se presentan como un ejercicio cosméticamente atractivo y logísticamente cuestionable? No lo creo. Debemos  transitar hacia informes de gobierno que sean verdaderos momentos de diálogo y rendición de cuentas, en los que se discutan aspectos relevantes para el Estado y la sociedad.

También es cierto que los ciudadanos hemos ido ganando espacios en la vida pública, y en  las últimas décadas hemos logrado incidir en la toma de decisiones de la autoridad. Sin embargo, urge ir un paso más allá para que nuestros ejercicios de observación y cuestionamiento nos lleven a una mejora sustancial en la transparencia y rendición de cuentas. Solo así, estableciendo un diálogo conjunto autoridades y ciudadanos, lograremos erradicar los grandes problemas que aquejan a nuestro país.

* El doctor Francisco Rivas Rodríguez es el Director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; especialista en seguridad pública. Es licenciado en Economía, en Psicología por la Universidad Autónoma de Baja California, Maestro en Psicología y Doctor en Estudio del Desarrollo Global por la UABC.

(SEMANARIO ZETA/ Isaí Lara Bermúdez/ 08 de Septiembre del 2014 a las 12:00:01)