Gobierno del Estado retiene a sus trabajadores pagos por
servicios funerarios, seguros de vida, créditos y fideicomisos de
jubilación, pero no los paga a los contratistas
Ante la inminente muerte de su padre, un trabajador del Gobierno del
Estado acudió a la funeraria San Martín, con la que había contratado un
paquete funerario a mediados del 2010, un servicio que a lo largo de
tres años y medio se le descontó puntualmente cada quincena, a través de
su nómina.
En medio de la tragedia que configura la muerte, el burócrata, quien
pidió ocultar su nombre por temor a represalias, se encontró con otra
terrible noticia. A pesar de estar al corriente en sus aportaciones, el
“patrón” no había depositado a la empresa los pagos de los últimos dos
años.
Del plan, con un costo de 16 mil 320 pesos, el trabajador logró
conciliar con la funeraria el rembolso de un pequeño porcentaje
equivalente a los pagos que el patrón sí había realizado.
Para enterrar a su padre, la familia tuvo que completar con ahorros y préstamos.
Impactado por la situación de su compañero, otro trabajador del
aparato gubernamental, quien también había contratado el servicio,
solicitó un estado de cuenta en la empresa fúnebre, en el cual descubrió
la misma situación: sus retenciones no habían sido depositadas desde
septiembre de 2013.
A pesar de que cada quincena, a los burócratas que tienen contratado
el servicio se les descuentan 170 pesos bajo el concepto de servicios
funerarios, el gobierno del Estado no entrega la retención que realiza
al trabajador. El destino del recurso se desconoce.
Según el informe de Resultados de la Revisión a la Cuenta Pública del
semestre de 2013, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó dos
mil 114 retenciones que no han sido pagadas a 30 beneficiarios desde el
2012.
Pero no sólo se dejaron de pagar los contratos con la empresa
funeraria, también hay adeudos con empresas de seguros de vida, créditos
simples, créditos bancarios y fideicomisos de jubilación.
En la relación de beneficiarios a quienes el gobierno del Estado les
debe las aportaciones del trabajador, destacan las empresas de seguros
de vida Inbursa, Axa Seguros, Metlife, Magistral Agente de Seguros; las
empresas funerarias Moreh Inhumaciones y San Martín y empresas crediticias como Famsa y Crédito Fácil, entre otras.
“¿Qué están haciendo con nuestro dinero?, el dinero existe porque a
mi me lo descuentan pero entonces ¿dónde está?”, cuestiona uno de los
trabajadores afectados, quien muestra su recibo de nómina más reciente,
donde se observa la deducción por el concepto de servicio funerario.
Mil millones en el limbo
De acuerdo con el informe de la ASE, la Secretaría de Administración y Finanzas detalló un adeudo de mil 146 millones 133 mil 584 pesos obtenidos de las retenciones efectuadas a los trabajadores y que no han sido pagadas al beneficiario desde 2012 y a lo largo de 2013.
De esa cantidad, destaca un adeudo con el Instituto de Pensiones de
Sinaloa por 414 millones 624 mil 908 pesos, le sigue una cuenta con el
Banco Santander por 265 millones 837 mil 307 pesos y una deuda por 203
millones 774 mil 461 pesos con ISSSTEESIN, entre otras.
Tan sólo en el segundo semestre de 2013, el gobierno estatal retuvo
27 millones 343 mil 451 pesos, por las pólizas de seguros de vida y
planes funerarios contratados con seis empresas, de ese total sólo pagó
807 mil 113 pesos, generando un pasivo de 26 millones 536 mil 337 pesos.
Por ejemplo, mientras a los trabajadores se les descontó de su nómina
un millón 122 mil 582 pesos para pagar el servicio de Funeraria San
Martín, el gobierno estatal no realizó un solo pago en el periodo de
junio a diciembre de 2013.
Otro caso es el de los seguros de vida Metlife, por el cual los
trabajadores pagaron 20 millones 861 mil 793 pesos, pero el Ejecutivo
tampoco entregó ningún pago en el mismo periodo.
Además de las retenciones no pagadas, la Auditoría Superior observa
que la Dirección de Recursos Humanos sólo cuenta con convenios de
Metfile y San Martín por la prestación del servicio, pero no existe
evidencia de los convenios con Moreh Inhumaciones, Seguros Inbursa, Axa
Seguros y Magistral Agente de Seguros.
En el informe de la cuenta pública, la Auditoría Superior del Estado
advierte de la afectación que se le provocará al trabajador al no
entregar las retenciones a los prestadores de servicios y al Instituto
de Pensiones de Sinaloa.
“Pudiendo ser suspendidos los beneficios de los servicios que les
brindan estas instituciones y/o empresas, así como lo relativo a las
aportaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, lo cual
pone en riesgo que no esté en posibilidad de pagar a los trabajadores
los beneficios a que tienen derecho”, destaca el informe.
Y como si mil millones de pesos no fuera suficiente, la Secretaría de
Administración y Finanzas también retuvo el Impuesto sobre la Renta de
la nómina de los burócratas, en el segundo semestre de 2013, por un
importe total de 88 millones 046 mil 377 pesos, de los cuales no entregó
40 millones 422 mil 199 pesos.
Este movimiento irregular ya había sido señalado por la Auditoría
Superior de la Federación en su informe de resultados de la
fiscalización a la cuenta pública de 2012.
Al llegar el 2013, de nueva cuenta, el gobierno estatal cobró los impuestos por la nómina de administrativos, magisterio, nómina por honorarios, honorarios profesionales externos y la nómina centralizada de organismos, pero no enteró de la mitad de lo recaudado a la tesorería del gobierno federal.
No hay ningún problema: ASE
Antonio Vega Gaxiola, auditor del Estado, dijo desconocer en qué se han utilizado más de mil millones de pesos retenidos a los trabajadores del aparato gubernamental en Sinaloa.
Durante la primera rueda de prensa que el nuevo auditor ofreció a los
medios de comunicación, Vega Gaxiola justificó que las retenciones por
concepto de cuotas sindi cales, impuesto sobre la renta y del Instituto
de Pensiones de Sinaloa son recursos operativos que se pueden disponer
para gastos extraordinarios.
“Ese recurso como es operativo tu lo estas reteniendo y lo estás
incluyendo en tus bancos, a veces tienes necesidad de recurrir a un
gasto extraordinario y puedes disponer de ese recurso y no hay ningún
problema, sí trae un origen pero no quiere decir que no puedas disponer
de él”, señaló.
Sin embargo, al cuestionarle específicamente sobre el recurso
retenido al empleado por concepto de servicios funerarios y pólizas de
seguros, el cual de acuerdo a testimonios de trabajadores sí ha
provocado una afectación, Vega Gaxiola dijo no estar enterado de ese
concepto.
“En el caso de los funerales no tenía conocimiento yo, eso no tenía conocimiento”, expresó.
—¿La ASE sabe en qué se utilizó todo este recurso?, se le cuestionó.
—No lo sabemos, pero lo vamos a investigar.
El pasado martes 29 de julio, 34 diputados de la 61 legislatura del
Congreso local aprobaron por mayoría la cuenta pública del gobierno
estatal, pese a la moción de suspensión propuesta por la diputada
perredista Imelda Castro Castro.
Castro Castro enlistó las observaciones a las retenciones irregulares
a los trabajadores como una de las razones principales para suspender
la cuenta del Ejecutivo hasta que se explique a detalle el uso de los recursos.
“El tema central es la falta de claridad en las cuentas.
No sólo hay una serie de errores en todas estas cuentas, sino que hay
un problema muy serio en el registro de los recursos”, enfatizó Castro
Castro.
A la votación en contra de la aprobación de la cuenta pública del
Gobierno del Estado, sólo se sumaron los diputados Ramón Lucas
Lizárraga, del PRD; Jesús Burgos Pinto, del PRI e Imelda Castro.
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