Aprueban sin leer al ley para acotar la libertad de expresión y ahora la quieren derogar
Diputados locales recularon en su idea de aplicar la llamada “ley
mordaza” en Sinaloa y este viernes, dos días después de haberla aprobado
por unanimidad, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa
para derogar el artículo 51 bis de la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE).
“Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las
investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad
de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los
requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia”, reza el
texto del artículo aprobado.
En ningún caso, agrega, “se podrá autorizar a los medios de
comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio,
video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo,
ni el manejo de información relacionada con la seguridad pública o la
procuración de justicia”.
Además, señala que ningún funcionario de la Procuraduría General de
Justicia podrá dar informes sobre este tipo de hechos, a menos que tenga
autorización del titular de la PGJE o de la unidad de acceso.
“Sólo la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico y el
imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán
tener acceso a los registros de la investigación inicial, siempre que no
se afecte el desarrollo de la misma”.
El diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de
Coordinación Política y líder de la mayoría priista, anunció que luego
de las inconformidades de organizaciones ciudadanas y de periodistas en
contra de esta nueva disposición legal, entregaron la iniciativa para
que ésta sea abordada por la Diputación Permanente el 19 de agosto.
Después, se convocará al pleno a periodo extraordinario para discutir
el dictamen, aprobar o rechazar, el 21 de agosto; será a finales de
este mes cuando podría quedar derogado este artículo. Mientras tanto,
los legisladores permanecerán de vacaciones y el decreto de las reformas
a la Ley Orgánica de la PGJE ya fue publicado en el Diario Oficial del
Estado el miércoles mismo en que fue aprobado por los diputados.
“Fueron días intensísimos, de fiscalización de cuentas públicas, de
reformas para armonizar la constitución local al ámbito federal.
Veinticuatro iniciativas en un plazo muy corto, de las cuales tenemos
aprobadas 11… pero no es razón suficiente, no debe de repetirse, pero
ocurrió. No debemos de fallar, nadie, en estas tareas importantes”, dijo
Hernández, en un intento de autocrítica, pero también de justificación.
Insistió en que ellos son legisladores que escuchan y que en función
de eso trabajan, que respetan la libertad de expresión, el trabajo de
los periodistas y medios de comunicación y los derechos ciudadanos.
Lo cierto fue que recularon y lo hicieron luego de que la llamada
“ley mordaza”, que para muchos criminaliza el trabajo periodístico y va
en perjuicio de las víctimas del delito, fue aprobada sin revisión ni
discusión, y que la reversa la meten los legisladores luego de las
críticas en medios locales, nacionales e internacionales, y de condenas
de organismos de defensa de los derechos humanos y de medios
informativos de México y el extranjero, como Artículo 19 y el Comité
para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Muy tarde
Tarde se dieron cuenta los diputados de lo que habían aprobado a ciegas, sin leer ni discutir y por unanimidad: criminalizar y limitar el trabajo periodístico, y retroceder en materia de libertad de expresión y derecho a la información, no solo en perjuicio de los comunicadores y los medios, sino de las víctimas de la violencia y en general de la ciudadanía.
Como algunos de ellos lo reconocieron, los legisladores ni siquiera
leyeron la iniciativa de reforma al artículo 51 bis, de la Ley Orgánica
de la PGJE. Dos semanas antes la iniciativa fue enviada por el
gobernador Mario López Valdez y apenas este martes 29 fue leída ante el
pleno. Al día siguiente fue aprobada por unanimidad y sin la menor
discusión.
No la vimos
Legisladores locales reconocieron que tenían un “chorro” de dictámenes que aprobar en esa sesión del miércoles —en la que aprobaron 11 dictámenes referentes a Compromisos por Sinaloa, además de otras iniciativas— y que no se dieron cuenta de lo que estaban votando.
“La verdad está muy estricto lo que se aprobó. Se suponía que el
objetivo era lo de garantizar la presunción de inocencia y adecuar el
marco legal local a lo que se tiene en materia federal, y uno confía en
que viene revisado y pasó lo que pasó, la verdad. Ya cuando nos dimos
cuenta, ya estaba votado. Ya lo habíamos aprobado”, manifestó uno de los
diputados, quien pidió mantener el anonimato.
Silvia Miriam Chávez, diputada del Partido Nueva Alianza (PANAL),
reconoció que votó el dictamen sin haberlo leído: “Yo no estoy
acostumbrada a hacer una política de mentira, la verdad sí lo voté, la
verdad no me di cuenta”, dijo ante los medios periodísticos este
viernes.
Imelda Castro y Jesús Enrique Hernández Chávez, coordinadores de las
fracciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y
Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado,
reconocieron que se habían equivocado.
Tanto la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) como la
organización internacional Artículo 19 condenaron estas reformas a la
Ley Orgánica de la PGJE y la calificaron como una transgresión cuya
ambigüedad favorece prácticas impunes, corruptas y de opacidad en el
actuar gubernamental.
Además, destacaron, afecta el derecho ciudadano a la información y perjudica a las víctimas del delito.
Aleida Calleja, de AMEDI y especialista en derecho a la información,
dijo que esta disposición legal está llena de ambigüedades que favorecen
impunidad y discrecionalidad ante hechos delictivos, de parte de las
autoridades, y afecta el trabajo periodístico y a las víctimas de la
violencia.
“Hay aciertos pero también serios retrocesos.
En el párrafo final por ejemplo, sobre las víctimas y el acceso a los
expedientes, perdón pero el asesor jurídico del imputado tiene derecho a
conocer la situación de las investigaciones, no le puedes decir que no
porque afecta el desarrollo de la investigación.
Entonces esto no solo afecta a los periodistas, también a las víctimas”, sostuvo.
Ante la discrecionalidad que puede generar esta ley y la impunidad
subsecuente, agregó, debe haber mecanismos de transparencia “para que el
procurador sea sometido a mecanismos de transparencia, control y de
rendición de cuentas”.
Ana Cristina Ruelas Serna, Oficial del Programa de Derecho a la
Información, de Artículo 19, dijo que el artículo 51 bis contraviene
disposiciones internacionales en materia de acceso a la información
“toda vez que no puede determinarse a priori la reserva de información.
Recordemos que en principio la autoridad únicamente es el depositario de
la información y la sociedad es la dueña”. Las ambigüedades que plantea
esta reforma, advirtió, son el nicho de la opacidad y la corrupción del
personal de las agencias del Ministerio Público en el país.
“Se cobijan bajo el manto de la seguridad pública y toda la
información se encuentra clasificada sin posibilidad de hacer un
escrutinio público efectivo que permita reconocer las causas de
impunidad dentro de este sector”, sostuvo.
Las víctimas, lamentó la especialista, quedan a expensas de las
“consideraciones” del Ministerio Público (MP), para que le informe sobre
“su” acceso a la justicia, lo que es sumamente preocupante ya que es el
MP la fuente de impunidad y discrecionalidad en el avance de las
indagatorias sobre denuncias.
“Una vez que se denuncia, existe una caja negra que nos impide ver si
efectivamente hubo o no un delito, si el probable responsable acreditó
cada uno de los supuestos legales para así señalarlo, o bien, si la
investigación fue llevada a cabo de manera legal, exhaustiva, congruente
e imparcial.
De esta manera es imposible darle credibilidad al actuar del MP y desligarlo de la impunidad que impera en el país”.
Además, expresó, en muchos de los casos los consignados no son quienes cometieron el delito.
Ruelas Serna citó que la Encuesta Nacional de Seguridad, realizada
por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática
(INEGI), realizada en el 2010, indicó que en el 31 por ciento de
denuncias sobre delitos no pasa nada, en el 15 por ciento no procede la
denuncia, y en el 5 por ciento hubo consignación.
“De acuerdo al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad
A.C. (ICESI) la percepción de las víctimas que acudieron al Ministerio
Público es que éste, en el 84.9 por ciento de los casos, no brindó
información sobre la investigación que supuestamente se inició con su
denuncia”, aseguró.
Esta reforma, insistió, limita la información a los ciudadanos, y no
solo el trabajo de los periodistas, que no podrán generar otra versión
de los hechos que no sea la que los funcionarios de la procuraduría
quieren imponer, lo que atenta contra la democracia y la pluralidad
informativa.
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